Por Daniel Romero
Buenos Aires – 29 Julio 2026 – Total News Agency – TNA – La decisión de la rea ex presidente Cristina Fernández de Kirchner de presentar ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un reclamo contra su condena firme en la causa Vialidad aparece menos como un error procesal que como una elección calculada: instalar internacionalmente la narrativa de una supuesta persecución política, obtener repercusión en medios extranjeros y evitar, al menos por ahora, el sistema interamericano dentro de la OEA, donde correspondería si existieran motivos. Por lo que estamos solo a un intento de convertir una sentencia penal en una “proscripción” enfrentaría exigentes obstáculos de admisibilidad.
La estrategia fue lanzada mediante una operación sincronizada en dos medios de izquierda. Fernández de Kirchner publicó una carta abierta, mediante una operación de prensa, difundió una columna en los diarios El País, de España, y Libération, de Francia, y presentó a un reforzado equipo jurídico compuesto por su abogado Carlos Beraldi, el brasileño Rafael Valim, vinculado con la defensa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y el español Javier Borrego, ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ex magistrado del Tribunal Supremo de España y con una publica sintonía con el partido de ultra derecha VOX, con el que el Presidente Milei tiene muy buena relación.
La ex mandataria sostiene que fue víctima de un proceso arbitrario, “machismo estructural” y una maniobra destinada a impedirle participar en elecciones. Sin embargo, la presentación no puede funcionar como una apelación ordinaria ni habilita al Comité de la ONU a sustituir automáticamente a los tribunales argentinos, revisar nuevamente todas las pruebas o anular por sí mismo la sentencia dictada en la causa Vialidad.
El Comité de Derechos Humanos puede recibir comunicaciones individuales contra la Argentina porque el país ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo. Para que una denuncia sea examinada, deben haberse agotado los recursos internos y los planteos deben referirse a derechos protegidos por el Pacto, además de encontrarse suficientemente fundamentados. El organismo analiza eventuales violaciones internacionales, no actúa como una nueva cámara penal destinada a reemplazar el criterio de los jueces nacionales.
La elección de la ONU tampoco demuestra que la vía interamericana fuera jurídicamente obligatoria. La Argentina reconoce simultáneamente el sistema universal de Naciones Unidas y el sistema regional integrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un ciudadano puede acudir a uno de esos mecanismos si cumple sus requisitos, pero no mantener el mismo asunto sometido paralelamente ante distintas instancias internacionales.
La Convención Americana establece que una petición puede ser declarada inadmisible cuando el mismo asunto se encuentra pendiente ante otro procedimiento internacional o cuando reproduce sustancialmente una presentación ya examinada por otro organismo. El Comité de la ONU también verifica que el caso no esté siendo considerado simultáneamente mediante otro mecanismo internacional de investigación o arreglo.
La selección de una vía, por lo tanto, cierra o condiciona la utilización contemporánea de la otra. Ese elemento permite interpretar que el equipo de Fernández de Kirchner evaluó cuidadosamente dónde podía obtener mayor rentabilidad política y comunicacional, antes que limitarse a cometer una equivocación jurídica.
Consultado por Total News Agency, el ex juez federal en lo Penal Económico Guillermo Tiscornia, con amplia experiencia en presentaciones ante organismos de la OEA donde obtuvo fallos favorables, sostuvo inicialmente que los conflictos entre un ciudadano argentino y el Estado deberían ser canalizados por el sistema interamericano, cuya jurisdicción fue reconocida durante el gobierno de Raúl Alfonsín en 1984. Desde esa perspectiva, señaló que recurrir a una instancia global podría constituir un error conceptual frente a la existencia de organismos regionales especializados.
La conclusión política que surge de analizar el movimiento en el tablero apunta, sin embargo, en sentido contrario: Fernández de Kirchner y sus abogados conocen los dos sistemas y eligieron deliberadamente el Comité de la ONU. No existe base para suponer que un equipo compuesto por juristas con experiencia internacional ignoró la competencia de la Comisión Interamericana o confundió a la OEA con Naciones Unidas.
La vía interamericana presenta una dificultad central para la ex presidente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige el agotamiento de los recursos internos, la presentación dentro de los plazos correspondientes y la exposición de hechos que, al menos inicialmente, permitan identificar una posible violación de la Convención Americana. También puede rechazar denuncias manifiestamente infundadas, improcedentes o destinadas simplemente a obtener una nueva valoración de cuestiones ya resueltas por tribunales nacionales.
No puede afirmarse anticipadamente, como una certeza jurídica, que la Comisión Interamericana habría rechazado la presentación de Fernández de Kirchner, porque ningún organismo internacional adelanta su decisión antes de recibir y estudiar formalmente un expediente. Pero su defensa habría tenido que superar la denominada doctrina de la “cuarta instancia”: los órganos internacionales no están creados para revisar una sentencia solamente porque una parte discrepa con la valoración de la prueba o con la interpretación del derecho interno.
La causa Vialidad recorrió un proceso extenso. La condena fue dictada por el Tribunal Oral Federal Nº 2, confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal y dejada firme por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que rechazó los recursos de la defensa. Para obtener un pronunciamiento internacional favorable no alcanza con sostener que los jueces se equivocaron: deberían demostrarse violaciones concretas al debido proceso, parcialidad, discriminación o restricciones incompatibles con los tratados.
La existencia de decisiones coincidentes en distintas instancias no vuelve infalible a una sentencia ni impide su control internacional. Sí dificulta la narrativa de que la condena fue una resolución improvisada, exclusivamente política o dictada sin revisión judicial. La defensa necesitará atacar las garantías del procedimiento y no sólo repetir que Cristina Kirchner es inocente o que la inhabilitación perjudica a sus votantes.
La ex presidente fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como autora de administración fraudulenta contra el Estado por el direccionamiento de obras viales en Santa Cruz hacia empresas de Lázaro Báez. Su estrategia internacional procura desplazar el eje desde los contratos, sobreprecios, incumplimientos, beneficios y vínculos económicos examinados durante el juicio hacia conceptos políticamente más eficaces: machismo, persecución, proscripción y defensa de la democracia.
La conferencia de prensa ofrecida por sus abogados mostró con claridad ese cambio de terreno. Borrego, quien por sus antecedentes podía aportar una exposición estrictamente jurídica, terminó dominando la escena mediante silencios teatrales, gestos, ironías y expresiones dirigidas a obtener titulares.
El abogado afirmó que Cristina Kirchner “no es una chorra ni una cuca”, cuestionó la extensión de los fallos judiciales y llegó a sugerir que podría presentarse en una elección primaria porque las PASO no eligen directamente un cargo público. También relacionó una eventual eliminación de las primarias con el supuesto propósito de impedir una candidatura de la ex mandataria.
La hipótesis presenta problemas evidentes. La inhabilitación perpetua impuesta por los tribunales no es una prohibición limitada al momento de asumir un cargo, sino una pena accesoria derivada de la condena. Además, las PASO integran el proceso electoral destinado a seleccionar candidatos para funciones públicas, por lo que la afirmación de Borrego constituye, como mínimo, una interpretación provocadora que necesitaría atravesar el control de la Justicia Electoral.
El protagonismo del jurista español permite observar el componente comunicacional de la presentación. Sus frases sobre Cristina Kirchner, el presidente Javier Milei, los jueces y las primarias tuvieron una difusión inmediata muy superior a cualquier explicación técnica sobre los artículos del Pacto Internacional que la defensa considera violados.
Borrego ya había utilizado ese estilo en septiembre de 2025, durante unas jornadas organizadas por Vox en el Congreso de los Diputados de España para cuestionar las leyes de violencia de género y los derechos de las personas trans. Allí dijo irónicamente que se sentía mujer, pidió ser llamado “Francisca Javiera”, se declaró integrante de la “manosfera” y ridiculizó la legislación española sobre identidad de género. Sus intervenciones provocaron críticas de organizaciones y medios españoles.
Esa participación en un acto impulsado por el partido de Santiago Abascal, aliado político de Milei, introduce una contradicción en la narrativa kirchnerista. Fernández de Kirchner contrató para denunciar “machismo estructural” a un jurista que se hizo conocido públicamente por burlarse de políticas de género y de la identidad de las personas trans. Es aquí donde el capítulo honorarios podría explicar mucho.
La contradicción no invalida sus conocimientos jurídicos, pero debilita la construcción política con la que la ex presidente presentó el caso. Borrego puede cuestionar las leyes españolas y, al mismo tiempo, representar a una persona que denuncia discriminación. Sin embargo, sus antecedentes permiten advertir que la selección del abogado no respondió a una línea ideológica coherente, sino a su experiencia internacional y a su capacidad para generar repercusión.
La utilización del Comité de la ONU ofrece otras ventajas comunicacionales. La sola frase “Cristina Kirchner llevó su condena a Naciones Unidas” permite transmitir la impresión de que el máximo organismo internacional revisará directamente el fallo argentino. En realidad, la presentación deberá superar primero un examen de admisibilidad, el Estado podrá formular observaciones y el procedimiento puede extenderse durante un período prolongado.
Incluso una decisión favorable del Comité no equivale a la revocación automática de la condena. Sus dictámenes poseen relevancia internacional y generan obligaciones para los Estados parte, pero su cumplimiento depende de mecanismos internos y no reproduce el funcionamiento de una Corte Suprema supranacional.
La diferencia resulta fundamental para comprender la maniobra. En el terreno jurídico, Fernández de Kirchner enfrenta un procedimiento escrito, técnico, lento y sin garantía alguna de admisión o éxito. En el terreno político, ya consiguió portadas internacionales, una conferencia de prensa, declaraciones provocadoras y la instalación de la palabra “proscripción” en la agenda pública.
La sentencia continúa firme mientras se desarrolla esa campaña. El juez de la Corte Ricardo Lorenzetti afirmó recientemente que, desde el punto de vista del sistema judicial argentino, el caso está terminado y que no existe nada más que resolver sobre la responsabilidad penal confirmada por el máximo tribunal. Cabe recordar que Lorenzetti perteneció al grupo terrorista de izquierda, Montoneros con el que Cristina Kirhner se identifica.
La presentación ante Naciones Unidas podrá analizar eventuales vulneraciones al Pacto, pero no modifica el origen de la condena ni convierte por sí sola una pena por corrupción en persecución política. Su resultado jurídico dependerá de pruebas concretas; su primer objetivo comunicacional, en cambio, comenzó a cumplirse desde el momento en que Borrego se sentó frente a las cámaras.
