Córdoba, 31 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- La decisión de la Cámara Federal de Córdoba que reconoció el vínculo causal entre la aplicación de la vacuna rusa Sputnik V y la muerte de Melín Agustina Sartori puede transformarse en un punto de inflexión judicial, sanitario y político. No sólo porque se trata de un fallo histórico en la Argentina, sino porque podría convertirse en el caso testigo de miles de muertes o daños graves que, durante y después de la pandemia, quedaron atrapados entre el silencio burocrático, la falta de farmacovigilancia transparente y el temor a discutir cualquier consecuencia adversa de las vacunas sin ser etiquetado de “antivacunas”.
Melín Sartori tenía 24 años, estaba sana y recibió la primera dosis de Sputnik V en julio de 2021, en pleno proceso de vacunación masiva contra el COVID-19. Una semana después comenzó con fuertes dolores abdominales, fue atendida en un centro médico de Córdoba y recibió el alta bajo la presunción de un cuadro gastrointestinal. Horas más tarde, el cuadro empeoró: vómitos, debilidad en los miembros y síntomas neurológicos encendieron una alarma que ya era tarde para desactivar.
En el Sanatorio Mayo, una médica advirtió signos compatibles con un evento adverso postvacunal. Los análisis mostraron una trombosis con trombocitopenia, es decir, un cuadro grave de formación de coágulos asociado a una marcada baja de plaquetas. La joven fue sometida a tres cirugías en la cabeza. Tras la última intervención quedó en estado vegetativo y finalmente falleció.
El caso fue llevado adelante por la familia con una persistencia que terminó quebrando la resistencia administrativa. El abogado Martín Diego Barbará, representante de los padres de la víctima, confirmó que durante el proceso el Ministerio de Salud de la Nación reconoció el vínculo de causalidad. Ese dato es central: ya no se trata apenas de una sospecha familiar, de una interpretación médica aislada o de una discusión académica. El propio Estado terminó admitiendo, dentro del expediente, que existió una relación causal entre la vacuna aplicada y el desenlace fatal.
La causa se tramitó en el marco de la Ley Nacional 27.573, sancionada durante la emergencia sanitaria para regular la adquisición de vacunas contra el COVID-19 y establecer mecanismos de reparación ante daños derivados de su aplicación. Esa normativa, luego complementada por decretos y resoluciones, creó un procedimiento administrativo para que los damnificados pudieran reclamar indemnizaciones cuando sufrieran eventos adversos directos vinculados con las vacunas incorporadas al plan oficial.
La familia de Melín presentó informes médicos, estudios clínicos, dictámenes profesionales y antecedentes científicos. Según explicó Barbará, la prueba era “abrumadora”. Sin embargo, el reclamo fue inicialmente rechazado. Recién después de recursos y planteos judiciales, la Cámara Federal de Córdoba declaró su competencia y abrió el camino para el reconocimiento. El fallo estableció una indemnización cercana a los 95 millones de pesos, que deberá ser abonada cuando la resolución quede firme.
La madre de Melín, Virginia Ruiz, médica ginecóloga, no inició el reclamo por dinero. Su objetivo fue obtener una respuesta institucional y advertir que podían existir otros pacientes con cuadros similares. Desde el primer momento sostuvo que la muerte de su hija estaba relacionada con la inoculación. También explicó que el plazo en el que aparecieron los síntomas no era casual, ya que entre la semana y los 30 días posteriores a la aplicación puede darse una reacción inmunológica capaz de desencadenar cuadros graves en determinados organismos.
El abogado de la familia fue cuidadoso en un punto sensible: no se trata de un planteo antivacunas. Barbará remarcó que el problema específico estuvo vinculado a Sputnik V y a la falta de datos claros de farmacovigilancia. La propia Organización Mundial de la Salud nunca otorgó la aprobación de emergencia a la vacuna rusa, entre otras razones por la insuficiencia de información y por observaciones vinculadas con los procesos de fabricación y control.
Ese punto abre una discusión que la Argentina evitó durante años. El gobierno de Alberto Fernández apostó políticamente a Sputnik V como emblema de su estrategia sanitaria, en medio de una campaña marcada por demoras, privilegios, vacunatorios VIP, opacidad contractual y una fuerte carga ideológica en la relación con Rusia. Mientras otros países exigían información robusta, auditorías y documentación técnica, en la Argentina cualquier cuestionamiento fue rápidamente presentado como irresponsabilidad sanitaria o militancia antivacuna.
El fallo de Córdoba cambia ese tablero. Si una muerte fue reconocida judicialmente como causada por Sputnik V, corresponde preguntarse cuántos otros casos pudieron haber quedado sin investigar, mal registrados o descartados por falta de voluntad institucional. Esa es la dimensión más incómoda del expediente Sartori: puede ser el primer hilo de una madeja mucho mayor.
Durante la pandemia, miles de familias denunciaron muertes súbitas, cuadros trombóticos, accidentes cerebrovasculares, miocarditis, eventos neurológicos y deterioros graves ocurridos después de la vacunación. No todos esos episodios pueden atribuirse a las vacunas, y hacerlo sin prueba sería irresponsable. Pero tampoco es aceptable que el Estado haya cerrado la puerta a una investigación seria, trazable y transparente sobre los eventos adversos graves. El caso Melín Sartori demuestra que, cuando hay historia clínica, pericias, dictámenes y persistencia judicial, lo que parecía imposible puede terminar reconocido.
El antecedente también obliga a revisar el funcionamiento de los sistemas de farmacovigilancia. En una campaña de vacunación masiva, la responsabilidad estatal no termina con la distribución de dosis. Incluye controlar, registrar, investigar, advertir y reparar. Si una persona sufre un daño grave por una vacuna aplicada dentro de un programa oficial, el Estado debe responder sin esconderse detrás de formularios, rechazos administrativos o silencios técnicos.
La discusión no es menor para el sistema político argentino. El kirchnerismo defendió Sputnik V como una bandera sanitaria y geopolítica. El gobierno de Alberto Fernández, con Carla Vizzotti primero como funcionaria clave y luego como ministra de Salud, promovió la vacuna rusa en un contexto de fuerte presión social por recuperar la normalidad. Pero la urgencia de la pandemia no exime de responsabilidad posterior. Mucho menos cuando el laboratorio, el contrato, la documentación técnica y la vigilancia de efectos adversos estuvieron rodeados de zonas grises.
La indemnización fijada por la Justicia no repara la pérdida de una hija. Para la familia Sartori, el reconocimiento institucional pesa más que el monto económico. Pero para otros posibles damnificados, el fallo puede representar una puerta concreta. Si el expediente queda firme, podría alentar nuevos reclamos de personas que hayan sufrido daños severos tras recibir vacunas COVID y que puedan acreditar una relación causal directa.
La clave estará en separar con seriedad los planos. No todo evento posterior a una vacuna es consecuencia de la vacuna. Pero tampoco puede negarse de antemano toda posibilidad de daño. La ciencia exige evidencia, no dogmas. Y el Estado, cuando impone o promueve masivamente una política sanitaria, debe estar dispuesto a investigar sus consecuencias con la misma energía con la que impulsó su aplicación.
El caso de Melín Sartori deja una verdad incómoda: durante la pandemia se exigió confianza absoluta en decisiones estatales tomadas muchas veces con información incompleta. Ahora, cuando una familia logra demostrar que una joven sana murió por un evento adverso vinculado a Sputnik V, la respuesta no puede ser minimizar, relativizar o cerrar filas. Debe abrirse una revisión profunda.
La Cámara Federal de Córdoba no sólo reconoció una muerte. También abrió una grieta en el relato sanitario oficial de aquellos años. Y por esa grieta podrían ingresar miles de historias que nunca fueron escuchadas, expedientes que no avanzaron, familias que no tuvieron respuestas y pacientes que quedaron fuera de toda estadística. El caso Sartori puede ser, desde ahora, mucho más que una sentencia: puede convertirse en el punto de partida para saber qué ocurrió realmente con los efectos adversos graves de la vacunación COVID en la Argentina.
La eleccion de Sputnik V:
La compra de Sputnik V no fue una decisión meramente técnica: fue también una decisión política del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que eligió convertir a la vacuna rusa en emblema de su estrategia sanitaria y de su alineamiento geopolítico durante la pandemia. El propio Alberto Fernández anunció en diciembre de 2020 el acuerdo con la Federación Rusa para traer dosis de Sputnik V a la Argentina, y luego se aplicó públicamente esa vacuna tras la autorización local de ANMAT para mayores de 60 años.
Al mismo tiempo, desde el oficialismo y sus usinas comunicacionales se desplegó una campaña discursiva de fuerte sesgo político contra vacunas provenientes de Estados Unidos, especialmente en torno a Pfizer, presentada durante meses como parte de una disputa de intereses, exigencias contractuales y supuestas condiciones inaceptables. Esa narrativa funcionó, en los hechos, como una acción psicológica sobre la opinión pública: mientras se exaltaba la opción rusa como símbolo de soberanía sanitaria, se instalaban sospechas sobre alternativas occidentales que otros países ya incorporaban con mayores niveles de información pública, auditoría regulatoria y respaldo internacional.
El fallo del caso Melín Sartori vuelve ahora sobre aquella decisión política. Si el Estado eligió privilegiar Sputnik V, si defendió su utilización con argumentos sanitarios y geopolíticos, y si desalentó o relativizó durante meses el debate sobre vacunas estadounidenses, también debe hacerse cargo de investigar con profundidad los daños eventualmente derivados de esa estrategia. La pandemia no puede funcionar como excusa permanente para cerrar preguntas; menos aún cuando la propia Justicia y el Ministerio de Salud de la Nación terminaron reconociendo un vínculo causal entre una dosis aplicada dentro del plan oficial y la muerte de una joven sana de 24 años.
