Buenos Aires – 26 junio 2026 – Total News Agency – TNA – La causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Martín Insaurralde dio un salto judicial de máxima gravedad. El fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, pidió este viernes la detención del ex intendente y ex jefe de Gabinete bonaerense, y también la de su ex esposa, Jésica Cirio, para que ambos sean indagados bajo custodia y evitar, según el planteo fiscal, posibles maniobras de entorpecimiento de la investigación o riesgo de fuga.
El requerimiento fue elevado al juez federal Luis Armella, quien deberá resolver si hace lugar al pedido. Hasta ahora, Insaurralde había permanecido en libertad y a derecho, representado por sus abogados, pese a estar imputado desde 2023 por el crecimiento patrimonial bajo sospecha que explotó políticamente luego del escándalo del viaje de lujo a Marbella con la modelo Sofía Clerici. Pero la aparición de una serie de videos grabados por Cirio, en los que se observan millones de dólares guardados en cajones, bolsos, cajas y una valija dentro de un vestidor atribuido a la casa que compartían en Fincas de San Vicente, modificó el escenario procesal.
Para la fiscalía, esas imágenes ya no son un elemento periférico ni una filtración mediática más: constituyen una evidencia que permitiría corroborar la existencia de fondos en efectivo de origen no explicado y fortalecer la hipótesis de lavado. Según trascendió en el expediente, Mola considera que tanto Insaurralde como Cirio habrían participado de maniobras vinculadas con el dinero y, eventualmente, con su ocultamiento. El punto central del planteo es que, si permanecen en libertad, podrían alterar pruebas, coordinar versiones, ocultar documentación o interferir en testimonios.
La difusión de los videos reactivó una investigación que ya era políticamente explosiva. En las grabaciones se ven fajos de dólares distribuidos en distintos sectores del vestidor. En algunos tramos, Cirio aparece reflejada en un espejo, se observan sus manos o sus pies, y se la escucha describir lo que filma. La conductora no negó de manera absoluta la existencia del material, aunque sostuvo públicamente que sus archivos fueron vulnerados sin autorización y denunció que habría sido víctima de extorsión y de maniobras ilícitas de acceso a contenidos privados. También afirmó que algunas secuencias podrían estar manipuladas o editadas.
El juez Armella ya había ordenado medidas urgentes tras la publicación de las imágenes. Entre ellas, dispuso una inspección ocular en la vivienda del barrio privado Fincas de San Vicente para determinar si el vestidor de los videos corresponde efectivamente al inmueble de Insaurralde. La medida busca constatar la ubicación exacta del registro, verificar si el lugar fue modificado y reconstruir si, al momento de los allanamientos realizados en 2023, ese espacio tenía la misma disposición.
La Justicia también avanzó sobre los teléfonos celulares y soportes digitales de Cirio. La modelo fue allanada en su departamento de la zona de Las Cañitas, en la Ciudad de Buenos Aires, aunque no se encontraba allí al momento del procedimiento. El objetivo era secuestrar su teléfono para determinar si en ese dispositivo estaba el video original del vestidor. Finalmente, el celular fue entregado por su abogado y quedó en manos de Gendarmería Nacional, que deberá realizar las pericias correspondientes.
Otra línea de prueba apunta a los policías que participaron del allanamiento de 2023 en la casa de Insaurralde, a los testigos del procedimiento y a dos mujeres que trabajaron como empleadas domésticas en el inmueble. La fiscalía busca que expliquen cómo estaba distribuido el lugar en aquella oportunidad y si reconocen el espacio que aparece en las imágenes. El dato no es menor: existen dudas sobre si el vestidor fue modificado con posterioridad, razón por la cual Gendarmería Nacional también retiró libros de visitas del barrio privado para identificar eventuales ingresos de personal de obra o refacciones.
El caso tuvo su origen público en septiembre de 2023, cuando Sofía Clerici difundió imágenes de un viaje de lujo junto a Insaurralde en un yate por el Mediterráneo, en las costas de Marbella. El escándalo obligó al entonces jefe de Gabinete de Axel Kicillof a renunciar de inmediato y golpeó de lleno al peronismo bonaerense en plena campaña electoral. Desde entonces, el ex intendente de Lomas de Zamora quedó bajo investigación por la distancia entre su trayectoria como funcionario público, sus ingresos declarados y el nivel de vida exhibido.
La causa, sin embargo, no se limita al viaje. El expediente investiga bienes, movimientos patrimoniales, sociedades, familiares, eventuales testaferros y operaciones que podrían haber servido para disimular fondos no justificados. En octubre de 2024, la fiscalía ya había pedido la indagatoria de Insaurralde y de personas de su entorno por enriquecimiento ilícito y lavado. Con la aparición de los videos de los dólares, el pedido se amplió y ahora incluye a Cirio en una posición procesal mucho más comprometida.
La decisión de pedir la detención de ambos marca un giro. No se trata simplemente de convocarlos a declarar, sino de hacerlo bajo una medida de coerción excepcional. En términos judiciales, el fiscal sostiene que existen elementos suficientes para considerar acreditado un riesgo procesal. En términos políticos, el pedido instala la posibilidad de que uno de los nombres más poderosos del peronismo bonaerense de la última década termine detenido por una causa de corrupción patrimonial.
Insaurralde fue durante años una pieza central del armado del PJ en la provincia de Buenos Aires. Intendente de Lomas de Zamora, diputado nacional y luego jefe de Gabinete bonaerense, supo moverse entre distintos sectores del peronismo y conservar poder territorial incluso cuando dejó cargos formales. Su caída comenzó con las imágenes de Marbella, pero los videos del vestidor con dólares profundizaron el daño: ya no se trata solo de ostentación, sino de una posible prueba directa sobre dinero físico no declarado.
Para Jésica Cirio, el escenario también cambió. Hasta ahora, su rol aparecía vinculado al matrimonio, al divorcio, a su patrimonio personal y a su eventual conocimiento sobre bienes o fondos. La fiscalía, en cambio, ahora la ubica como una persona que podría aportar información clave sobre el dinero filmado, su origen, su custodia y las razones por las cuales esas imágenes fueron registradas. La entrega del celular y el peritaje de los archivos originales serán decisivos para determinar autenticidad, fecha de creación, eventuales ediciones, metadatos y cadena de conservación del material.
Las defensas de Insaurralde y Cirio ya presentaron pedidos de nulidad sobre algunas pruebas del expediente. Esa estrategia apunta a discutir la legalidad de la incorporación de determinados elementos, especialmente los videos filtrados y el modo en que llegaron a la causa. Pero el fiscal parece haber tomado la dirección contraria: considera que las imágenes son lo suficientemente relevantes como para cambiar el estatus procesal de los imputados.
El juez Armella enfrenta ahora una resolución de alto impacto. Si rechaza el pedido, deberá explicar por qué no ve riesgo procesal pese a la magnitud del dinero exhibido y a las medidas pendientes. Si lo acepta, el caso entrará en una etapa de indagatorias con detenidos y fuerte conmoción política. En cualquiera de los dos caminos, la causa dejó de estar dormida.
El expediente Insaurralde-Cirio se convirtió en una fotografía incómoda de la política argentina: funcionarios que declaran ingresos públicos, viajes de lujo imposibles de explicar con sueldos estatales, mansiones en barrios cerrados, dinero en efectivo y circuitos patrimoniales difíciles de reconstruir. La aparición de los videos no solo reavivó una causa judicial. También volvió a poner sobre la mesa una pregunta que el sistema político evita responder: cuántas fortunas personales nacieron al calor del poder público y cuántas siguen escondidas en vestidores, bolsos o cajas, lejos de cualquier declaración jurada.
Por ahora, la última palabra la tiene Luis Armella. Pero el pedido de Sergio Mola ya produjo un efecto irreversible: Martín Insaurralde y Jésica Cirio dejaron de estar solo bajo sospecha mediática. La fiscalía pidió que sean detenidos.
