Buenos Aires, 18 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- El Gobierno nacional restituyó a las Fuerzas Armadas la capacidad de realizar tareas de contrainteligencia militar, una decisión que modifica el esquema vigente desde 2006 y que apunta a reforzar la protección del instrumento militar argentino frente a amenazas externas, operaciones de influencia, infiltraciones, ciberataques y acciones contra infraestructura estratégica.
La medida fue formalizada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, mediante la Resolución 323/2026, que reorganiza el Sistema de Inteligencia de Defensa (SIDEF) y deroga el criterio impuesto durante la gestión de Nilda Garré, cuando se separó de manera tajante la inteligencia de la contrainteligencia dentro del ámbito militar.
En la práctica, el cambio supone que las FF.AA. recuperan una herramienta básica de autoprotección institucional. No se trata, según la letra oficial de muchos años, de habilitar espionaje político ni inteligencia interior sobre ciudadanos, partidos, sindicatos u organizaciones sociales, sino de permitir que el sistema militar pueda detectar, prevenir y neutralizar intentos de penetración, obtención ilegal de información sensible o acciones hostiles contra personal, bases, sistemas, comunicaciones, arsenales, tecnología y capacidades estratégicas.
La decisión llega en un contexto internacional más complejo, con guerras híbridas, operaciones psicológicas, espionaje tecnológico, ciberamenazas y disputas geopolíticas que ya no se desarrollan únicamente en el campo militar clásico. En ese escenario, sostener un sistema de defensa sin capacidad propia de contrainteligencia era, como mínimo, una debilidad difícil de explicar.
El nuevo esquema estará integrado por la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (DGIEMCO) y las direcciones de inteligencia del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina. Todas actuarán dentro del Sistema de Inteligencia de Defensa y bajo coordinación institucional con la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
El punto sensible es el límite. La normativa mantiene las prohibiciones vigentes para que los organismos militares realicen inteligencia sobre personas por su actividad política, social, gremial, religiosa o lícita ajena a la defensa nacional. Ese candado legal es clave para evitar confusiones deliberadas o sobreactuaciones opositoras: la contrainteligencia militar, bien aplicada, no es espionaje interno, sino defensa frente a servicios extranjeros, actores hostiles y amenazas externas.
La oposición más dura ya encendió alarmas y advierte sobre riesgos de militarización de la inteligencia. Sin embargo, el debate de fondo es otro: si la Argentina puede seguir atada a reflejos ideológicos de hace veinte años mientras el mundo avanza hacia escenarios de conflicto cognitivo, sabotaje digital, presión estratégica y penetración informativa.
El Gobierno sostiene que la reforma corrige una “anomalía” que dejó al sistema militar argentino en desventaja. Desde una mirada de defensa nacional, la medida resulta razonable siempre que se aplique con control civil, supervisión legal y límites claros. La Argentina necesita Fuerzas Armadas modernas, profesionales y capaces de proteger información, tecnología y recursos estratégicos. Lo contrario sería pedirles que custodien la soberanía con los ojos vendados.
