Washington – 15 de junio de 2026 – Total News Agency – TNA-. La ofensiva antidrogas del gobierno de Donald Trump abrió un nuevo frente de tensión con México. La llamada “zar antidrogas” de Estados Unidos, Sara Carter, advirtió que Washington va tras políticos y funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones criminales, en una estrategia que busca golpear no sólo a los cárteles, sino también a sus redes de protección dentro del Estado.
Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP), sostuvo en una entrevista con el programa American Thought Leaders que la administración Trump trabaja para desmantelar estructuras criminales en México, “incluyendo a aquellos dentro del gobierno que se han vendido a los cárteles”.
La funcionaria afirmó que Estados Unidos está apuntando directamente contra funcionarios ligados al Cártel de Sinaloa, en particular a las facciones conocidas como Los Chapitos y Los Mayitos, herederas de la estructura criminal de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.
“Estamos atacando a la gente de Sinaloa, a todos los funcionarios del gobierno que forman parte del clan Culiacán, que han protegido al Cártel de Sinaloa, a Los Chapitos y a Los Mayitos”, señaló Carter, en una de las declaraciones más duras realizadas hasta ahora por una alta funcionaria antidrogas de Washington contra sectores de la política mexicana.
Aunque Carter no mencionó nombres, sus palabras apuntan de manera directa al expediente abierto por la justicia estadounidense contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dirigente de Morena que se encuentra con licencia, y contra otros nueve políticos y funcionarios estatales actuales o anteriores.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el 30 de abril la apertura de una acusación formal en el Distrito Sur de Nueva York contra Rocha Moya y otros altos funcionarios sinaloenses por presuntos delitos de narcotráfico y armas. Según la acusación, los imputados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de grandes cantidades de droga hacia territorio estadounidense.
Entre los acusados figuran, además de Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”. Este último enfrenta también cargos vinculados con secuestros que terminaron con la muerte de una fuente de la DEA y de un familiar.
La acusación marca un salto cualitativo en la relación bilateral. No se trata sólo de señalar a jefes criminales, sicarios o operadores financieros, sino de avanzar sobre la presunta infiltración del narcotráfico en estructuras de poder político, seguridad pública y administración estatal.
El caso golpea especialmente al gobierno de Claudia Sheinbaum, porque Rocha Moya pertenece al oficialismo mexicano y es un aliado político de Morena. La presidenta ha defendido una posición de cooperación con Estados Unidos, pero bajo el principio de “colaboración sin subordinación”, una fórmula que busca evitar que la presión de Washington sea percibida como intervención directa en la soberanía mexicana.
La tensión aparece en un momento de cooperación inédita entre ambos países. Carter elogió públicamente el trabajo conjunto con las fuerzas mexicanas y citó como ejemplo el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según la funcionaria estadounidense, Estados Unidos aportó inteligencia y México ejecutó el operativo con la Guardia Nacional, fuerzas especiales y mandos militares.
“Nosotros dijimos: aquí está la información, vayan por él, y lo hicieron. Nunca habíamos visto eso, no de esa manera, no con esa cooperación”, afirmó Carter.
Pero ese reconocimiento convive con una presión creciente. La administración Trump viene redefiniendo a los cárteles mexicanos como una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos, especialmente por el impacto del fentanilo, droga que provoca decenas de miles de muertes anuales en territorio norteamericano.
Washington ya designó a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y creó estructuras interagenciales para combatirlos desde una lógica más cercana a la seguridad nacional que a la persecución penal tradicional. Esa doctrina amplía el margen de acción de agencias federales, inteligencia, justicia y defensa.
En ese marco, Carter afirmó que la estrategia consiste en “seguir el dinero”, confiscar recursos y golpear las redes de protección política. “¿Qué quieren los cárteles más que nada? Poder y dinero”, dijo. “Eso es lo que los mantiene vivos. Ese es su corazón: su poder y su dinero”.
La advertencia apunta al núcleo de la llamada narcopolítica: funcionarios que, según Washington, facilitarían operaciones criminales, protegerían rutas, colocarían mandos afines en áreas de seguridad o permitirían que los cárteles operen con impunidad territorial.
La presión estadounidense no se limita a los tribunales. Según medios mexicanos y estadounidenses, el gobierno de Trump retiró visas a decenas de funcionarios y políticos, incluidas figuras de Morena, como parte de una estrategia de castigo diplomático y presión preventiva. También trascendió que habría nuevas investigaciones sobre gobernadores y altos funcionarios, aunque no todas se tradujeron hasta ahora en acusaciones formales.
El mensaje de Carter fue explícito: el gobierno mexicano sabe que Trump “cumple su palabra”. La funcionaria parafraseó la postura presidencial con una frase de advertencia: “Vamos por ustedes; si no cooperan, los vamos a atacar y se van a arrepentir”.
Esa retórica encendió alarmas en México. Para la administración Sheinbaum, la cooperación en seguridad debe mantenerse dentro de cauces institucionales, sin operaciones unilaterales ni imposiciones externas. La presidenta evitó escalar verbalmente con Carter, pero reiteró que la posición mexicana es firme: cooperación sí, subordinación no.
El problema es que la crisis del narcotráfico ya dejó de ser una discusión doméstica mexicana. Para Washington, los cárteles son una amenaza transnacional con capacidad de corrupción política, control territorial, tráfico de drogas sintéticas, lavado de dinero, tráfico de armas y violencia extrema.
La acusación contra Rocha Moya y los demás funcionarios de Sinaloa profundiza esa lectura. Estados Unidos sostiene que no alcanza con detener capos si las estructuras políticas y policiales que los protegen siguen funcionando. Por eso, la nueva etapa de la estrategia parece orientada a cortar la relación entre poder criminal y poder estatal.
El impacto regional puede ser significativo. Si Washington avanza con nuevas imputaciones contra gobernadores, alcaldes, legisladores o mandos policiales mexicanos, la relación bilateral podría entrar en una fase de alta tensión. México necesitará demostrar cooperación eficaz sin quedar atrapado en la imagen de un país tutelado por Estados Unidos.
Para Trump, en cambio, el combate a los cárteles se convirtió en una bandera de seguridad nacional, electoral y fronteriza. La ofensiva contra políticos presuntamente ligados al narco le permite mostrar dureza frente al fentanilo, presionar a México y justificar una política más agresiva en el hemisferio.
El caso también deja una señal para toda América Latina: Washington ya no mira al narcotráfico sólo como un fenómeno criminal, sino como una red de poder que puede incluir políticos, funcionarios, policías, militares, empresarios y operadores financieros.
La advertencia de Sara Carter marca ese cambio de época. Estados Unidos ya no dice únicamente que va por los capos. Ahora advierte que también irá por quienes, desde el Estado, les abrieron la puerta
