Por RR
El gobierno británico salió a respaldar públicamente a las empresas que participan o prestan servicios en las Islas Malvinas después de que la Argentina ampliara su ofensiva judicial y administrativa contra la explotación de hidrocarburos sin autorización nacional. Londres calificó las acciones argentinas como “inaceptables” y carentes de “justificación legal”, prometió a compañías e individuos el respaldo de su red diplomática y volvió a promocionar oportunidades de inversión en el archipiélago. El tono del comunicado revela una preocupación que adquiere una dimensión distinta cuando el proyecto Sea Lion ya tiene inversiones comprometidas, contratos firmados, financiamiento y un objetivo de comenzar a producir petróleo en 2028: mantener la confianza de empresas, proveedores y capitales que deberán asumir el riesgo de participar en una explotación cuya legalidad la Argentina impugna y contra cuyos responsables comenzó a desplegar sanciones y acciones judiciales. Las resoluciones de ONU que avalan a Argentina.
Londres – 18 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- El Reino Unido decidió responder directamente a la ofensiva argentina contra las empresas vinculadas con la explotación petrolera alrededor de las Islas Malvinas y lo hizo con un mensaje que parece dirigido tanto a Buenos Aires como a los inversores internacionales involucrados en el proyecto. La subsecretaria parlamentaria británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, aseguró este viernes que el Gobierno del primer ministro Andy Burnham y toda la red diplomática británica respaldan a las compañías y personas que suministran bienes y servicios a las islas, incluidas aquellas relacionadas con los hidrocarburos. “Tienen todo nuestro apoyo”, afirmó la funcionaria, antes de calificar las acciones argentinas como “inaceptables” y sostener que carecen de justificación legal. Londres reafirmó además su posición de que los isleños pueden explotar los recursos naturales que consideren convenientes y anunció que seguirá trabajando para generar nuevas oportunidades comerciales y de inversión en el territorio cuya soberanía disputa la Argentina.
El pronunciamiento tiene una importancia que excede el tradicional intercambio diplomático entre Buenos Aires y Londres. El Gobierno británico está transmitiendo a las empresas que pretende protegerlas frente al aumento del costo jurídico, financiero y reputacional que la Argentina intenta imponer a quienes participen directa o indirectamente de la explotación de recursos naturales en las áreas disputadas. La reacción llegó después de que el gobierno de Javier Milei enviara al Congreso un proyecto destinado a fortalecer el régimen sancionatorio, ampliando el universo de personas jurídicas y físicas alcanzadas por actividades realizadas sin autorización argentina, y luego de que la Justicia federal avanzara sobre el proyecto Sea Lion, encabezado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.
La dimensión económica explica buena parte de la contundencia británica. Sea Lion dejó hace tiempo de ser solamente una licencia de exploración y en diciembre de 2025 Navitas y Rockhopper adoptaron la decisión final de inversión para su primera fase. Rockhopper informó oficialmente que el proyecto requiere aproximadamente US$1.800 millones hasta alcanzar el primer petróleo y US$2.100 millones hasta completar esa etapa, respaldados por un esquema que incluye US$1.000 millones de deuda senior. La primera fase apunta a recuperar aproximadamente 170 millones de barriles y alcanzar una producción máxima cercana a 50.000 barriles diarios, mientras el comienzo de producción continúa previsto para el primer trimestre de 2028. Los recursos contingentes estimados para el conjunto del yacimiento son considerablemente superiores: el informe técnico citado por Rockhopper calculó alrededor de 917 millones de barriles brutos de recursos 2C para el campo completo.
La apuesta se amplió todavía más durante 2026. Navitas avanzó en la adquisición del buque de producción, almacenamiento y descarga OSX-1, por aproximadamente US$125 millones antes de las modificaciones necesarias, con la intención de acelerar el desarrollo del área central de Sea Lion. El programa proyectado contempla allí otros 38 pozos, divididos en dos etapas, y apunta a incorporar una capacidad adicional de producción mediante un segundo FPSO. Rockhopper salió incluso a buscar capital adicional para participar proporcionalmente de esa expansión y comunicó a sus inversores que el primer petróleo de la fase ya aprobada continúa previsto para el primer trimestre de 2028. Es precisamente porque el proyecto dejó atrás buena parte de la etapa especulativa y comenzó a comprometer barcos, perforaciones, deuda, contratos y capital que las medidas argentinas adquieren una sensibilidad que no tenían cuando Sea Lion era fundamentalmente una expectativa geológica.
La respuesta del Reino Unido puede leerse en ese contexto como un intento explícito de generar confianza en las empresas que deberán sostener la cadena necesaria para extraer el petróleo del área disputada, aunque Londres niega que exista ilegalidad alguna y reconoce como válidas las licencias otorgadas por la administración isleña. La frase elegida por Kumaran es reveladora: no se limitó a defender a Navitas o Rockhopper, sino que extendió el respaldo británico a las compañías e individuos que suministren bienes y servicios “directa e indirectamente”. Es justamente allí donde apunta una parte importante de la estrategia argentina, porque un emprendimiento offshore de esta magnitud necesita perforadoras, buques, ingeniería submarina, logística, seguros, financiamiento, certificaciones, transporte, mantenimiento y proveedores especializados que operan simultáneamente en numerosos mercados y deben evaluar las consecuencias de quedar alcanzados por sanciones argentinas.
La preocupación empresarial ya produjo señales concretas. Grandes compañías internacionales de servicios petroleros procuraron tomar distancia de operaciones vinculadas con Malvinas mientras Buenos Aires endurecía su régimen de sanciones. Eso no significa que la ofensiva argentina haya detenido Sea Lion —Navitas y Rockhopper sostienen públicamente que el cronograma continúa—, pero demuestra que la disputa dejó de desarrollarse exclusivamente entre cancillerías y comenzó a ingresar en las evaluaciones de riesgo de compañías con negocios internacionales mucho más amplios que el proyecto del Atlántico Sur. La declaración británica busca precisamente contrarrestar ese efecto al asegurar que las empresas tendrán respaldo político y diplomático de Londres.
Buenos Aires sostiene una interpretación jurídica diametralmente opuesta. La Cancillería argentina rechazó la guía británica destinada a promover negocios en las islas y calificó como ilegítimas las actividades comerciales e hidrocarburíferas realizadas en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes sin autorización argentina. El Gobierno recordó que Rockhopper y Navitas ya fueron declaradas ilegales o alcanzadas por medidas argentinas y anunció la profundización de un “plan de acción integral” destinado a proteger la soberanía y los recursos naturales.
La posición argentina encuentra un respaldo particularmente relevante en dos resoluciones de las Naciones Unidas que Londres procura separar de su interpretación sobre la explotación de los recursos. La Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General reconoció expresamente la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e invitó a ambos gobiernos a continuar negociaciones para encontrar una solución pacífica al problema, mientras que la Resolución 31/49, aprobada en 1976, fue todavía más específica al pedir a las dos partes que se abstengan de adoptar decisiones que impliquen introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras las islas atraviesan el proceso recomendado por la ONU. Para Buenos Aires, la concesión británica de licencias, la perforación de pozos y la proyectada extracción comercial de cientos de millones de barriles constituyen precisamente una innovación unilateral sobre recursos naturales de un territorio cuya soberanía continúa pendiente de resolución. A ello se suman los reiterados pronunciamientos posteriores del Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas reclamando que la Argentina y el Reino Unido reanuden las negociaciones destinadas a encontrar una solución pacífica a la controversia, mientras la posición argentina sostiene que ese proceso debe conducir al fin de la ocupación británica iniciada en 1833.
Londres responde mediante el principio de autodeterminación y sostiene que los habitantes de las islas pueden decidir sobre sus recursos naturales, una interpretación rechazada por la Argentina, que considera que no puede aplicarse de la misma manera a una población establecida bajo la ocupación británica iniciada en 1833. El comunicado de Kumaran volvió a presentar esa doctrina como fundamento para explotar los hidrocarburos y afirmó que cualquier utilización de mecanismos internacionales contra personas por realizar negocios con las islas sería ilegítima. La funcionaria agregó que anteriores gobiernos argentinos ya habían adoptado amenazas económicas sin impedir que la economía isleña prosperara, pero la necesidad de que Londres salga ahora a garantizar públicamente apoyo gubernamental y diplomático a empresas e individuos muestra que la controversia adquirió una nueva dimensión a medida que Sea Lion se aproxima a la etapa de producción.
La ofensiva argentina incorporó además una variable judicial. Una jueza federal argentina ordenó medidas destinadas a detener el desarrollo de Sea Lion hasta que exista una evaluación ambiental argentina, aunque la capacidad de ejecutar esa decisión fuera de la jurisdicción nacional presenta dificultades evidentes. Navitas y Rockhopper anunciaron que continuarán con el proyecto y sostienen que poseen licencias válidas emitidas por las autoridades isleñas, mientras el Reino Unido afirma que Buenos Aires carece de jurisdicción sobre esas actividades. La relevancia de las acciones argentinas, sin embargo, no depende exclusivamente de conseguir físicamente la paralización de una plataforma en el Atlántico Sur: también puede medirse por su capacidad para aumentar el riesgo jurídico de proveedores, financistas, ejecutivos y empresas que mantengan simultáneamente intereses en mercados donde una sanción argentina pueda tener consecuencias económicas o legales.
El gobierno de Andy Burnham parece haber identificado ese frente y por eso su respuesta combina rechazo jurídico con una garantía política dirigida al sector privado. La afirmación de que la red diplomática británica respaldará a las compañías y la promesa de trabajar para generar nuevas oportunidades de inversión buscan impedir que la presión argentina produzca un efecto disuasorio sobre proveedores o inversores. Desde la perspectiva británica, se trata de proteger una actividad económica que considera legítima; desde la posición argentina, de facilitar la extracción unilateral de recursos naturales pertenecientes a un territorio sometido a una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas. Esa diferencia jurídica seguirá sin resolverse por declaraciones cruzadas, pero ahora existe una novedad económica: Sea Lion necesita mantener durante los próximos años una cadena internacional de empresas dispuestas a financiar, asegurar, equipar y operar el proyecto.
La reacción de Londres permite por eso observar un cambio cualitativo en el conflicto. Durante décadas, el Reino Unido pudo administrar la cuestión hidrocarburífera alrededor de las islas con un riesgo comercial relativamente acotado porque muchos anuncios de exploración nunca llegaron a transformarse en producción a gran escala. Sea Lion ya atravesó la decisión final de inversión, cerró financiamiento, contrató infraestructura y mantiene como objetivo producir desde comienzos de 2028; simultáneamente, Navitas y Rockhopper estudian acelerar etapas posteriores que ampliarían considerablemente el volumen extraído. El Reino Unido necesita convencer a bancos, aseguradoras, contratistas y compañías de servicios de que pueden participar sin que la presión argentina convierta Sea Lion en un problema para sus negocios globales, mientras Buenos Aires intenta elevar el costo de intervenir en una explotación que considera ilegal y contraria al mandato de no introducir modificaciones unilaterales establecido por Naciones Unidas. Esa pulseada adquirirá una dimensión especialmente concreta durante 2027, cuando está previsto que avance la perforación de desarrollo y cada nuevo contrato, barco o dólar comprometido acerque el proyecto al momento en que el petróleo extraído de las aguas circundantes a las Malvinas pueda comenzar a comercializarse.
Fuentes consultadas: Naciones Unidas, Resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General y pronunciamientos del Comité Especial de Descolonización; Foreign, Commonwealth & Development Office del Reino Unido; Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina; Reuters; Associated Press; Rockhopper Exploration; comunicaciones corporativas del proyecto Sea Lion y antecedentes oficiales argentinos sobre la Cuestión Malvinas.
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