Buenos Aires, 10 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- La investigación judicial por presuntas coimas en la obtención de permisos de importación durante el gobierno de Alberto Fernández y la gestión económica de Sergio Massa entró en una etapa decisiva. El fiscal Franco Picardi ya tendría identificados a “dos de los cuatro empresarios” que habrían pagado sobornos para conseguir autorizaciones SIRA, mientras avanza sobre la posible participación de un ex funcionario de la Secretaría de Comercio, área que durante aquel período fue conducida por Matías Tombolini.
El caso expone una de las caras más opacas del cepo cambiario kirchnerista: mientras miles de empresas esperaban durante meses para poder importar insumos, repuestos, medicamentos o bienes esenciales, un circuito paralelo habría funcionado para destrabar permisos a cambio de pagos ilegales de entre el 10% y el 15%. La maniobra, según surge de la investigación, se habría apoyado en contactos dentro de organismos clave del Estado, financistas vinculados al mercado cambiario y agencias que operaban dólares en un contexto de brecha brutal entre el tipo de cambio oficial y el blue.
La causa quedó en manos del juez Ariel Lijo, con impulso del fiscal Picardi, quien ordenó más de 30 allanamientos, el secuestro de computadoras, teléfonos celulares y documentación, y el análisis de audios, videos y comunicaciones. De ese material habría surgido una coincidencia entre conversaciones del financista Martín Migueles y las fechas de emisión de permisos de importación, un dato que ahora es central para avanzar sobre empresarios y funcionarios.
El nombre de Migueles, conocido públicamente por su relación con Wanda Nara, aparece como uno de los protagonistas más visibles del expediente. Según el dictamen fiscal citado en la información aportada, el financista habría estado vinculado a la casa de cambio ARG Exchange, que por sí sola habría manejado unos US$250 millones, y también a otras estructuras bajo investigación. El expediente pone la lupa sobre una red de agencias, operadores y supuestos intermediarios que habrían aprovechado el cepo para convertir el acceso privilegiado al dólar oficial en un negocio millonario.
La hipótesis judicial es tan simple como grave: algunos importadores habrían pagado coimas para obtener autorizaciones SIRA y acceder al dólar oficial, mientras otros empresarios debían esperar hasta 120 días o directamente quedaban trabados por la burocracia. En plena escasez de divisas, con el comercio exterior administrado políticamente, cada autorización podía significar una diferencia enorme de rentabilidad. Para quienes tenían el contacto correcto, el permiso era una puerta de oro. Para quienes no lo tenían, era una pared.
El sistema SIRA, creado en octubre de 2022, reemplazó al esquema anterior de importaciones y estuvo vigente hasta diciembre de 2023. Su administración involucraba a varios organismos, entre ellos la Secretaría de Comercio, la Aduana, la DGI y el Banco Central. En la práctica, el sistema definía quién podía acceder a dólares oficiales para importar y en qué plazos. Esa discrecionalidad, en un país con cepo y brecha cambiaria, generó un terreno fértil para favores, gestores, carpetazos y sospechas de corrupción.
Durante la gestión de Massa en el Ministerio de Economía, la Secretaría de Comercio estuvo conducida por Tombolini, y uno de sus funcionarios clave fue Germán Cervantes, subsecretario de Política y Gestión Comercial, con intervención en temas vinculados a importaciones. La información judicial difundida hasta ahora señala que el fiscal apunta a un ex funcionario de esa estructura, aunque su nombre se mantiene en reserva hasta completar medidas de prueba pendientes.
Ese cuidado procesal es importante. Hasta el momento, no todos los nombres mencionados públicamente están imputados ni existe una condena. Pero el avance de la causa muestra que la Justicia ya no analiza solamente maniobras financieras aisladas, sino un posible circuito de corrupción ligado al corazón del esquema de importaciones del kirchnerismo. El dato político es fuerte: se investiga si el cepo, presentado en su momento como una herramienta para cuidar reservas, terminó funcionando también como una maquinaria de privilegios para quienes podían pagar.
Los audios y videos incorporados al expediente agregan un componente casi obsceno al caso. Mientras muchas empresas enfrentaban trabas para importar insumos básicos, en el material analizado aparecen referencias a relojes de lujo, autos de alta gama, fiestas, viajes y propiedades. En uno de los videos citados, Migueles exhibe un Rolex y celebra con tono eufórico. En otros registros, según la información aportada, aparecen menciones a un Porsche, una Ford Raptor, una casa en el Yacht Club de Nordelta y festejos al ritmo de la cumbia por movimientos del dólar.
El dictamen del fiscal también subraya la importancia de bienes suntuarios como relojes de alta gama, obras de arte o piezas de colección en investigaciones por lavado de activos. No se trata solo de ostentación. Para la Justicia, ese tipo de bienes puede funcionar como reserva de valor, de fácil transporte y difícil trazabilidad registral. En un esquema donde los dólares podían salir de empresas o importaciones simuladas y terminar retirados por ventanilla en casas de cambio, el lujo no es un detalle de color: puede ser una pista patrimonial.
Uno de los episodios más llamativos mencionados en la información es el llamado “Coco Bongo”. En un video, Migueles aparece hablando por teléfono, pidiendo que suban la música de cumbia y celebrando la situación del dólar en la Argentina. La escena, por su tono grotesco, resume el contraste moral del expediente: mientras el país sufría restricciones, inflación, escasez de reservas y dificultades para producir, algunos operadores parecían festejar la brecha cambiaria como una oportunidad de negocio personal.
La investigación también involucra a Elías Piccirillo, ex esposo de Jésica Cirio, y a otros operadores como Alejandro Calián y Francisco Hauque, mencionados en relación con maniobras coordinadas entre agencias y casas de cambio. Según publicaciones judiciales y periodísticas, la causa analiza si existió una red interrelacionada para obtener dólares al valor oficial y luego aprovechar la diferencia con el mercado paralelo, en un período en el que la brecha cambiaria llegó a niveles extraordinarios.
El expediente también menciona conversaciones en las que se habla del pago de coimas destinadas a funcionarios no identificados de organismos como el Banco Central, la Secretaría de Comercio o la Aduana. Según publicó La Nación, ya hay cinco funcionarios del área de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA bajo investigación: Fabián Violante, Diego Volcic, María Valeria Fernández, Analía Jaime y Romina García.
La estructura investigada deja al descubierto un problema de fondo: cuando el Estado decide quién importa, cuándo importa y a qué dólar accede, el poder discrecional se convierte en una herramienta enorme. En manos de funcionarios probos, ese poder ya sería riesgoso. En manos de una administración acostumbrada a colonizar organismos, repartir beneficios y usar la burocracia como mecanismo de control, el resultado puede ser directamente corrosivo.
El caso SIRA golpea especialmente al relato kirchnerista porque muestra cómo el cepo no solo castigó a la producción y encareció la economía, sino que además pudo haber generado nichos de corrupción. El control cambiario creó una diferencia artificial entre el dólar oficial y el paralelo. Esa diferencia era, en sí misma, una renta. Quien conseguía dólares baratos podía ganar fortunas. Quien no tenía acceso quedaba fuera del negocio o debía pagar más caro.
En ese contexto, las presuntas coimas del 10% al 15% no son un dato menor. Si un permiso permitía acceder a dólares oficiales muy por debajo del valor de mercado, el soborno podía ser visto por algunos operadores como parte del costo de entrada al negocio. Esa lógica revela la perversión del sistema: la corrupción no era un accidente, sino una posibilidad creada por la propia arquitectura del cepo.
El vínculo con Tigre agrega otro capítulo. Según el dictamen fiscal citado en la información aportada, Migueles habría mantenido conversaciones con Daniel Chiliutti, ex funcionario de la Municipalidad de Tigre, por la habilitación de la agencia ARG Exchange en esa localidad, donde se encuentra Nordelta. Chiliutti se desempeñaba como director general de Relaciones Comunitarias y Programas Especiales en el ámbito de la Secretaría de Gobierno municipal.
También aparece una referencia a Daniel Scioli, entonces ministro de Desarrollo Productivo durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. En uno de los audios, Migueles menciona que “entramos derecho ahí con Scioli” y luego alude a alguien como “muy amigo del Manco”. Hasta ahora, según la información aportada, no habría otros elementos públicos que comprometan al actual funcionario más allá de esa referencia. Por prudencia judicial, ese punto debe quedar expresado como lo que es: una mención en un audio, no una imputación.
La causa todavía está en etapa de avance probatorio. Picardi espera resultados de medidas de último momento para confirmar los nombres de otros dos empresarios y, eventualmente, avanzar sobre el ex funcionario de Comercio cuyo nombre se mantiene bajo reserva. La decisión de no imputarlo hasta completar esas pruebas muestra que el fiscal busca cerrar el circuito documental antes de formalizar nuevas acusaciones.
Pero el impacto político ya está instalado. El expediente vuelve a colocar bajo la lupa la gestión económica de Massa, la estructura de Comercio conducida por Tombolini, el rol de organismos como el BCRA y la Aduana, y la utilización del cepo como herramienta de poder. Para el kirchnerismo, que durante años justificó controles en nombre de la protección de reservas y la administración del comercio, la causa puede convertirse en una radiografía incómoda de cómo esos controles terminaron favoreciendo a vivos, financistas y amigos del sistema.
El contraste con el empresario común es brutal. Mientras una pyme podía quedar paralizada por falta de insumos, mientras un importador debía esperar autorizaciones interminables y mientras sectores productivos reclamaban previsibilidad, un circuito de operadores habría prometido soluciones “al toque”. Esa diferencia entre el ciudadano atrapado por el Estado y el privilegiado conectado con el Estado es la esencia del problema.
La investigación también permite comprender por qué el cepo fue mucho más que una restricción cambiaria. Fue un sistema de poder. Permitía premiar, castigar, demorar, habilitar y condicionar. En ese ecosistema, cada permiso podía valer millones. Cada firma podía abrir o cerrar un negocio. Cada funcionario con acceso al circuito tenía una cuota de poder desproporcionada.
Desde la llegada de Javier Milei al poder, el Gobierno buscó desmontar buena parte de esas distorsiones y reemplazar mecanismos discrecionales por reglas más simples y menos intervencionistas. La causa SIRA le ofrece al oficialismo una confirmación política de su diagnóstico: cuanto más grande y arbitrario es el Estado, mayor es el espacio para la corrupción. El desafío, ahora, es que la Justicia avance sin frenos, con nombres, pruebas y responsabilidades concretas.
El expediente recién empieza a mostrar su dimensión. Hay casas de cambio bajo la mira, bancos privados en análisis, financistas expuestos, empresarios identificados parcialmente y funcionarios investigados. Si la hipótesis fiscal se confirma, no se tratará de un episodio menor, sino de un mecanismo de corrupción montado sobre una de las políticas económicas más dañinas de los últimos años.
La Argentina ya pagó demasiado caro el cepo: pérdida de reservas, caída de confianza, trabas productivas, importaciones bloqueadas, inflación reprimida y un mercado paralelo convertido en termómetro de la desconfianza. Si además se prueba que ese esquema sirvió para cobrar coimas y financiar lujos, el daño institucional será todavía mayor.
El caso SIRA condensa, en una sola causa, el fracaso de un modelo. Controles, discrecionalidad, dólar barato para pocos, empresarios desesperados, funcionarios con poder de firma, financistas enriquecidos y un país productivo obligado a esperar. La Justicia deberá determinar quiénes cobraron, quiénes pagaron y quiénes miraron para otro lado. Pero la postal política ya es contundente: bajo el cepo kirchnerista, mientras la economía real hacía fila, algunos entraban por la puerta VIP.
