El oficialismo consiguió 139 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones para ampliar el régimen de Inocencia Fiscal y girarlo al Senado. La reforma elimina topes de ingresos y patrimonio, limita las facultades de ARCA para impugnar declaraciones, reduce multas para MiPyMEs y excluye de los beneficios a funcionarios y exfuncionarios de los últimos cinco años. El Gobierno busca movilizar hacia el circuito formal parte de los casi US$179.000 millones que calcula fuera del sistema financiero.
Buenos Aires – 27 de agosto de 2026 – Total News Agency – TNA – El gobierno de Javier Milei consiguió una segunda victoria legislativa de peso en la maratónica sesión de la Cámara de Diputados al obtener la media sanción de Inocencia Fiscal II, la reforma impulsada por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, para ampliar el universo de contribuyentes que puedan formalizar ahorros y patrimonio que permanecen fuera del circuito financiero.
El proyecto fue aprobado con 139 votos afirmativos, 110 negativos y 2 abstenciones y será girado ahora al Senado, donde el oficialismo espera reunir los apoyos necesarios para convertirlo en ley.
La iniciativa fue acompañada por La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR, el MID, bloques provinciales y parte de Provincias Unidas, mientras el peronismo, la izquierda y sectores opositores más críticos rechazaron el texto.
El objetivo declarado del Gobierno es modificar la relación entre el fisco y los contribuyentes y reducir el temor a ingresar dinero al sistema bancario por eventuales cuestionamientos posteriores de ARCA.
La administración libertaria estima que existen alrededor de US$179.000 millones en poder de argentinos fuera del sistema financiero formal y considera que una parte de esos fondos podría incorporarse al crédito, la inversión, el mercado inmobiliario y otras actividades productivas si se reducen los riesgos fiscales percibidos por quienes los poseen.
La reforma amplía el régimen simplificado creado a fines de 2025 y elimina los límites que hasta ahora restringían su utilización a contribuyentes con ingresos de hasta $1.000 millones y patrimonios inferiores a $10.000 millones.
Ese cambio constituye uno de los puntos centrales de Inocencia Fiscal II porque permite que contribuyentes de patrimonios considerablemente superiores ingresen al sistema simplificado.
El Gobierno argumenta que el objetivo no es ofrecer una amnistía fiscal convencional ni eliminar impuestos adeudados, sino establecer un mecanismo bajo el cual el contribuyente declara y paga Ganancias mientras ARCA ve acotada su capacidad para cuestionar automáticamente el origen y composición de su patrimonio.
La reforma introduce además una nueva definición de “discrepancia significativa”.
El organismo recaudador podrá impugnar el régimen cuando detecte una inconsistencia equivalente a por lo menos 15% del impuesto determinado, aunque el texto incorpora también parámetros nominales destinados a evitar observaciones por diferencias menores.
Durante el tratamiento parlamentario, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado explicó que no será considerada significativa una diferencia igual o inferior al 5% del umbral vigente del Régimen Penal Tributario, cifra actualmente equivalente a aproximadamente $5 millones.
El contribuyente dispondrá además de un plazo de 15 días hábiles para rectificar su declaración e ingresar la diferencia correspondiente antes de perder las protecciones del régimen.
Otro cambio importante se refiere a la carga de la prueba.
La reforma establece que será ARCA la que deberá fundamentar sus impugnaciones utilizando declaraciones del propio contribuyente, registros oficiales, información sistémica o datos aportados por terceros.
También se restringe la utilización de determinadas presunciones fiscales. Entre ellas aparece la presunción basada exclusivamente en depósitos bancarios, cuya aplicación quedaría limitada hasta fines de 2027 para quienes ingresen al régimen.
La modificación busca atacar uno de los principales temores que, según Economía, desalientan la bancarización de fondos: que un contribuyente deposite dinero acumulado durante años y posteriormente deba justificar individualmente cada movimiento frente al organismo recaudador.
La discusión adquirió otra dimensión cuando los bloques aliados exigieron excluir a los funcionarios públicos.
El oficialismo aceptó incorporar una cláusula por la cual quienes ocupen o hayan ocupado cargos públicos relevantes durante los cinco años anteriores a la adhesión podrán utilizar formalmente la declaración simplificada para presentar Ganancias y pagar el saldo correspondiente, pero quedarán afuera de las presunciones favorables y restantes beneficios fiscales.
La restricción alcanza a funcionarios nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de legisladores nacionales y provinciales, concejales, parlamentarios del Mercosur, jueces, fiscales, integrantes del Ministerio Público, defensores del Pueblo y autoridades de organismos institucionales.
El cambio respondió a las fuertes críticas generadas por la primera versión del régimen.
Durante los últimos meses se conoció que funcionarios y dirigentes políticos habían utilizado Inocencia Fiscal, entre ellos el exjefe de Gabinete Manuel Adorni y el actual ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
La controversia creció además por el antecedente del exdiputado José Luis Espert, uno de los impulsores originales del régimen y posteriormente involucrado en una investigación relacionada con el empresario Federico “Fred” Machado.
Ese contexto llevó a los bloques dialoguistas a exigir una separación clara entre contribuyentes privados y personas que ejercen o ejercieron funciones públicas.
La diputada Gisela Scaglia, de Provincias Unidas, resumió el argumento durante el debate al señalar que un funcionario no puede utilizar la “inocencia fiscal” como explicación automática sobre el origen de su patrimonio.
Scaglia apoyó el proyecto después de la incorporación de la exclusión, aunque reclamó que la restricción alcance también a cónyuges y familiares de funcionarios.
Ese punto quedó abierto.
La prohibición incorporada alcanza directamente al funcionario o exfuncionario, pero no se extiende automáticamente a familiares que mantengan patrimonios propios o sociedades independientes.
La cuestión adquirió sensibilidad por investigaciones patrimoniales recientes y por la utilización de regímenes fiscales simplificados por personas vinculadas con integrantes del Gobierno.
El proyecto incorpora también un alivio específico para pequeñas y medianas empresas.
Las MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no sean consideradas Grandes Contribuyentes Nacionales recibirán una reducción automática del 25% en determinadas multas formales.
El Gobierno presenta esa modificación como una herramienta destinada a reducir el costo de errores administrativos y evitar que pequeñas empresas enfrenten sanciones desproporcionadas respecto de su volumen operativo.
La oposición concentró sus críticas en las limitaciones impuestas a ARCA.
El diputado Martín Lousteau advirtió que el proyecto debilita las capacidades de fiscalización frente a evasores seriales, narcotráfico y corrupción y sostuvo que detrás de la simplificación tributaria podría esconderse una reducción excesiva de las facultades del Estado para analizar el origen de los fondos.
Con ironía, propuso denominar la iniciativa “ley de facilitación e impunidad de la evasión” y llegó a bautizarla “ley Adorni-Espert”.
Desde Unión por la Patria, distintos legisladores calificaron el esquema como un nuevo blanqueo y cuestionaron que personas con patrimonios importantes puedan ingresar dinero al circuito formal bajo estándares de verificación más acotados.
El oficialismo respondió que el sistema no elimina las investigaciones por delitos.
Rodríguez Machado sostuvo que ante una denuncia penal o indicios de una conducta ilícita las presunciones favorables desaparecen y las autoridades conservan las facultades correspondientes para investigar.
También recordó que los funcionarios continúan obligados a presentar sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción y permanecen alcanzados por las normas sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP).
El debate revela una diferencia conceptual más profunda.
Para el Gobierno, el elevado volumen de dólares fuera del sistema constituye fundamentalmente un problema de desconfianza fiscal: ciudadanos que durante décadas conservaron ahorros fuera de los bancos por miedo a confiscaciones, controles cambiarios, cambios tributarios o cuestionamientos del organismo recaudador.
Para la oposición, reducir excesivamente la capacidad estatal de reconstruir el origen patrimonial puede generar espacios para evasión estructural y circulación de dinero procedente de actividades ilegales.
El desafío estará precisamente en ese equilibrio.
Argentina posee una de las mayores tenencias de dólares físicos fuera del sistema financiero en relación con el tamaño de su economía. Las sucesivas crisis bancarias, cepos cambiarios, pesificaciones y modificaciones impositivas generaron durante décadas una cultura de ahorro fuera de los bancos.
Caputo pretende convertir al menos una parte de ese stock en capital disponible para financiar crédito, consumo e inversión.
La primera Inocencia Fiscal logró menos de 100.000 adhesiones, una cifra considerada insuficiente dentro del Ministerio de Economía frente al volumen estimado de dinero informal.
La eliminación de los topes patrimoniales intenta ampliar significativamente ese universo.
Si el Senado convierte la reforma en ley, un contribuyente podrá ingresar al régimen simplificado independientemente del tamaño de sus ingresos o patrimonio, siempre que cumpla las restantes condiciones y no se encuentre comprendido entre los funcionarios excluidos.
El tratamiento legislativo mostró además la estrategia del Gobierno para construir mayorías.
La exclusión de funcionarios no formaba parte del núcleo original de la propuesta, pero fue aceptada para sumar votos de aliados que reclamaban mayores garantías de transparencia.
La misma sesión había dado pocas horas antes media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con lo cual el oficialismo consiguió avanzar simultáneamente sobre dos iniciativas centrales de su programa financiero: restringir el financiamiento monetario del Tesoro y facilitar la incorporación de ahorros privados al circuito formal.
El Senado tendrá ahora que definir si confirma ese segundo componente.
La discusión allí volverá probablemente sobre el alcance de las facultades de ARCA, la exclusión de funcionarios y familiares, las garantías frente al lavado de activos y la posibilidad concreta de que el régimen consiga finalmente movilizar una porción significativa de los dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema.
Fuentes consultadas: Cámara de Diputados de la Nación; texto del proyecto de Inocencia Fiscal II; ARCA; Ministerio de Economía; La Nación; Infobae; Clarín; intervenciones parlamentarias de Laura Rodríguez Machado, Gisela Scaglia, Martín Lousteau y Nicolás Mayoraz; antecedentes del régimen de Inocencia Fiscal sancionado en 2025.
