Nélida Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó, las dos máximas funcionarias sanitarias investigadas hasta ahora por la tragedia del fentanilo contaminado, recuperaron la libertad tras constituir cauciones por un total de $150 millones. La Fiscalía Federal de La Plata y la PIA sostienen que conocían las graves irregularidades de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, controlados por la familia de Ariel García Furfaro, y que un “manto de cobertura estatal” permitió que continuaran operando. Chats incorporados al expediente revelan advertencias sobre posibles muertes, preocupación por el dinero que perderían las empresas e incluso un supuesto aviso anticipado sobre una inspección. La causa atribuye hasta ahora al fentanilo contaminado al menos 90 muertes y lesiones graves a decenas de pacientes.
Buenos Aires – 08 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA – Las ex máximas autoridades de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Nélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó, abandonaron la detención luego de constituir cauciones por $75 millones cada una, mientras continúa una investigación que coloca bajo una severa lupa el desempeño de quienes tenían precisamente la obligación estatal de impedir que medicamentos potencialmente peligrosos llegaran a pacientes.
Las funcionarias habían sido detenidas a pedido de la fiscal federal María Laura Roteta y del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Leonardo Rodríguez, dentro del expediente que instruye el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak. La hipótesis del Ministerio Público Fiscal (MPF) es particularmente contundente: sostiene que HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., compañías controladas por el grupo familiar de los hermanos García, acumularon incumplimientos e irregularidades que pudieron prolongarse por la existencia de un “manto de cobertura estatal”.
No se trata solamente de una interpretación posterior al desastre. Documentación oficial de la propia ANMAT demuestra que mucho antes de la crisis existían antecedentes que encendían todas las luces rojas. El organismo había requerido documentación a HLB Pharma en octubre de 2023, octubre de 2024 y noviembre de ese mismo año por múltiples irregularidades e incumplimientos. En octubre de 2024 incluso ordenó inmovilizar productos parenterales fabricados en envases no autorizados y posteriormente comprobó que esa medida regulatoria no había sido respetada.
Una inspección detectó además que Laboratorios Ramallo había elaborado y liberado al mercado por lo menos 69 lotes de medicamentos acondicionados en ampollas plásticas no autorizadas. El establecimiento carecía, según la documentación oficial, de validaciones de procesos, lotes piloto, muestras en estabilidad y estudios correspondientes para esa producción. La propia ANMAT reconoció posteriormente que esas condiciones representaban un riesgo sanitario para la población.
Pese a semejante historial, los laboratorios siguieron funcionando.
Entre diciembre de 2024 y enero de 2025 se fabricaron seis lotes de fentanilo, entre ellos los identificados como 31.202 y 31.244, posteriormente señalados como contaminados. El MPF tiene por acreditado que ambos salieron al mercado con las bacterias Klebsiella pneumoniae y/o Ralstonia mannitolilytica. Al lote 31.202 se atribuyen judicialmente al menos 90 muertes, además de dos casos de enfermedad incurable o incapacidad permanente y por lo menos 41 pacientes que estuvieron en peligro de vida o sufrieron lesiones de larga duración.
El punto más comprometedor para Bisio y Mantecón Fumadó es que la Fiscalía afirma que conocían el escenario de elevado riesgo antes, durante y después de la fabricación de los medicamentos contaminados. Los fiscales sostienen que sabían que las condiciones existentes podían provocar lesiones e incluso muertes y, sin embargo, los laboratorios continuaron operando.
Los mensajes recuperados de teléfonos celulares incorporaron otra dimensión al expediente.
Cuando personal técnico analizaba qué hacer con productos fabricados por Laboratorios Ramallo ante las graves deficiencias detectadas en las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF), una colaboradora advirtió a Mantecón Fumadó sobre el peligro que implicaba mantenerlos en circulación y le señaló que si una persona sufría un evento adverso o moría, la responsabilidad podía recaer sobre el organismo.
La respuesta previa de la entonces responsable del INAME ante la posibilidad de inmovilizar productos había sido: “Es un montón de guita que está en la calle”. Para la Fiscalía, ese intercambio refleja que la preocupación se habría desplazado desde la protección de la salud pública hacia las eventuales pérdidas económicas que sufrirían las empresas de los hermanos García.
Otro dato incorporado al expediente agrava las sospechas sobre la relación entre controlador y controlado. De acuerdo con información de la investigación judicial, el 5 de mayo de 2025, Javier Tchukrán, director de Manufactura, le habría comunicado al director técnico José Antonio Maiorano que Gabriela Mantecón Fumadó les había avisado que las autoridades concurrirían a inspeccionar el laboratorio. La Justicia investiga ahora reuniones y contactos mantenidos entre las funcionarias y representantes de las compañías.
También consta una reunión del 14 de enero de 2025 en la sede central de ANMAT, en avenida de Mayo, de la que participaron Bisio, Mantecón Fumadó y representantes del laboratorio, entre ellos Ariel García, Javier Tchukrán y María Victoria García.
La secuencia administrativa resulta difícil de separar del desastre posterior. El 2 de mayo de 2025, el Hospital Italiano de La Plata comunicó formalmente a ANMAT un posible desvío de calidad luego de detectar un brote bacteriano entre pacientes que habían recibido el fentanilo. Recién el 8 de mayo el organismo emitió la alerta sobre el lote 31.202 y el 13 de mayo prohibió formalmente su uso, comercialización y distribución e inhibió las actividades productivas de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
Para entonces, la tragedia ya estaba en marcha.
El mismo organismo que finalmente cerró las puertas de las compañías reconoció en su disposición de mayo de 2025 que existían reportes anteriores por contaminación microbiológica, problemas de envases y otros desvíos de calidad. También calificó el episodio del fentanilo como de nivel “CRÍTICO” y prioridad “ALTA”, categoría destinada a defectos que pueden resultar potencialmente mortales o representar un riesgo grave para los pacientes.
Bisio y Mantecón Fumadó son, hasta ahora, las únicas máximas autoridades estatales alcanzadas directamente por esta rama de la causa. El MPF pretende encuadrar parte de las conductas en los artículos 200 y 201 bis del Código Penal, sin descartar que el avance del expediente pueda abrir otras calificaciones, incluida la prevista para el homicidio agravado mediante un medio idóneo para crear peligro común.
La libertad concedida no modifica esas imputaciones. El juzgado consideró que podían permanecer sometidas al proceso mediante medidas menos gravosas que la prisión preventiva. Entre las restricciones establecidas figuran la prohibición de salir del país, la entrega de documentación de viaje, presentaciones periódicas y limitaciones para comunicarse con personas vinculadas a sus anteriores funciones en ANMAT e INAME.
Mientras las dos ex funcionarias regresaron a sus domicilios después de constituir las cauciones, Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma y vinculado societariamente con Laboratorios Ramallo, continúa detenido y procesado en la investigación por la fabricación y comercialización del fentanilo contaminado.
La investigación sobre la responsabilidad estatal cobra así una dimensión que excede ampliamente una eventual falla burocrática. Los fiscales están intentando determinar por qué empresas que acumulaban advertencias, inspecciones desfavorables, incumplimientos de órdenes regulatorias y problemas con productos medicinales pudieron continuar fabricando sustancias inyectables destinadas a pacientes hospitalizados, y qué vínculos o decisiones hicieron posible esa continuidad.
En el expediente quedó registrada una frase que sintetiza la dimensión que adquirió esa pesquisa. Para el Ministerio Público Fiscal, el historial de irregularidades de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo solo pudo sostenerse mediante aquel “manto de cobertura estatal” que hoy coloca a quienes debían controlar a los laboratorios en el centro de una de las investigaciones sanitarias más graves de los últimos años.
