Por Daniel Romero
La Policía de la Provincia de Buenos Aires atraviesa una sangría de personal que ya amenaza su capacidad operativa: la Defensoría Policial asegura que hubo 260 bajas en 2023, 715 en 2024, 1.130 en 2025 y 1.475 solamente durante el primer semestre de 2026. Los bajos salarios, el endeudamiento, el desgaste profesional y la creciente ventaja económica de la seguridad privada explican buena parte del éxodo. Pero detrás de las cifras aparece una consecuencia todavía más grave: cuando el sistema expulsa a los efectivos que pretenden vivir exclusivamente de su sueldo, corre el riesgo de conservar a quienes aprendieron a adaptarse a circuitos de corrupción, protección del narcotráfico, recaudación ilegal y connivencia criminal. Los antecedentes documentados por la propia estructura estatal y por la Comisión Provincial por la Memoria muestran que el problema no es una fantasía.
La Plata – 08 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA – La crisis de la Policía de la Provincia de Buenos Aires ya no puede medirse solamente contando patrulleros, chalecos o promociones de nuevos agentes. La pregunta que comienza a resultar mucho más incómoda es otra: ¿qué clase de policía queda en pie cuando miles de efectivos encuentran más conveniente abandonar la fuerza que continuar dentro de ella?
La Defensoría Policial, conducida por Luis Tonil, sostiene que las bajas pasaron de 260 en 2023 a 715 en 2024 y 1.130 durante 2025. Hasta junio de este año contabilizó otras 1.475. El Ministerio de Seguridad bonaerense cuestionó esas cifras y puso en duda el diagnóstico, pero hasta ahora no difundió una estadística pública consolidada capaz de establecer cuántos policías están efectivamente operativos, cuántos ingresaron y cuántos dejaron la institución. (La Tecla)
La falta de transparencia estadística no disminuye el problema. Lo vuelve todavía más difícil de medir.
Los testimonios recogidos dentro de la fuerza coinciden en que la principal causa inmediata es económica. Hay efectivos que apenas superan el millón de pesos mensuales y categorías iniciales que permanecen por debajo de esa cifra. Tonil estimó recientemente un ingreso promedio cercano a $900.000, mientras señaló que un puesto inicial en seguridad privada puede aproximarse a $1,9 millones. La diferencia se combina con menos exposición al riesgo, horarios más previsibles y mejores condiciones para desarrollar actividades adicionales. (La Tecla)
El Estado está perdiendo así una competencia elemental: retener a las personas que entrenó para portar armas, investigar delitos, patrullar las calles y enfrentar organizaciones violentas.
En otros tiempos, la estabilidad laboral y una carrera policial de largo plazo compensaban parcialmente salarios que nunca fueron extraordinarios. Esa ecuación comenzó a romperse. Agentes endeudados con tarjetas, créditos y billeteras virtuales encuentran cada vez menos razones para conservar un trabajo peligroso cuando una empresa privada les ofrece el doble de dinero.
Algunos se incorporan a agencias de seguridad. Otros manejan para Uber, DiDi u otras plataformas después de terminar un turno. También existen policías que recurren a licencias médicas prolongadas mientras buscan actividades privadas que permitan sostener a sus familias, según fuentes vinculadas con la fuerza citadas por medios provinciales. (La Tecla)
Hasta allí, la explicación social y económica.
Pero existe una dimensión mucho más grave que las autoridades bonaerenses deberían mirar antes de limitarse a discutir si las bajas fueron 1.475, 1.800 o una cantidad diferente.
El deterioro salarial no expulsa necesariamente a todos por igual.
Quien intenta vivir solamente de su sueldo, cumplir sus horarios, rechazar una coima y sostener a su familia con ingresos legales tiene un incentivo creciente para buscar otro horizonte.
En cambio, el policía integrado a circuitos de corrupción dispone de una economía paralela.
Ese es posiblemente el peor pecado de una conducción política que permite que la institución se deteriore: crear las condiciones para que los honestos se marchen mientras quienes encontraron la manera de enriquecerse dentro del sistema tengan muchos menos motivos para hacerlo.
No se trata de afirmar que todos los policías que permanecen sean corruptos. Sería absurdo e injusto para miles de agentes que cumplen su tarea en condiciones difíciles. Se trata de advertir que una institución empobrecida, debilitada y sin incentivos para retener al personal profesional puede terminar produciendo una selección inversa: pierde a una parte de sus mejores cuadros y conserva con mayor facilidad a quienes obtienen beneficios externos al salario.
Los antecedentes obligan a tomar esa posibilidad muy seriamente.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) analizó información del Registro de Expulsados e Inhabilitados de la Provincia de Buenos Aires (REPEI), dependiente de la Auditoría General de Asuntos Internos, y contabilizó 8.758 policías expulsados entre 1999 y junio de 2024. Entre 2008 y ese último período hubo 1.056 expulsiones vinculadas con connivencia o participación en delitos comunes, 420 calificadas específicamente como corrupción, 589 por infracciones patrimoniales, 322 por irregularidades funcionales graves y otras 113 por manejo irregular de fondos.
La propia CPM registró durante 2024 79 hechos de corrupción policial bajo distintas modalidades: 24 casos de supuesto armado de causas, 23 de robo o hurto, once relacionados con manejo irregular de fondos, siete por extorsión y seis específicamente vinculados con narcocriminalidad.
El informe no se limita a estadísticas.
Incluye investigaciones por venta de protección a vendedores de drogas, extorsiones, apropiación de dinero durante procedimientos y hasta una presunta banda integrada por policías de alta jerarquía acusados de montar un allanamiento falso para quedarse con dinero y objetos de valor. Seis efectivos fueron detenidos por ese episodio ocurrido en La Plata. (CPM)
Es decir, el problema que enfrenta la administración de Axel Kicillof no consiste únicamente en que falten policías.
Consiste en qué policías faltan y cuáles consiguen permanecer.
Un oficial joven formado por el Estado que abandona la institución para custodiar una empresa privada representa una pérdida de recursos, experiencia y capacidad operativa.
Pero cuando ese mismo sistema no consigue erradicar estructuras capaces de recaudar ilegalmente, vender protección, liberar zonas o relacionarse con traficantes, la consecuencia es mucho más profunda: la fuerza puede ir perdiendo precisamente al personal que no obtiene ninguna ventaja de esas redes.
El narcotráfico conoce perfectamente ese mecanismo.
Para una organización criminal, comprar la protección de un policía, un jefe o un funcionario suele resultar mucho más eficiente que enfrentar al Estado. La protección institucional aporta información sobre allanamientos, movimientos de investigadores, zonas liberadas, competidores, secuestros de droga e investigaciones judiciales.
Cuando esas relaciones se consolidan, el dinero no necesariamente termina en un solo bolsillo.
Las investigaciones judiciales de las últimas décadas han mostrado reiteradamente sistemas de recaudación con distintos niveles de participación policial. La pregunta política inevitable es hasta dónde ascienden esas cadenas y quién garantiza que un efectivo que recauda ilegalmente lo hace exclusivamente para sí mismo.
Por eso el fenómeno salarial no puede analizarse aisladamente de la corrupción.
Un policía con ingresos insuficientes no se convierte automáticamente en corrupto. Miles no lo hacen.
Pero una institución que paga mal, controla deficientemente, permite sistemas informales de recaudación y pierde masivamente profesionales honestos genera las condiciones ideales para que quienes participan de negocios ilegales ganen peso relativo.
Mientras tanto, la menor cantidad de agentes ya se estaría reflejando en la calle. Tonil afirmó que el Comando de Patrullas de La Plata, que llegó a disponer de alrededor de 120 móviles por turno, estaría funcionando actualmente con apenas 18. Esa cifra no pudo ser corroborada oficialmente, precisamente porque el Ministerio bonaerense no aportó información pública para contrastarla. (La Tecla)
Los intendentes observan el fenómeno con creciente inquietud. Algunos vuelven a plantear fuerzas municipales o mayores atribuciones locales porque sostienen que no reciben suficiente personal bonaerense para cubrir sus distritos. La crisis de incorporaciones agrava el cuadro: no solo se van efectivos experimentados, sino que resulta cada vez más difícil convencer a jóvenes de entre 18 y 29 años para iniciar una carrera policial bajo las actuales condiciones. El propio Ministerio de Seguridad mantiene abierto el ingreso 2026, aunque el atractivo económico de la propuesta enfrenta una competencia privada mucho más fuerte. (Ministerio de Seguridad)
Hay además una consecuencia operativa que pocas veces aparece en las estadísticas.
Cada policía experimentado que abandona la fuerza se lleva años de conocimiento territorial: sabe quién vive en cada barrio, dónde operan determinadas bandas, qué delincuentes cambiaron de zona, qué comercios son extorsionados, qué vehículos se utilizan y qué relaciones existen entre grupos rivales.
Ese conocimiento no se reemplaza entregándole uniforme y arma a un nuevo egresado.
La administración provincial puede discutir las cifras de la Defensoría Policial, pero difícilmente pueda seguir eludiendo el interrogante de fondo.
La Bonaerense necesita salarios capaces de retener profesionales, mejores condiciones laborales, respaldo al policía que actúa correctamente y controles internos capaces de detectar patrimonio injustificado, relaciones con delincuentes y sistemas de recaudación clandestina.
Porque el escenario más peligroso no es solamente una policía con menos hombres.
Es una policía donde los honestos concluyan que marcharse es el mejor negocio y los corruptos descubran que quedarse sigue siendo extraordinariamente rentable.
Fuentes consultadas: La Tecla, Defensoría Policial, Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Comisión Provincial por la Memoria, Auditoría General de Asuntos Internos, REPEI, La Trocha, Infoplatense y antecedentes judiciales sobre corrupción y narcocriminalidad en la Policía Bonaerense. (La Tecla)
