Buenos Aires – 9 julio 2026 – Total News Agency – TNA – El periodista Christian Sanz volvió a poner en escena una de las denuncias más incómodas contra Sergio Massa en reciente artículo: la presentación penal que realizó en 2022 por presunto enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, lavado de activos y encubrimiento, vinculada a la compra de un haras millonario en San Andrés de Giles y a supuestos testaferros del ex ministro de Economía. Lo hizo con una advertencia política y periodística: los grandes medios, según su mirada, evitaron profundizar en el caso por temor, conveniencia económica o dependencia de los factores de poder que históricamente rodearon al ex intendente de Tigre.
La denuncia de Sanz fue presentada en agosto de 2022 y recayó en el Juzgado Federal N°10, bajo el expediente CFP 2849/2022, según publicó entonces Tribuna de Periodistas. La presentación apuntó a Massa y a empresarios de su entorno, entre ellos Daniel Guerra y Gustavo Carlos Ranucci, en relación con la presunta adquisición del Haras La Vanguardia Polo Club, valuado en torno de los 8 millones de dólares, aunque algunas publicaciones posteriores ubicaron la operación entre 8 y 9,8 millones de dólares.
El propio Sanz sostuvo que la denuncia fue receptada por el juez federal Julián Ercolini, pero que, pese a la repercusión pública inicial, no tuvo la misma respuesta en los grandes medios. Según relató, numerosos periodistas lo contactaron al conocer la presentación, pero luego le admitieron que no podían publicar contra Massa. La publicación original, difundida en redes sociales, obtuvo miles de retuits y “me gusta”, mientras que en la prensa tradicional el caso quedó prácticamente fuera de agenda.
Sanz comparó ese silencio con lo ocurrido años atrás con Amado Boudou, a quien también denunció en 2012 por enriquecimiento ilícito. En aquel caso, recordó, la cobertura masiva llegó recién cuando el ex vicepresidente fue detenido en 2017, después de años de hostigamiento político y mediático contra quienes habían impulsado la investigación. La comparación busca marcar una constante: las denuncias contra dirigentes de alto poder suelen ser desestimadas o minimizadas hasta que el expediente judicial se vuelve imposible de ocultar.
El planteo del periodista no se limita al presunto enriquecimiento patrimonial. Sanz sostiene que la trama Massa debe analizarse también a la luz de viejos vínculos políticos, judiciales y territoriales en el norte del conurbano bonaerense, donde durante años se denunciaron nexos entre estructuras locales, fiscales y organizaciones vinculadas al narcotráfico. En ese punto aparece un nombre central: Julio Novo, ex fiscal general de San Isidro, procesado por encubrimiento agravado en causas relacionadas con el narcotráfico internacional.
Novo fue durante años una figura clave del Ministerio Público bonaerense en la zona norte. En 2016, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado procesó al entonces suspendido fiscal general y a varios colaboradores por “encubrimiento agravado” en investigaciones vinculadas al tráfico transnacional de estupefacientes. La resolución incluyó acusaciones por estorbo funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El caso no quedó en una instancia preliminar. En septiembre de 2024 comenzó el juicio oral contra Novo ante el Tribunal Oral Federal N°3 de San Martín, en una causa vinculada al encubrimiento del doble crimen de ciudadanos colombianos ocurrido en el estacionamiento del shopping Unicenter en 2008, considerado uno de los expedientes más emblemáticos sobre la presencia de estructuras narco en el norte bonaerense.
La causa Novo también se conectó con otros hechos resonantes: el asesinato de Juan Sebastián Galvis Ramírez en San Fernando y el tráfico de cocaína hacia España por el que fueron condenados los hermanos Juliá. Medios nacionales reconstruyeron durante años que la sospecha judicial apuntaba a maniobras de obstrucción o desvío de investigaciones que podían exponer redes de narcotráfico internacional operando en territorio bonaerense.
El vínculo político entre Massa y Novo fue señalado en distintas publicaciones y documentos parlamentarios. En 2013, cuando desde el kirchnerismo se denunciaba la presencia de narcotraficantes en Tigre, Massa defendió públicamente la presentación de denuncias ante la fiscalía de San Isidro, cuyo jefe era Novo. Página/12 publicó entonces que Novo era un “activo partícipe” en actos de campaña de Massa y que acumulaba denuncias por obstrucción de causas vinculadas al narcotráfico, entre ellas los crímenes de Unicenter y San Fernando.
El nombre de Novo también apareció en proyectos legislativos y presentaciones impulsadas por Elisa Carrió, quien pidió avanzar contra el ex fiscal y sostuvo que existían antecedentes sobre su presunta protección a causas sensibles. En documentación parlamentaria se citó expresamente una publicación de Télam titulada “Massa defendió al fiscal Novo, acusado de obstruir el avance de causas vinculadas al narcotráfico”.
La denuncia de Sanz contra Massa debe leerse en ese contexto más amplio: un dirigente con fuerte poder territorial, empresarios cercanos, operaciones inmobiliarias de alto valor y un entramado judicial del norte bonaerense que durante años fue cuestionado por su relación con causas narco. Nada de ello significa, jurídicamente, que Massa sea culpable de los delitos denunciados. La presentación de Sanz sigue siendo una acusación que debe ser probada en sede judicial. Pero el punto periodístico planteado por el denunciante es otro: por qué una denuncia de esa gravedad, con nombres, expediente y operaciones patrimoniales concretas, no tuvo la cobertura que sí reciben otros casos de menor espesor institucional.
En ese marco, Sanz denunció que los grandes medios se volvieron empresas dedicadas a “facturar” antes que a informar, y que ciertos dirigentes se transformaron en temas tabú por su capacidad de presión, pauta, negocios o vínculos con grupos económicos. Su frase más dura fue dirigida al funcionamiento del sistema mediático: “La gente mastica vidrio, sí, pero jamás lo traga”. Con esa imagen, el periodista reivindicó el rol de las redes sociales y de medios independientes para romper silencios que, según él, la prensa tradicional administra por conveniencia.
La valentía de Sanz consiste en haber sostenido una denuncia contra un actor de enorme poder político y económico cuando el silencio era más cómodo. En un país donde las investigaciones de corrupción suelen avanzar tarde, por presión social o por internas del propio sistema, la insistencia del periodista obliga a revisar un expediente olvidado y a preguntarse qué ocurrió con las medidas de prueba que, hasta ahora, no aparecen en el centro del debate público.
El caso también interpela a la Justicia. Si la denuncia carece de sustento, corresponde que se explique y se archive con fundamentos. Si contiene elementos verificables, corresponde investigarlos con la misma energía que se aplica a otros dirigentes. Lo que resulta inadmisible, desde una mirada institucional, es que una acusación por presunto enriquecimiento ilícito, lavado y uso de testaferros contra un ex ministro de Economía quede congelada sin respuestas claras.
El trasfondo narco vuelve más sensible el cuadro. Las publicaciones previas de TNA sobre los presuntos nexos entre Massa, el arquitecto Mosca y fiscales que habrían protegido narcotraficantes forman parte de una línea investigativa que exige ser profundizada. La historia de Novo muestra que no se trata de una fantasía conspirativa: hubo procesamientos, suspensiones, renuncias y finalmente un juicio oral por encubrimiento en causas de narcotráfico internacional.
La pregunta que queda abierta es por qué el sistema mediático argentino, tan veloz para perseguir determinados escándalos, parece perder reflejos cuando el nombre señalado es Massa. Sanz lo atribuye al miedo y al negocio. Otros hablarán de prudencia editorial o falta de documentación judicial visible. Pero la existencia de un expediente, la historia del fiscal Novo y los antecedentes de la zona norte obligan a no cerrar el tema.
La denuncia contra Massa, los silencios alrededor de su patrimonio, los viejos vínculos con estructuras judiciales de San Isidro y la sombra del narcotráfico conforman una trama que merece investigación pública, judicial y periodística. Christian Sanz volvió a ponerla sobre la mesa. Ahora la pregunta es si la Justicia y los grandes medios seguirán mirando para otro lado.
