Buenos Aires – 15 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA – Mientras la obra social de Camioneros acumula deudas superiores a los $30.000 millones, reduce prestaciones y pierde aportantes, desde cuentas del sindicato conducido por Hugo Moyano salieron entre fines de abril y comienzos de junio casi $2.580 millones hacia fideicomisos vinculados al entramado empresario que administra su esposa, Liliana Esther Zulet. Los nuevos movimientos se suman a otros $900 millones transferidos durante septiembre de 2025 y vuelven a colocar bajo la lupa una estructura en la que empresas de la familia tienen como principal cliente al propio gremio.
Entre el 29 de abril y el 1° de junio fueron transferidos exactamente $2.579.853.035 desde cuentas del Sindicato de Camioneros en el Banco Provincia. Los destinos finales del circuito aparecen relacionados con Dixey SA, dedicada al rubro textil; Aconra SA, vinculada a la construcción, e Iarai SA, prestadora de servicios médicos y relacionada con la administración de Oschoca, compañías que integran desde hace años el holding encabezado por Zulet.
La novedad no reside únicamente en la magnitud de las transferencias sino en el mecanismo utilizado. Desde fines de 2024 aparecieron tres fideicomisos que funcionan como intermediarios: Thoth, asociado a pagos destinados a Dixey; Khasis, relacionado con Aconra, y Dhanvantari, vinculado con Iarai. Dos fueron constituidos el 1° de noviembre de 2024 y el tercero un mes después, mientras los tres declararon como domicilio fiscal avenida Belgrano 1255, la misma dirección utilizada por las empresas de Zulet.
Sólo entre el 29 de abril y el 29 de mayo, Camioneros transfirió mediante siete operaciones $879.407.771 a Thoth, vinculadas con pagos a Dixey, además de otro giro directo de $41.160.000. Para Aconra, a través de Khasis, se registraron otros $544.285.264 en seis transferencias efectuadas entre el 7 y el 29 de mayo. Iarai, por su parte, recibió directamente otros $1.115 millones mediante tres depósitos realizados entre el 22 de mayo y el 1° de junio.
Las operaciones se producen mientras Oschoca atraviesa una situación financiera crítica. La obra social arrastraría un pasivo de alrededor de $30.000 millones, dos de sus cuatro sanatorios permanecen casi cerrados, se limitaron prestaciones de oftalmología, cirugía y rayos y se negocian deudas con droguerías, al tiempo que la cantidad de aportantes cayó de unos 90.000 a 72.719 trabajadores.
El entramado económico está atravesado por la propia estructura familiar. Liliana Esther Zulet, tercera esposa de Hugo Moyano, es señalada en la documentación remitida a TNA como la principal impulsora de la expansión de las empresas que orbitan alrededor del sindicato. Comenzó con negocios vinculados a la salud y luego amplió el holding hacia la construcción, el sector textil, seguridad, seguros y consultoría. Junto con sus hijos Juan Manuel Noriega Zulet y Valeria Alejandra Salerno, se alterna desde hace años en los directorios de Iarai, Aconra y Dixey, sociedades que mantienen una relación comercial prácticamente exclusiva con el gremio y su obra social.
Juan Manuel Noriega Zulet, de 39 años, integra los directorios de las compañías familiares y, según la información aportada, estaría también detrás de los fideicomisos que comenzaron a recibir fondos del sindicato. En 2016, junto con su media hermana Valeria Salerno, ingresó a un blanqueo de capitales por un total conjunto de US$1,1 millones provenientes de actividades vinculadas al sindicato y a su obra social, de acuerdo con un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) citado en la documentación.
Valeria Alejandra Salerno, de 45 años, integra desde hace más de dos décadas los directorios de Aconra, Dixey e Iarai. También aparece vinculada a los fideicomisos y, junto con Noriega Zulet, participó del sinceramiento fiscal de 2016. La documentación señala además que ambos estuvieron relacionados con adquisiciones inmobiliarias en Parque Leloir, donde sociedades proveedoras del gremio compraron seis casas quinta.
En el otro extremo del clan está Jerónimo Moyano, hijo de Hugo Moyano y Liliana Zulet, de 26 años. Es secretario privado de su padre, ocupa cargos dentro de la estructura gremial y figura como empleado registrado en las tres empresas de su madre, además de desempeñarse en una distribuidora de bebidas vinculada a un empresario con el que Moyano negocia condiciones laborales. Su crecimiento dentro de la organización lo convirtió en uno de los actores de la disputa sucesoria y mantiene una relación distante con su medio hermano Pablo Moyano.
Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, conserva formalmente el segundo lugar en la conducción, pero quedó desplazado de buena parte del manejo cotidiano. Fue apartado de la Federación en 2022, acentuó sus diferencias con su padre después de dejar el triunvirato de la CGT en 2024 y mantiene un enfrentamiento abierto con Zulet, cuyos negocios cuestiona internamente. También está distanciado de Jerónimo, aunque mantiene una alianza política y familiar con su hermana Karina Eva Moyano.
Karina Eva Moyano, secretaria de Género del sindicato, quedó involucrada en una causa por presunto lavado de activos y hoy aparece como una de las figuras más cercanas a su padre dentro de la interna. Según el material aportado, tanto ella como Pablo cuestionaron en privado la gestión de Zulet al frente de la obra social.
Paola Moyano, también hija del primer matrimonio de Hugo Moyano, permanece al margen del manejo gremial y empresario. Estuvo casada con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), vínculo que mantiene a la familia Moyano conectada con otro de los centros de poder más importantes del país, aunque ella no participa de la administración del sindicato.
Hugo Moyano (h.), abogado y diputado nacional electo, hijo del segundo matrimonio del jefe camionero, mantiene una posición intermedia dentro de la disputa familiar. Trabaja como abogado laboralista para distintos sindicatos y suele moverse cerca de su hermano Facundo Moyano, a quien asistió jurídicamente cuando quedó detenido por un episodio de presunta violencia de género.
Facundo Moyano, actual secretario general del Sindicato Único de Peajes, renunció a su banca de diputado en 2021 y regresó a la conducción gremial en 2025. Mantiene diferencias con Pablo, se mueve políticamente junto con Hugo (h.) y estuvo contratado por Aconra, una de las empresas controladas por el entorno de Zulet. Recientemente permaneció detenido durante unas 15 horas en una causa por presunta violencia de género y privación de la libertad de su pareja, Candela Arizaga, episodio que volvió a tensionar las relaciones internas de la familia.
El volumen de dinero que circula entre el sindicato, la obra social, las empresas familiares y los nuevos fideicomisos se desarrolla así en paralelo a una disputa por la sucesión de Hugo Moyano, de 82 años, quien conduce la seccional bonaerense desde 1987 y en 2023 decidió ir por una novena reelección, postergando nuevamente a Pablo.
La asistencia financiera del gremio a Oschoca tampoco es nueva. Los libros contables consignan transferencias por $3.157 millones durante 2023, $3.594 millones en 2024 y $4.611 millones en 2025. Entre el 4 y el 13 de febrero de este año hubo además siete movimientos por $2.971 millones, por lo que los fondos transferidos durante el primer semestre de 2026 ya superan ampliamente los $4.000 millones.
La aparición de los fideicomisos modifica, sin embargo, la mecánica tradicional. Durante años los pagos fueron realizados directamente desde el sindicato o la obra social hacia las compañías de Zulet; desde 2024 comenzaron a interponerse Thoth, Khasis y Dhanvantari, estructuras creadas casi simultáneamente y domiciliadas en el mismo lugar que las empresas beneficiarias.
En ese contexto se produjo una auditoría interna en las cuentas del gremio que terminó con la salida de Claudio Balazic, secretario administrativo involucrado además en una investigación judicial por un presunto fraude de US$10 millones relacionado con un hotel de Camioneros en Mar del Plata. Tras su desplazamiento, Florencia Veliz, una joven cercana a Jerónimo Moyano, quedó supervisando la tesorería del sindicato y de la obra social.
El último movimiento conocido, por casi $2.580 millones en poco más de un mes, vuelve así a atravesar una estructura donde los recursos sindicales, la obra social, los fideicomisos y las empresas administradas por miembros del clan convergen en un mismo circuito económico, mientras la organización sanitaria de Camioneros continúa negociando con proveedores y droguerías para sostener prestaciones y atender un pasivo que ronda los $30.000 millones.
