Entre siete y diez hombres encapuchados y fuertemente armados se desplazaron durante la madrugada por los monoblocks del barrio Ejército de los Andes, en Ciudadela, y abrieron fuego contra viviendas y vehículos en lo que las primeras reconstrucciones describen como otro capítulo de una disputa territorial vinculada con el narcomenudeo. La balacera, registrada por vecinos desde los edificios, provocó una estampida de decenas de jóvenes que participaban de una reunión en un kiosco cercano. Versiones locales señalan que habría tres heridos, aunque hasta el momento ese número no fue confirmado oficialmente. El nuevo episodio ocurre apenas dos meses después del asesinato del policía Alan Fabián Molina y de un megaoperativo que incluyó 24 allanamientos, detenciones y el secuestro de miles de dosis de cocaína.
Ciudadela – 18 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- Una columna integrada por entre siete y diez hombres encapuchados y fuertemente armados avanzó durante la madrugada del jueves por los monoblocks de Fuerte Apache y, alrededor de las 2:30, abrió fuego contra viviendas y vehículos presuntamente relacionados con una organización rival, desatando durante varios minutos una balacera que obligó a decenas de personas a escapar a la carrera. El episodio ocurrió en el barrio Ejército de los Andes, partido bonaerense de Tres de Febrero, y las primeras reconstrucciones periodísticas lo vinculan con una disputa entre grupos enfrentados por el control territorial y la comercialización minorista de drogas. Videos grabados por los propios vecinos muestran a varios hombres desplazándose coordinadamente entre los edificios antes de comenzar los disparos, mientras otras imágenes registraron la desesperada huida de jóvenes que se encontraban reunidos en un comercio cercano.
El enfrentamiento tuvo como epicentro el sector conocido como Nudo 13 y alcanzó las inmediaciones de Avenida Militar y Dardo Rocha, donde funcionaba una reunión nocturna en el denominado Kiosco Premium. Cuando comenzaron a escucharse los disparos, decenas de personas abandonaron el lugar precipitadamente y corrieron buscando refugio mientras continuaban las detonaciones. Testimonios recogidos por medios locales describieron armas de considerable poder de fuego, aunque hasta ahora no existe información oficial suficiente para establecer los modelos y calibres empleados, por lo que no resulta posible determinar con rigor si efectivamente fueron utilizadas armas largas automáticas. Cronos Noticias informó que los atacantes dispararon contra domicilios y automóviles que pertenecerían al grupo antagónico y señaló que fuentes vecinales describen una confrontación entre dos familias vinculadas con el comercio de estupefacientes.
Las mismas versiones indican que tres personas habrían resultado heridas, dato que al cierre de este cable todavía no había recibido confirmación oficial. La ausencia inicial de información policial contrasta con la contundencia de las imágenes registradas por los habitantes del complejo, donde se observa a hombres encapuchados moviéndose en grupo durante la madrugada y posteriormente a numerosas personas huyendo cuando comienza el enfrentamiento. El silencio de los vecinos constituye además uno de los obstáculos recurrentes para las investigaciones: periodistas que intentaron reconstruir lo sucedido encontraron resistencia para obtener testimonios identificados, una situación comprensible en un territorio donde las organizaciones criminales conviven físicamente con miles de familias que nada tienen que ver con sus actividades.
La nueva balacera adquiere una gravedad adicional porque no constituye un episodio aislado. Durante este año Fuerte Apache fue escenario de homicidios, enfrentamientos armados, operativos antidrogas y ataques contra integrantes de las fuerzas de seguridad. El 13 de julio, un hombre de entre 25 y 30 años apareció muerto y calcinado dentro de un carro en inmediaciones del Nudo 6. La investigación determinó que presentaba un disparo en la cabeza y una de las hipótesis examinadas fue la de un ajuste de cuentas. Vecinos habían denunciado durante aquellas mismas horas una intensa balacera entre grupos presuntamente relacionados con el narcotráfico, aunque judicialmente no se estableció entonces de manera inmediata una conexión entre ambos acontecimientos.
Cinco días después, el 18 de julio, la violencia alcanzó directamente a la Policía. El oficial Alan Fabián Molina, integrante de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense, recibió un disparo mientras participaba de un operativo preventivo dentro del complejo. Molina llevaba colocado el chaleco antibalas, pero el proyectil ingresó por debajo del brazo derecho y le provocó heridas mortales. Fue trasladado de urgencia al Hospital Ramón Carrillo y murió poco después. La investigación identificó como presunto autor material a Joel Sebastián Magallanes, quien habría contado con colaboración para escapar, mientras los investigadores también establecieron vínculos con Guillermo Agustín Geréz, alias “Gordo Tilín”, señalado como referente de actividades de narcomenudeo y delitos violentos en la zona.
El asesinato de Molina provocó una respuesta policial de dimensiones extraordinarias. El 29 de julio fueron realizados 24 allanamientos simultáneos que se extendieron durante más de diez horas, con cuatro detenidos y otras 16 personas aprehendidas. La Policía secuestró tres pistolas calibre 9 milímetros, más de 2,5 kilos de cocaína en ladrillos, otros 200 gramos compactados, 2.041 dosis de cocaína listas para comercialización, 1,5 kilos de marihuana, otros 450 gramos de cannabis, 859 dosis fraccionadas, ocho balanzas de precisión, elementos utilizados para cortar y preparar droga, $1.235.000 en efectivo y 15 teléfonos celulares. Paralelamente, un operativo de saturación permitió identificar a 430 personas y controlar 470 vehículos dentro del barrio.
Aquella intervención se sumaba a otro gigantesco despliegue realizado en mayo, cuando más de 500 efectivos participaron de procedimientos destinados a desarticular organizaciones que se disputaban sectores del complejo. Cuatro meses después, las imágenes registradas esta semana vuelven a mostrar grupos armados desplazándose durante la madrugada y actuando con una coordinación que obliga a interrogarse sobre la capacidad efectiva de las sucesivas operaciones para modificar la estructura criminal que funciona dentro del barrio. El problema no reside solamente en la existencia de puntos de venta de drogas, sino en organizaciones capaces de controlar espacios, imponer silencio entre los habitantes y recurrir abiertamente a las armas para disputar territorio.
La reiteración de estas escenas coloca directamente bajo presión al gobernador Axel Kicillof, responsable político de la seguridad provincial, porque la respuesta de su administración no consiguió hasta ahora transformar los grandes despliegues policiales en un control sostenido del territorio. En mayo, el propio mandatario siguió junto al ministro Javier Alonso un megaoperativo en Fuerte Apache que movilizó cientos de efectivos, terminó con 11 detenidos y permitió secuestrar armas y más de cuatro kilos de marihuana y cocaína, practicamente nada; meses después, sin embargo, grupos armados vuelven a desplazarse por los monoblocks y protagonizan balaceras vinculadas con disputas por el narcomenudeo. El contraste entre los operativos extraordinarios y la persistencia de bandas capaces de recuperar presencia territorial expone una debilidad concreta de la política de seguridad bonaerense: el Estado irrumpe con centenares de policías después de los episodios más graves, pero no logra impedir que las organizaciones criminales vuelvan a ocupar los mismos espacios cuando termina el despliegue. Kicillof sostiene que la lucha contra las grandes organizaciones del narcotráfico corresponde prioritariamente al Gobierno nacional y recientemente afirmó que la Nación dejó sola a la Provincia en materia de seguridad; pero el narcomenudeo, la prevención territorial y la actuación de la Policía Bonaerense forman parte de las responsabilidades provinciales, y la nueva madrugada de disparos en Fuerte Apache vuelve a colocar sobre su administración una pregunta que los operativos anteriores no consiguieron cerrar: cómo puede un grupo de hombres encapuchados y armados recorrer uno de los complejos habitacionales más vigilados del conurbano y abrir fuego contra una banda rival después de sucesivas intervenciones oficiales destinadas precisamente a recuperar el control de ese territorio.
Un informe difundido este viernes por El Trece colocó el episodio de Fuerte Apache dentro de una sucesión de “noches de guerra” registradas en distintos sectores del Gran Buenos Aires. El periodista Ignacio González Prieto mostró imágenes de enfrentamientos ocurridos tanto en Tres de Febrero como en San Martín y advirtió sobre la utilización de armamento de considerable potencia y miras láser. En el caso específico del barrio Ejército de los Andes, recordó que la disputa territorial lleva tiempo, que ya produjo muertos y heridos y que varios policías fueron baleados durante procedimientos. El fenómeno se extiende además hacia corredores cercanos utilizados para el tráfico y comercialización de estupefacientes, entre ellos zonas conectadas con Puerta 8, escenario de una de las mayores tragedias recientes vinculadas con cocaína adulterada.
La secuencia registrada esta semana deja una pregunta inevitable después de los enormes operativos realizados durante los últimos meses: qué ocurre en Fuerte Apache cuando los cientos de policías desplegados para los allanamientos se retiran y el territorio vuelve a su dinámica cotidiana. Las organizaciones que disputan el negocio del narcomenudeo no necesitan controlar formalmente todo el complejo para condicionar la vida de miles de habitantes; les alcanza con dominar determinados sectores, puntos de comercialización y corredores de circulación, mientras el miedo reduce la cooperación de potenciales testigos y dificulta la construcción de investigaciones judiciales sostenidas.
La investigación sobre el asesinato del oficial Molina ya había proporcionado una radiografía del volumen del negocio existente detrás de esa violencia: kilos de cocaína, miles de dosis preparadas, dinero en efectivo, armas, teléfonos y estructuras utilizadas para comercializar estupefacientes dentro del complejo. La balacera del jueves agrega ahora otro componente: la capacidad de movilizar durante la madrugada un grupo numeroso de hombres armados y efectuar un ataque prolongado contra objetivos vinculados con una organización rival. Mientras la Justicia y la Policía intentan determinar quiénes participaron del enfrentamiento y confirmar si efectivamente hubo tres heridos, las cámaras de los vecinos volvieron a registrar lo que los grandes procedimientos de mayo y julio aparentemente no consiguieron eliminar: hombres armados recorriendo los monoblocks y una población que, cuando comienzan los disparos, sólo tiene una alternativa inmediata: correr y buscar refugio.
Fuentes consultadas: SM Noticias; Cronos Noticias; El Trece; TN; Agencia Noticias Argentinas; Mi Periódico; fuentes policiales y antecedentes de los operativos realizados durante 2026 en el barrio Ejército de los Andes; archivo Total News Agency.
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