Buenos Aires – 9 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA.- El gobierno de Javier Milei puso en manos de Starlink, la compañía de internet satelital controlada por Elon Musk, un programa de conectividad para 6.000 establecimientos educativos por US$21,876 millones, mediante un mecanismo de “donación con cargo” que aportará dos años de servicio de la empresa estadounidense y hará que el Fondo del Servicio Universal (FSU) financie la instalación, administración y un tercer año. Finalizados los 36 meses, las provincias y municipios adheridos deberán hacerse cargo del abono, estimado actualmente en unos US$160 mensuales por escuela, mientras ARSAT, la empresa satelital del propio Estado argentino, ofrece prestaciones rurales por alrededor de US$60 a US$70 mensuales y quedó fuera de la operación.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 663/2026 del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), fechada el 24 de julio y publicada cinco días después en el Boletín Oficial, bajo el nombre “Conectividad Satelital en Establecimientos Educativos de Gestión Pública de la República Argentina”.
La cifra exacta asignada al proyecto es de US$21.876.000. De ese total, US$9.978.000 corresponden a la denominada donación con cargo realizada por Starlink Argentina SRL, destinada a financiar los 6.000 kits, accesorios y los primeros 24 meses de internet satelital. Los restantes US$11.898.000 serán aportados por el FSU y cubrirán instalación, administración del servicio, atención de incidencias, soporte técnico, herramientas de monitoreo y otros 12 meses de conectividad.
Es decir que, pese a haber sido presentado públicamente como una importante donación de Starlink, el aporte estatal supera al privado: aproximadamente el 54,4% del valor total del programa saldrá del Fondo del Servicio Universal.
Ese fondo no proviene directamente del presupuesto educativo sino del aporte obligatorio que realizan los prestadores de telecomunicaciones, establecido por la Ley Argentina Digital, equivalente al 1% de sus ingresos totales por servicios alcanzados por el régimen. Su finalidad es financiar proyectos destinados a garantizar conectividad en sectores o regiones donde las condiciones económicas dificultan la prestación comercial ordinaria.
La particularidad es que Starlink Argentina también es licenciataria y, por lo tanto, aportante al mismo fondo.
La resolución completa contempla incluso que determinados importes correspondientes a la instalación podrían eventualmente ser deducidos del aporte mensual previsto por el Reglamento General del Servicio Universal. El mecanismo introduce así una peculiar combinación financiera: Starlink realiza una donación, el FSU financia otra parte del programa y determinados costos podrían compensarse contra las propias obligaciones que la empresa tiene como prestadora del sistema argentino de telecomunicaciones.
Pero uno de los aspectos que genera mayores interrogantes es cómo se llegó a elegir al proveedor.
El expediente oficial señala que el 15 de julio de 2026 Starlink Argentina SRL presentó ante el ENACOM una carta de intención ofreciendo colaborar para cerrar la brecha digital del sistema educativo mediante la entrega del equivalente a 6.000 kits, accesorios y 24 meses de internet de alta velocidad y baja latencia.
Solamente nueve días después, el 24 de julio, el organismo aprobó el proyecto.
No aparece en el proceso conocido públicamente un concurso de precios o convocatoria abierta que hubiese permitido a ARSAT, operadores terrestres, empresas satelitales u otros proveedores presentar propuestas tecnológicas y económicas alternativas para conectar esas mismas escuelas.
El especialista en telecomunicaciones Enrique Carrier, director de Carrier y Asociados, puso precisamente el foco sobre ese aspecto al cuestionar que no se hubiera realizado un concurso o mecanismo competitivo donde diferentes compañías pudieran explicar qué tecnología ofrecían, bajo qué condiciones y a qué precio.
La comparación adquiere mayor relevancia debido a que la Argentina posee su propia empresa satelital y una infraestructura estatal construida durante años.
ARSAT opera actualmente los satélites ARSAT-1 y ARSAT-2, además de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO), y mantiene conectividad satelital en aproximadamente 1.845 escuelas. Unas 1.500 reciben el servicio mediante ARSAT-1, mientras las restantes utilizan capacidad del SES-17 contratada por la compañía.
Paralelamente, la empresa coordina mediante la REFEFO y operadores provinciales o privados la conectividad terrestre de alrededor de otros 11.000 establecimientos educativos.
El contraste económico es considerable.
Según explicó Ezequiel Mc Govern, responsable de Innovación de ARSAT, el servicio satelital que actualmente brinda la compañía estatal tiene un costo aproximado de US$60 a US$70 por escuela mensuales, contra alrededor de US$160 que costaría la prestación corporativa de Starlink utilizada como referencia para el programa.
La diferencia podría convertirse en un problema después del período promocional.
Si las 6.000 escuelas continuaran utilizando Starlink una vez terminados los 36 meses y el valor permaneciera en US$160 mensuales, mantenerlas conectadas demandaría aproximadamente US$11,52 millones anuales.
A US$60 mensuales, el mismo número de establecimientos representaría unos US$4,32 millones anuales; incluso tomando un valor de US$70, ascendería a US$5,04 millones.
La diferencia potencial oscilaría así entre US$6,48 millones y US$7,2 millones por año, aunque las prestaciones no necesariamente son idénticas en velocidad, latencia, capacidad y tecnología, por lo que la comparación estricta requiere considerar también esas variables.
Allí aparece una de las ventajas objetivas de Starlink: su constelación de satélites de órbita terrestre baja permite ofrecer velocidades y latencias considerablemente mejores que los sistemas geoestacionarios tradicionales utilizados actualmente en numerosos puntos rurales argentinos.
El programa contempla para las escuelas un servicio prioritario con capacidad de hasta 5 terabytes mensuales, mientras los servicios que actualmente brinda ARSAT mediante sus satélites existentes pueden operar con velocidades sensiblemente inferiores.
Sin embargo, desde la empresa estatal sostienen que el panorama cambiaría radicalmente con el futuro ARSAT-SG1, satélite de nueva generación diseñado para ampliar significativamente la capacidad de banda ancha.
Mc Govern aseguró que mediante el SG1 podrían ofrecerse conexiones de hasta 50 Mbps, sin los límites de datos señalados para el nuevo programa. Actualmente, explicó, numerosas escuelas extremadamente alejadas o ubicadas en zonas precordilleranas reciben mediante ARSAT-1 y ARSAT-2 velocidades de entre 3 y 5 Mbps.
A esa discusión tecnológica se agrega una paradoja financiera.
Mientras el Estado compromete casi US$12 millones del FSU para implementar el acuerdo con la compañía de Musk, ARSAT reclama más de US$60 millones por servicios de conectividad educativa que ya habría prestado y que el Estado todavía no habría pagado.
Según datos citados desde la compañía, el Gobierno dejó de enviar recursos correspondientes al discontinuado esquema de conectividad escolar, generando un pasivo que supera ampliamente el aporte público previsto para el nuevo proyecto con Starlink.
Otro punto todavía sin respuesta pública es cuáles serán las 6.000 escuelas beneficiarias.
La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, deberá identificar y georreferenciar los establecimientos junto con provincias y municipios, pero hasta ahora no fue difundido un listado completo ni la distribución territorial.
El universo potencial es considerable. Los últimos datos oficiales disponibles contabilizaban alrededor de 18.000 establecimientos rurales en todo el país.
Algunas provincias ya recurrieron directamente a Starlink. Córdoba, por ejemplo, anunció en marzo de 2025 la adquisición e instalación de 825 antenas destinadas a escuelas rurales, mientras San Juan desarrolló iniciativas similares en menor escala.
El presidente Milei presentó públicamente el acuerdo durante la Exposición Rural de Palermo y agradeció personalmente a Elon Musk, con quien mantiene desde antes de la llegada de Starlink al país una relación política y personal que el mandatario exhibió reiteradamente.
Posteriormente, el vocero presidencial Adrián Ravier calificó el programa como un paso destinado a reducir la brecha digital y destacó que permitirá que la ubicación geográfica deje de ser una barrera para el acceso de alumnos y docentes a contenidos y herramientas digitales.
La conectividad de escuelas aisladas aparece como un objetivo difícilmente cuestionable. La discusión comienza en el procedimiento elegido: por qué no existió una competencia entre proveedores, por qué una empresa estatal que ya brinda exactamente ese tipo de servicios no fue incorporada a la comparación y qué ocurrirá una vez agotados los tres años financiados por el esquema inicial.
Porque la “donación” tiene fecha de vencimiento.
Los primeros 24 meses serán cubiertos con el aporte valorizado de Starlink y el FSU pagará, además de la implementación, el tercer año. Después de los 36 meses, los gobiernos provinciales y municipales que adhieran deberán asumir contractualmente la continuidad de la conexión.
Para entonces habrá 6.000 escuelas, antenas instaladas y tres años de funcionamiento bajo una determinada plataforma tecnológica. Cambiar de proveedor ya no tendrá el mismo costo ni la misma simplicidad que comparar ofertas antes de comenzar el programa.
Ese es precisamente el interrogante económico de largo plazo que la resolución todavía no despeja: Starlink entra aportando equipos y dos años de servicio, el Estado argentino desembolsa casi US$12 millones para completar el programa y, cuando termine la etapa inicial, la factura quedará en manos de provincias y municipios.
Mientras tanto, ARSAT, una empresa íntegramente propiedad del mismo Estado que financia el proyecto, seguirá operando sus satélites y conectando escuelas rurales por fuera de un negocio al que no fue convocada a competir.
Fuentes consultadas: Boletín Oficial de la República Argentina, ENACOM, Secretaría de Educación, ARSAT, Letra P, Carrier y Asociados, documentación de Starlink Argentina y antecedentes del Fondo del Servicio Universal.
Un punto que corregí respecto del material original es importante: las provincias y municipios no comenzarían a pagar desde el tercer año, sino al finalizar los 36 meses, porque el tercer año está incluido dentro de los US$11,898 millones financiados por el FSU. La resolución oficial también confirma que el proyecto fue aprobado apenas nueve días después de la carta de intención presentada por Starlink. (Boletín Oficial)
