Buenos Aires – 23 junio 2026 – Total News Agency – TNA-. El ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio irá a juicio oral acusado de presunto lavado de dinero por la compra de una camioneta de lujo Audi Q8, en una causa que vuelve a poner bajo sospecha el funcionamiento del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) de la provincia de Buenos Aires y las maniobras atribuidas a funcionarios del área durante su gestión.
La decisión fue adoptada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien dio por concluida la instrucción y elevó el expediente a juicio. Junto a D’Onofrio también será juzgado Facundo Asensio, ex titular de la Dirección de Control y Fiscalización de la VTV bonaerense, señalado como un funcionario de confianza del ex ministro. D Onofrio proviene del riñon de Sergio Massa.
La investigación sostiene que D’Onofrio y Asensio habrían participado en una maniobra destinada a incorporar al circuito formal un bien adquirido con fondos de origen presuntamente ilícito. El eje del expediente es una Audi Q8 inscripta formalmente a nombre de Asensio, pero que, según la Justicia, era utilizada de manera permanente por D’Onofrio.
De acuerdo con la acusación, el 19 de octubre de 2023, Asensio registró el vehículo ante un organismo de la Capital Federal y declaró un valor de $30.000.000. Sin embargo, poco después contrató un seguro en el que la camioneta fue valuada en $173.800.000, una diferencia que para la fiscalía y el juez resultó clave para sospechar que el precio declarado no reflejaba el verdadero valor del rodado.
Para los investigadores, esa brecha patrimonial no fue una simple irregularidad administrativa, sino un indicio del presunto mecanismo de lavado. El vehículo aparecía formalmente bajo titularidad de Asensio, pero D’Onofrio tenía una cédula azul que lo habilitaba a circular y un TelePASE a su nombre, elementos que la Justicia interpretó como señales de uso y dominio real por parte del ex ministro.
El dinero utilizado para la adquisición de la camioneta, según la hipótesis judicial, tendría origen en delitos contra la administración pública provincial vinculados al funcionamiento de la VTV y a maniobras investigadas en La Plata por presunto fraude, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito. En ese expediente paralelo, la lupa apunta a un entramado de recaudación, intermediarios y beneficios económicos alrededor de trámites, contratos y controles dependientes del área de Transporte.
El caso golpea directamente al gobierno bonaerense porque D’Onofrio fue ministro de Transporte durante la gestión de Axel Kicillof. Su salida del gabinete ya había quedado marcada por el avance de las investigaciones judiciales, pero la elevación a juicio oral cambia el escenario: el ex funcionario ya no enfrenta solo sospechas o medidas instructorias, sino la perspectiva concreta de sentarse en el banquillo de los acusados.
La situación de D’Onofrio se había complicado previamente cuando fue procesado por presunto lavado de activos y embargado por cientos de millones de pesos. Luego, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de su defensa y dejó firme, en esa instancia, el camino judicial que ahora desemboca en el juicio oral.
El expediente también compromete a Facundo Asensio, quien dirigía un área sensible del sistema de control vehicular provincial. Para la Justicia, su rol no habría sido meramente formal: habría actuado como titular registral de un bien que en la práctica beneficiaba al ex ministro. Esa figura encaja con una de las hipótesis más repetidas en causas de corrupción: bienes declarados a nombre de terceros, pero usados por funcionarios o ex funcionarios investigados.
La causa de la Audi Q8 funciona como una ventana hacia un problema mayor. La Justicia busca determinar si los fondos con los que se compró el vehículo provenían de maniobras ilegales relacionadas con el circuito de la VTV, las fotomultas y otros mecanismos de recaudación bajo control de estructuras estatales bonaerenses. El dato político es sensible: no se trata de un bien aislado, sino de un presunto símbolo patrimonial de una red más amplia.
En los tribunales se analiza si existió un esquema destinado a desviar fondos, ocultar bienes y utilizar prestanombres para encubrir el origen del dinero. En ese marco, la camioneta de alta gama se transformó en una pieza central porque permitió reconstruir vínculos entre funcionarios, movimientos patrimoniales y bienes cuyo valor real no coincidiría con lo declarado.
El juicio oral deberá determinar si D’Onofrio y Asensio participaron efectivamente en una operación de lavado de activos o si, como sostiene la defensa, no hubo delito en la adquisición y uso del vehículo. Hasta que exista condena firme, ambos conservan el estado de inocencia. Sin embargo, la elevación a juicio supone que para el juez y la fiscalía existen elementos suficientes para que el caso sea debatido ante un tribunal.
El avance judicial vuelve a dejar al descubierto la fragilidad de los controles internos en áreas estatales con fuerte capacidad de recaudación. La VTV bonaerense, un sistema que debería estar asociado a la seguridad vial, quedó envuelta en una investigación por presuntas maniobras económicas, enriquecimiento ilícito y lavado.
Para D’Onofrio, el paso a juicio oral representa el momento más delicado de su situación judicial. Para el gobierno de Kicillof, implica otro costo político en un área que ya venía golpeada por denuncias de irregularidades. Y para la Justicia, será una prueba sobre su capacidad de avanzar desde el hallazgo patrimonial hasta la determinación de responsabilidades penales concretas.
