Por Daniel Romero
Buenos Aires, 16 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- El expresidente Alberto Fernández reapareció con una fuerte crítica al Gobierno de Javier Milei y afirmó que los argentinos “votaron a su verdugo”, en alusión al rumbo económico actual. Sin embargo, la frase deja una duda inevitable: no queda claro si el exmandatario se refería a Milei o, sin advertirlo, a su propia gestión, marcada por inflación brutal, encierro prolongado durante la pandemia, escándalos de corrupción, cepo importador, deterioro del salario y una decadencia económica que terminó empujando a millones de votantes hacia una alternativa disruptiva.
El exjefe de Estado cuestionó la política económica libertaria y sostuvo que la estabilidad prometida por Milei se estaría logrando a costa del estancamiento, el desempleo y la parálisis productiva. También defendió su administración en materia laboral y aseguró que dejó a la Argentina con una de las tasas de desempleo más bajas de la democracia, con paritarias funcionando y sin límites a la negociación colectiva.
“Votaron a su verdugo”, dijo Fernández, buscando responsabilizar al electorado por haber elegido al actual Presidente. Pero el razonamiento parece incompleto. Porque Milei no llegó a la Casa Rosada por generación espontánea ni por un capricho social inexplicable. Llegó después del desastre político, económico y moral que representó el gobierno del Frente de Todos, encabezado por Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Dicho sea, de paso, la campaña de Milei fue “garpada” parcialmente por Sergio “aceitoso” Massa, no podes desconocer la estupida picarezca.
El propio Fernández reconoció que la inflación durante su mandato fue “dramática y un trauma”. Ese punto no es menor. La Argentina terminó 2023 con una inflación anual superior al 200%, salarios pulverizados, reservas comprometidas, cepos múltiples, controles distorsivos y una economía atrapada en parches permanentes. Milei fue votado, precisamente, porque prometió terminar con esa inflación feroz heredada del gobierno peronista. Y, con todos los costos, errores y tensiones del proceso, el actual Gobierno logró bajar de manera significativa el ritmo inflacionario respecto del derrumbe recibido.
En febrero de 2024, apenas iniciado el nuevo ciclo, la inflación interanual había superado el 276%, según registros oficiales. Para abril de 2026, el proceso de desinflación ya mostraba una reducción marcada frente al pico heredado, aunque todavía con tensiones sobre actividad, empleo y consumo. Ese dato explica buena parte del respaldo que aún conserva el Presidente entre sectores que, cansados del fracaso kirchnerista, eligieron un ajuste duro antes que la continuidad del modelo anterior.
El exmandatario intentó presentar su gobierno como un período de protección del empleo y del salario. Dijo que las paritarias funcionaron y que el salario real habría crecido entre 2% y 2,5% durante sus cuatro años de gestión. Sin embargo, esa mirada omite que millones de argentinos vivieron una pérdida cotidiana de poder adquisitivo frente a precios que cambiaban todas las semanas, alquileres imposibles, alimentos en alza permanente y una economía donde trabajar no alcanzaba para salir de la pobreza.
También omite que la aparente defensa del empleo formal convivió con un crecimiento masivo de la informalidad, planes sociales, changas, monotributismo precario y una clase media cada vez más empobrecida. La Argentina del final de Alberto Fernández no era una economía saludable con empleo protegido: era un país agotado, sin moneda, sin crédito, sin confianza y con empresarios que necesitaban permisos políticos para importar insumos.
El caso del SIRA, sistema implementado durante la etapa de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, es uno de los ejemplos más graves del daño institucional y productivo de aquel período. La Justicia Federal investiga presuntas irregularidades en el régimen de importaciones, con sospechas sobre una operatoria en la que financistas y gestores habrían intermediado entre empresas y funcionarios para destrabar dólares oficiales a cambio de coimas. En la justicia se investiga un circuito que habría exigido pagos de entre el 10% y el 15% para habilitar autorizaciones clave.
En ámbitos judiciales y políticos se habló incluso de una maniobra que pudo haber involucrado miles de millones de dólares. Algunas denuncias y estimaciones públicas mencionaron cifras cercanas a los US$7.500 millones, aunque ese número debe ser tratado como una hipótesis denunciada y no como monto probado por una sentencia. Lo cierto es que el SIRA se transformó en símbolo de un modelo económico donde el Estado decidía quién podía importar, quién quedaba afuera y quién debía arrodillarse ante la burocracia para conseguir insumos, repuestos o mercadería.
Ese esquema destruyó previsibilidad y abrió una puerta gigantesca a la discrecionalidad. Para las empresas, especialmente PyMEs, importar dejó de ser una operación comercial y pasó a depender de autorizaciones, contactos, gestores y tiempos políticos. En ese clima, no sorprende que la sociedad haya terminado votando contra un sistema que prometía cuidar la industria, pero en la práctica la asfixiaba.
La pandemia fue otro capítulo decisivo en el desgaste del gobierno de Alberto Fernández. El encierro prolongado, las restricciones excesivas, los cierres de escuelas, la parálisis económica y la destrucción de miles de emprendimientos quedaron grabados en la memoria social. Durante casi dos años, millones de argentinos vieron limitadas sus libertades, sus trabajos, sus vínculos familiares y su capacidad de subsistencia, mientras desde el poder se pedían sacrificios que no siempre se cumplían puertas adentro.
A ese malestar se sumó el escándalo del Vacunatorio VIP, que golpeó de lleno la credibilidad del discurso oficial. Mientras ciudadanos esperaban turno, médicos, adultos mayores y personas de riesgo sufrían la incertidumbre, dirigentes, amigos del poder y allegados accedían a vacunas por canales privilegiados. Fue una imagen devastadora: un gobierno que pedía obediencia sanitaria, pero administraba privilegios políticos.
Luego llegó la causa de los seguros, otro expediente que erosionó la figura del expresidente. La Justicia investigó presuntas irregularidades en la contratación de pólizas estatales a través de Nación Seguros y el rol de intermediarios privados que cobraron comisiones millonarias. En abril de 2026, Casación revocó el procesamiento de Alberto Fernández y ordenó dictar una nueva resolución, por lo que su situación judicial no quedó cerrada definitivamente. El expediente sigue bajo análisis del juez Ariel Lijo, mientras el exmandatario insiste en su inocencia.
El problema político para Fernández es que, más allá del estado procesal, la causa profundizó la percepción pública de un gobierno atravesado por privilegios, intermediarios, amigos del poder y negocios opacos. Esa percepción se agravó con los videos privados del expresidente, que lo mostraron en una faceta frívola, absurda y desconectada del deterioro social que había dejado su gestión. La imagen del “viejo enamorado”, como se la describió crudamente en redes y columnas políticas, terminó de hundir su autoridad moral ante buena parte de la opinión pública.
Por eso, cuando Alberto Fernández acusa a los ciudadanos de haber votado “a su verdugo”, debería preguntarse primero qué hizo su propio gobierno para que millones de argentinos eligieran a Milei como salida. La respuesta está a la vista: inflación descontrolada, pobreza, corrupción, privilegios, encierro, cepos, emisión, pérdida de confianza y una dirigencia peronista que se mostró más preocupada por retener poder que por resolver problemas.
También debe recordarse un dato político incómodo para el peronismo: sectores del propio sistema alimentaron el crecimiento de Milei con la idea de usarlo para debilitar a Mauricio Macri y dividir a la oposición. Lo que pensaron como una herramienta táctica para golpear al PRO terminó convirtiéndose en un fenómeno electoral que barrió con ellos. El experimento se les fue de las manos.
El resultado fue una rebelión electoral contra la política tradicional. Milei ganó porque prometió romper con el modelo que había dejado a la Argentina al borde del colapso. Prometió terminar con la inflación, ordenar las cuentas, cortar con los privilegios y enfrentar a la “casta”. Esa promesa, más allá de los contratiempos actuales, se va cumplendo.
Fernández sostuvo ahora que la economía está estancada, que no hay producción y que se desatienden las economías regionales. También afirmó que cerraron 30.000 empresas, de las cuales el 90% serían PyMEs de menos de diez empleados, según publicó Agencia Noticias Argentinas. El dato, de confirmarse en toda su magnitud, es grave y merece atención. Pero el análisis no puede empezar en diciembre de 2023 como si la Argentina hubiera nacido con Milei. El actual deterioro productivo se monta sobre años de desequilibrios, inflación, cepos, deuda comercial, presión fiscal y destrucción de capital de trabajo.
Ningún ajuste es inocuo. La política económica libertaria generó costos duros sobre actividad, consumo y empleo. Pero la discusión honesta exige reconocer que el ajuste no nació por capricho ideológico, sino por el desequilibrio monumental heredado. El Estado gastaba más de lo que podía, emitía para cubrir agujeros, pisaba tarifas, manipulaba precios, trababa importaciones y pateaba deudas hacia adelante. Alguien debía pagar la cuenta.
El peronismo pretende ahora denunciar las consecuencias del ajuste sin hacerse cargo de las causas que lo hicieron inevitable. Es una vieja maniobra: incendiar la casa, irse, mirar desde la vereda y acusar al bombero de mojar el piso. Alberto Fernández puede criticar a Milei, pero no puede borrar que su administración fue una de las principales razones por las cuales la sociedad aceptó un cambio drástico.
El expresidente reivindica las paritarias, pero olvida que las paritarias en una economía con inflación mensual de dos dígitos se convierten en una carrera interminable detrás de los precios. Reivindica el empleo, pero omite que muchas empresas sobrevivían bajo controles, subsidios, atrasos cambiarios y restricciones que impedían crecer. Reivindica la protección social, pero deja afuera que la pobreza se mantuvo en niveles intolerables pese al aumento del gasto público.
Desde una mirada de derecha republicana, el problema de la Argentina no es solamente quién gobierna, sino la falta de responsabilidad política de quienes destruyen el orden económico y luego se presentan como víctimas del ajuste necesario. El kirchnerismo y el albertismo dejaron una economía enferma, y ahora critican el tratamiento porque duele. Pero el dolor no empezó con el médico: empezó con la enfermedad que ellos agravaron.
La frase “votaron a su verdugo” puede sonar potente para una tribuna militante, pero resulta peligrosa en boca de un expresidente que debería tener mayor autocrítica. Los argentinos no votaron a un verdugo. Votaron contra una decadencia que ya no soportaban. Votaron contra la inflación, contra los privilegios, contra los cierres absurdos, contra el vacunatorio de amigos, contra la corrupción, contra el cepo, contra la discrecionalidad y contra una dirigencia que les pedía sacrificios mientras vivía en otro país.
Que Milei deba dar explicaciones por sus errores, sus formas, su dureza social, protección de su Jefe de de Gabinte, cuando debería ser a la inversa o sus internas, no exime a Alberto Fernández de responder por su propio fracaso. La democracia permite criticar al Gobierno actual, pero también exige memoria. Y la memoria reciente es contundente: sin el desastre del Frente de Todos, difícilmente Milei habría llegado al poder con semejante fuerza.
Por eso, la reaparición de Fernández tiene un límite político evidente. Puede señalar problemas del presente, pero no puede hablar como si no hubiera sido protagonista central del derrumbe anterior. Puede cuestionar el ajuste, pero no puede olvidar que dejó una bomba inflacionaria. Puede denunciar cierres de empresas, pero no puede omitir que su gobierno y el de Massa convirtieron el comercio exterior en una carrera de obstáculos. Puede hablar de trabajadores, pero no puede ignorar que millones de trabajadores formales terminaron siendo pobres bajo su administración.
El verdadero verdugo de la Argentina no fue un voto. Fue una combinación de irresponsabilidad fiscal, corrupción, emisión descontrolada, populismo, privilegios, cepos, aislamiento y desprecio por el sector privado. Milei fue la consecuencia política de ese hartazgo. Y si Alberto Fernández no lo entiende, tal vez sea porque todavía no comprendió que su gobierno no terminó el 10 de diciembre de 2023: sigue pagando costos en la memoria de una sociedad que no quiere volver atrás.
Atención Fernández! hay dos motivos más del hartazgo de los argentinos, no soportabamos escucharte “tocar” la guitarra, “cantar” y tus decadentes videos de jovato perverso y onanista enamorado.
