Buenos Aires-15 de octubre de 2026-Total News Agency-TNA-
“Los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben.” Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso (diálogo de Melos), siglo V a.C.
El martes 13 de octubre, Argentina le pidió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, que ordene medidas provisionales para frenar Sea Lion, el proyecto petrolero que Navitas y Rockhopper desarrollan al norte de Malvinas. El pedido no le solicita al tribunal que se pronuncie sobre la soberanía de las islas, sino más bien plantea algo más acotado y bastante más filoso: que en un área marítima en disputa ninguna de las partes puede explotar por su cuenta recursos no renovables mientras la disputa sigue abierta. Londres respondió ese mismo día con medidas de protección para sus empresas.
Guarden ese argumento, porque lo vamos a volver a necesitar. En mayo de 2024, documentación presentada ante el Parlamento británico atribuyó a la empresa estatal rusa Rosgeo la identificación, a partir de relevamientos sísmicos, de hidrocarburos en el Mar de Weddell estimados en 511.000 millones de barriles, el doble de las reservas probadas de Arabia Saudita. Son estimaciones, no reservas certificadas, pero el sector es el mismo donde se superponen los reclamos de Argentina, Chile y el Reino Unido, y ningún gobierno respondió oficialmente. El día que alguien quiera discutir qué se hace con ese petróleo después de 2048, la pregunta de Hamburgo (quién puede explotar qué en un área disputada) va a volver a la mesa, multiplicada.
Con esta entrega cierro la saga Horizonte 2048. La tesis es sencilla de enunciar y difícil de digerir. El año 2048 no es una fecha de vencimiento sino el comienzo de un procedimiento largo, lleno de vetos cruzados y con una puerta de salida que casi nadie menciona. China ya entendió que en la Antártida el poder se ejerce controlando las decisiones y no reclamando territorio, y está pasando del veto a la redacción de las reglas. Argentina, en cambio, tiene títulos, historia y un talento jurídico de primer nivel, pero llega a esa negociación sin el instrumento que en cualquier mesa de este tipo hace que los argumentos pesen: el poder marítimo, que no se agota en los buques de guerra y abarca también rompehielos, buques logísticos, puertos y bases que funcionen todo el año. Sin él, los argumentos se escuchan, pero no pesan.
EL MECANISMO QUE DECIDE TODO (Y SU LETRA CHICA)
Sobre 2048 circula una versión simplificada, una suerte de reduccionismo, ese año «vence» el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, más conocido como Protocolo de Madrid, y se habilita la minería. El artículo 25 dice otra cosa, y leído despacio muestra la verdadera geometría del poder.
Pasados cincuenta años desde la entrada en vigor del Protocolo, ocurrida en 1998, cualquiera de las Partes Consultivas del Tratado puede pedir, con una simple comunicación al Depositario, que se convoque una conferencia de revisión. Una sola parte alcanza para abrir la puerta, pero ya después vienen los cerrojos. Cualquier modificación debe adoptarse por mayoría de las Partes del Protocolo, con el voto de las tres cuartas partes de los Estados que eran Partes Consultivas en 1991, cuando se firmó. Para entrar en vigor necesita la ratificación de las tres cuartas partes de las Partes Consultivas, incluidas todas las de 1991. Son veintiséis, y entre ellas están Argentina, Chile, el Reino Unido, Estados Unidos de Norteamérica (USA), Rusia y China. En los hechos, cada una tiene un veto sobre la entrada en vigor. Y si lo que se quiere tocar es la prohibición minera del artículo 7, la modificación tiene que traer incorporado un régimen jurídico vinculante que defina si la minería es aceptable y en qué condiciones, y ese régimen debe salvaguardar plenamente los intereses de los Estados mencionados en el artículo IV del Tratado. Es decir, los de los países reclamantes, Argentina entre ellos.
Hasta acá el diseño parece un blindaje, pero y siempre hay un pero en casi todas las cosas, el problema está en el inciso 5(b). Si una modificación sobre minería se adopta, pero no entra en vigor dentro de los tres años, cualquier Parte puede notificar su retiro del Protocolo, que se hace efectivo dos años después. Hagamos la cuenta, pedido en 2048, conferencia, adopción, tres años de espera y dos de preaviso. La primera salida legal posible no llega antes de mediados de la década de 2050. Y encierra una paradoja, el mismo veto que protege la prohibición es el que, al trabar la ratificación, habilita la salida. El veto argentino existe, pero no frena a quien decida irse.
Por eso la pregunta relevante no es si Argentina puede bloquear, ya que en términos legales sí puede. La pregunta es qué le queda si otro actor concluye que el régimen ya no le sirve y se retira. Para ese momento no hay cláusula que ayude. Hay buques, bases, logística y aliados, o no los hay.
INSTITUCIONES O PODER: KEOHANE CONTRA MEARSHEIMER
Robert Keohane sostuvo en After Hegemony (1984) que las instituciones internacionales pueden sobrevivir a la declinación de la potencia que las creó. Una vez en funcionamiento abaratan la negociación, producen información confiable y estabilizan expectativas, de modo que a los Estados les conviene mantenerlas aunque el equilibrio de poder haya cambiado. El Sistema del Tratado Antártico parece hecho a medida de esa tesis. Nació en 1959, en plena Guerra Fría. Atravesó la guerra de Malvinas con Argentina y el Reino Unido sentados en la misma mesa consultiva. Y cuando la Convención para la Reglamentación de las Actividades sobre Recursos Minerales Antárticos (CRAMRA, por su sigla en inglés), adoptada en Wellington en 1988, naufragó antes de entrar en vigor, el sistema no se rompió: se reinventó con el Protocolo de Madrid.
John Mearsheimer le contestó a toda esa escuela con un artículo de título elocuente, The False Promise of International Institutions (1994). Para él, las instituciones son básicamente un reflejo de la distribución del poder: duran mientras les sirven a las grandes potencias y no tienen efecto propio sobre su conducta. Mirada con esos anteojos, la parálisis actual cuenta otra historia. China y Rusia bloquean desde hace casi una década las áreas marinas protegidas del Océano Austral, en mayo vetaron la protección especial del pingüino emperador en la reunión consultiva de Hiroshima y tampoco hubo consenso para incorporar a Canadá, Bielorrusia y Turquía como nuevas Partes Consultivas. El consenso, pensado como garantía de equilibrio, terminó funcionando como herramienta de quien tiene poder para sostener un no.
¿Quién tiene razón? Cada lectura explica una parte y falla en la otra. Keohane acierta en la forma: es muy probable que el Tratado siga existiendo en 2048 y después, porque a nadie (tampoco a China) le conviene pagar el costo político de romperlo. Mearsheimer acierta en el contenido: lo que el sistema decida, o deje de decidir, va a reflejar cada vez más quién tiene presencia, logística y capacidad de bloqueo. Henry Kissinger lo planteó en Orden Mundial (2014) al sostener que ningún orden se sostiene solo con legitimidad ni solo con poder. Para Argentina la conclusión es práctica, el Tratado es su mejor escudo y hay que defenderlo, pero un escudo sin brazo que lo sostenga es un objeto decorativo. Argentina necesita jugar como institucionalista en la mesa y como realista en el astillero.
CHINA: SIN RECLAMAR, GANANDO
«El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin combatir», escribió Sun Tzu. En la Antártida, la versión china de esa máxima consiste en no reclamar nada y estar en todas partes. La investigadora neozelandesa Anne-Marie Brady lo documentó en China as a Polar Great Power (2017): Beijing se piensa a sí misma como gran potencia polar y juega una partida de largo plazo en la que la ciencia es la puerta de entrada y los recursos, el horizonte.
China llegó al continente en 1984 y obtuvo el estatus consultivo en 1985. Hoy tiene cinco estaciones. La quinta, Qinling, sobre el Mar de Ross, se inauguró en 2024 y opera todo el año. Un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de 2023 advirtió que su equipamiento satelital permitiría captar señales de instalaciones espaciales de Australia y Nueva Zelanda. La sexta está anunciada para 2027 en la Tierra de Marie Byrd, el único sector del continente que ningún país reclamó. Tony Press, ex director de la División Antártica Australiana, estima que sería una base de verano, sin embargo el dato político es otro: ningún miembro del Tratado puede vetar una estación nueva. Se presenta la evaluación ambiental y se construye. No hace falta reclamar un sector cuando uno puede ser el primero en instalarse.
El Departamento de Defensa de USA, en su informe de 2022, evaluó que la red antártica china sirve de referencia para BeiDou, el sistema chino de navegación satelital, con tecnologías de uso dual. A eso se suma el diseño conceptual de un rompehielos de propulsión nuclear presentado en diciembre de 2025 por el Instituto 708, vinculado al mismo astillero que construyó el portaaviones Fujian. El buque todavía no existe, pero cuando exista, China va a depender mucho menos de los puertos de acceso al continente: Hobart, Ciudad del Cabo, Punta Arenas o Ushuaia.
La red tampoco termina en el hielo. En Bajada del Agrio, Neuquén, la estación de espacio lejano del Centro General de Lanzamiento y Seguimiento de Satélites de China (CLTC, por su sigla en inglés) funciona desde 2017 sobre 200 hectáreas, con una antena de 35 metros y una cesión por cincuenta años. Depende de la estructura espacial del Ejército Popular de Liberación (EPL). A octubre de 2026 no existe una auditoría argentina independiente sobre el alcance de sus capacidades.
DEL VETO A LA PLUMA: LO QUE SE ENSAYA EN HOBART
La Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (conocida por su sigla en inglés, CCAMLR) regula la pesca en el Océano Austral y decide por consenso. Desde 2017, la propuesta argentino-chilena de Área Marina Protegida (AMP) para la Península Antártica Occidental y el sur del Arco de Scotia choca contra el mismo muro. En la reunión de Hobart de octubre de 2025, Rusia y China volvieron a vetarla, junto con las propuestas para el Mar de Weddell y la Antártida Oriental.
Detrás está el kril. En 2025 la captura alcanzó por primera vez el tope de 620.000 toneladas y la pesquería se cerró anticipadamente en agosto. El esfuerzo se concentra alrededor de la Península y de las Orcadas del Sur, donde Argentina mantiene la base Orcadas desde 1904. Noruega propuso casi duplicar el límite, hasta 1,1 millones de toneladas. No hubo consenso, y según relató Matts Johansen, de Aker BioMarine, la principal empresa krillera del mundo, la respuesta china fue que en ese caso tampoco aceptaría el área protegida. Así funciona la moneda de cambio.
La novedad es de este mes, antes de la reunión que empieza el lunes 19 en Hobart (CCAMLR-45, del 19 al 30 de octubre), China presentó su propia propuesta de AMP: 127.000 kilómetros cuadrados en la Antártida Oriental, con pesca de kril habilitada durante parte del año, vigencia de veinte años y caducidad automática salvo nuevo consenso. La bautizó «Mar de los Cosmonautas», un nombre de la era soviética que la Organización Hidrográfica Internacional nunca adoptó. El geógrafo británico Klaus Dodds lo resumió con ironía: la elección del nombre es un recordatorio oportuno de lo que la propuesta busca.
China pasó del veto a la pluma. Primero vació de contenido las propuestas ajenas a fuerza de bloqueos y ahora ofrece la suya, con sus propias definiciones. El consenso de la CCAMLR es estructuralmente igual al de las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico (RCTA), y lo que se ensaya en Hobart es el método que probablemente veamos después de 2048: bloquear hasta que el otro se canse y después presentar el texto propio como la única salida razonable. Quien llegue a la conferencia de revisión con el borrador escrito va a negociar sobre su propio papel.
HAMBURGO COMO ENSAYO: EL FRENTE JURÍDICO
Volvamos al 13 de octubre. La estrategia argentina combina dos movimientos. El día 12 inició un arbitraje contra el Reino Unido bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), y al día siguiente pidió al TIDM las medidas provisionales que el artículo 290 permite dictar mientras se constituye el tribunal arbitral. El antecedente que se invoca es conocido: en 2012 ese mismo tribunal ordenó a Ghana liberar la Fragata Libertad en alrededor de un mes.
El camino tiene escollos, el tribunal deberá encontrar jurisdicción prima facie y urgencia, y Londres va a sostener que detrás de la disputa petrolera hay una disputa de soberanía que el derecho del mar no resuelve. Hay un precedente incómodo: en el arbitraje por el área marina protegida de Chagos (Mauricio contra el Reino Unido, 2015), el tribunal se declaró incompetente para decidir sobre la soberanía del archipiélago.
En ese tribunal hay una santafesina. Frida María Armas Pfirter es jueza del TIDM desde 2023, con mandato hasta 2032, y el 1 de octubre fue elegida vicepresidenta para el período 2026-2029. Su trayectoria es de las que Argentina rara vez sabe aprovechar: coordinó entre 1997 y 2023 la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), que fundamentó ante Naciones Unidas una superficie marítima de más de 6,5 millones de kilómetros cuadrados, e integró entre 2001 y 2011 la Comisión Jurídica y Técnica de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM). Dicho esto, los jueces actúan a título personal y su presencia no equivale a un voto asegurado.
¿Por qué todo esto pertenece a un artículo sobre la Antártida? Primero, por la jurisprudencia. Si el tribunal acepta, aunque sea en parte, que nadie puede explotar unilateralmente recursos no renovables en un área en disputa, Argentina está construyendo hoy un precedente que en el Mar de Weddell, con tres reclamos superpuestos, valdría oro. Segundo, por el expediente. Cuando la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) aprobó en 2016 sus recomendaciones sobre el margen argentino, dejó sin considerar el sector antártico, como corresponde por el artículo IV del Tratado. Ese expediente no está cerrado; está en el freezer, y cualquier discusión sobre recursos después de 2048 lo va a descongelar. Y hay una tercera razón, quizás la más importante: el régimen minero que exige el artículo 25 del Protocolo se parece mucho más a lo que la AIFM viene construyendo para los fondos marinos que a cualquier otra cosa. Argentina tiene gente que sabe escribir ese tipo de régimen. La pregunta es si el Estado la va a convocar antes de que la convoquen otros.
PODER MARÍTIMO: LA VARIABLE QUE NADIE QUIERE NOMBRAR
Hace veinticinco siglos, en el diálogo de Melos que reconstruye Tucídides, los embajadores atenienses les explicaron a los melios que la justicia solo se discute entre iguales en poder; fuera de esa condición, los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Los melios tenían razón en el derecho, pero aun así perdieron la isla. Alfred Thayer Mahan llevó esa lógica al mar en 1890 con The Influence of Sea Power upon History: el poder marítimo es una cadena de comercio, flota y bases, y ningún eslabón resiste solo. En Argentina lo había entendido el almirante Segundo Storni, cuyas conferencias de 1916 se publicaron como Intereses argentinos en el mar. Su idea central, dicha en criollo, sigue vigente: un país cuyo futuro está en el océano y que no tiene poder marítimo para respaldarlo tiene aspiraciones, no intereses.
Hace falta precisar de qué hablamos, porque la palabra se presta a una lectura estrecha. El poder naval, en sentido estricto, es la capacidad de combate de la Armada. El poder marítimo es más amplio, y es el que tenían en mente Mahan y Storni: buques de guerra, sí, pero también rompehielos, buques logísticos e hidrográficos, puertos, astilleros, aviación de transporte, pesca y ciencia. En la Antártida esa distinción es decisiva. Como el Tratado no admite medidas militares en el continente, allí la logística no acompaña al poder: es la forma que el poder adopta. Quien abastece bases, traslada científicos, rescata náufragos y opera en invierno decide en los hechos quién entra y quién no. No es casual que el activo más estratégico que China tiene en carpeta sea un rompehielos nuclear y no un destructor, ni que USA haya perdido presencia al quedarse sin un buque de investigación. La estrategia argentina necesita dos piernas: la de combate, que disuade en el Atlántico Sur, y la logística, que sostiene la presencia en el hielo. Con una sola se camina rengo.
Quienes pasamos por la Armada aprendimos temprano algo que en los despachos se olvida con facilidad: un buque en el mar es un argumento que no necesita traducción. En el Atlántico Sur, la diplomacia se escucha mejor cuando hay una popa con bandera propia en el horizonte.
El cuadro argentino es conocido, pero mirémoslo sin anestesia. La Armada no tiene un submarino operativo desde la pérdida del ARA San Juan, en noviembre de 2017, con sus 44 tripulantes; el ARA Salta sirve para instrucción amarrado en Mar del Plata y no puede sumergirse. El núcleo de superficie de origen alemán (los destructores MEKO 360 y las corbetas MEKO 140) acumula entre cuatro y cinco décadas de diseño y servicio. La incorporación más moderna son los cuatro patrulleros oceánicos clase Gowind, aptos para controlar la zona económica exclusiva pero no para un escenario de combate de alta intensidad. Y la campaña antártica descansa en un solo rompehielos, el ARA Almirante Irízar, en servicio desde 1978, con el apoyo del ARA Patagonia.
El proyecto de Presupuesto 2027 autoriza en su artículo 42 un endeudamiento de 3.500 millones de dólares: 2.300 millones para tres submarinos convencionales y 1.200 millones para dos fragatas multipropósito. Francia y Alemania ofrecieron financiar la totalidad en cuotas, y la primera unidad llegaría cinco o seis años después de firmado el contrato. La Base Naval Integrada de Ushuaia tendría inicio de obra en enero de 2027, con un muelle principal en L de 580 metros, un costo total de 450 millones de dólares y finalización prevista para 2029, según el ministro de Defensa Carlos Presti. Pero una autorización de endeudamiento no es una partida ejecutable, y una oferta no es un contrato. Hasta que eso cambie, son intenciones.
La pierna de combate se proyecta en el Atlántico Sur y en el Pasaje de Drake, la antesala obligada del continente. La pierna logística sostiene la presencia en el hielo con rompehielos, buques de apoyo, aviones Hércules, búsqueda y rescate y la Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC) que Argentina y Chile mantienen desde hace décadas. Un rompehielos garantiza que lleguemos, mientras que una flota de superficie y submarina creíble garantiza que lo que digamos al llegar tenga peso. El ministro Presti afirmó que el reclamo por Malvinas se sigue por la vía diplomática y pacífica, y está bien que así sea. Pero la diplomacia sin flota, de combate y de apoyo, es una solicitud; con flota, es una negociación.
LAS CINCO DECISIONES ANTES DE 2031
En defensa e infraestructura, veintidós años no son mucho tiempo. Lo que Argentina decida entre 2026 y 2031 define con qué llega a 2048; después se ejecuta lo decidido, se corrige lo que falló y se negocia con lo que se construyó. Cinco decisiones, en orden de urgencia.
Primera, poder marítimo creíble, con sus dos piernas. Convertir el artículo 42 en contratos firmados y financiados, empezar la Base Naval Integrada de Ushuaia en la fecha anunciada y sumar un segundo buque con capacidad polar que saque a la campaña antártica de la dependencia de un rompehielos de casi cincuenta años. Sin esto, todo lo demás se discute en voz baja.
Segunda, el eje Ushuaia-Petrel como puerta de entrada real. Terminar la Base Petrel con su pista para Hércules y su muelle, y ofrecer Ushuaia como plataforma logística a los programas que hoy operan desde Punta Arenas o Hobart. El repliegue de la logística científica estadounidense abre una ventana concreta: un gobierno alineado con Washington debería estar ofreciendo puerto, combustible, hangares y tiempo de buque. La métrica no es un acuerdo firmado, es cuántos programas extranjeros operan desde Ushuaia en 2031.
Tercera, resolver la estación del CLTC en Neuquén. O se negocia una arquitectura de transparencia con condiciones argentinas (acceso, inspección, límites al uso dual), o se diseña una salida. Seguir sin decidir mientras se compran F-16 y se alinea la política exterior con Washington es la peor opción disponible, porque reúne los costos de las otras dos sin los beneficios de ninguna.
Cuarta, institucionalizar el capital jurídico. Argentina tiene una escuela de derecho del mar de nivel mundial, la que se formó alrededor de la COPLA y que hoy tiene una vicepresidenta en Hamburgo. Ese conocimiento debería organizarse en un equipo permanente del Estado dedicado a 2048: el régimen del artículo 25, el expediente antártico de la plataforma continental y la jurisprudencia que deje el caso Sea Lion. Los borradores que ganan negociaciones se escriben con años de anticipación.
Quinta, una posición argentina para 2048 escrita ahora. No la fórmula genérica de la paz y la ciencia, sino una definición concreta: qué régimen de recursos aceptaría Argentina si se abre la revisión, cómo usa la cláusula que obliga a salvaguardar los intereses de los reclamantes y con quién la defiende. Chile es el aliado natural; Australia, Nueva Zelanda, Noruega y Francia comparten la condición de reclamantes. Y aunque incomode decirlo, el Reino Unido también: en ese punto preciso, Londres y Buenos Aires van a tener el mismo interés jurídico. Llegar a la conferencia sin posición es negociar el precio cuando el otro ya sabe cuánto necesitás vender.
ESCENARIOS HACIA 2048-2055
Veo tres trayectorias. La más probable es un hielo administrado: nadie activa la revisión, o la conferencia termina sin tocar el artículo 7, y la competencia sigue por estaciones, kril y satélites; el riesgo para Argentina es la irrelevancia por desgaste. Posible es un deshielo regulado, con un régimen minero negociado, donde gana quien llegue con borrador, datos y coalición. Menos probable, pero de alto impacto, es la puerta de salida: una modificación que no se ratifica y una Parte que se retira bajo el inciso 5(b); ahí el Weddell pasa a ser una cuestión de buques, puertos y rompehielos. En los tres casos, la señal que más importa está en el Boletín Oficial: el día que el artículo 42 se convierta en contratos firmados, Argentina deja de ser espectadora.
CERRANDO IDEAS
Esta saga empezó preguntando por qué la Antártida está en el tablero y termina con una conclusión menos cómoda de lo que me hubiera gustado. El primer artículo mostró la carrera silenciosa en el continente, el segundo, el anillo que lo rodea: Ushuaia, el Atlántico Sur, los cables, las órbitas y Malvinas. Este tercero intentó mostrar el mecanismo que lo decide todo y el método con el que otros se preparan para usarlo. El Tratado probablemente sobreviva, pero su contenido después de 2048 lo van a escribir quienes lleguen con presencia, logística, capacidad de bloqueo y un borrador en el bolsillo. Keohane tendrá razón sobre la forma; Mearsheimer, sobre el fondo.
Argentina tiene a favor más de lo que suele reconocer: la presencia humana permanente más antigua del continente, una geografía que ningún competidor puede mudar, una escuela jurídica que hoy tiene una vicepresidenta en Hamburgo y una alineación internacional que, bien administrada, abre puertas. Le falta lo que no se improvisa: buques, bases terminadas y una posición escrita. La ventana para resolverlo no es 2048. Es 2031.
En Dune, la novela que Frank Herbert publicó en 1965, la Casa Atreides recibe el planeta Arrakis por decreto imperial. Tiene el título, el feudo firmado y la legitimidad de los papeles. El duque Leto entiende enseguida que con eso no alcanza: le explica a su hijo (Paul) que en Caladan (su tierra natal) gobernaron con poder naval y aéreo, pero que en Arrakis van a necesitar algo que todavía no tienen, el poder del desierto. Ese poder lo tienen los Fremen, los que viven en la arena desde siempre y saben moverse en ella. Paul aprende después una segunda lección, más fría: el poder de destruir una cosa es el control absoluto sobre ella. No hace falta poseer la especia; alcanza con poder impedir que fluya.
Las dos lecciones están escritas sobre el hielo. China leyó la segunda antes que nadie: no reclama, bloquea; no posee, condiciona; y ahora, además, redacta. Argentina tiene credenciales de Fremen (Orcadas funciona sin interrupción desde 1904), pero se comporta como un Atreides recién llegado que confía en que el título hará el trabajo. Nuestro poder del desierto se llama poder polar: buques que naveguen el Drake todo el año, una base naval terminada en Ushuaia, un muelle en Petrel y juristas que escriban el régimen de 2048 antes de que lo escriban otros.
El hielo no tiene dueño. Pero, como el desierto de Herbert, tiene memoria: registra quién estuvo, quién construyó y quién se quedó esperando que los papeles alcanzaran. El Atlántico Sur no espera, la Antártida tampoco.
*CEO & Founder GS2 | Seguridad Estratégica, Inteligencia Aplicada y Gestión de Riesgos | Asesoría para Empresas, Finanzas e Infraestructura Crítica
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