La Cámara de Diputados aprobó por 147 votos contra 93 la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), firmado por el país en 1970 y pendiente de ratificación legislativa desde hace casi tres décadas. La iniciativa simplifica el acceso de inventores y empresas argentinas al sistema internacional de patentes, pero volvió al Senado porque Diputados incorporó una reserva sobre el Capítulo II, vinculado al examen preliminar internacional, luego de fuertes objeciones de laboratorios nacionales preocupados por el impacto sobre medicamentos y genéricos.
Buenos Aires – 27 de agosto de 2026 – Total News Agency – TNA – El gobierno de Javier Milei consiguió otra amplia mayoría en la Cámara de Diputados y logró aprobar la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), una iniciativa largamente postergada que busca integrar al país de manera más profunda al sistema internacional de propiedad intelectual y facilitar que investigadores, universidades, emprendedores y empresas puedan proteger sus desarrollos en múltiples mercados mediante un procedimiento inicial unificado.
La iniciativa reunió 147 votos afirmativos y 93 negativos, sin abstenciones, pero no quedó convertida en ley. Como Diputados incorporó una reserva al Capítulo II del tratado, el texto deberá regresar al Senado, que ya lo había aprobado en septiembre de 1998 y ahora tendrá que pronunciarse sobre la modificación introducida por la Cámara baja.
La adhesión al PCT constituye una de las iniciativas que el Gobierno retomó con mayor insistencia dentro de su estrategia de apertura económica, integración internacional y fortalecimiento de la propiedad intelectual. También quedó vinculada al Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos entre Argentina y Estados Unidos, firmado el 5 de febrero de este año en Washington por el canciller Pablo Quirno y el representante comercial estadounidense Jamieson Greer.
Ese acuerdo bilateral incluyó compromisos específicos de la Argentina para mejorar la protección de la propiedad intelectual, reducir demoras en el otorgamiento de patentes, revisar criterios de patentabilidad y avanzar en tratados internacionales pendientes. En su informe Special 301 de 2026, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos destacó expresamente esos compromisos y trasladó a la Argentina desde la Priority Watch List hacia la Watch List, una categoría de menor cuestionamiento.
El PCT no crea una patente mundial ni obliga automáticamente a la Argentina a aceptar solicitudes extranjeras. Su funcionamiento consiste en permitir que un inventor presente una solicitud internacional única y postergue durante un período la necesidad de iniciar trámites independientes en cada jurisdicción donde pretende obtener protección.
Ese mecanismo puede reducir costos iniciales, evitar duplicaciones y otorgar más tiempo para evaluar la viabilidad comercial de una invención antes de asumir los gastos que supone patentar en numerosos países.
Actualmente participan del sistema 158 países, lo que convierte al PCT en una de las principales herramientas mundiales para internacionalizar innovaciones. Para empresas tecnológicas argentinas, universidades, investigadores científicos, laboratorios, compañías agroindustriales o desarrolladores de maquinaria, la adhesión puede facilitar considerablemente la salida hacia mercados externos.
La diputada libertaria Juliana Santillán, miembro informante del oficialismo, sostuvo durante el debate que el tratado permitirá “proporcionar a nuestros científicos y emprendedores las herramientas necesarias para competir en el mercado global” y subrayó que cada patente seguirá siendo examinada por la autoridad argentina conforme a las leyes nacionales.
El punto más conflictivo apareció en el sector farmacéutico.
Las cámaras CILFA y Cooperala, que representan una parte importante de los laboratorios nacionales, desarrollaron durante meses una intensa actividad institucional para advertir sobre las posibles consecuencias que una adhesión plena podría tener sobre la industria local de medicamentos.
La preocupación se concentró especialmente en el Capítulo II, que contempla el denominado Examen Preliminar Internacional, mecanismo que permite obtener una evaluación adicional sobre la patentabilidad antes de ingresar a la fase nacional.
Diputados aprobó finalmente la adhesión con reserva de ese capítulo, preservando mayores facultades locales en la evaluación técnica de determinadas solicitudes y respondiendo a uno de los principales reclamos de la industria farmacéutica argentina.
El argumento de los laboratorios nacionales es que un esquema internacional más ágil puede facilitar la presentación de solicitudes de grandes compañías multinacionales y prolongar disputas sobre exclusividad, particularmente en medicamentos de alto precio.
Para el sector farmacéutico local, el problema central está en la aparición de medicamentos genéricos y biosimilares. Cuando una patente válida bloquea la producción de una versión equivalente, los competidores deben esperar su vencimiento o impugnarla antes de ingresar al mercado.
La industria nacional sostiene que una mayor facilidad para presentar patentes internacionales podría extender ese tipo de litigios y generar efectos sobre los costos del sistema sanitario, especialmente en medicamentos de alta complejidad.
El oficialismo respondió que el PCT no modifica los requisitos sustantivos establecidos por la legislación argentina y que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) continuará teniendo la última palabra sobre cada solicitud.
En otras palabras, una compañía estadounidense, europea, china o japonesa podrá utilizar el PCT para iniciar de manera más sencilla el procedimiento, pero deberá atravesar posteriormente el examen nacional y cumplir las exigencias argentinas para obtener protección efectiva.
Esa característica distingue el tratado de un régimen de reconocimiento automático.
También explica por qué el Gobierno presenta la iniciativa como una herramienta de doble vía. No solamente facilita la entrada de solicitudes extranjeras: permite que inventores argentinos utilicen el mismo mecanismo para intentar proteger sus desarrollos en decenas de mercados sin comenzar desde cero en cada uno de ellos.
La Argentina había firmado el PCT en 1970, año en que el tratado fue adoptado en Washington, pero nunca completó el procedimiento interno necesario para convertirse en Estado parte efectivo. El Senado otorgó media sanción a la adhesión en 1998, pero Diputados no completó el tratamiento durante casi 28 años.
La votación de esta madrugada modificó finalmente ese escenario, aunque la reserva introducida obliga ahora a que el Senado vuelva a intervenir.
La discusión también quedó atravesada por la creciente aproximación económica entre los gobiernos de Milei y Donald Trump.
El acuerdo bilateral firmado en febrero concede mejores condiciones comerciales para numerosos productos y profundiza la apertura del mercado argentino a bienes estadounidenses, incluidos medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnología, dispositivos médicos y automotores. Estados Unidos, por su parte, acordó eliminar aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos, con exportaciones potencialmente recuperables por más de US$1.000 millones, según la Cancillería.
La adhesión al PCT constituye uno de los compromisos que Washington viene promoviendo dentro de esa agenda más amplia de convergencia regulatoria.
El ex canciller Santiago Cafiero cuestionó precisamente esa relación durante el debate y sostuvo que el Gobierno está concediendo herramientas reclamadas por Estados Unidos sin que exista todavía claridad suficiente sobre todos los beneficios recíprocos.
Cafiero también introdujo otra objeción: la efectividad de un sistema internacional de patentes depende de la capacidad de cada país para producir conocimiento e innovación.
Según su planteo, resulta contradictorio pretender aumentar la cantidad de patentes argentinas en el exterior mientras científicos, universidades y organismos tecnológicos denuncian restricciones presupuestarias y dificultades de financiamiento interno.
Ese punto toca un aspecto estructural del debate.
El PCT puede simplificar trámites, pero no genera por sí mismo inventos, empresas tecnológicas o investigación científica. Los países que más utilizan el sistema son también aquellos con mayor inversión privada y pública en investigación y desarrollo.
La verdadera oportunidad para Argentina aparecerá si empresas y centros científicos consiguen convertir desarrollos locales en productos exportables y utilizar el nuevo mecanismo para defender su propiedad intelectual en mercados internacionales.
Para sectores como biotecnología, agroindustria, software aplicado, maquinaria agrícola, medicina, energía, litio, nanotecnología y tecnología nuclear, la herramienta puede resultar especialmente relevante.
La contracara es el ingreso potencialmente más fluido de solicitudes provenientes de economías con mucha mayor capacidad de investigación y recursos jurídicos.
Ese desequilibrio explica la resistencia de sectores nacionales que temen enfrentar una competencia creciente frente a multinacionales capaces de presentar miles de patentes cada año y sostener litigios internacionales durante períodos prolongados.
La reserva sobre el Capítulo II fue la solución política encontrada para reunir una mayoría amplia y destrabar un expediente acumulado durante casi tres décadas.
El Gobierno consiguió así avanzar con otro componente de su agenda internacional después de las medias sanciones obtenidas en la misma sesión para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal II.
El Senado deberá decidir ahora si acepta la reserva incorporada por Diputados. Una vez completado ese paso y depositado el instrumento correspondiente, Argentina podrá iniciar finalmente su incorporación efectiva al sistema PCT, cerrando una discusión legislativa abierta desde 1998 y colocando a sus inventores dentro de una red internacional de patentes utilizada por la enorme mayoría de las economías desarrolladas y emergentes.
Fuentes consultadas: Cámara de Diputados de la Nación; Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI/WIPO); Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI); Cancillería Argentina; Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR); informe Special 301 2026; cámaras farmacéuticas CILFA y Cooperala; antecedentes legislativos del PCT y documentación del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos Argentina-Estados Unidos.
