Por RR
La salida de Gastón Herrera de la estructura del Ministerio de Seguridad bonaerense en Mar del Plata expuso una crisis que excede ampliamente al funcionario desplazado y al armado político de Gustavo Pulti. Patrulleros que llegaron a quedar sin combustible, reclamos salariales de policías y familiares, móviles deteriorados, vecinos movilizados por homicidios y robos, denuncias sobre narcotráfico y una creciente demanda de los intendentes por asumir funciones que la Provincia no logra resolver colocan la responsabilidad política en el gobernador Axel Kicillof y en su ministro de Seguridad, Javier Alonso. Pulti deberá responder por la cuota que le corresponde en las designaciones y el esquema local, pero descargar sobre él y Herrera el deterioro de la seguridad bonaerense sería reducir a una interna marplatense un problema que atraviesa toda la gestión provincial.
La Plata – 7 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA – La crisis desatada por la falta de combustible para patrulleros de la Policía Bonaerense en Mar del Plata terminó convirtiéndose en otro síntoma de un problema considerablemente mayor para el gobierno de Axel Kicillof: el deterioro operativo, salarial y político que atraviesa a una de las fuerzas de seguridad más grandes del país y que el desplazamiento de un funcionario local difícilmente pueda ocultar.
Gastón Herrera, hasta esta semana director de Coordinación Municipal y Control Rural dentro de la estructura del Ministerio de Seguridad bonaerense, dejó su cargo en medio de una fuerte protesta ciudadana y después de una sucesión de episodios violentos que volvieron a colocar a Mar del Plata frente al problema de la inseguridad. Su salida coincidió con los reclamos generados por los homicidios de Mailén Antonich, Ricardo Ruiz y Alberto Rodríguez, que impulsaron una movilización hasta la Jefatura Departamental.
La caída de Herrera tiene además una dimensión política. Su llegada a la estructura de seguridad estuvo vinculada al sector de Gustavo Pulti, exintendente y referente de Acción Marplatense, mientras distintos medios locales describieron durante los últimos meses una disputa por espacios de conducción territorial entre sectores del peronismo bonaerense.
Pero convertir ahora a Herrera y Pulti en los principales responsables de lo ocurrido permitiría a La Plata eludir una cuestión central: la seguridad pública bonaerense depende políticamente del gobernador Kicillof y operativamente del ministro Javier Alonso, y la crisis por la nafta representa apenas una expresión concreta de dificultades que vienen acumulándose desde hace tiempo.
El episodio llegó a un extremo difícil de justificar: decenas de patrulleros tuvieron problemas para operar por falta de combustible durante períodos de alta demanda turística, según las denuncias y reconstrucciones locales que precedieron al desplazamiento de Herrera. La situación obligó a modificar la administración de partidas y a colocar nuevamente el abastecimiento bajo mecanismos institucionales directos.
No se trata, además, del primer cuestionamiento de este año sobre los recursos materiales de la Policía Bonaerense.
En febrero, representantes de policías en actividad, retirados y familiares ya describían patrulleros en mal estado, falta de combustible y problemas para conformar dotaciones mínimas de dos efectivos por móvil. La situación es parte de una problemática provincial y no exclusivamente marplatense.
Incluso antes, en enero, el ministro Alonso debió salir públicamente a responder por imágenes de patrulleros fuera de servicio en Lomas de Zamora. El funcionario sostuvo entonces que se trataba de vehículos dados de baja y aseguró que la Provincia había entregado más de 7.400 móviles cero kilómetro durante las administraciones de Kicillof.
La existencia de nuevas unidades, sin embargo, no resuelve por sí sola un problema cuando faltan combustible, mantenimiento, personal suficiente o recursos para mantenerlas operativas.
El malestar alcanza también a los propios integrantes de la fuerza.
El 16 de febrero, familiares de policías y efectivos retirados realizaron una protesta frente a la Comisaría Primera de Mar del Plata para reclamar una recomposición salarial del 80%, mejoras en la cobertura de IOMA, actualización del valor de las horas CORES y adicionales policiales. Los manifestantes señalaron directamente a Kicillof como máxima autoridad responsable y sostuvieron que muchos policías debían realizar servicios adicionales o buscar un segundo trabajo porque sus ingresos no alcanzaban para cubrir la canasta básica.
Aquella protesta resulta especialmente relevante ahora porque demuestra que el conflicto marplatense no comenzó con Gastón Herrera ni termina con su salida.
También los intendentes comenzaron a reclamar un papel mayor en seguridad.
En mayo, doce jefes comunales se reunieron con Alonso para discutir una reforma del sistema provincial y avanzar hacia cuerpos municipales de prevención con mayores atribuciones. El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, sostuvo que los municipios necesitan “herramientas reales” y planteó una policía local con autonomía funcional y conducción directa de los intendentes. Otros jefes comunales reclamaron discutir financiamiento, estructura y responsabilidades.
La discusión constituye, indirectamente, una admisión del problema: los municipios destinan cantidades crecientes de dinero a patrullas propias, centros de monitoreo, cámaras, lectores de patentes, vehículos y personal porque la respuesta de la estructura policial provincial no alcanza para atender la demanda cotidiana.
El escenario se vuelve todavía más complejo cuando aparece el narcotráfico.
En marzo, la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, sostuvo públicamente que la provincia de Buenos Aires tenía “serios problemas” y afirmó que la propia Policía Bonaerense era “parte del problema”. Señaló que existían sectores contaminados dentro de las fuerzas y planteó la posibilidad de aplicar en puntos del conurbano modelos de intervención federal semejantes al desplegado en Rosario. Ya hablaremos sobre la gestion de Monteoliva.
Alonso reaccionó reclamándole que denunciara judicialmente los casos concretos o se disculpara con la fuerza.
Pero el ministro bonaerense había reconocido tiempo atrás que el narcotráfico “permea y corrompe todo lo que toca” y hablado de connivencia entre sectores policiales, fiscales, jueces y política, una descripción que muestra que el debate sobre penetración criminal dentro de instituciones bonaerenses no nació de una acusación opositora reciente.
La propia gestión provincial insiste en reclamar mayores recursos y participación federal en la lucha contra las drogas. En julio, Alonso reconoció problemas concretos en la persecución del narcotráfico y señaló que en La Plata existían solamente cuatro fiscales federales para un área donde viven millones de personas.
La discusión, sin embargo, no exime al gobierno bonaerense de su responsabilidad sobre la policía que administra.
La Provincia dispone de más de 90.000 efectivos y el gobernador ejerce desde diciembre de 2019 la conducción política de una fuerza cuyo presupuesto, ascensos, equipamiento, formación y despliegue dependen de la administración provincial. Cabe reconocer que más del 40& de los efectivos se encuentra con carpeta médica, muchos por abusos de consumo y otros son truchas, que les permiten trabajar en otro lado.
Kicillof reivindica habitualmente sus resultados utilizando como principal indicador la reducción de homicidios consumados.
Los registros del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires indican que en 2025 hubo 774 investigaciones por homicidios dolosos consumados y que ese indicador descendió respecto de 2024, aunque las investigaciones por homicidios dolosos tentados aumentaron y el total combinado de expedientes por homicidios registró un incremento.
Otros datos estadísticos del organismo muestran que los homicidios consumados bajaron alrededor de 6%, pero los tentados aumentaron 6,5%, provocando un crecimiento del 1,1% en el total de investigaciones por homicidios dolosos.
El Gobierno provincial utiliza la caída de homicidios consumados como prueba de que su estrategia funciona. Kicillof afirmó que su administración consiguió algunos de los registros más bajos de la serie histórica y recordó reiteradamente las inversiones realizadas en patrulleros y equipamiento.
Ese dato existe y debe ser considerado, pero tampoco alcanza para explicar la percepción cotidiana de inseguridad, el deterioro de equipamiento denunciado por policías, las protestas salariales, las dificultades logísticas, el crecimiento de estructuras narco en distintos municipios y la decisión de numerosas comunas de crear sistemas paralelos de seguridad costeados por sus propios contribuyentes.
En Mar del Plata, la acumulación terminó explotando durante esta semana.
A los problemas de combustible se sumaron reclamos provenientes de Chapadmalal y otros sectores periféricos por robos, usurpaciones y falta de respuesta policial. El enojo vecinal terminó desembocando en la denominada “Marcha de la Bronca”, que llegó hasta la Jefatura Departamental y obligó al gobierno provincial a reorganizar su representación local.
El control operativo quedó en manos del comisario inspector Cristian Daniel Fontana, mientras la Provincia busca normalizar el abastecimiento de combustible, reorganizar cuadrículas y recomponer la relación con los vecinos.
El movimiento puede ordenar la emergencia, pero difícilmente responda las preguntas políticas que dejó el episodio.
¿Por qué una de las ciudades más importantes de la provincia y uno de los principales destinos turísticos del país llegó a tener patrulleros sin combustible? ¿Quién controlaba las partidas? ¿Cuánto sabía el Ministerio de Alonso? ¿Por qué fue necesario llegar a una protesta vecinal y a una sucesión de muertes para modificar la conducción local?
Pulti tiene una responsabilidad política que no puede desconocerse. Su sector impulsó nombres y construyó influencia dentro del esquema provincial de seguridad en General Pueyrredón, y la experiencia terminó acompañada por cuestionamientos sobre conducción, interlocución con los vecinos y funcionamiento operativo.
Pero su cuota de responsabilidad tiene un límite evidente.
Pulti no administra la Policía Bonaerense, no fija los salarios de sus efectivos, no compra combustible para toda la fuerza, no organiza el sistema provincial de seguridad ni controla el Ministerio. Esa responsabilidad corresponde a Kicillof y Alonso.
El riesgo para el gobierno bonaerense es intentar presentar la caída de Herrera como la solución de una crisis que tiene dimensiones provinciales.
Un policía que necesita adicionales para completar su salario, un patrullero nuevo sin combustible, un intendente obligado a financiar su propia patrulla, una estructura policial cuestionada por posibles penetraciones criminales y barrios donde los vecinos sienten que deben movilizarse para conseguir respuestas forman parte de un mismo problema de gestión.
La falta de nafta en Mar del Plata puede haber encendido la última alarma. Pero la crisis de seguridad bonaerense comenzó mucho antes de que se vaciaran los tanques de los patrulleros y no terminará colocando toda la culpa sobre Gastón Herrera o utilizando a Gustavo Pulti como fusible de una estructura cuya conducción política tiene nombres mucho más arriba.
