Buenos Aires, 2 de junio de 2026 – Total News Agency – TNA-El debate por los narcovuelos volvió a instalarse con fuerza en la agenda de seguridad argentina, mientras el norte del país sigue expuesto a una modalidad que hace años aprovecha fronteras extensas, controles insuficientes, pistas clandestinas, radarización incompleta y una respuesta estatal que suele llegar tarde. La discusión ya no pasa sólo por mirar el cielo, sino por decidir qué hacer cuando una aeronave irregular entra al espacio aéreo nacional.
El planteo fue reactivado por Abel Cornejo, ex juez federal, ex vocal de la Corte de Justicia de Salta y ex procurador provincial, quien advirtió que hablar únicamente de radarización es quedarse a mitad de camino. “Escucho declaraciones sobre instalar un sistema de radarización, pero no escucho decir ni una palabra sobre una ley de derribo”, sostuvo el especialista, una de las voces con mayor conocimiento sobre narcotráfico en el NOA, sostuvo ante La Gaceta.
La frase pone el dedo en una falla estructural. En la Argentina no existe una ley de derribo aprobada por el Congreso. Lo que rige es un esquema de Reglas de Protección Aeroespacial, establecido y modificado por decretos, que autoriza procedimientos de identificación, seguimiento, interceptación y eventual uso de la fuerza contra aeronaves declaradas hostiles, bajo condiciones específicas y con intervención de autoridades competentes. Pero ese marco no despejó del todo el debate político, jurídico y operativo sobre la necesidad de una ley formal.
Cornejo fue claro al marcar la diferencia: “Si únicamente radarizás, lo que vas a ver son luces; la ley de derribo no es la pena de muerte en el cielo, sino un protocolo para proteger el espacio aéreo”. La definición apunta a desactivar una objeción frecuente de sectores garantistas o de la izquierda judicial y política, que suelen presentar la discusión como si se tratara de ejecutar personas desde el aire. Para los especialistas en seguridad, en cambio, el punto central es construir una cadena legal, técnica y operativa que permita actuar antes de que la droga toque suelo argentino.
Otro especialista en seguridad aérea y narcotráfico consultado por TNA fue más allá y advirtió sobre una debilidad operativa que se repite en distintos expedientes: buena parte de los secuestros de droga vinculados a narcovuelos no se produce porque el Estado detecte, intercepte y neutralice a tiempo una aeronave ilegal, sino porque la avioneta se cae, aterriza de emergencia, queda abandonada o es denunciada por vecinos y pobladores rurales.
“La mayoría de los casos aparecen cuando algo sale mal: se estrella una avioneta, alguien ve movimientos extraños en un campo o un vecino escucha motores de madrugada y avisa. Eso demuestra que no hay un sistema integral de detección, seguimiento e interceptación”, explicó el especialista a TNA.
Ese diagnóstico no contradice el planteo de Cornejo, sino que lo complementa. Mientras el ex juez federal insiste en que la radarización sin una ley de derribo o un protocolo claro apenas permite “ver luces” en una pantalla, los especialistas consultados por TNA remarcan que el país sigue actuando de manera reactiva: llega después del aterrizaje, después del accidente o después de la denuncia civil. Ambos especialistas coinciden en la falta de Inteligencia Criminal, que parece estar ausente.
El caso reciente de Rosario de la Frontera, en Salta, expuso esa precariedad con crudeza. Una avioneta con matrícula boliviana se precipitó en una zona rural del paraje San Felipe, impactó contra un vehículo y terminó incendiada. A partir del accidente, las fuerzas federales y provinciales encontraron primero más de un centenar de kilos de cocaína en la aeronave y luego, durante rastrillajes, otros bolsones enterrados en la finca. El total secuestrado ascendió a 364 kilos de cocaína.
La caída de esa aeronave permitió desarticular parte de la operación. Los pilotos, de nacionalidad boliviana, fueron detenidos luego en la terminal de ómnibus de Rosario de la Frontera, mientras intentaban escapar. También fueron arrestados presuntos cómplices locales. El operativo reunió a la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Policía de Salta, la fiscalía federal y la justicia federal de garantías. Pero el dato político de fondo es otro: el Estado llegó después del accidente.
Ese patrón se repite. Avionetas que vuelan bajo, de noche, con equipos precarios, sobre zonas rurales o fronterizas, aprovechan la falta de cobertura completa y la dificultad de vigilancia permanente. Cuando caen o son vistas por vecinos, se activa el operativo. Cuando no caen y nadie denuncia, la droga puede seguir su camino hacia centros de acopio, rutas terrestres y mercados de consumo.
El problema es especialmente grave en provincias como Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Santa Fe y sectores del NOA y NEA, donde las distancias, la geografía y la debilidad de controles facilitan vuelos clandestinos. Salta, además, tiene una frontera extensa y compleja con Bolivia, Chile y Paraguay, lo que la convierte en una zona crítica para el ingreso de cocaína producida o trasladada desde países vecinos.
Tras el caso de Rosario de la Frontera, el gobernador Gustavo Sáenz volvió a reclamar al Congreso una ley de derribo y una radarización efectiva de toda la frontera. Señaló que su provincia tiene más de 700 kilómetros de frontera y que, aunque reconoce el trabajo conjunto de fuerzas federales y provinciales, el esfuerzo no alcanza si no se completa el sistema de detección y respuesta.
La radarización, por sí sola, tampoco resuelve el problema. Puede detectar movimientos, pero no reemplaza una doctrina de interceptación, persecución aérea, reacción en tierra, inteligencia criminal, trazabilidad de pistas clandestinas, control de combustible, seguimiento financiero y coordinación judicial. Como advierten especialistas, ver una aeronave irregular en una pantalla no sirve demasiado si después no existe capacidad real de obligarla a identificarse, aterrizar o responder ante una amenaza.
Cornejo también apuntó contra el deterioro de la inteligencia criminal. Según su diagnóstico, el país dejó de construir mapas reales sobre pistas clandestinas, rutas aéreas ilegales, zonas de acopio, redes de apoyo terrestre y vínculos entre narcos, punteros, empresarios de fachada y funcionarios corruptos. Sin ese análisis, cada operativo se convierte en un hecho aislado, no en parte de una estrategia nacional.
La frase “un avión fumigador puede ser indetectable” resume otra preocupación. En zonas rurales, las aeronaves pequeñas forman parte del paisaje productivo. Esa normalidad permite que ciertos vuelos ilegales se mezclen con actividad lícita, especialmente cuando los controles son escasos, las denuncias dependen de vecinos y la presencia estatal es débil o intermitente.
El debate por la ley de derribo suele quedar atrapado en una falsa dicotomía. De un lado, quienes reclaman herramientas duras para enfrentar una modalidad narco cada vez más audaz. Del otro, quienes advierten sobre riesgos legales, errores de identificación o uso desproporcionado de la fuerza. Pero el verdadero desafío es construir una normativa seria, con protocolos progresivos, controles civiles, autorización política clara, coordinación militar y judicial, y responsabilidad posterior sobre cada intervención.
La experiencia regional muestra que otros países sí avanzaron en mecanismos más firmes. Brasil, por ejemplo, cuenta con protocolos que permiten la interceptación y, en casos extremos, el derribo de aeronaves hostiles que desobedecen órdenes. Esa herramienta fue utilizada en operaciones contra avionetas vinculadas al narcotráfico en zonas amazónicas y fronterizas. La comparación vuelve a dejar a la Argentina en una posición incómoda: mucha discusión política, poca decisión estratégica.
El fenómeno tampoco puede analizarse sólo desde el aire. Cada narcovuelo necesita una cadena en tierra: pistas clandestinas o improvisadas, vehículos de apoyo, combustible, comunicación, guías locales, campos liberados, acopios temporales y rutas para sacar la droga hacia centros urbanos. Por eso, una política eficaz debe integrar radarización, control rural, inteligencia financiera, presencia federal, cooperación provincial y persecución patrimonial.
La precariedad salarial de las fuerzas de seguridad es otro punto que Cornejo puso sobre la mesa. El especialista advirtió que no se puede pretender que haya “héroes” permanentes frente a organizaciones que manejan millones de dólares. Policías, gendarmes y agentes mal pagos quedan más expuestos a presiones, tentaciones y corrupción estructural. La lucha contra el narcotráfico también se gana pagando bien, capacitando mejor y equipando con tecnología moderna.
La Argentina enfrenta así un problema doble: el narco se profesionaliza, mientras el Estado muchas veces llega tarde. Las organizaciones criminales incorporan comunicación satelital, vuelos rasantes, pistas móviles, coordinación con equipos terrestres y rutas flexibles. El Estado, en cambio, discute durante años si debe completar radares, si puede interceptar, quién autoriza, qué fuerza interviene y qué pasa después de detectar una aeronave sospechosa.
El resultado es una frontera aérea vulnerable. Los narcovuelos siguen siendo una modalidad rentable porque el riesgo es relativamente bajo. Si la avioneta aterriza, descarga y se retira sin ser vista, el negocio funciona. Si cae, recién entonces aparece el gran operativo, las cámaras, las declaraciones políticas y el pedido de ley de derribo. Esa lógica reactiva es exactamente lo que el crimen organizado necesita para seguir operando.
El debate debería dejar de girar en torno a consignas y pasar a una política de Estado. Radarización completa, ley clara, protocolos de interceptación, inteligencia criminal moderna, control de pistas clandestinas, cooperación con países vecinos y mejor equipamiento para las fuerzas son piezas de un mismo sistema. Sin una de ellas, las demás pierden eficacia.
La discusión de fondo es sencilla: la Argentina debe decidir si va a proteger en serio su espacio aéreo o si seguirá dependiendo de que las avionetas narco se estrellen, de que un vecino escuche motores de madrugada o de que un trabajador rural grabe con su celular una aeronave cayendo sobre un campo.
Mientras esa definición no llegue, el país continuará con una paradoja peligrosa: sabe que los vuelos existen, sabe por dónde entran, sabe qué provincias son vulnerables y sabe que la droga baja en campos rurales. Pero, en demasiados casos, sólo actúa cuando el narco comete un error. Y una política de seguridad basada en esperar el error del enemigo no es una estrategia: es una renuncia.
