El gobernador de Córdoba busca proyectar influencia sobre la Justicia federal en un distrito decisivo para el corredor del Mercosur. El Concurso 517 del Consejo de la Magistratura dejó en carrera a Agustina Felizia, pareja del juez federal Carlos Ochoa y respaldada por sectores de la Lista Bordó, mientras una terna alternativa incorpora a Federico Robledo, funcionario del Ministerio de Justicia provincial. En el trasfondo aparecen Diego Molea, el hijo del gobernador Francisco Llaryora Crivello y una disputa que podría dejar fuera a Carolina Ludueña, funcionaria de carrera del propio tribunal. Otro postulante, Santiago Díaz Cafferata, ya había sido excluido en 2020 de un concurso para ese mismo juzgado por antecedentes disciplinarios vinculados con maltrato laboral.
Córdoba – 27 de agosto de 2026 – Total News Agency – TNA – El gobernador Martín Llaryora comenzó a mover piezas sobre uno de los juzgados federales más sensibles del este cordobés: el Juzgado Federal de Primera Instancia de San Francisco, vacante desde la muerte de Pablo Montesi en agosto de 2024 y con competencia sobre causas de narcotráfico, delitos económicos, tributarios, contrabando, trata de personas y otras investigaciones relacionadas con uno de los corredores terrestres que conecta el centro de la Argentina con el sistema logístico del Mercosur.
La disputa se desarrolla dentro del Concurso 517 del Consejo de la Magistratura de la Nación, al que inicialmente se presentaron 158 postulantes y que entró este mes en su etapa decisiva después de las entrevistas personales realizadas a doce candidatos el 6 de agosto.
El concurso adquirió una dimensión política porque dos nombres relacionados con la estructura del gobernador consiguieron avanzar dentro del proceso: Agustina Leonor Felizia, secretaria Penal del juzgado federal de San Francisco, y Federico Robledo, actual secretario de Coordinación del Ministerio de Justicia de Córdoba.
Felizia aparece como la candidata de mayor interés para el entramado político local.
La funcionaria judicial mantiene una relación de pareja con Carlos Ochoa, titular del Juzgado Federal de Río Cuarto, magistrado relacionado con la Lista Bordó dentro de la Asociación de Magistrados y vinculado políticamente con el camarista de Casación y consejero de la Magistratura Diego Barroetaveña.
La situación adquiere una particular sensibilidad porque Ochoa ha tenido además responsabilidades como juez subrogante en otros tribunales federales de Córdoba y, desde agosto, pasó a intervenir temporalmente también en San Francisco.
Una eventual designación de Felizia podría colocar a la pareja en posiciones judiciales decisivas dentro de dos puntos del corredor federal cordobés, mientras otro concurso deberá definir la vacante existente en Villa María.
En San Francisco existe además otro vínculo directo con el poder provincial.
Francisco “Pancho” Llaryora Crivello, hijo del gobernador, trabaja como prosecretario en el mismo juzgado y es señalado en ámbitos judiciales cordobeses como uno de los impulsores de la candidatura de Felizia.
Felizia ingresó a la Justicia federal en 2014 como escribiente auxiliar y cuatro años después fue ascendida a secretaria Penal por Montesi, entonces juez subrogante. Cuando Montesi obtuvo finalmente la titularidad del tribunal en 2023, Felizia quedó consolidada en uno de los cargos internos de mayor relevancia.
En apenas una década pasó de escribiente auxiliar a encontrarse en condiciones de convertirse en jueza federal.
En el orden de mérito previo a las entrevistas del Concurso 517 había quedado sexta, con 147,05 puntos.
Por delante aparecían Santiago Díaz Cafferata, con 172,80; Andrés Agustín Da Rold, con 161,50; Federico Robledo, con 155,40; Luciano Andrés Covelli, con 154,80, y Juan Manuel Vicente, con 148,15.
Carolina María Ludueña, otra funcionaria del juzgado de San Francisco, figuraba novena con 140,70 puntos.
Después de las entrevistas personales, el escenario cambió.
Una de las propuestas de terna quedó conformada por Santiago Díaz Cafferata, Agustina Felizia y Carolina Ludueña.
Pero apareció además una propuesta alternativa impulsada por el consejero Hugo Galderisi, funcionario de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora vinculado con Diego Molea, que reemplaza a Ludueña por Robledo y deja la terna integrada por Díaz Cafferata, Robledo y Felizia.
El movimiento tiene una consecuencia política evidente: los dos postulantes identificados con el esquema de poder llaryorista quedarían simultáneamente dentro de una misma terna, mientras Ludueña perdería la posibilidad de competir.
Galderisi no aparece aislado.
La propuesta recibió respaldo de María Fernanda Vázquez, decana de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y presidenta de la Comisión de Selección de Magistrados, mientras el consejero César Grau se abstuvo.
La presencia del espacio de Lomas de Zamora dentro de la discusión tiene otro componente político.
Diego Molea, rector de esa universidad y figura de larga trayectoria dentro del Consejo de la Magistratura, mantuvo una reunión con Llaryora el 4 de agosto, apenas dos días antes de que se realizaran las entrevistas del Concurso 517.
Ese encuentro fue presentado públicamente dentro de la agenda institucional del gobernador, pero adquirió otra lectura dentro de los tribunales cordobeses por la inmediatez con el proceso de selección de San Francisco.
Molea ocupa desde hace años una posición central dentro de la política judicial nacional y su estructura universitaria posee representantes en distintas instancias del Consejo.
El gobernador ya había intentado previamente avanzar sobre espacios relevantes de la Justicia federal cordobesa.
Uno de los nombres promovidos desde su entorno fue Ignacio Segura, ex presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, quien apareció inicialmente como aspirante a suceder al polémico Ricardo Bustos Fierro en el estratégico Juzgado Federal N°1 de Córdoba, vacante desde enero de 2023.
Caída esa posibilidad, el nombre de Segura comenzó a circular para ocupar alguno de los dos sillones vacantes que durante años condicionaron el funcionamiento de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
Uno de ellos había quedado disponible tras el fallecimiento del camarista Luis Roberto Rueda en agosto de 2021, dejando una vacante en la Sala B. La segunda se produjo con la salida de Ignacio Vélez Funes, quien renunció en 2023 después de denuncias formuladas por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) por violencia laboral, maltrato y acoso contra personal de su dependencia.
La vacante dejada por Rueda tuvo especial importancia porque mantuvo incompleta durante años una de las dos salas del máximo tribunal federal cordobés y abrió otra disputa por la composición de una Cámara que revisa las decisiones de todos los jueces federales de la provincia.
Segura tampoco logró imponerse en esa instancia.
Las vacantes de la Cámara terminaron ingresando en el proceso de normalización impulsado desde el Poder Ejecutivo nacional. María Soledad Mancini fue propuesta para completar la Sala A, presidida por Graciela Montesi e integrada también por Eduardo Ávalos, mientras Facundo Cortés Olmedo avanzó para incorporarse a la Sala B, encabezada por Abel Sánchez Torres y con Liliana Navarro como vocal. Ambos candidatos obtuvieron el aval de la Comisión de Acuerdos del Senado, dejando atrás las pretensiones del llaryorismo de colocar a Segura en alguno de aquellos sillones.
Esa sucesión de intentos permite observar que la ofensiva sobre San Francisco no constituye un movimiento aislado. Primero estuvo el Juzgado Federal N°1 de Córdoba; después las vacantes de la Cámara producidas por la muerte de Rueda y la salida de Vélez Funes; y ahora el concurso por el tribunal federal de la ciudad donde Llaryora construyó originalmente su capital político.
La oportunidad se presenta en San Francisco, ciudad donde Llaryora fue intendente entre 2007 y 2015 y desde donde edificó buena parte de su estructura política.
El tribunal posee además una importancia que excede la política local.
San Francisco se encuentra sobre uno de los principales ejes carreteros de comunicación entre Córdoba y Santa Fe y forma parte del corredor utilizado por cargas que conectan el centro productivo argentino con Brasil, Uruguay y Paraguay.
Las causas federales que se tramitan allí incluyen investigaciones sobre narcotráfico, delitos tributarios, contrabando, lavado, trata y criminalidad económica, lo que convierte a la conducción del juzgado en una posición particularmente sensible.
A esa disputa se agrega un tercer elemento: los antecedentes de Santiago Díaz Cafferata, actual secretario Civil del tribunal y primero en el orden de mérito.
No es la primera vez que intenta convertirse en juez federal de San Francisco.
En 2020, el propio Consejo de la Magistratura lo excluyó del Concurso 419 para ocupar ese mismo cargo debido a una sanción disciplinaria relacionada con el trato dispensado a una empleada y porque durante el proceso no habría informado adecuadamente que aquella sanción había sido confirmada.
La resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba le había impuesto tres días de suspensión sin goce de sueldo por un episodio ocurrido en 2015.
El tribunal consideró que Díaz Cafferata había actuado de manera “indebida, desmesurada y desproporcionada” al levantarle la voz a una empleada de menor jerarquía y utilizar vocabulario inapropiado dentro del ámbito laboral.
Durante aquel expediente declararon distintos empleados y una mujer policía que había presenciado uno de los episodios.
La agente relató que observó al funcionario muy exaltado y que decidió acercarse porque consideró que podía ser necesaria su intervención.
En 2020 el Consejo resolvió finalmente excluirlo del concurso que terminaría ganando Pablo Montesi.
Uno de los consejeros que entonces defendió esa exclusión fue el diputado del PRO Pablo Tonelli, quien sostuvo que existía una cuestión vinculada con violencia laboral y género que debía ser especialmente considerada.
También Vanesa Siley, representante kirchnerista que continúa vinculada con el Consejo, había cuestionado duramente su postulación en aquel momento.
Seis años después, Díaz Cafferata volvió a presentarse y terminó encabezando el orden de mérito del nuevo Concurso 517.
El antecedente genera ahora una situación singular: el Consejo deberá decidir si una circunstancia que en 2020 fue considerada suficiente para impedir su llegada a la magistratura continúa teniendo peso institucional o si su nueva postulación supera aquel impedimento.
La discusión sobre Díaz Cafferata puede terminar jugando además a favor de Felizia.
Si el primer candidato pierde respaldo por sus antecedentes disciplinarios y Ludueña queda afuera mediante la terna alternativa impulsada desde el espacio de Molea, Felizia podría terminar convertida en la postulante con mejores posibilidades dentro de la negociación política.
La candidatura de Carolina Ludueña aparece en el extremo opuesto de esa disputa.
Funcionaria de carrera dentro del propio juzgado, ocupa actualmente el cargo de jefa de Despacho y es señalada dentro de tribunales de San Francisco como una postulante que no posee detrás una estructura partidaria o universitaria equivalente a la de sus competidores.
Su permanencia o exclusión se convirtió por ello en uno de los puntos más importantes del concurso.
La batalla excede incluso la vacante de San Francisco.
En paralelo avanza el Concurso 514, destinado al Juzgado Federal de Villa María, mientras Carlos Ochoa conserva su titularidad en Río Cuarto y ha ejercido distintas subrogancias dentro de la jurisdicción cordobesa.
Dentro de la interna judicial también aparece Lucía Storani, secretaria vinculada con Ochoa, como una de las candidatas mencionadas para Villa María.
De prosperar ambos movimientos, el corredor judicial formado por Río Cuarto, Villa María y San Francisco quedaría atravesado por relaciones personales y políticas dentro de un mismo espacio de magistrados.
La experiencia cordobesa ofrece un antecedente conocido.
En la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, los jueces Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi conforman otra pareja dentro de posiciones relevantes de la estructura federal que garantizan mayoría automática dada su situación de pareja.
Por eso la eventual llegada de Felizia al juzgado de San Francisco volvió a colocar sobre la mesa un debate que el Poder Judicial evita desde hace años: hasta dónde los vínculos familiares, sentimentales, políticos y asociativos entre magistrados y candidatos pueden generar concentraciones informales de influencia dentro de una jurisdicción.
El Consejo de la Magistratura debe ahora resolver qué terna eleva al Poder Ejecutivo.
Si no existe acuerdo entre las propuestas actualmente enfrentadas, el Concurso 517 deberá volver al plenario del Consejo, donde la definición dependerá de una negociación entre representantes de jueces, abogados, académicos, diputados, senadores y el Poder Ejecutivo.
Allí quedará expuesta la verdadera correlación de fuerzas.
Llaryora llega a esa instancia con su hijo trabajando dentro del tribunal, con Robledo en carrera desde el Ministerio de Justicia provincial y con Felizia, vinculada con Ochoa y sectores de la Lista Bordó, colocada dentro de las principales alternativas.
La definición será particularmente relevante para un gobernador que se encamina hacia la disputa electoral de 2027 mientras consolida su estructura provincial y busca aumentar el peso del cordobesismo dentro de instituciones que continuarán funcionando cualquiera sea el resultado electoral.
En San Francisco, entretanto, la vacante dejada por Pablo Montesi lleva dos años abierta y el concurso que debía cerrarla terminó transformándose en otra batalla por el control político de los resortes judiciales de Córdoba.
Fuentes consultadas: documentación de los Concursos 517, 514 y antecedentes del Consejo de la Magistratura de la Nación; registros sobre las vacantes producidas por el fallecimiento de Luis Roberto Rueda, la renuncia de Ignacio Vélez Funes y el retiro de Ricardo Bustos Fierro; convocatoria oficial y entrevistas del 6 de agosto de 2026; resoluciones y antecedentes del Concurso 419; registros del Poder Judicial de la Nación; antecedentes disciplinarios de Santiago Díaz Cafferata; actuaciones de la Comisión de Selección de Magistrados; Total News Agency
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