Por RR
Durante décadas, el negocio de los bingos creció al amparo de decisiones políticas, habilitaciones y controvertidas relaciones entre empresarios y funcionarios y legisladores. Ahora, diputados y senadores impulsan 27 proyectos para combatir la adicción a las apuestas, especialmente entre los menores. La iniciativa abre una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llegará la voluntad de controlar una industria que históricamente mantuvo estrechos vínculos con el poder?
La Plata – 18 de octubre de 2026 – Total News Agency – TNA. La Legislatura de la provincia de Buenos Aires parece haber descubierto que el juego puede convertirse en un problema de salud pública. Después de décadas durante las cuales la actividad de los bingos, las tragamonedas y las apuestas se expandió mediante habilitaciones, concesiones y decisiones políticas, diputados y senadores bonaerenses buscan ahora ponerse al frente de una ofensiva contra la ludopatía. La paradoja resulta difícil de ignorar: parte del mismo sistema institucional que permitió el crecimiento del negocio pretende convertirse en su principal organismo de control.
Actualmente existen 27 proyectos legislativos destinados a prevenir la adicción al juego, especialmente entre niños y adolescentes. La Cámara de Diputados creó en febrero la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, con el propósito de unificar las iniciativas en un megaproyecto que cuenta con la participación de distintos bloques políticos.
Pero la historia del juego bonaerense no comenzó con las apuestas digitales. La Ley 11.018, sancionada en 1990, autorizó la explotación de bingos en la provincia y estableció un sistema de participación de entidades de bien público y operadores privados. Con el transcurso de los años, aquel esquema dio lugar a un negocio de enorme importancia económica, acompañado por disputas sobre concesiones, renovaciones, explotación de máquinas electrónicas y ubicación de salas.
En ese recorrido, las relaciones entre empresarios del juego y dirigentes políticos fueron objeto de cuestionamientos y denuncias. Una de las sospechas históricas apunta a los aportes electorales que habrían facilitado determinados intereses comerciales a cambio de decisiones favorables sobre el funcionamiento o la expansión de la actividad. Se trata de antecedentes que merecen una investigación documental exhaustiva, porque la existencia de vínculos entre operadores y dirigentes no demuestra, por sí sola, pagos ilegales ni contraprestaciones legislativas.
La controversia sobre las habilitaciones trasladables ofrece un ejemplo especialmente revelador. Una autorización obtenida para funcionar en un municipio de menor rentabilidad puede adquirir un valor económico completamente distinto cuando se pretende trasladar la sala a un distrito más poblado y con mayor capacidad de consumo.
Precisamente eso ocurrió con el proyecto de trasladar el Bingo Ramallo a Ingeniero Maschwitz, en el partido de Escobar, una iniciativa vinculada a los empresarios Daniel Angelici y Daniel Mautone que provocó cuestionamientos vecinales y terminó judicializada. En julio de 2025, una jueza contencioso-administrativa de Campana dictó una medida cautelar que suspendió los efectos de la resolución municipal que preparaba el terreno para su instalación.
El episodio expuso la importancia de las decisiones de los concejos deliberantes, cuyos votos pueden resultar decisivos para transformar una habilitación de juego en un negocio considerablemente más lucrativo. También mostró que las controversias alrededor de los bingos no pertenecen únicamente al pasado.
En ese escenario reaparece una cuestión que durante años acompañó al negocio: el financiamiento de la política. Circularon versiones sobre encuentros entre dirigentes y representantes de empresarios del juego, incluida una presunta filmación que involucraría a Sergio Massa y a un intermediario identificado como Tony en un costoso hotel de Recoleta. Solo habria que revisar la actividad legislativa de aquellos años para observar las hacia donde se inclinaban.
Lo que sí está documentado es que el financiamiento electoral bonaerense ha protagonizado debates relevantes. Una investigación publicada en 2023 identificó que Julio “Chocolate” Rigau y titulares de nueve tarjetas de débito incautadas en la causa de la Legislatura figuraban como aportantes de la campaña del Frente Renovador de Massa en 2013. Ese antecedente no acredita financiamiento procedente de empresarios del juego, pero ilustra por qué la transparencia de los aportes partidarios merece controles independientes.
Frente a este pasado, la nueva iniciativa legislativa propone establecer verificación biométrica de identidad, impedir que los menores de edad utilicen plataformas digitales, limitar los tiempos y montos destinados a las apuestas, restringir la publicidad y fortalecer los mecanismos de autoexclusión. También contempla combatir los sitios clandestinos, que operan fuera del sistema autorizado y pueden facilitar el acceso de adolescentes mediante cuentas de terceros.
El proyecto impulsado por Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto, de Unión por la Patria, incorpora además aportes obligatorios de las operadoras destinados a programas de salud mental, clubes de barrio y entidades comunitarias. El PRO, la UCR y la Coalición Cívica participan del proceso de elaboración del dictamen, mientras La Libertad Avanza acompaña determinados mecanismos de prevención, aunque plantea reparos frente a nuevas cargas impositivas y regulaciones sobre operadores legales.
La cuestión central es que las medidas contra la ludopatía juvenil responden a un problema real, pero su credibilidad dependerá también de la transparencia de quienes las aprueben y de los intereses económicos involucrados. Una legislación que controle a los apostadores menores de edad, pero no permita conocer con claridad quiénes son los propietarios efectivos de las empresas, sus beneficiarios económicos y sus vínculos con el financiamiento político, dejaría sin resolver una parte importante del problema institucional.
Por eso, junto con las restricciones publicitarias, los controles tecnológicos y los programas de tratamiento, correspondería impulsar una revisión pública de las concesiones, sus modificaciones, las autorizaciones de traslado y las eventuales contribuciones electorales de empresarios y directivos vinculados a la actividad. También deberían identificarse las decisiones adoptadas por los concejos deliberantes y las legislaturas provinciales que favorecieron cambios sustanciales en el valor comercial de las habilitaciones.
La provincia necesita proteger a los menores del juego compulsivo y combatir las plataformas clandestinas. Pero el desafío legislativo puede resultar todavía más importante si incluye una revisión de la relación histórica entre el dinero de las apuestas y las decisiones del poder político. La verdadera prueba será comprobar si los legisladores están dispuestos a fiscalizar con el mismo rigor a los empresarios que financian o buscan influir en la política que a los adolescentes que intentan apostar desde un teléfono celular. La respuesta permitirá establecer si Buenos Aires está ante una reforma profunda o simplemente ante una nueva regulación de una industria que siempre supo adaptarse a los cambios de gobierno. Desde luego esto no solo sucede en Provincia de Buenos Aires.
Fuentes consultadas: Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires; Ley provincial 11.018; Ley provincial 12.792; expedientes legislativos sobre prevención de la ludopatía; antecedentes judiciales del traslado del Bingo Ramallo a Escobar.
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