Buenos Aires – 1 Julio 2026 – Total News Agency – TNA – Un predio verde de casi cinco hectáreas en Adrogué, utilizado durante décadas por vecinos y por el Centro Tradicionalista Los Candiles, quedó en el centro de una controversia política, judicial, ambiental e inmobiliaria que vuelve a poner bajo la lupa al esquema de poder en Almirante Brown, distrito históricamente controlado por Mariano Cascallares, uno de los dirigentes bonaerenses más cercanos al gobernador Axel Kicillof.
La denuncia pública apunta a una presunta maniobra destinada a desplazar a una institución comunitaria, facilitar el ingreso de una empresa privada y abrir el camino a un emprendimiento inmobiliario en una zona ambientalmente sensible. El terreno está ubicado en el área de Comodoro Py y Presidente Perón, lindante al Parque Saludable Ramón Carrillo y cercano al estadio Lorenzo Arandilla, de Brown de Adrogué. Según publicó Brown Online, el espacio había sido ocupado durante más de 35 años por Los Candiles, con actividades tradicionalistas, clases de equitación, peñas, acciones solidarias, merendero y usos recreativos para la comunidad.
El caso tomó dimensión pública cuando vecinos y miembros del centro tradicionalista denunciaron que fueron desalojados “de un día para el otro” y que una empresa constructora buscaba avanzar sobre las tierras. De acuerdo con esa publicación regional, la firma mencionada es Sauber Argentina S.A., vinculada a Walter Bagnasco y Marcelo Adrián Mozo, que habría adquirido derechos sobre el predio por apenas US$5.000, mientras una tasación inmobiliaria citada por los denunciantes elevaba el valor potencial del inmueble a unos US$20 millones por su ubicación y capacidad de desarrollo urbano.
La diferencia entre el precio denunciado de adquisición y el presunto valor de mercado explica parte del conflicto. Para los vecinos, no se trataría de una simple disputa de propiedad, sino de un mecanismo de apropiación de tierras con valor social y ambiental, amparado por decisiones administrativas y silencios institucionales. Para la empresa y los actores vinculados al proceso, en cambio, el eje formal estaría en la regularización de derechos privados sobre un terreno cuya situación jurídica arrastra años de litigio.
El capítulo más delicado aparece en la supuesta triangulación institucional. Según informó Brown Online, la intervención de Los Candiles fue solicitada por el Municipio de Almirante Brown con el argumento de normalizar la institución, ante un presunto deterioro administrativo y falta de presentación de documentación ante Personas Jurídicas. Esa intervención derivó en la designación de José Oscar Fernández, quien declaró al medio que su tarea era ordenar la entidad, tomar inventario y regularizar padrones, pero negó tener intervención en la operación inmobiliaria.
El problema es que, para los denunciantes, esa intervención no habría servido para proteger a la institución ni preservar el destino comunitario del espacio, sino para facilitar el desplazamiento de sus ocupantes históricos y permitir que el predio quedara bajo control de la empresa privada. La sospecha política se refuerza por los vínculos cruzados entre los protagonistas: Mozo, Bagnasco y Fernández aparecen relacionados con la vida institucional y política del club Temperley, mientras Bagnasco también figura como socio de Brown de Adrogué y su empresa habría sido sponsor del club, según reconstruyó el mismo portal.
La trama se proyecta además sobre la estructura política provincial. Cascallares no es un dirigente municipal aislado: es diputado provincial, vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, jefe político de Almirante Brown y una pieza relevante del dispositivo territorial de Kicillof en la Tercera Sección Electoral. Su cercanía con el gobernador quedó expuesta en múltiples actividades de gestión, actos políticos y movimientos internos del peronismo bonaerense. En 2026, el propio Cascallares defendió públicamente el crecimiento de Kicillof como figura nacional y sostuvo que intendentes de distintos puntos del país lo veían como una alternativa presidencial.
Ese vínculo político no es menor. Cascallares fue ratificado como presidente del PJ de Almirante Brown y designado secretario general del partido en la provincia acompañando a Kicillof, nuevo titular del peronismo bonaerense, según medios regionales. Además, la gestión provincial y municipal exhibió en los últimos meses una agenda compartida de obras, seguridad y financiamiento para el distrito, con desembarcos del gobernador en Almirante Brown junto a Cascallares.
Por eso, la denuncia excede el plano local. Si el avance inmobiliario sobre Los Candiles se consolida, el costo político no solo recaería sobre la estructura municipal browniana, sino también sobre el armado bonaerense de Kicillof, que suele presentarse como defensor del Estado, del ambiente y de los espacios comunitarios frente al avance de negocios privados. En este caso, la acusación vecinal va en sentido contrario: denuncia que un pulmón verde habría sido entregado mediante una maniobra administrativa funcional a intereses inmobiliarios.
La dimensión ambiental agrava el cuadro. El portal El Vespertino, que reprodujo una crónica de ANRed, señaló que las cinco hectáreas están ubicadas entre Illia y Perón, en una zona donde nace el arroyo Las Perdices, al sur del conurbano bonaerense. Vecinos de Adrogué y Burzaco sostienen que ese sector funciona como drenaje natural y que cualquier relleno, compactación del suelo o urbanización podría agravar el riesgo de inundaciones en barrios que ya sufrieron anegamientos severos.
El punto es central: no se trata únicamente de una discusión sobre escrituras, planos o permisos de obra. La posible construcción de torres o edificios sobre ese terreno podría destruir un área de absorción natural, bloquear el escurrimiento del agua y alterar la dinámica hídrica de una zona catalogada por los vecinos como de alto riesgo. En términos prácticos, el negocio inmobiliario podría traducirse en más agua acumulada, más calles anegadas, más viviendas afectadas y mayor vulnerabilidad para familias que ya conviven con el temor a las inundaciones.
Según esos testimonios, la naciente del arroyo Las Perdices se encuentra hoy cercada, lo que dificultaría tareas de limpieza y mantenimiento. Los vecinos también denunciaron presencia policial constante, patrullajes sin identificación visible y obstáculos para realizar asambleas pacíficas. En la misma publicación, integrantes de la asamblea afirmaron que el predio presenta características de humedal y que su alteración podría afectar el equilibrio hídrico de una zona vulnerable.
La situación expone una contradicción política para Cascallares y su estructura municipal. Mientras la gestión local suele promover una imagen pública asociada a la forestación, los parques saludables y la preservación de espacios verdes, el conflicto de Los Candiles muestra, según los denunciantes, una cara opuesta: avance inmobiliario, rezonificación, pérdida de suelo absorbente y desplazamiento de organizaciones comunitarias.
El antecedente institucional de Cascallares también pesa en la lectura del caso. El dirigente peronista gobernó Almirante Brown desde 2015, fue reelecto y alternó su rol municipal con bancas legislativas. En diciembre de 2025 juró como diputado bonaerense y fue elegido vicepresidente tercero de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, aunque sigue siendo el jefe político del distrito. Brown Online también informó que volvió a dejar la intendencia para asumir como legislador provincial tras integrar la lista de Fuerza Patria, espacio alineado con el oficialismo bonaerense.
Hasta el momento, la información pública disponible permite reconstruir una denuncia vecinal y periodística consistente, aunque no alcanza para afirmar la existencia de delitos sin acceso completo a expedientes judiciales, resoluciones administrativas, documentación dominial y actuaciones municipales. Lo que sí aparece documentado es el conflicto por el uso histórico del predio, la intervención de Los Candiles, la aparición de Sauber Argentina S.A., el bajo precio denunciado de adquisición, el interés inmobiliario y la preocupación ambiental por la naciente del arroyo Las Perdices.
El punto central que deberá aclararse es si el municipio actuó para preservar un bien de uso social y ambiental o si, por el contrario, utilizó herramientas administrativas para despejar el camino a un negocio privado. En una zona donde cada hectárea libre se vuelve excepcional, la disputa de Adrogué ya dejó de ser un expediente barrial: se transformó en una prueba sobre cómo se decide el destino del suelo urbano en el conurbano bonaerense y hasta dónde llega la responsabilidad política de los jefes territoriales que responden al gobernador Axel Kicillof.
