La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, sostuvo que las agresiones de Javier Milei contra periodistas dejaron de ser una cuestión de estilo para convertirse en un patrón sistemático que busca disciplinar, intimidar y generar autocensura. La organización advierte que los ataques presidenciales, las denuncias penales, las restricciones de acceso y el nuevo régimen de acreditación en Casa Rosada afectan directamente el derecho de la sociedad a informarse. Argentina cayó además del puesto 87 al 98 entre 180 países en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras durante 2026.
Buenos Aires – 29 de agosto de 2026 – Total News Agency – TNA – Amnistía Internacional Argentina elevó el nivel de sus cuestionamientos al presidente Javier Milei por su confrontación permanente con periodistas y medios de comunicación al sostener que los insultos, descalificaciones y acciones judiciales promovidas desde la cima del Poder Ejecutivo responden a un objetivo que excede la disputa política: crear temor entre quienes investigan y preguntan hasta instalar mecanismos de autocensura dentro del periodismo argentino.
La directora ejecutiva de la organización, Mariela Belski, afirmó en una entrevista con Noticias Argentinas que las agresiones presidenciales no pueden ser interpretadas simplemente como exabruptos o como parte del temperamento de Milei. “No son exabruptos aislados ni algo que se reduzca a un estilo”, sostuvo al describir un patrón que combina insultos sistemáticos con restricciones institucionales al acceso a la información y decisiones gubernamentales que, según Amnistía, ya deben ser observadas desde la perspectiva de los derechos humanos.
El planteo parte de una diferencia esencial: Milei ya no actúa como el economista televisivo que podía responder violentamente a un interlocutor desde un programa o una red social, sino como Presidente de la Nación. Belski remarcó que cada descalificación proveniente de la máxima autoridad estatal posee una capacidad de amplificación incomparable con la de un ciudadano común y transmite a toda la actividad periodística un mensaje que puede resumirse en una advertencia: preguntar, investigar o contradecir al poder puede tener consecuencias.
Ese fenómeno es identificado internacionalmente como “discurso estigmatizante desde el poder”, una categoría que también utiliza el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) para clasificar numerosos episodios protagonizados por el Presidente. Sólo durante abril y mayo de este año, el monitoreo de FOPEA documentó decenas de ataques directos o amplificados por Milei contra periodistas y medios, con expresiones como “basuras inmundas”, “mercenarios”, “periodistas comprados” o acusaciones de operar contra la democracia. En julio volvió a registrar nuevos episodios contra Mariana Contartesi, Alejandro Bercovich y Luis Novaresio, además de agravios dirigidos contra la prensa en general.
La magnitud de la confrontación puede medirse desde metodologías diferentes. Un relevamiento del Centro de Datos de Chequeado contabilizó 1.051 insultos, descalificaciones y ataques pronunciados o difundidos por Milei durante sus primeros 439 días de gobierno, un promedio cercano a 2,4 episodios diarios. Los principales destinatarios fueron opositores políticos, periodistas y economistas críticos, aunque la cifra reúne distintos tipos de agresiones y no exclusivamente ataques contra trabajadores de prensa.
Otra investigación, elaborada por el Observatorio de la Palabra Democrática junto con MásDe Agencia, registró 216 agresiones contra periodistas, fotorreporteros y trabajadores de la comunicación durante los primeros 16 meses de la administración libertaria. El informe señaló que 69% de las agresiones documentadas durante el primer año provinieron de funcionarios públicos y situó al Poder Ejecutivo como principal origen estatal de esos episodios.
Belski sostuvo que el objetivo final de esa acumulación no sería solamente desacreditar a periodistas concretos. “La intención es básicamente censurar, acallar, silenciar, para generar que haya autocensura”, señaló al explicar que el daño más profundo aparece cuando otros profesionales observan las consecuencias sufridas por quienes preguntan, investigan o critican y comienzan a modificar preventivamente su comportamiento. El fenómeno puede alcanzar también a organizaciones civiles, académicos, dirigentes opositores y cualquier actor que intervenga públicamente frente al Gobierno.
Uno de los elementos que Amnistía considera más graves fue la decisión presidencial de utilizar directamente los tribunales contra periodistas. En mayo de 2025 Milei presentó denuncias por calumnias e injurias contra Carlos Pagni, Viviana Canosa y Ari Lijalad. En el caso Pagni, incluso se produjo una fuerte controversia porque la presentación presidencial le atribuyó una frase sobre Adolf Hitler que el periodista no había pronunciado en los términos incorporados a la denuncia. Meses después se agregaron nuevas presentaciones contra otros comunicadores.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incorporó esos episodios a su evaluación regional y dejó constancia de que algunas denuncias fueron desestimadas por la Justicia porque las expresiones cuestionadas estaban relacionadas con asuntos de interés público y quedaban protegidas por la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. La legislación argentina, además, fue modificada en 2009 precisamente para establecer que las expresiones sobre asuntos públicos no configuran calumnias o injurias penalmente sancionables en los mismos términos que las manifestaciones privadas.
Belski vinculó esas acciones con la figura internacional conocida como SLAPP, sigla en inglés de Strategic Lawsuit Against Public Participation, utilizada para describir litigios promovidos con capacidad de intimidar, desgastar o silenciar a personas que intervienen en debates públicos. Aunque cada expediente debe ser analizado individualmente, Amnistía considera que el hecho de que el propio jefe del Estado recurra a acciones penales contra periodistas produce inevitablemente un efecto disuasorio que trasciende a los acusados originales.
La confrontación se extendió además al acceso físico a la información. Durante la administración Milei se produjeron modificaciones en las condiciones de acreditación y permanencia de periodistas en Casa Rosada, restricciones de cobertura en algunos acontecimientos políticos y controversias sobre el cierre o utilización de espacios destinados tradicionalmente a la prensa. FOPEA registró también episodios en los que el Presidente se negó a responder preguntas y respondió directamente con acusaciones de “corruptos” y “chorros” contra periodistas que cubrían actividades institucionales.
Para Amnistía, la discusión no puede reducirse a determinar si algunos periodistas también utilizan expresiones agresivas contra Milei. Belski reconoció que existen críticas que pueden ser extremadamente duras e incluso ofensivas, pero señaló una asimetría decisiva: un Presidente se encuentra sujeto a un nivel de escrutinio mucho mayor debido al poder que ejerce y a la naturaleza pública de su función. La respuesta institucional ante una información considerada falsa debería ser aportar datos, solicitar rectificación o recurrir a mecanismos legales proporcionados, y no utilizar el poder presidencial para desplegar insultos sistemáticos que posteriormente son multiplicados por funcionarios y cuentas oficialistas.
La situación argentina adquirió incluso dimensión internacional. En noviembre de 2025, Amnistía Internacional, FOPEA, CELS, SIPREBA, ARGRA, ACIJ, Poder Ciudadano y numerosas organizaciones participaron de una audiencia ante la CIDH dedicada específicamente a la situación de la libertad de expresión en Argentina. La inclusión de ese tema en una audiencia formal del sistema interamericano fue señalada por Belski como un hecho excepcional respecto de la tradición democrática reciente del país.
Los indicadores internacionales acompañan ese deterioro. Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubicó a Argentina en el puesto 98 entre 180 países en 2026, once posiciones por debajo del puesto 87 registrado en 2025. El indicador político descendió al puesto 126 y el económico al 148. RSF describió como habituales las injurias, amenazas y descalificaciones provenientes de la administración Milei contra periodistas y medios críticos y agregó factores previos como concentración empresaria, falta de transparencia en la propiedad de medios y precarización laboral.
La comparación regional, sin embargo, exige proporción. Argentina continúa lejos de los escenarios de violencia extrema registrados en México, Centroamérica o determinadas zonas andinas, donde periodistas son asesinados por organizaciones criminales o estructuras políticas. Belski reconoció expresamente esa diferencia y destacó que el problema argentino no radica hoy en asesinatos sistemáticos de periodistas, sino en un deterioro institucional y discursivo que puede erosionar gradualmente las condiciones necesarias para investigar y controlar al poder.
La directora de Amnistía también rechazó utilizar los antecedentes del kirchnerismo como justificación de la conducta actual. Admitió que durante gobiernos anteriores existieron denuncias de presiones, discriminación en el acceso a entrevistas y comunicaciones con empresas periodísticas para cuestionar a determinados profesionales, pero consideró equivocado establecer una competencia para determinar qué administración hostigó más a la prensa. La comparación, sostuvo en esencia, no modifica la responsabilidad institucional de la actual administración frente a sus propios actos.
El Gobierno mantiene una interpretación diametralmente diferente. Milei sostiene que buena parte del periodismo abandonó la información para actuar políticamente contra su administración, que numerosos medios perdieron privilegios económicos al eliminarse la pauta oficial nacional y que sus respuestas forman parte de su propio derecho a la libertad de expresión. El Presidente acusa recurrentemente a periodistas de mentir, operar y defender intereses políticos o empresarios, mientras su núcleo de seguidores considera que esa confrontación constituye precisamente una de las características de autenticidad que explican su éxito electoral.
Belski reconoce que esa estrategia posee respaldo social. Milei construyó una identidad política basada en romper convenciones del discurso público y su lenguaje agresivo sigue siendo valorado positivamente por una parte considerable de sus votantes. La directora de Amnistía incluso señaló que el fenómeno excede a Argentina y forma parte de un modelo político internacional asociado también con Donald Trump, cuya comunicación directa, confrontativa y hostil hacia medios tradicionales fue posteriormente imitada por fuerzas políticas de otros países.
El problema institucional aparece precisamente cuando un método eficaz para obtener respaldo electoral comienza a alterar las condiciones en las que funciona el control democrático. Una prensa incómoda puede equivocarse, exagerar, tener intereses económicos o adoptar posiciones políticas; pero su capacidad para preguntar e investigar no constituye una concesión del gobernante de turno. La libertad de prensa protege fundamentalmente el derecho de los ciudadanos a recibir información y fiscalizar a quienes administran el Estado.
La advertencia de Amnistía apunta a ese punto. El riesgo no consiste únicamente en que un periodista sea insultado por el Presidente, sino en que la reiteración de agravios, litigios y obstáculos institucionales termine modificando silenciosamente el comportamiento de quienes deben investigar al poder. Cuando el costo de preguntar aumenta, algunos periodistas pueden continuar haciéndolo, otros pueden moderar preguntas y otros directamente desistir. Es en esa zona menos visible donde la autocensura deja de ser una cuestión individual y comienza a convertirse en un problema democrático.
Fuentes consultadas: Noticias Argentinas ; Amnistía Internacional Argentina; FOPEA; Chequeado; CIDH; Reporteros Sin Fronteras
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