Buenos Aires – 22 Julio 2026 – Total News Agency – TNA-. La investigación de las autoridades federales de Estados Unidos sobre el movimiento de cientos de millones de dólares correspondientes a los contratos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino —AFA— ingresó en una etapa de mayor exposición pública, después de que se conociera un procedimiento realizado en el aeropuerto John F. Kennedy —JFK— de Nueva York antes del regreso de parte de la delegación argentina tras la final de la Copa del Mundo 2026.
La información difundida inicialmente indicó que agentes de la Oficina Federal de Investigaciones —FBI— demoraron al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y solicitaron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos pertenecientes a miembros de la comitiva. La AFA, mediante un comunicado y declaraciones de sus abogados, negó de manera terminante que sus dirigentes hubieran sido detenidos, citados personalmente o despojados de sus equipos.
La controversia sobre lo ocurrido en el aeropuerto permanece abierta. La agencia Reuters informó que la entidad reconoció la existencia de una citación dirigida a un tercero para comparecer ante un gran jurado y aportar documentación relacionada con autoridades de la asociación, pero sostuvo que ni Tapia ni el tesorero Pablo Toviggino fueron convocados directamente y que no se incautaron bienes de su propiedad.
Más allá de las versiones enfrentadas sobre el operativo, la documentación conocida confirma la existencia de diligencias federales vinculadas con los negocios internacionales de la AFA y con la empresa TourProdEnter LLC, administrada por el empresario teatral y dirigente deportivo Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette.
La pesquisa procura determinar cómo circularon los ingresos procedentes de patrocinadores, derechos audiovisuales, partidos amistosos y acuerdos comerciales de la Selección argentina. Las operaciones bajo revisión superarían los 300 millones de dólares y habrían atravesado cuentas bancarias radicadas en Estados Unidos, una circunstancia que habilita la intervención de fiscales federales incluso cuando parte de los protagonistas y contratos tenga origen argentino.
Los requerimientos conocidos piden información relacionada con TourProdEnter, además de comunicaciones con Pablo Toviggino, Diego Lucero, Javier Faroni y otras personas vinculadas con la administración comercial de la AFA. El punto central es establecer si la circulación del dinero respondió a servicios legítimos y correctamente documentados o si la estructura societaria y bancaria fue utilizada para dispersar fondos, ocultar beneficiarios finales o concretar maniobras alcanzadas por la legislación estadounidense sobre lavado de activos, fraude bancario o transferencias internacionales.
La empresa de Faroni fue designada agente comercial exclusivo de la AFA para determinados negocios internacionales. Según la documentación surgida de litigios tramitados en tribunales estadounidenses, la operatoria no se concentró en una sola cuenta, sino que involucró movimientos a través de Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase, Synovus Bank y PNC Bank.
Por una cuenta de esta última entidad habrían pasado 13.554.200,64 dólares en menos de un año. Parte de esos fondos permaneció depositada durante períodos breves —entre 24 y 72 horas— antes de ser transferida a otras sociedades o destinos.
Entre las firmas receptoras aparecen Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer, que habrían recibido en conjunto más de 3,1 millones de dólares desde la cuenta analizada. La presencia de sociedades con actividad comercial poco visible, domicilios compartidos, agentes registrales comunes u oficinas virtuales no prueba por sí misma la comisión de un delito, pero constituye uno de los elementos que las autoridades suelen examinar para reconstruir beneficiarios y evaluar la justificación económica de las transferencias.
La investigación tomó impulso a partir de documentación obtenida mediante procedimientos de discovery en litigios promovidos por el empresario Guillermo Tofoni, enfrentado judicialmente con la AFA por los derechos de organización de partidos internacionales.
Tofoni fue entrevistado en Miami por agentes federales y fiscales estadounidenses durante más de dos horas. El encuentro estuvo dirigido a conocer la estructura comercial de la entidad, las decisiones que derivaron en la designación de TourProdEnter y el circuito utilizado para recibir y redistribuir fondos.
En la pesquisa intervienen fiscales especializados en delitos económicos, entre ellos Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger. Gushue integra la estructura de integridad bancaria del Departamento de Justicia de Estados Unidos —DOJ—, mientras que Berger pertenece a la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, una jurisdicción con amplia experiencia en investigaciones de lavado, corrupción transnacional y sociedades radicadas en ese estado.
La existencia de una investigación o de requerimientos ante un gran jurado no equivale a una imputación formal ni permite afirmar que todos los mencionados hayan cometido delitos. En el sistema estadounidense, esa instancia puede utilizarse para reunir documentación, obtener testimonios y determinar si existen bases suficientes para avanzar con cargos penales.
La AFA remarcó precisamente esa diferencia. Su comunicado sostuvo que el documento divulgado no era una citación personal contra Tapia o Toviggino, sino un requerimiento dirigido a un tercero para entregar comunicaciones y documentación vinculadas con distintas personas. La entidad también rechazó que se hubiera dispuesto una medida de secuestro sobre los dispositivos de sus autoridades.
La desmentida, sin embargo, no despeja el problema de fondo: las operaciones internacionales de la conducción del fútbol argentino ya son analizadas por organismos federales de Estados Unidos, al mismo tiempo que sus principales autoridades enfrentan expedientes en la Justicia argentina.
En el fuero Penal Económico, el juez Diego Alejandro Amarante procesó a Tapia y Toviggino en la causa por la presunta apropiación indebida de aportes tributarios y de la seguridad social. La investigación impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero —ARCA— calcula que la AFA habría retenido y no depositado más de 19.300 millones de pesos entre 2024 y 2025.
El magistrado dictó embargos y prohibiciones de salida del país, posteriormente ratificadas por la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, que consideró razonable mantener a los acusados sujetos al proceso.
La coincidencia temporal entre la ofensiva judicial estadounidense y las causas locales vuelve especialmente grave la existencia en Argentina de una medida cautelar que restringe la labor de periodistas que investigaron a la conducción de la AFA.
Juez impone bozal a periodistas.
El juez de Garantías Walter Federico Saettone, titular del Juzgado de Garantías N.º 7 de Pilar, dictó durante mayo resoluciones a favor de Tapia y Toviggino que impusieron prohibiciones de contacto y acercamiento contra periodistas, dirigentes políticos y otras personas denunciadas por una supuesta extorsión.
Entre los alcanzados figuran los periodistas Nicolás Pizzi, Luis Gasulla, Leandro Camani, Federico Teijeiro, Bruno Yacono y Mariano Roa, además de Matías Yofe y el legislador porteño Facundo Del Gaiso. La cautelar les ordenó no contactar directa o indirectamente a Tapia, Toviggino o integrantes de sus familias y abstenerse de difundir determinados datos, imágenes o información relacionada con su esfera privada.
Aunque la resolución no formula literalmente una prohibición general de pronunciar los nombres de los dirigentes, su amplitud fue interpretada por las defensas y entidades periodísticas como un “bozal legal” capaz de inhibir investigaciones y publicaciones sobre asuntos de evidente interés público.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas —ADEPA— expresó su “seria preocupación y rechazo” y observó que la resolución no identificó hechos concretos que permitieran atribuirles a los periodistas la comisión de un delito, ni siquiera con el grado provisional propio de una cautelar.
ADEPA advirtió que la denuncia parecía apoyarse fundamentalmente en la decisión editorial de informar de manera sostenida sobre el denominado “caso AFA” y recordó que los límites de la vida privada deben interpretarse de manera especialmente cuidadosa cuando se trata de personas con notoria actuación pública y responsabilidades institucionales.
Las restricciones fueron apeladas por los abogados Hugo Wortman y Tomás Brady, representantes de Pizzi y Gasulla. Ante la demora en la tramitación de esos recursos, presentaron una queja por retardo de Justicia ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro.
Los letrados sostuvieron que la medida provocaba una afectación grave de la libertad de expresión mediante una forma de censura indirecta. Señalaron que sus clientes necesitaban investigar y mantener contacto con fuentes sin quedar expuestos a sanciones por desarrollar su actividad profesional.
La queja fue posteriormente considerada abstracta porque el juez ya había resuelto no conceder los recursos. A comienzos de julio, el juzgado volvió a notificar la vigencia de las cautelares después de que los dirigentes de la AFA denunciaran un presunto incumplimiento durante un foro celebrado en Miami.
El episodio adquirió mayor dimensión cuando la defensa de Pablo Toviggino, encabezada por el abogado Gregorio Dalbón, reclamó sanciones económicas contra Nicolás Pizzi por su participación en ese encuentro, donde expuso sobre las investigaciones judiciales relacionadas con la asociación.
La presentación pidió además medidas vinculadas con los movimientos migratorios del periodista. El planteo reforzó las denuncias sobre un posible uso de la cautelar para desalentar la cobertura de expedientes y operaciones comerciales protagonizadas por funcionarios de una de las entidades con mayor poder económico, político y cultural de Argentina.
El contraste resulta difícil de ignorar. Mientras fiscales y agentes federales estadounidenses rastrean transferencias bancarias, sociedades comerciales y comunicaciones vinculadas con los negocios internacionales de la AFA, en la Argentina un juez impuso restricciones amplias a periodistas que investigaron a sus principales autoridades.
La protección de la intimidad y la prevención del hostigamiento constituyen derechos legítimos, incluso para los funcionarios y dirigentes públicos. Pero esos derechos no pueden transformarse en una barrera que impida informar sobre contratos, movimientos de fondos, sociedades, propiedades o expedientes judiciales cuando existe un interés público manifiesto.
Tapia no es un particular ajeno a la exposición institucional. Preside la AFA y también el Complejo Ambiental de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado —CEAMSE—. Toviggino es tesorero de la entidad y una de las figuras de mayor influencia en su estructura de poder.
La aplicación de restricciones preventivas sobre periodistas sin una delimitación precisa de qué datos pertenecen a la intimidad y cuáles integran investigaciones económicas o judiciales puede generar autocensura. El efecto no consiste solamente en impedir una publicación determinada, sino en advertir a otros profesionales que investigar a personas poderosas puede derivar en prohibiciones de contacto, reclamos patrimoniales o amenazas de sanción.
La causa estadounidense aún debe responder preguntas esenciales: quiénes fueron los beneficiarios finales del dinero, qué servicios prestaron las sociedades receptoras, qué grado de control ejerció la AFA sobre TourProdEnter y si las transferencias analizadas violaron alguna ley federal.
También deberá aclararse definitivamente qué ocurrió en el aeropuerto JFK. La versión sobre el secuestro de dispositivos electrónicos fue sostenida por medios argentinos y extranjeros, mientras la asociación y sus abogados la calificaron de falsa. En ausencia de una comunicación oficial del FBI o del Departamento de Justicia sobre ese procedimiento puntual, ambas afirmaciones deben quedar presentadas como versiones contrapuestas y no como hechos definitivamente establecidos.
Lo que ya no puede ser negado es que las autoridades estadounidenses recopilan información sobre el circuito financiero internacional de la AFA y que un gran jurado solicitó documentación relacionada con sus dirigentes.
La investigación cruzó así una frontera que la conducción del fútbol argentino había logrado manejar durante años: dejó de depender exclusivamente de tribunales, organismos fiscales y relaciones políticas locales para ingresar en una jurisdicción donde los bancos están obligados a conservar registros detallados y responder a órdenes federales.
Las transferencias efectuadas en dólares, las cuentas abiertas en Florida y el paso del dinero por entidades estadounidenses otorgaron a Washington una capacidad de intervención que no depende de la voluntad de los tribunales argentinos.
El desenlace todavía es incierto. Puede concluir sin acusaciones, derivar en cargos contra personas o empresas, o generar nuevos pedidos de cooperación internacional.
Pero el episodio ya plantea una contradicción institucional profunda: mientras el sistema judicial de Estados Unidos busca reconstruir el recorrido del dinero, una decisión judicial argentina mantiene bajo presión a quienes intentan reconstruir y publicar esa misma trama.
