Buenos Aires – 15 de junio de 2026 – Total News Agency – TNA-. El frente judicial de Manuel Adorni volvió a complicarse. La investigación por presunto enriquecimiento ilícito detectó que el jefe de Gabinete habría recibido más de 100 mil dólares durante 2024 a través de operaciones vinculadas con plataformas cripto como Lemon y Binance, cuando ya se desempeñaba como funcionario público. Ese dato, incorporado al expediente que tramitan el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, abre una nueva línea de sospecha: no sólo deberá justificar el origen de los fondos, sino explicar cómo esos activos digitales terminaron convertidos en dólares físicos utilizados en operaciones inmobiliarias y pagos en efectivo.
El caso se agravó después de que el propio Adorni admitiera en televisión que había ocultado al fisco alrededor de medio millón de dólares, supuestamente obtenidos por inversiones en Bitcoin realizadas años antes de su ingreso a la función pública. En una entrevista en LN+, el funcionario sostuvo que “ahorramos en negro como todos los argentinos” y reconoció que no había incluido esos fondos en sus declaraciones juradas originales. Esa explicación contradijo su defensa previa ante la opinión pública y el Congreso, donde había afirmado que sus presentaciones patrimoniales estaban en regla.
Según la información judicial incorporada al expediente, los movimientos detectados por Lemon y Binance no corresponderían al relato de las supuestas inversiones antiguas en Bitcoin, sino a transferencias posteriores, registradas en 2024, ya con Adorni dentro del Gobierno. Para los investigadores, esa diferencia temporal es clave: una cosa es sostener que existía un ahorro previo no declarado y otra muy distinta es recibir fondos cripto durante el ejercicio de la función pública.
La Justicia busca determinar quién envió esos activos, bajo qué concepto, si hubo otros movimientos desde plataformas similares y cuánto de ese dinero fue luego bancarizado, convertido a dólares o aplicado a operaciones pagadas en efectivo. En tribunales, el próximo paso se aproxima al llamado requerimiento de justificación patrimonial, previsto para los casos en que un funcionario no logra explicar un incremento apreciable de bienes. El artículo 268 (2) del Código Penal sanciona con prisión, multa e inhabilitación absoluta perpetua al funcionario que, debidamente requerido, no justifique el origen de un enriquecimiento patrimonial ocurrido durante el cargo o hasta dos años después de dejarlo.
El punto más sensible sigue siendo la ruta del dinero. Adorni dijo que obtuvo ganancias extraordinarias por Bitcoin, pero los investigadores no darían por probado que esas operaciones hayan sido efectivamente realizadas por él en el momento y en las condiciones declaradas. Fuentes del caso sostienen que poseer claves o billeteras digitales no necesariamente prueba la autoría económica de las operaciones, ya que esos instrumentos pueden circular en mercados paralelos y ser utilizados para intentar justificar fondos de origen no acreditado.
A esa trama se suma la casa del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, una de las piezas centrales de la investigación patrimonial. El contratista Matías Tabar declaró que la demolición, reconstrucción y redecoración de la vivienda costó cerca de 250 mil dólares, pagados en efectivo. Sin embargo, en la rectificación de sus declaraciones juradas, Adorni habría informado un monto menor, apenas superior a 170 mil dólares. Esa diferencia será cotejada con remitos, facturas, tickets y mensajes extraídos del celular del contratista.
La situación política tampoco mejora. El escándalo impactó de lleno en la Casa Rosada, mientras sectores opositores y aliados legislativos del oficialismo reclamaron explicaciones e incluso la renuncia del jefe de Gabinete. La controversia también expuso el uso del régimen conocido como “Inocencia Fiscal”, que permite regularizar fondos bajo determinadas condiciones y que, según información oficial, fue reglamentado por el Gobierno como parte del Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias.
El problema para Adorni es que ese régimen puede aliviar contingencias tributarias, pero no clausura una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito o lavado de activos. Incluso medios internacionales señalaron que la norma no excluye a funcionarios públicos ni a sus familiares, pero tampoco impide que la Justicia investigue delitos ajenos a la materia estrictamente fiscal.
La Oficina Anticorrupción administra y publica las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios del Poder Ejecutivo, herramienta destinada a detectar conflictos de intereses y posibles casos de enriquecimiento ilícito. La propia OA informa que las declaraciones permiten alertar sobre inconsistencias patrimoniales y que, cuando corresponde, pueden derivar en acciones para promover sanciones.
Así, la defensa de Adorni quedó atrapada en su propia confesión: primero negó irregularidades, luego reconoció fondos no declarados, después intentó ampararse en la narrativa cripto y ahora deberá explicar la parte más difícil de cualquier historia financiera: de dónde salió el dinero, quién se lo transfirió, cuándo lo convirtió y cómo terminó en dólares cash para operaciones que la Justicia considera bajo sospecha.
