Por Darío Rosatti
Buenos Aires – 17 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA | El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, redujeron el crecimiento explosivo de la morosidad familiar a una cuestión “entre privados”, pero los números permiten discutir esa explicación simplista: el 26,1% de los argentinos endeudados registra atrasos, el monto irregular ya representa el 17,5% de los créditos a personas físicas y acumula 20 meses consecutivos de aumento. El fenómeno coincide con ingresos deteriorados, tasas extraordinariamente elevadas, retracción del consumo interno, pérdida de empresas y empleos y una inversión pública severamente recortada para sostener el equilibrio fiscal. Las deudas son privadas; las condiciones económicas que determinan si millones de personas pueden pagarlas, en cambio, están directamente atravesadas por decisiones del Estado.
Más de 20 millones de argentinos mantienen actualmente deudas con bancos, tarjetas, billeteras virtuales y otros proveedores financieros. El volumen total del crédito a personas físicas asciende a unos $97,1 billones y la irregularidad por monto trepó al 17,5%, frente al 4,2% de fines de 2023. El deterioro no apareció de manera súbita: el estudio realizado por EcoGo y la Universidad Austral, sobre información del Banco Central de la República Argentina (BCRA), registró en junio el vigésimo incremento mensual consecutivo de la mora.
La explicación oficial se concentra en la responsabilidad contractual individual. Consultado sobre la situación, Milei preguntó retóricamente si a los deudores “les pusieron una pistola en la cabeza” para tomar crédito y sostuvo que trasladar el costo al Estado implicaría hacer pagar al conjunto de la sociedad. Caputo, aunque reconoció que existen tasas del 400%, 700% e incluso superiores que resultan “abusivas”, insistió en que la solución debe producirse entre acreedores y deudores y afirmó que no debe confundirse la empatía con las políticas públicas.
El argumento, sin embargo, omite el paso anterior: por qué millones de familias necesitaron endeudarse y por qué ahora una porción creciente dejó de poder cancelar las cuotas.
La economista Marina Dal Poggetto, directora de EcoGo, identifica precisamente una “insuficiencia de ingresos” de las familias y tasas de interés extremadamente elevadas entre los factores centrales. El cambio desde un régimen de alta inflación, en el que las cuotas tendían a licuarse, hacia otro de inflación descendente pero tasas reales mucho más altas modificó radicalmente la capacidad de pago. Al mismo tiempo, el crédito no bancario se volvió accesible mediante un teléfono celular, ampliando la cantidad de personas expuestas a financiamientos de muy alto costo.
En algunos préstamos personales bancarios las tasas nominales anuales se ubican actualmente entre 55% y 172%, mientras determinadas billeteras virtuales ofrecen financiamiento entre 48% y 260%. Cuando se incorporan comisiones, impuestos y otros cargos, el costo financiero total puede superar el 1.000% anual. La inflación, en contraste, fue de 2,1% en julio y acumuló 19,3% durante los primeros siete meses de 2026.
El problema tampoco puede aislarse de la evolución de los ingresos. El INDEC informó que los salarios aumentaron 35,9% interanual en mayo, pero la canasta básica total registró en julio una variación interanual del 36,1% y la alimentaria del 37,4%. Además, el promedio salarial registrado encubre diferencias profundas entre trabajadores privados, estatales, informales, jubilados y miembros de las fuerzas.
En agosto, por ejemplo, el haber mínimo del SIPA quedó establecido en $419.776, frente a un RIPTE de $1.915.878 correspondiente a junio. El salario mínimo vital y móvil se ubicó en $376.600. Millones de jubilados, trabajadores estatales y asalariados de menores ingresos destinan una parte creciente de esos recursos a alimentos, servicios, alquileres, medicamentos y transporte antes siquiera de comenzar a pagar tarjetas o préstamos.
La situación alcanza también a las Fuerzas Armadas (FFAA) y a distintos segmentos de las Fuerzas de Seguridad (FFSS) y de la Administración Pública Nacional (APN), cuyas recomposiciones salariales vienen acompañando los criterios restrictivos definidos por el Ministerio de Economía. Para agosto, un voluntario de segunda o marinero de segunda de las FFAA percibe un haber mensual de aproximadamente $732.000 y un cabo alrededor de $869.000, un piloto de F-16 gana $1.400.000, valores que muestran la distancia entre responsabilidades funcionales y capacidad adquisitiva. La actualización de junio, julio y agosto fue formalizada por los ministerios de Economía y Defensa. Hay pilotos que por la tarde-noche deben hecer Uber.
Es allí donde la frase “problema entre privados” pierde buena parte de su eficacia argumental. El Gobierno no determina quién decide comprar un electrodoméstico en cuotas ni cuánto crédito toma una familia, pero sí determina la política fiscal, monetaria y salarial del sector público; decide cuánto paga a militares, policías, empleados públicos y jubilados; define cuánto invierte en infraestructura y cuánto dinero retira o incorpora a la economía.
Y la inversión pública fue una de las variables utilizadas con mayor intensidad para alcanzar el superávit. La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) registró en abril una caída interanual real del 77,8% en la inversión real directa y del 47,5% en las transferencias de capital a las provincias. El gasto de capital total también mostró una contracción real interanual.
Ese ajuste mejora contablemente el resultado fiscal, pero tiene una contracara que no aparece en la misma columna del balance: una obra que no se ejecuta significa menos compra de cemento, acero, combustible, maquinaria y servicios; menos contratistas trabajando; menos salarios circulando y menor recaudación en las localidades donde esas obras deberían haberse realizado. Presentar el superávit sin considerar ese costo permite construir una fotografía fiscalmente favorable, aunque incompleta respecto del movimiento de la economía real.
Los indicadores de consumo también comenzaron a mostrar las dificultades. Las ventas minoristas de las PyMEs acumularon una caída real del 2,5% durante el primer semestre y en julio retrocedieron 3,8% interanual, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En los autoservicios mayoristas, el INDEC informó que las ventas reales de mayo habían caído 2,3% respecto del mismo mes de 2025. La gente debe comer menos.
El empleo tampoco permanece ajeno. Las estadísticas oficiales de trabajo mostraron una caída mensual del 0,1% en la cantidad total de trabajadores registrados en mayo, mientras la desocupación se ubicó en 7,8% durante el primer trimestre. Desde distintos relevamientos basados en registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) se contabilizaron además miles de empleadores menos desde fines de 2023, con especial impacto en industria, comercio y construcción.
La cadena económica es conocida: si cae el ingreso disponible, disminuye el consumo; cuando disminuye el consumo, los comercios venden menos; cuando las ventas no alcanzan, las empresas reducen costos, suspenden inversiones o personal y algunas terminan cerrando; los trabajadores que pierden ingresos dejan entonces de pagar tarjetas, créditos personales y cuotas. La morosidad aparece al final de esa secuencia, no al comienzo.
El propio BCRA registra la velocidad del deterioro. En noviembre de 2025 la mora de los hogares había llegado al 8,8%; en mayo de 2026 ya alcanzaba el 12,8% dentro del sistema bancario. Al mismo tiempo, entre los proveedores no financieros el organismo detectó que la irregularidad de los préstamos familiares había pasado del 6,6% en agosto de 2025 al 11,2% en febrero de este año, mientras en préstamos personales alcanzaba el 13,8%.
La discusión tampoco exige que el Estado pague las deudas privadas, como sugiere la respuesta presidencial. Existen instrumentos intermedios: refinanciaciones, límites o controles sobre costos financieros extremos, normas más estrictas de transparencia crediticia y programas de reestructuración. De hecho, administraciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ya comenzaron a implementar mecanismos de desendeudamiento con tasas inferiores y plazos mayores, mientras en el Congreso existen decenas de proyectos sobre el tema.
Incluso economistas que no atribuyen toda la mora al programa oficial reconocen que existe una combinación de crédito expansivo previo, tasas elevadas, cambio de régimen inflacionario e insuficiencia de ingresos. Reducir semejante fenómeno a una relación contractual entre dos particulares evita analizar aquello que sucede alrededor del contrato y que el Presidente y su ministro de economia, Luis Caputo, se niegan a ver.
Allí aparece la principal contradicción del discurso oficial. La deuda individual pertenece al deudor y nadie puede pretender que el Estado cancele obligaciones libremente asumidas. Pero cuando millones de personas comienzan simultáneamente a dejar de pagar, cuando la mora se cuadruplica desde diciembre de 2023 y acumula veinte meses consecutivos de deterioro, ya no se está observando únicamente una suma de decisiones privadas sino un indicador macroeconómico.
El Gobierno puede sostener que no rescatará deudores y preservar así el principio de responsabilidad individual. Pero presentarlo como ajeno es el contexto que administra: política monetaria restrictiva, salarios públicos, jubilaciones, tasas, obra pública, nivel de gasto y velocidad de recuperación de la actividad. De hecho, mientras el agro, la energía y el sector externo muestran números favorables, la recuperación sigue siendo considerablemente más débil en sectores dependientes del mercado interno, como comercio, industria y construcción.
Por eso, la pregunta relevante ya no es únicamente quién firmó un préstamo. Es cuántos argentinos conservan ingresos suficientes para pagarlo después de cubrir comida, alquiler, servicios y transporte. Los próximos datos del BCRA permitirán saber si la vigésima suba mensual de la mora fue el techo o si la economía argentina entró en una etapa en la cual el orden fiscal convive con una cadena de pagos doméstica cada vez más deteriorada.
Fuentes consultadas: Banco Central de la República Argentina, INDEC, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, Boletín Oficial, ASAP, CAME, Universidad Austral, EcoGo, El País y antecedentes económicos de Total News Agency (TNA).
