Buenos Aires – 31 Julio 2026 – Total News Agency – TNA-. El presidente Javier Milei presentó el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa destinada a prohibir el financiamiento monetario del Estado, restringir el uso político de las reservas y otorgar mayor estabilidad a las autoridades de la entidad.
La propuesta fue anunciada por cadena nacional desde la Casa Rosada y será enviada al Congreso como parte de un paquete más amplio que incluye el denominado “grillete fiscal”, cambios en el mercado de capitales y modificaciones en el sistema financiero y de seguros.
“Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importante de los últimos 91 años y poner fin a la estafa de financiar con dinero a la alta política”, afirmó Milei, quien responsabilizó a sucesivos gobiernos por haber utilizado la emisión monetaria para cubrir déficits fiscales y trasladar su costo a la población mediante la inflación.
El primer cambio relevante consiste en devolverle al BCRA un objetivo central y excluyente: preservar el valor de la moneda. La iniciativa busca eliminar la multiplicidad de finalidades incorporada en 2012, cuando la reforma impulsada durante el gobierno de Cristina Kirchner sumó entre las funciones de la autoridad monetaria la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
La Carta Orgánica vigente establece que el Banco Central debe promover, dentro de sus facultades y en el marco de las políticas fijadas por el Gobierno, la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. El proyecto libertario pretende suprimir esos objetivos adicionales bajo el argumento de que facilitaron la subordinación de la política monetaria a las necesidades coyunturales del Poder Ejecutivo.
El segundo punto, considerado el núcleo de la reforma, es la prohibición de que el Banco Central financie directa o indirectamente al Estado. La restricción abarcaría al Tesoro nacional, las provincias y los municipios e impediría la compra de títulos públicos en el mercado primario.
El objetivo es cerrar los mecanismos que permitieron durante décadas cubrir gastos superiores a los ingresos fiscales mediante adelantos transitorios, transferencias de utilidades, compra de deuda pública y otras formas de asistencia monetaria.
La reforma también apunta a limitar operaciones indirectas que puedan utilizarse para eludir la prohibición formal. De ese modo, el Banco Central no podría financiar al Tesoro a través de intermediarios, entidades públicas o instrumentos diseñados para disimular una transferencia de recursos.
El Gobierno sostiene que la emisión para cubrir desequilibrios presupuestarios fue una de las principales causas de la inflación crónica argentina. Durante la presentación, Milei calificó ese mecanismo como una falsificación institucional del dinero y sostuvo que debería ser considerado un delito cuando se utilice para financiar el gasto político.
La tercera modificación se vincula con la independencia de las autoridades del BCRA. Aunque se mantendría la designación de su presidente, vicepresidente y directores mediante propuesta del Poder Ejecutivo y acuerdo del Senado, el proyecto endurecería las condiciones necesarias para removerlos.
La destitución requeriría mayorías especiales en ambas cámaras del Congreso, lo que reduciría la posibilidad de que un nuevo gobierno desplace automáticamente a la conducción de la entidad para reemplazarla por funcionarios dispuestos a aplicar una política monetaria subordinada a sus necesidades fiscales.
La estabilidad de las autoridades busca acercar el funcionamiento del Banco Central argentino al de instituciones monetarias con mayores niveles de autonomía. Sin embargo, la efectividad de ese esquema dependerá del diseño final de las causales de remoción y de la capacidad del Congreso para controlar eventuales incumplimientos sin transformar la autonomía en falta de rendición de cuentas.
El cuarto cambio afecta el patrimonio de la autoridad monetaria. La iniciativa contempla eliminar las denominadas Letras Intransferibles, instrumentos entregados por el Tesoro al Banco Central a cambio de reservas internacionales y que no pueden venderse libremente en el mercado.
Esas letras se utilizaron para retirar divisas del Banco Central y reemplazarlas por papeles emitidos por el propio Estado. El cuestionamiento central es que, aunque aparecen contabilizados como activos, su valor efectivo y su capacidad de generar liquidez son considerablemente inferiores a los de las reservas que reemplazaron.
El proyecto también restringe la distribución de utilidades contables. En diferentes gobiernos, el Tesoro recibió ganancias del Banco Central surgidas de la revaluación de sus activos —por ejemplo, cuando aumentaba el precio en pesos de las reservas por una devaluación— aunque esas ganancias no representaran ingresos efectivos.
La reforma dispone que determinados resultados sean destinados a reservas técnicas y establece condiciones más estrictas para transferir recursos al sector público. Algunas utilidades solo podrían emplearse para cancelar deuda pública en los supuestos expresamente autorizados por la nueva normativa.
El quinto eje es la integración de la reforma monetaria con una regla fiscal más rigurosa. Milei anunció el envío de un proyecto de “grillete fiscal”, concebido para impedir que el Congreso o el Poder Ejecutivo aprueben gastos sin financiamiento suficiente.
Según la explicación presidencial, cuando el presupuesto incurra en déficit deberían activarse restricciones automáticas sobre el funcionamiento del Estado, bajo un esquema inspirado parcialmente en los cierres administrativos de Estados Unidos, aunque todavía resta conocer el alcance exacto de las actividades que serían consideradas esenciales.
El paquete incluye además una reforma del mercado de capitales orientada a ampliar el crédito privado y canalizar el ahorro hacia inversiones productivas. La intención oficial es reducir el peso del Estado como principal demandante de financiamiento y permitir que bancos, empresas y particulares tengan mayor acceso a los recursos disponibles.
El Gobierno llega a la discusión legislativa después de haber eliminado la asistencia monetaria directa al Tesoro como parte de su programa de estabilización. El propio Banco Central señaló en su informe de política monetaria de marzo que el equilibrio fiscal, la eliminación del financiamiento monetario y el saneamiento de su balance fueron componentes centrales del esquema económico vigente.
La reforma, sin embargo, no tendría jerarquía constitucional. Al tratarse de una modificación de la Ley 24.144, un futuro gobierno podría volver a cambiarla si reúne las mayorías necesarias en el Congreso. Especialistas consultados tras el anuncio señalaron que la protección institucional será más sólida que la actual, pero no impedirá por sí sola que otra administración revierta las prohibiciones mediante una nueva ley.
El oficialismo deberá negociar el proyecto en ambas cámaras. Aunque La Libertad Avanza fortaleció su representación parlamentaria, no dispone por sí sola de las mayorías especiales que propone exigir para la remoción de los directores del Banco Central, por lo que necesitará el acompañamiento del PRO, sectores de la UCR, legisladores provinciales y gobernadores.
La discusión también alcanzará a las provincias, debido a que la prohibición incluye cualquier mecanismo por el cual la autoridad monetaria pueda financiar directa o indirectamente a administraciones subnacionales. Los gobernadores buscarán precisar si las restricciones pueden afectar programas crediticios, operaciones con bancos públicos o mecanismos de asistencia ante emergencias financieras.
La propuesta ingresará al Congreso junto con el texto definitivo y será girada, principalmente, a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas. Allí comenzará una disputa que excede el diseño técnico del Banco Central: el debate determinará si el equilibrio fiscal y la prohibición de emitir para financiar al Estado quedarán como decisiones de una administración o se convertirán en reglas institucionales capaces de sobrevivir al cambio de gobierno.
