Buenos Aires – 11 Junio 2026 – Total News Agency – TNA-. El escándalo patrimonial que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, escaló un nuevo peldaño institucional: el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) solicitó formalmente a la Unidad de Información Financiera (UIF) que abra un expediente de inteligencia financiera para analizar la evolución patrimonial del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti, ante la posible existencia de fondos y bienes de origen no debidamente acreditado.
El pedido fue dirigido al titular de la UIF, Matías Gabriel Álvarez, y apunta a que el organismo utilice “todas las medidas previstas en sus facultades legales y reglamentarias” para monitorear de manera intensiva los movimientos patrimoniales, operaciones inmobiliarias, créditos privados, sumas en efectivo, viajes y posibles inconsistencias económicas del matrimonio Adorni-Angeletti.
La presentación del CIPCE, firmada por su director ejecutivo, Pedro Biscay, reclama que la UIF analice si corresponde formular una denuncia penal por presunto lavado de activos. La organización especializada en criminalidad económica sostiene que la declaración jurada de Adorni, sus rectificaciones y sus propias explicaciones públicas abren interrogantes sobre la trazabilidad, el origen y la consistencia de su patrimonio.
El eje del planteo es contundente: Adorni y Angeletti son Personas Políticamente Expuestas (PEP). En consecuencia, deben estar sometidos a parámetros reforzados de debida diligencia, transparencia y control patrimonial. La condición de PEP no implica delito, pero sí activa mayores obligaciones de revisión cuando aparecen operaciones relevantes, fondos en efectivo, bienes no suficientemente explicados o vínculos económicos con contratistas del Estado.
El pedido llega luego de que Adorni publicara finalmente su declaración jurada 2025 y rectificara las correspondientes a 2023 y 2024. El jefe de Gabinete reconoció que había omitido declarar alrededor de US$ 500.000 en ahorros familiares “en negro”, una confesión que demolió sus explicaciones anteriores, cuando había asegurado que “todo lo que tenía que estar declarado, estaba declarado” y que “nunca existió ocultación alguna”.
En una entrevista televisiva en LN+, Adorni intentó justificar la omisión con una frase que ya quedó instalada como síntesis política del caso: “Ahorramos en negro como todos los argentinos”. También dijo que parte de esos fondos provenían de inversiones en Bitcoin y otras criptomonedas, operaciones que, según su relato, le habrían permitido ganar alrededor de US$ 300.000 entre 2014 y 2018.
Para el CIPCE, esa explicación no cierra por sí sola. La existencia de una eventual deuda fiscal regularizable no agota el problema. Una cosa es pagar impuestos omitidos, multas o intereses. Otra muy distinta es acreditar el origen lícito de los fondos, especialmente cuando se trata de un funcionario de alto rango, con acceso al poder político, a información pública sensible y a relaciones con empresarios y contratistas.
La entidad sostuvo que la adhesión al régimen simplificado de Ganancias previsto por la llamada ley de “Inocencia Fiscal” no suspende ni limita las obligaciones vinculadas a la prevención del lavado de activos. En otras palabras: un contribuyente puede intentar ordenar su situación ante ARCA, pero eso no impide que la UIF analice si las operaciones patrimoniales son consistentes, si tienen respaldo documental y si existen indicios que ameriten una denuncia penal.
El planteo del CIPCE se apoya en varios hechos bajo análisis. Entre ellos, la compra de una casa en un barrio privado, la adquisición posterior de un departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la existencia de importantes sumas en efectivo, los viajes en aviones privados junto a personas vinculadas a contrataciones estatales y operaciones crediticias no bancarias con particulares cuya capacidad económica también debería ser verificada.
Uno de los puntos sensibles es la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, comprada y luego remodelada. En la causa judicial se incorporaron testimonios sobre pagos en efectivo por refacciones, con cifras que rondarían los US$ 245.000, según declaraciones atribuidas al contratista Matías Tabar. Adorni sostiene que el monto es menor y que el asunto está siendo discutido en sede judicial.
También quedó bajo la lupa la compra de un departamento en Caballito, sobre la calle Miró, operación que se suma al inmueble donde la familia ya vivía. Para los investigadores, la secuencia patrimonial debe ser leída en conjunto: ingresos declarados, fondos no declarados, rectificaciones, propiedades, refacciones, viajes, créditos privados y actividad económica de la esposa del funcionario.
El CIPCE también incluyó en su presentación testimonios de personas que declararon en la Justicia federal y que indicarían que al menos una operación inmobiliaria no se habría escriturado por su valor real. Si eso se confirmara, la entidad sostiene que podría tratarse de una maniobra de simulación susceptible de ser analizada bajo la figura de lavado de activos.
Ese punto es central porque el lavado no se limita a ocultar dinero en cuentas bancarias. También puede involucrar operaciones inmobiliarias, subvaluaciones, pagos en efectivo, préstamos simulados, triangulaciones, sociedades, bienes registrables o inversiones cuya finalidad sea dar apariencia lícita a fondos de origen no acreditado.
La situación de Bettina Angeletti también ocupa un lugar relevante en el pedido. La esposa de Adorni, coach ontológica y consultora en clima laboral, búsqueda de personal y servicios corporativos, quedó bajo observación luego de que trascendiera que varios de sus clientes habrían tenido vínculos con empresas proveedoras del Estado o con áreas bajo influencia pública desde que su esposo ingresó al Gobierno.
El expediente patrimonial ya se tramita en la Justicia federal bajo la órbita del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, por presunto enriquecimiento ilícito. Ahora, con el pedido a la UIF, el caso suma una dimensión distinta: la posible necesidad de analizar movimientos financieros bajo estándares de prevención de lavado.
La diferencia no es menor. El enriquecimiento ilícito apunta a determinar si un funcionario incrementó su patrimonio de manera injustificada durante el ejercicio de la función pública. El lavado de activos, en cambio, exige revisar si determinados bienes o fondos pudieron ser incorporados al circuito formal con apariencia lícita pese a tener un origen no debidamente acreditado.
El reconocimiento público de Adorni —haber tenido ahorros “en negro”— puede ayudarlo en una estrategia defensiva frente a acusaciones de corrupción, al intentar presentar el caso como una irregularidad fiscal previa a su llegada al Estado. Pero también abre una puerta peligrosa: si el dinero existía antes, debe probarse; si se invirtió en criptomonedas, debe trazarse; si se usó para comprar inmuebles, debe documentarse; y si fue omitido durante años, debe explicarse por qué recién apareció cuando el escándalo se volvió judicial y político.
El argumento de las criptomonedas será especialmente sensible. Las operaciones con Bitcoin pueden ser trazables, pero requieren datos concretos: billeteras utilizadas, fechas de adquisición, exchanges, transferencias, ventas, ganancias realizadas, comprobantes y eventual correlato tributario. Sin esa documentación, la explicación corre el riesgo de quedar como un relato tardío más que como una prueba patrimonial.
En términos políticos, el pedido a la UIF coloca al Gobierno en una posición incómoda. Javier Milei sostuvo públicamente a Adorni, incluso cuando el jefe de Gabinete acumulaba contradicciones. Pero el caso ya no se limita a un debate mediático ni a una declaración jurada mal confeccionada. Ahora una organización especializada en criminalidad económica solicita que se revise si pudo existir lavado de dinero.
La cuestión también golpea la narrativa oficial. Un Gobierno que afirma haber llegado para combatir los privilegios de la política enfrenta el caso de uno de sus funcionarios más visibles, quien primero negó ocultaciones, luego rectificó declaraciones juradas y finalmente admitió haber tenido medio millón de dólares fuera del sistema fiscal. La explicación puede ser suficiente para un relato televisivo, pero no necesariamente para una investigación financiera.
El contexto internacional agrega presión. Argentina se encuentra bajo la mirada de los estándares del GAFI y GAFILAT, que exigen eficacia en la prevención, detección e investigación del lavado de activos, especialmente cuando existen riesgos vinculados a corrupción, funcionarios públicos o delitos económicos complejos. Para el CIPCE, una actuación “diligente y oportuna” de la UIF en un caso que involucra a un funcionario de alto rango sería una señal relevante de cumplimiento institucional.
Por eso, la organización pidió controles integrales de consistencia patrimonial, cruce de información con ARCA, reportes del sistema financiero, análisis de operaciones sospechosas, verificación de origen de fondos, revisión de operaciones inmobiliarias y evaluación del circuito económico de Adorni y Angeletti.
La respuesta de la UIF será clave. Si abre un expediente, el caso ingresará en una fase de inteligencia financiera, con capacidad para requerir información a sujetos obligados, bancos, escribanos, inmobiliarias, registros, entidades financieras y organismos públicos. Si no lo hace, el Gobierno quedará expuesto a la acusación de mirar hacia otro lado frente a un funcionario propio.
La pregunta política sigue siendo la misma, pero ahora con mayor gravedad institucional: ¿por qué Milei sostiene a un jefe de Gabinete que admitió ahorros en negro, rectificó declaraciones juradas y ahora es señalado ante la UIF por posible lavado de activos? El Presidente puede considerar a Adorni un funcionario leal, pero cada día que pasa el costo de esa lealtad parece más alto.
El caso dejó de ser una discusión sobre si una casa estaba declarada, si una pileta costó más o menos, o si un viaje fue pagado por terceros. Ahora se discute si el patrimonio del jefe de Gabinete tiene respaldo documental suficiente, si sus fondos fueron correctamente incorporados al circuito formal y si la estructura económica familiar resiste un análisis técnico de prevención de lavado.
Adorni había dicho que “no es un chorro”. El problema es que, en materia financiera, no alcanza con declararse honesto: hay que probarlo con papeles, trazabilidad y consistencia. Y la UIF, si acepta el pedido, será el organismo encargado de empezar a mirar donde las explicaciones televisivas ya no alcanzan.
