Buenos Aires – 15 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA – Un nuevo giro judicial favoreció la estrategia defensiva de los investigados en las causas que rodean a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que el expediente por presunto lavado de activos alrededor de la mansión de Pilar, valuada oficialmente en unos US$17 millones y vinculada en la investigación con el tesorero Pablo Toviggino, abandone el fuero Penal Económico y regrese a la jurisdicción federal de Campana, donde interviene el juez Adrián González Charvay, precisamente el magistrado reclamado por los propietarios formales del predio, Luciano Pantano y su madre Ana Lucía Conte.
La decisión fue adoptada por los camaristas Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, mientras que Alejandro Slokar votó en disidencia. La mayoría sostuvo que el lavado de activos es un delito federal y que la competencia específica del fuero Penal Económico comprende ilícitos como contrabando, evasión tributaria, régimen penal cambiario y cheques sin fondos, pero no le asigna expresamente el lavado como materia propia.
El pronunciamiento representa una victoria para la defensa de Pantano y Conte, que insistió durante meses en que el expediente debía tramitar en Campana porque la propiedad investigada se encuentra en Villa Rosa, partido de Pilar. La Fiscalía mantuvo la postura contraria: el fiscal general ante Casación Mario Villar había reclamado que el caso permaneciera en el fuero Penal Económico de Buenos Aires, donde había quedado a cargo de la jueza María Verónica Straccia y la investigación había sido delegada en el fiscal Claudio Navas Rial.
Formalmente, Casación dispuso enviar las actuaciones a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para que tome razón de la resolución y las remita, “sin dilaciones”, al juzgado federal de su jurisdicción que había intervenido previamente, una referencia que conduce nuevamente al tribunal de González Charvay. El fiscal Villar todavía podría intentar llevar la discusión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El expediente investiga cómo Real Central SRL, controlada formalmente por Pantano y Conte, llegó a disponer de una propiedad cuya tasación judicial ronda los US$17 millones. La escritura consignó una operación cercana a US$1,8 millones, mientras que la capacidad patrimonial de sus titulares quedó bajo la lupa de los investigadores: Pantano aparecía como monotributista y registraba deudas bancarias, mientras que Conte es jubilada y durante la pandemia percibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
El allanamiento al complejo reveló dimensiones poco compatibles con ese perfil económico. En el predio de aproximadamente 105.000 metros cuadrados había viviendas, helipuerto, instalaciones ecuestres y un galpón con 54 automóviles de lujo, deportivos y de colección. La Justicia comenzó entonces a reconstruir la ruta del dinero utilizada para adquirir tanto el inmueble como los vehículos, cuyo valor fue calculado en varios millones de dólares.
Los investigadores encontraron además elementos que profundizaron las sospechas sobre la vinculación con Toviggino. En la propiedad aparecieron pertenencias relacionadas con el tesorero de la AFA, mientras que Pantano utilizaba una tarjeta corporativa de la entidad para gastos que incluían los telepases de algunos de los vehículos encontrados en la quinta. También surgieron registros de visitas de Máximo Toviggino, hijo del tesorero.
La causa comenzó en diciembre y desde entonces protagonizó una verdadera peregrinación judicial. Pasó por el juez federal Daniel Rafecas, por el entonces juez Penal Económico Marcelo Aguinsky, por González Charvay y posteriormente por Straccia, además de sucesivas intervenciones de la Cámara Federal de San Martín, la Cámara Nacional en lo Penal Económico y la propia Casación. En junio, el tribunal Penal Económico había cuestionado el escaso avance registrado durante los meses en que el expediente permaneció en Campana, al señalar que no se había definido la situación procesal de los imputados ni producido avances trascendentes.
La decisión conocida ahora resulta especialmente significativa porque Casación había resuelto en mayo exactamente el movimiento contrario: anuló el fallo que había enviado la investigación a Campana y ordenó que fuera la Cámara Penal Económico la encargada de decidir la competencia. Ese tribunal dispuso luego que el expediente quedara en el Juzgado Penal Económico N°10. La defensa de Pantano y Conte, encabezada por el abogado Mariano Morán, recurrió nuevamente y consiguió que la misma Casación reabriera la discusión hasta desembocar en la resolución de este viernes.
El episodio sumó controversia por la integración del tribunal. Elisa Carrió y el empresario Guillermo Tofoni, uno de los denunciantes en expedientes vinculados con la conducción de la AFA, promovieron recusaciones contra Barroetaveña y Borinsky. En el caso de Barroetaveña, cuestionaron que hubiera presidido hasta diciembre pasado el Tribunal de Ética de la AFA; los planteos fueron rechazados porque los recusantes no son parte formal del expediente.
El regreso a Campana también adquiere relevancia porque González Charvay viene reclamando la concentración en su juzgado de otros expedientes relacionados con Claudio “Chiqui” Tapia, Toviggino y el manejo de fondos de la AFA. Durante su intervención anterior incorporó investigaciones vinculadas con TourProdEnter, la firma de Miami que administró ingresos internacionales de la entidad, y también entró en disputa por la causa originada en Santiago del Estero, donde el fiscal Pedro Simón había pedido las detenciones de Tapia y Toviggino y los acusó de integrar una presunta asociación ilícita destinada a desviar y lavar recursos.
En aquella investigación santiagueña aparecieron movimientos por casi $5.000 millones entre la AFA y sociedades que el fiscal vinculó con el entramado investigado. Simón sostuvo que fondos de la entidad fueron transferidos hacia firmas como Soma, Malte, Segón, Servicios Lindor y Servicios Neurus, con movimientos posteriores entre cuentas efectuados en plazos extremadamente breves.
González Charvay intentó también atraer ese expediente hacia Campana, pero el juez Diego Amarante, quien avanzó con procesamientos en otra investigación contra autoridades de la AFA, rechazó el planteo y calificó como una “ficción” utilizar la nueva sede declarada por la asociación en Pilar para desplazar la competencia desde Capital Federal, donde históricamente funcionó la organización.
El capítulo argentino convive, además, con un frente potencialmente más complejo para la conducción del fútbol: una investigación abierta en Estados Unidos sobre movimientos financieros de la AFA y empresas relacionadas. Según documentación y fuentes judiciales citadas por medios argentinos, las autoridades estadounidenses analizan operaciones realizadas a través del sistema bancario norteamericano y transferencias vinculadas con TourProdEnter; parte de la documentación obtenida en ese país, más de 3.000 páginas según la investigación periodística, quedó incorporada a otro expediente que tramitan la jueza Paula Petazzi y la fiscal Silvana Russi.
Mientras la mansión vuelve por cuarta vez a cambiar de manos judiciales, la investigación deberá reconstruir ahora en Campana el origen del dinero utilizado para una propiedad tasada en US$17 millones, los 54 vehículos, otros bienes de lujo y las operaciones de Real Central. También continuará bajo análisis el vínculo patrimonial entre esa sociedad y Malte SRL, firma que anteriormente intervino en la propiedad y que fue denunciada por ARCA luego de detectar inconsistencias económicas y operativas; el organismo fiscal señaló que Malte había ingresado además US$1,4 millones a un régimen de blanqueo.
