Buenos Aires – 4 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA – La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, confirmó que el Gobierno abandonó su propuesta de liberar sin límites la compra de tierras rurales por extranjeros y acordó con sectores aliados elevar del 15% al 25% el máximo permitido. La concesión busca evitar una nueva derrota en la sesión del jueves, aunque el oficialismo todavía enfrenta dudas sobre el quórum y las adhesiones necesarias, mientras el nuevo texto elimina el límite individual de 1.000 hectáreas en la zona núcleo y abre la posibilidad de ampliar en millones de hectáreas la propiedad extranjera.
Bullrich presentó el nuevo dictamen acompañada por los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, y de Legislación General, Nadia Márquez, además del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. La conferencia estuvo orientada a mostrar que la Casa Rosada aceptó introducir controles después de varias semanas de resistencia, sucesivos borradores y crecientes cuestionamientos de senadores provinciales, organizaciones sociales, la Iglesia Católica y la vicepresidente Victoria Villarruel.
La senadora no precisó cuántos votos consiguió para la iniciativa. Ante las consultas periodísticas, se limitó a insinuar que serían “los suficientes”, pero el escenario sigue condicionado por legisladores radicales, provinciales y del PRO que acompañaron el quórum en julio sin comprometer su respaldo al capítulo de tierras.
El oficialismo necesita mantener al menos 37 senadores sentados durante toda la discusión. La oposición analiza retirarse antes de la votación si comprueba que el Gobierno no reúne las adhesiones, una maniobra que podría volver a dejar sin número al recinto y provocar la cuarta postergación desde que el proyecto obtuvo dictamen de comisión en mayo.
El nuevo artículo establece que la titularidad de tierras rurales por personas humanas o jurídicas extranjeras no podrá superar en conjunto el 25% de la superficie rural nacional, provincial y departamental. La legislación vigente fija un máximo del 15% en esas mismas jurisdicciones, por lo que la concesión oficialista no conserva el sistema actual, sino que amplía en dos tercios el espacio disponible para compradores extranjeros.
La modificación podría habilitar la transferencia de decenas de millones de hectáreas adicionales. En la actualidad, alrededor de 13 millones de hectáreas, equivalentes a cerca del 5% del territorio rural computado, se encuentran en manos extranjeras, aunque en varios departamentos fronterizos, cordilleranos o con recursos estratégicos la proporción supera ampliamente el promedio nacional.
El nuevo texto prohíbe que los Estados extranjeros adquieran directamente tierras rurales. Bullrich resumió esa restricción con una frase terminante: “Los Estados extranjeros no pueden comprar un metro de tierra rural en Argentina”.
La situación será diferente para empresas, uniones transitorias, agrupaciones de colaboración y otras estructuras privadas que tengan participación estatal extranjera directa o indirecta. Esas sociedades podrán adquirir campos si reciben una autorización conjunta de la provincia donde se encuentre el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.
La facultad nacional no podrá ser delegada en un funcionario con rango inferior a secretario de Estado. Bullrich presentó ese punto como una garantía frente a compras que pudieran involucrar a fondos soberanos, compañías controladas por gobiernos extranjeros o estructuras societarias utilizadas para operar de manera indirecta.
Toda adquisición deberá inscribirse en el registro inmobiliario de la provincia correspondiente, con una anotación especial que identifique al comprador y su nacionalidad. Para las empresas con participación estatal extranjera también deberán incorporarse las autorizaciones provincial y nacional.
Uno de los cambios de mayor impacto es la eliminación del actual límite de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la denominada zona núcleo, la región de mayor productividad agropecuaria del país. Si el proyecto es aprobado, una persona o empresa extranjera podría adquirir extensiones considerablemente superiores, siempre que el total provincial y departamental no exceda el nuevo techo del 25%.
Tampoco quedó confirmado que se mantenga la restricción vigente por nacionalidad, que impide que ciudadanos o compañías de un mismo país concentren más del 30% del cupo total autorizado para extranjeros. La ausencia de ese control permitiría que capitales de una sola procedencia aumenten su peso en determinadas regiones.
Bullrich defendió el nuevo porcentaje al afirmar que se acerca al modelo brasileño. En Brasil, la Ley 5.709 limita en términos generales la propiedad extranjera al 25% de la superficie de cada municipio y establece que personas o empresas de una misma nacionalidad no pueden superar el 10%. El sistema brasileño también incorpora controles del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria y requisitos especiales según la extensión y la ubicación de las propiedades.
La comparación utilizada por Bullrich es parcial. El proyecto argentino aplica el 25% a escalas nacional, provincial y departamental, pero elimina restricciones individuales importantes y deja varios mecanismos sujetos a reglamentación. Brasil combina el porcentaje municipal con límites por nacionalidad, autorizaciones administrativas y controles sobre sociedades brasileñas dominadas por capital extranjero.
La titular de la bancada libertaria buscó responder a las críticas sobre soberanía al diferenciar la propiedad privada del territorio respecto de la soberanía estatal. También mencionó la estación espacial china de Neuquén y cuestionó decisiones tomadas durante el gobierno de Cristina Kirchner, además de recordar las 415.000 hectáreas atribuidas al empresario Lázaro Báez.
El argumento no despejó los interrogantes sobre áreas fronterizas, cuencas hídricas, zonas cordilleranas, bosques, minerales críticos, costas, puertos y territorios próximos a instalaciones estratégicas. La propiedad privada no modifica formalmente la soberanía nacional, pero otorga capacidad económica y control efectivo sobre el acceso, la explotación y el destino de recursos fundamentales.
La Ley 26.737 vigente no solo fija el máximo del 15%. También impone controles en zonas de seguridad, limita la concentración por nacionalidad y establece restricciones sobre campos que contienen cuerpos de agua importantes o se encuentran en áreas especialmente sensibles.
El Gobierno había planteado originalmente eliminar prácticamente todas esas barreras para atraer inversiones en agricultura, forestación, minería, infraestructura y puertos. Federico Sturzenegger calculó que la apertura podría generar unos 15.000 millones de dólares, aunque no presentó una lista de proyectos comprometidos ni de inversiones condicionadas a la reforma.
Las dificultades parlamentarias obligaron al oficialismo a retroceder. El nuevo texto es el resultado de al menos 17 versiones elaboradas después del dictamen original y muestra hasta qué punto Bullrich debió negociar para evitar que la iniciativa fuera rechazada directamente en el recinto.
Los senadores de Encuentro Misionero, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, recibieron fuertes cuestionamientos en su provincia. También persisten reparos entre integrantes de la UCR y entre las representantes de Chubut Edith Terenzi y Andrea Cristina, cercanas al gobernador Ignacio Torres.
La presión es particularmente intensa en la Patagonia, donde existen departamentos con altos porcentajes de extranjerización y propiedades de gran extensión en manos de grupos internacionales. En Cushamen, Chubut, la presencia extranjera ronda el 23%, con una participación destacada del grupo italiano Benetton.
El proyecto denominado de Inviolabilidad de la Propiedad Privada no se limita a la cuestión de las tierras. También modifica las reglas para las expropiaciones, acelera desalojos por falta de pago, ocupaciones y usurpaciones, y altera la Ley de Manejo del Fuego para reducir las restricciones de uso sobre inmuebles afectados por incendios.
El capítulo referido a barrios populares fue eliminado durante las negociaciones anteriores, después de las objeciones de organizaciones sociales y de representantes de la Iglesia. Los demás cambios permanecen dentro de un paquete que el oficialismo pretende votar en conjunto.
Bullrich deberá convertir ahora el acuerdo anunciado en presencias efectivas. La sesión del 16 de julio pasó a cuarto intermedio hasta el jueves 6 de agosto porque el Gobierno comprobó que no tenía votos para aprobar la apertura sin límites. El nuevo techo del 25% es la concesión elegida para sostener el proyecto, pero también confirma que la propuesta original de Sturzenegger no consiguió superar la resistencia política y social.
