La entrada descontrolada no fue solamente una emergencia migratoria: expuso una falla de soberanía y dejó a miles de menores frente a redes que ya reclutan dentro del continente. El riesgo no autoriza acusaciones colectivas, pero exige actuar antes de que la vulnerabilidad se convierta en amenaza.
Por Sandra Mossayebeh.
Una frontera no es una línea decorativa: es el punto donde un Estado decide quién entra, bajo qué identidad y con qué derechos y obligaciones. Cuando ese filtro desaparece, retroceden la soberanía, la seguridad y la capacidad de prevenir amenazas. Europa debe mirar a Ceuta sin eufemismos. Los días 30 y 31 de julio de 2026 colapsó una frontera exterior europea y decenas de miles de personas ingresaron de forma descontrolada en una ciudad de diecinueve kilómetros cuadrados. Miles permanecen allí, los centros están saturados y el Presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclama internamiento urgente, refuerzos policiales y judiciales y expulsiones más rápidas. La tragedia exige asistencia; el desorden, inteligencia. Sin identificación y verificación documental suficientes, se abre una zona de incertidumbre que también pueden aprovechar quienes necesitan ocultarse.
No existe evidencia pública de que una célula de Dáesh o Al Qaeda utilizara la avalancha para entrar; reconocerlo vuelve seria la advertencia. El terrorismo no necesita infiltrar un ejército: le bastan uno o varios operativos conectados con redes logísticas instaladas. Una entrada masiva ofrece camuflaje dentro del desorden. Cada identidad no comprobada deja un vacío y cada persona perdida entre asentamientos o traslados reduce el seguimiento. Aunque Ceuta controla el viaje a la península, ninguna barrera es infalible ante documentación falsa, suplantaciones, redes criminales o errores bajo presión.
El yihadismo no amenaza a Europa únicamente desde fuera: ya opera en su interior. El Informe de Europol sobre la Situación y las Tendencias del Terrorismo en la Unión Europea (TE-SAT 2026) le atribuye 24 de los 45 ataques consumados, frustrados o fallidos registrados en 2025 y 347 de las 486 detenciones por terrorismo. España mantiene el nivel 4 sobre 5 de alerta y, antes de la crisis, el Ministerio del Interior contabilizaba 43 operaciones y 82 detenidos en 2026. La interceptación en Ceuta, en enero de 2025, de un combatiente retornado de Siria no convierte a los recién llegados en terroristas, pero confirma que la ciudad forma parte de un escenario operativo que no puede abordarse como una emergencia exclusivamente asistencial.
El flanco más delicado es la presencia de 1.342 menores no acompañados registrados tras la avalancha. No existe prueba de que integren una operación terrorista, pero concentran vulnerabilidades que los captadores saben explotar: separación familiar, trauma, soledad, precariedad, necesidad de pertenencia y exposición constante a las redes sociales. Europol informó que 108 de los 347 detenidos en 2025 por delitos yihadistas tenían 18 años o menos, casi uno de cada tres. También coordinó una operación contra más de 2.000 enlaces de propaganda terrorista y extremista dirigidos específicamente a menores. Los adolescentes no constituyen un objetivo futuro: son un campo de reclutamiento del presente.
La captación puede comenzar desde un teléfono. Los primeros mensajes parecen conversaciones de apoyo; después, en canales cerrados, la frustración personal es reinterpretada como humillación colectiva; finalmente, el adoctrinamiento ofrece pertenencia, misión y violencia. Los reclutadores no son exclusivamente hombres. Europol registró 47 mujeres detenidas por terrorismo en 2025 —43 vinculadas al yihadismo— y documentó en España el caso de una mujer que utilizaba las redes sociales para captar y adoctrinar. Como amiga, referente religioso, figura materna o sustituto afectivo, una reclutadora puede construir una confianza difícil de detectar cuando la vigilancia se concentra en perfiles masculinos.
La legislación española impide la expulsión automática de un menor no acompañado. Exige identificación, audiencia, intervención fiscal y una evaluación individual fundada en su interés superior. La repatriación solamente procede para reunirlo con su familia o entregarlo a servicios de protección adecuados; si ninguna opción resulta posible, permanece bajo tutela pública. El problema no es esa obligación jurídica y moral, sino la distancia entre el amparo legal y la tutela efectiva. Centros saturados, pocos intérpretes y psicólogos, desapariciones, traslados sucesivos y contactos digitales no supervisados abren brechas para captadores criminales o extremistas.
La vulnerabilidad aumenta cuando el seguimiento se fragmenta durante los traslados. Europol aporta un dato revelador: 259 de los 398 detenidos por terrorismo en 2025 cuya ciudadanía era conocida eran ciudadanos de la Unión. La amenaza posee raíces internas y no puede reducirse a posibles infiltraciones exteriores. Toda señal detectada en Ceuta debe incorporarse al expediente y acompañar al menor cuando sea trasladado a la península o a otro país europeo. Si la información se interrumpe, las redes encuentran la oportunidad que necesitan.
Hablar de la “islamización de Europa” exige evitar eufemismos y generalizaciones. El peligro no reside en que millones de musulmanes vivan en el continente, sino en que los Estados retrocedan ante organizaciones islamistas que aprovechan fronteras desbordadas, segregación y fallas de integración para imponer lealtades sectarias, disputar la ley y captar jóvenes. El islam es una religión; el islamismo, un proyecto de poder, y el yihadismo, su expresión más extrema y violenta. Confundirlos impide localizar la amenaza y favorece a quienes buscan ocultarse en comunidades que mayoritariamente rechazan el terrorismo.
Callar ese avance por miedo a estigmatizar deja el terreno libre a los captadores; convertir a todo musulmán o migrante en sospechoso les proporciona el conflicto social que alimenta su propaganda. En ambos casos, los menores quedan expuestos: por instituciones que no detectan el adoctrinamiento o por una marginación que favorece a quienes prometen pertenencia, protección y revancha. Europa no defenderá su identidad con consignas ni con tolerancia pasiva, sino recuperando el control fronterizo, garantizando la primacía de la ley y desmantelando las estructuras que transforman desarraigo en radicalización.
La dimensión geopolítica exige separar pruebas de conjeturas. En una entrevista de Le Grand Continent, Mehdi Alioua —doctor en Sociología por la Universidad de Toulouse II, profesor asociado de la Universidad Internacional de Rabat y especialista en migraciones internacionales y espacios transfronterizos— plantea una alternativa a la supuesta operación marroquí. Según su interpretación, la concentración de recursos de seguridad durante la Fiesta del Trono, la presión de la multitud, la crisis social y la información errónea habrían contribuido al desbordamiento, sin evidencia pública de una intervención planificada por Rabat. Ello no impidió la explotación hostil: cuentas vinculadas a Rusia amplificaron mensajes islamófobos hasta superar las 720.000 visualizaciones en seis horas. La fractura territorial se convirtió en instrumento de desestabilización digital.
Los centros de retorno en terceros países defendidos por Italia y Dinamarca responden solamente a una parte del problema. Pueden facilitar la salida de quienes hayan recibido una orden firme, siempre bajo control judicial y respetando el principio de no devolución, pero no reconstruyen las identidades que no fueron verificadas al ingresar ni permiten conocer todos los desplazamientos posteriores. Mucho menos resuelven la situación de los menores. Una política capaz de expulsar adultos, pero incapaz de mantener la tutela y el seguimiento de los adolescentes, deja abierto el flanco que las redes de captación saben aprovechar.
Ceuta necesita un mando integrado, identificación biométrica conforme a la ley, contraste inmediato con las bases europeas y refuerzos de fiscales, jueces, policías y unidades antiterroristas. En el caso de los menores, la respuesta debe incluir tutores estables, psicólogos, intérpretes, mediadores, control de las desapariciones y equipos preparados para detectar captadores masculinos y femeninos. Cada traslado debe conservar un expediente único y trazable, con la información estrictamente necesaria protegida por garantías legales. La tutela no puede limitarse a proporcionar alojamiento y comida: debe asegurar que el Estado mantenga su presencia allí donde una organización extremista intentaría ocupar su lugar.
El escenario que Europa está obligada a impedir no necesita una columna de terroristas atravesando la frontera. Basta una cadena silenciosa: identidades sin verificar, menores que desaparecen del seguimiento institucional, contactos digitales, adoctrinamiento, células dispersas y, finalmente, atentados contra estaciones, escuelas, templos o celebraciones. Una sucesión de ataques paralizaría ciudades, fracturaría Schengen y provocaría una reacción social capaz de alimentar nuevos extremismos. Ese caos no sería una consecuencia accidental, sino la victoria política que persigue el terrorismo.
Ceuta deja una lección estratégica: el cese de los cruces no recompone una frontera desbordada. Mientras permanezcan identidades desconocidas, expedientes fragmentados y menores sin tutela efectiva, la brecha continuará abierta, aunque ya no sea visible. Europa no tiene que elegir entre proteger a esos adolescentes y protegerse a sí misma: ambas responsabilidades forman parte de una misma obligación de seguridad. La cuestión decisiva es quién llegará primero hasta el menor vulnerable: el Estado democrático o el captador yihadista. Si el Estado llega tarde, la puerta rota de España puede convertirse en la brecha por la que el yihadismo multiplique su amenaza dentro de Europa.
