Por RR
Buenos Aires – 6 de junio de 2026 – Total News Agency – TNA-.La aprobación en el Senado de 74 pliegos judiciales, incluido el de María Verónica Michelli, la candidata resistida por Javier Milei por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, dejó al descubierto una interna feroz dentro del Gobierno y volvió a colocar a Patricia Bullrich en una posición de autonomía política que incomoda a la Casa Rosada.
La sesión terminó con un resultado que el oficialismo no esperaba: la Cámara Alta habilitó el tratamiento de todos los pliegos y aprobó la designación de Michelli, pese a que, tardiamente, el Presidente había intentado retirar su postulación. La magistrada, con más de tres décadas intachables de trayectoria judicial, quedó en el centro de una disputa que excede su nombre y revela una pulseada de poder por el control del mapa judicial que investigará, tarde o temprano, al núcleo más cerrado del Gobierno.
El caso abrió una grieta en la estrategia oficial. Milei, según fuentes políticas, había tomado conocimiento del parentesco de Michelli con Alconada Mon después de que el pliego ya había sido enviado al Congreso. La información habría sido activada en la interna por Santiago Caputo, que mantiene una disputa cada vez más abierta con el sector que responde a Karina Milei, al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y a Santiago Viola, tambien ocupado de temas aduaneros, que tal vez lo distrajeron de los parentescos de la jueza.
El Presidente, que suele delegar el funcionamiento judicial, reaccionó con dureza ante el dato del vínculo familiar. En la Casa Rosada interpretaron que no podía avanzar una candidata emparentada con un periodista que publicó investigaciones incómodas para el Gobierno, entre ellas las vinculadas al escándalo cripto Libra y al patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Pero Bullrich decidió no acompañar el retiro del pliego. La senadora oficialista invocó razones institucionales, sostuvo que no correspondía castigar a una postulante por un parentesco familiar y llegó a poner a disposición su renuncia como jefa del bloque de La Libertad Avanza. Aunque luego se mostró junto a Karina Milei con un mensaje de unidad, el episodio dejó una marca: Bullrich no aceptó ser simple ejecutora de una orden de la Rosada cuando el costo institucional era demasiado alto.
La mala praxis política del Gobierno empieza a transformarse en un problema mayor que una interna de palacio. Cada error no forzado, cada pelea pública y cada señal de inseguridad jurídica conspira contra los logros económicos que la administración libertaria exhibe como principal capital político. La baja de la inflación, la recomposición de reservas, el orden fiscal y la mejora de ciertos indicadores financieros corren el riesgo de quedar opacados por una conducción política errática, incapaz de dar previsibilidad institucional en áreas sensibles como la Justicia.
Esa contradicción desalienta a muchos argentinos que habían apostado al cambio y que esperaban un rumbo de austeridad, orden y reglas claras. La economía puede mostrar números más sólidos, pero la política transmite ruido, improvisación y conflictos internos que erosiona la confianza social. En un país castigado por décadas de frustraciones, la percepción de que el Gobierno tropieza con sus propias decisiones puede ser tan dañina como una mala estadística.
La preocupación no se limita al plano doméstico. El Fondo Monetario Internacional observa con atención la capacidad política del Gobierno para sostener el programa económico, aprobar reformas estructurales y garantizar gobernabilidad. También lo hace Estados Unidos, el socio más poderoso de la Argentina en esta etapa, que respalda el giro geopolítico de Milei pero necesita señales de estabilidad, racionalidad institucional y respeto por las reglas del juego, el espinoso asunto Hidrovia y los ocuros apoyos, no tranquiliza, precisamente.
La inseguridad jurídica agrega otra capa de alarma. Grandes inversores, fondos internacionales y compañías interesadas en energía, minería, infraestructura, tecnología y agroindustria no sólo miran el equilibrio fiscal o el tipo de cambio: también evalúan la calidad institucional, la independencia judicial, la previsibilidad regulatoria y la capacidad del poder político para no interferir de manera caprichosa en los procesos formales. En ese punto, el caso Michelli envía una señal preocupante.
El Senado terminó aprobando el pliego de Michelli por 44 votos afirmativos, 18 negativos y 2 abstenciones, dentro de un paquete mayor de 74 nombramientos judiciales. La votación obligó al Gobierno a enfrentar un dilema delicado: si el Presidente demora o se niega a firmar el decreto de designación, abrirá un conflicto institucional inédito desde la reforma constitucional de 1994.
El único antecedente comparable que se menciona en ámbitos judiciales remite al caso del juez Juan Manuel Yalj, cuyo decreto de designación como camarista quedó sin firma durante el kirchnerismo luego de que Cristina Kirchner, entonces presidente, se molestara por decisiones judiciales vinculadas al sindicalista ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero. En el Gobierno libertario, el eventual congelamiento del pliego de Michelli podría convertirse en un precedente de alto voltaje político.
La tensión se agrava porque la reforma judicial en marcha no es menor. El Gobierno busca cubrir decenas de vacantes en juzgados, tribunales orales, fiscalías y defensorías. Se trata de una oportunidad excepcional para definir el perfil de la Justicia Federal durante los próximos veinte años. Detrás de cada pliego hay una pregunta de fondo: quién investigará al poder.
En esa lógica se inscribe también la pelea por los cargos estratégicos de Comodoro Py, donde se tramitan las causas de corrupción más sensibles. El fuero federal porteño arrastra vacantes clave y la Cámara Federal, tribunal de apelación de expedientes políticos, tendrá movimientos decisivos. En el Consejo de la Magistratura se mira con especial atención el futuro de nombres como Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, en una negociación que puede definir equilibrios internos durante años.
El dato político más sensible es que el Gobierno acelera pliegos en varias áreas, pero no parece mostrar la misma urgencia para completar determinados juzgados de primera instancia de Comodoro Py, ni para cerrar casilleros estratégicos en la Cámara Federal o en la Cámara de Casación. En tribunales circula una frase que resume esa lógica: con menos jueces, se negocia con menos gente.
Ese tablero judicial preocupa especialmente por las causas que ya rozan al oficialismo: Libra, ANDIS y el expediente patrimonial de Manuel Adorni. El jefe de Gabinete continúa demorando la presentación de su declaración jurada ampliada, mientras la fiscalía de Gerardo Pollicita avanza sobre informes económicos, bancarios y criptoactivos que podrían complicar su explicación patrimonial.
En los pasillos judiciales crece la atención sobre el uso de criptomonedas y billeteras virtuales atribuidas a Adorni. La investigación busca determinar cuándo fueron adquiridos esos activos, con qué fondos, desde qué cuentas, si hubo ventas posteriores y hacia dónde se derivó el dinero. También se analiza la trazabilidad de operaciones que no habrían sido incluidas inicialmente en su declaración jurada.
El concepto que empieza a instalarse entre investigadores es el de “cold wallet”, una billetera fría utilizada para almacenar criptoactivos fuera de plataformas tradicionales. Para la Justicia, ese punto puede ser clave: si existieran activos no declarados, el problema no sería sólo su monto, sino la ruta del dinero y su origen.
El jefe de Gabinete aparece, mientras tanto, en una situación incómoda. Había prometido presentar su declaración patrimonial antes del plazo legal, pero la documentación no aparece. Sus abogados saben que una vez ingresada la declaración, cualquier nueva revelación quedará expuesta a una comparación inmediata con los datos del expediente. Por eso, cada día de demora alimenta más sospechas políticas.
También genera expectativa la eventual venta del departamento de la calle Asamblea, la vivienda original de Adorni y su familia, mucho más modesta que las propiedades posteriores. En tribunales y en la política hay especial interés por conocer quién será el comprador y bajo qué condiciones se cerrará la operación.
La fiscalía espera además un informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que será central para ordenar el mapa patrimonial y establecer qué parte de la evolución económica del funcionario tiene respaldo documental y cuál permanece sin explicación suficiente.
El Gobierno intenta mostrarse confiado, pero la simultaneidad de los frentes judiciales altera los equilibrios internos. Karina Milei busca consolidar poder en la estructura judicial a través de Mahiques y Viola. Santiago Caputo intenta marcar errores y preservar influencia sobre el Presidente. Bullrich, en tanto, demostró que puede desafiar una orden política y salir fortalecida ante sectores que valoran su autonomía.
El episodio Michelli dejó una advertencia para la Rosada: la disciplina oficialista tiene límites cuando choca con reglas institucionales básicas. También expuso la incomodidad de un Gobierno que llegó al poder prometiendo romper privilegios, pero que ahora intenta condicionar un nombramiento judicial por el parentesco de una candidata con un periodista crítico.
El problema de fondo es que el oficialismo parece no advertir que la economía necesita política, pero política bien hecha. La estabilidad no se construye sólo con superávit fiscal, sino también con señales de seriedad, respeto institucional y previsibilidad. Cuando el Gobierno se enreda en venganzas, internas, operaciones cruzadas o decisiones mal calculadas, termina debilitando el mismo programa económico que dice defender.
La pelea recién empieza. Con el calendario político entrando en zona electoral y la atención pública parcialmente absorbida por otros acontecimientos, la Casa Rosada apuesta a ganar tiempo. Pero en los tribunales, en el FMI, en Washington y entre los grandes inversores, el tiempo no siempre juega a favor del poder.
A la salida de este período, comenzará a ordenarse la carrera presidencial de 2027. En un escenario fragmentado, figuras impensadas ya empiezan a tantear el terreno. Bullrich, otra vez, aparece como una dirigente que incomoda hacia adentro y mide hacia afuera. Y en la política argentina, eso nunca es un detalle menor.
