Quince años después del estallido de uno de los mayores escándalos de la obra pública kirchnerista, el juicio por Sueños Compartidos quedó a las puertas de la sentencia. La Fiscalía pidió seis años de prisión para Julio De Vido, José López, Abel Fatala y Sergio y Pablo Schoklender por un esquema que habría desviado al menos $206,4 millones destinados a viviendas sociales. Las defensas reclamaron absoluciones y, en varios casos, la prescripción de la acción penal.
Buenos Aires – 29 de agosto de 2026 – Total News Agency – TNA – El juicio por la causa Sueños Compartidos ingresó en su tramo final después de una investigación que se inició hace quince años y que ahora enfrenta a los principales acusados con la posibilidad de una nueva condena o una absolución por falta de responsabilidad penal o prescripción.
El Tribunal Oral Federal N°5, integrado por Adriana Palliotti, Adrián Grünberg y Ricardo Basílico, terminó de escuchar esta semana los alegatos de las defensas de los nueve imputados. El próximo paso serán las réplicas, previstas para comienzos de septiembre, luego las últimas palabras y finalmente el veredicto.
Entre los acusados aparecen el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, el exsubsecretario Abel Fatala y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, antiguos apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
El fiscal Diego Velasco pidió seis años de prisión para los cinco por administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado. Para Carlos Castellano, Daniel Freidin, Daniel Nasif y Karina Nasif solicitó cuatro años.
La acusación sostiene que la Secretaría de Obras Públicas transfirió $748.719.414,64 a la Fundación para ejecutar viviendas sociales y que al menos $206.438.454,05 fueron desviados de su destino específico. Ese monto, que representa aproximadamente una cuarta parte de los fondos investigados, fue definido por la Fiscalía como el “piso del daño” y se pidió que sea actualizado por inflación si existen condenas.
Según el Ministerio Público, entre 2005 y 2011 funcionó un sistema que permitió adjudicar directamente obras a la Fundación sin los controles ordinarios de una licitación pública. El programa se extendió a distintas provincias y municipios y tenía como objetivo construir viviendas para sectores vulnerables, aunque numerosas obras quedaron inconclusas mientras parte del dinero terminó bajo investigación.
Velasco describió durante su alegato la existencia de un “plan criminal” y sostuvo que funcionarios públicos y responsables de Sueños Compartidos actuaron coordinadamente para sustraer fondos previstos en el presupuesto nacional. También reclamó el decomiso de bienes por el monto del perjuicio atribuido.
Las defensas rechazaron esa hipótesis. Los abogados de De Vido sostuvieron que el exministro no intervino personalmente en las maniobras investigadas y solicitaron su absolución. La defensa de José López y de otros imputados cuestionó también la valoración de peritajes y negó que la acusación haya demostrado un acuerdo criminal entre funcionarios y administradores de la Fundación.
El argumento que puede resultar decisivo es la prescripción. Varias defensas sostuvieron que el último acto interruptivo ocurrió el 8 de julio de 2020, cuando el tribunal realizó una primera citación a juicio, y afirmaron que desde entonces transcurrió el plazo máximo previsto para el delito. El TOF 5 deberá resolver ese planteo antes o junto con la sentencia de fondo.
La discusión volvió a poner bajo la lupa la extraordinaria demora del expediente. Los hechos investigados ocurrieron principalmente entre 2008 y 2011, pero el juicio oral comenzó recién en marzo de 2026. Hebe de Bonafini, quien había sido procesada en la causa, murió en 2022 sin llegar al debate oral.
Para De Vido y López, el fallo puede agregar nuevas condenas a una extensa trayectoria judicial vinculada con la obra pública kirchnerista. Ambos ya fueron condenados en otras causas, mientras López quedó asociado públicamente desde 2016 con los bolsos que contenían casi nueve millones de dólares que intentó ocultar en un convento de General Rodríguez.
Los hermanos Schoklender, por su parte, quedaron en el centro del escándalo desde 2011, cuando la ruptura interna con Bonafini expuso el manejo financiero de la Fundación y una trama de sociedades, bienes y gastos que terminó bajo investigación judicial.
Sueños Compartidos fue presentado originalmente como un programa de inclusión social capaz de combinar construcción de viviendas y generación de empleo. La Fiscalía sostiene, sin embargo, que la Fundación terminó funcionando como una contratista privilegiada que recibió cientos de millones de pesos estatales sin pasar por los controles exigidos a empresas privadas.
La defensa de Sergio Schoklender sostuvo durante su alegato que no existió el fraude descripto por la acusación y pidió también que se declare extinguida la acción penal por el transcurso del tiempo. El tribunal escuchó argumentos similares de otras defensas durante las últimas semanas.
El juicio llega así a una definición que puede tener dos lecturas completamente opuestas. Si existen condenas, Sueños Compartidos quedará incorporado definitivamente al conjunto de causas que acreditaron judicialmente desvíos de fondos durante los gobiernos kirchneristas. Si prosperan las prescripciones, en cambio, una causa emblemática podría cerrarse sin sentencia sobre el fondo debido a las demoras acumuladas durante más de una década.
Después de las réplicas, el TOF 5 deberá fijar la audiencia de últimas palabras y anunciar la fecha del veredicto, que podría conocerse durante septiembre. Allí se resolverá si De Vido, López, Fatala y los Schoklender suman nuevas condenas o si uno de los mayores expedientes derivados del manejo de fondos públicos por la Fundación Madres de Plaza de Mayo termina cerrado sin penas.
Fuentes consultadas: Ministerio Público Fiscal; Tribunal Oral Federal N°5; Unidad de Información Financiera; La Nación; TN.
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