Buenos Aires, 2 de junio de 2026 – Total News Agency – TNA-La detención de Facundo Leal, ex presidente de ARSAT y ex titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), dejó al descubierto una investigación que ya no se limita al robo de equipamiento tecnológico en un depósito de San Fernando, sino que avanza sobre un presunto esquema de direccionamiento de contratos, sobreprecios y coimas dentro de una empresa estatal estratégica.
La causa, tramitada en el Juzgado Federal de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli, con intervención del fiscal Fernando Domínguez, comenzó por la sustracción de materiales vinculados a la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) en un predio operado por Argentina Logistic Services (ALS). Pero el análisis de teléfonos, documentación y contratos abrió una línea mucho más sensible: la eventual existencia de retornos pagados a funcionarios de ARSAT para favorecer contrataciones.
El caso tomó otro volumen político cuando, durante los allanamientos ordenados sobre propiedades de Leal, los investigadores encontraron más de 2,4 millones de dólares, dinero en otras monedas y una importante cantidad de drogas. En su departamento de Palermo fueron secuestrados unos 650.000 dólares, pesos, euros, reales, pesos uruguayos, mexicanos, colombianos y hasta chelines tanzanos, además de ketamina, MDMA, cocaína, pastillas, una balanza, bolsas tipo ziploc y elementos asociados al consumo o fraccionamiento de sustancias. En otra propiedad de Mendoza apareció más de 1,8 millón de dólares.
La pesquisa apunta ahora a determinar si ese patrimonio, que creció de manera llamativa durante su paso por la función pública, se explica por maniobras ilícitas dentro de ARSAT. Según información judicial publicada en las últimas horas, el expediente ya involucra a varias personas físicas y a la empresa ALS, bajo sospecha por la contratación del depósito donde se resguardaban equipos de alto valor de la red de fibra óptica nacional.
En los pasillos del poder, el grupo bajo la lupa es conocido como la “banda de los mendocinos”, un núcleo de funcionarios oriundos de Mendoza que desde hace años mantenía posiciones clave dentro de ARSAT y que, durante la administración libertaria, también logró ocupar espacios sensibles en áreas vinculadas al transporte y la infraestructura.
Entre los nombres que aparecen en la trama figuran Facundo Leal, Gerardo Boschin, Juan Andrés Navarro y Pablo Gastón Pagani, todos vinculados a funciones administrativas, financieras o de compras dentro de la empresa. Boschin, en particular, fue gerente de compras de ARSAT y luego fue designado presidente de Trenes Argentinos, cargo que ocupó hasta enero de 2026, cuando se produjo la salida del grupo mendocino del área de Transporte.
El ascenso de ese sector se explica, en parte, por el rol de Luis Pierrini, ex secretario de Transporte y también mendocino, quien habría impulsado a varios de esos funcionarios. Leal llegó al ORSNA por pedido de Pierrini, luego de haber presidido ARSAT durante las gestiones de Alberto Fernández y Javier Milei. Ambos terminaron fuera del Gobierno cuando Economía reordenó el área de Transporte en enero pasado.
En la Casa Rosada, la primera reacción fue intentar encapsular el daño político. Cerca del oficialismo deslizaron que Leal provenía de gestiones anteriores y que formaba parte de esa “casta” que logró sobrevivir a la motosierra. Sin embargo, el caso incomoda porque el ex funcionario no sólo permaneció durante el mileísmo, sino que además fue promovido a un organismo estratégico como el ORSNA.
La trama también exhibe vasos comunicantes con empresarios y operadores de alto poder. A Leal se le atribuyen vínculos con Leonardo Scatturice, empresario con llegada a sectores influyentes de la administración libertaria y asociado políticamente al entorno del asesor presidencial Santiago Caputo. Según distintas fuentes, la relación entre ambos no nació con Milei, sino que viene de años atrás, por el interés de Scatturice en servicios vinculados a ARSAT.
Otro capítulo sensible es el vínculo con el mundo del fútbol. A Leal y Pierrini se les adjudica haber viajado a España en un avión atribuido a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y hombre clave en la estructura que conduce Claudio “Chiqui” Tapia. Esa conexión vuelve a cruzar negocios públicos, transporte, telecomunicaciones, política y fútbol, un circuito donde hace tiempo se mueven intereses que el Estado rara vez termina de auditar con seriedad.
La investigación también menciona relaciones del grupo mendocino con empresarios de peso de esa provincia, entre ellos José Luis Manzano y Daniel Vila, además de contactos con contratistas del Estado. Fuentes citadas en la causa sostienen que integrantes del grupo habrían realizado viajes a Marbella y frecuentado espacios de eventos y fiestas electrónicas en Mendoza, como Las Palapas, en la zona de Dique Potrerillos.
El expediente judicial también revisa el crecimiento patrimonial de los principales involucrados. En el caso de Leal, su declaración jurada de 2020 registraba un patrimonio cercano a los 39,2 millones de pesos, con propiedades en Mendoza, vehículos y una explotación unipersonal. Cinco años después, al asumir en el ORSNA, declaró un patrimonio superior a los 528 millones de pesos, con siete propiedades, autos de alta gama, efectivo y una empresa unipersonal valuada en 220 millones de pesos, sin mayores precisiones públicas sobre su actividad.
El caso de Boschin también llamó la atención. En 2020 declaró un patrimonio apenas superior a los 2 millones de pesos, dos autos, una cuenta corriente con saldo casi nulo y una deuda prendaria. Para 2024, su patrimonio declarado ya superaba los 240 millones de pesos, con vehículos de mayor valor y una evolución difícil de explicar sin una investigación patrimonial más profunda.
La causa se fortaleció cuando los investigadores detectaron posibles irregularidades en la contratación de ALS. La hipótesis es que la licitación habría sido armada para dar apariencia de competencia, con oferentes vinculados entre sí y una decisión ya orientada hacia la firma que terminó operando el depósito. El dato más grave es que, justamente en ese predio, se produjo el robo que terminó destapando la trama.
Fuentes vinculadas al sector de telecomunicaciones señalaron además a TNA que Leal ingresó a ARSAT desde los primeros tiempos de la empresa y tuvo un rol relevante en temas vinculados a la fibra óptica. En ese marco, mencionaron una vieja sospecha sobre la existencia de un tramo o “pelo” de fibra que habría quedado oculto dentro de la red instalada por Horacio Martínez y que luego habría funcionado de manera paralela o irregular, con presunta complicidad de al menos Leal y otro director. Esa línea, por ahora, aparece como una versión técnica y política que podría adquirir relevancia si la Justicia decide profundizar sobre el uso real de la infraestructura de ARSAT.
La dimensión estratégica de ARSAT vuelve más delicado el caso. No se trata de una oficina menor del Estado, sino de una empresa que administra infraestructura satelital, telecomunicaciones, fibra óptica y servicios críticos. Un ex funcionario con vínculos políticos amplios, millones de dólares en efectivo, drogas y sospechas de coimas alrededor de contratos públicos constituye un golpe directo a la credibilidad del control estatal sobre activos sensibles.
El Gobierno enfrenta ahora una disyuntiva incómoda. Puede insistir en presentar a Leal como un sobreviviente de gestiones anteriores o asumir que el sistema de filtros de la administración libertaria falló de manera evidente. La presencia del ex titular de ARSAT en el ORSNA, su regreso a la empresa estatal y sus vínculos con terminales políticas de distinto signo muestran que la supuesta ruptura con la vieja política tuvo, al menos en este caso, demasiadas zonas grises.
La investigación está en plena expansión. Los celulares, computadoras y documentos secuestrados en allanamientos realizados en Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro serán decisivos para establecer si hubo pagos de retornos, qué proveedores participaron, qué funcionarios intervinieron y cuánto dinero se movió realmente dentro de ARSAT.
El caso Leal ya dejó de ser un expediente por drogas o por un robo de materiales. Se transformó en una causa de alto voltaje político que toca a una empresa estratégica, expone la colonización de áreas clave por redes provinciales de poder y vuelve a poner bajo sospecha la capacidad del Estado para controlar sus propios contratos.
Fuentes consultadas: La Nación, Infobae, Clarín, información judicial publicada sobre la causa ARSAT, registros patrimoniales citados por medios nacionales y documentación aportada a TNA.
