Argentina
España
USA
Israel
Los abogados de la Vicepresidenta hicieron la presentación ante la jueza Capuchetti como respuesta a la consulta sobre si deben ser enjuiciados Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. Ahora opinará la fiscalía y luego las defensas
Por Patricia Blanco
Cristina Kirchner dejó asentado en la causa judicial que investiga su intento de homicidio que no quiere que vayan a juicio los acusados Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, los tres detenidos por el atentado. En un escrito de casi un centenar de páginas, al que accedió Infobae, la querella sostuvo que el expediente no puede ser elevado a juicio en este momento porque “está pendiente la producción de muchas medidas de prueba sumamente relevantes” y porque no quieren que el caso sea elevado por tramos, ya que, se sostuvo, esa práctica “daña el descubrimiento de la verdad”.
No obstante, la querella dejó abierta la puerta y acusó de cara a un futuro juicio. “Subsidiariamente, para el caso de que se considere concluida la investigación respecto de Carrizo, Sabag Montiel y Uliarte a pesar de la oposición de esta parte, haremos ejercicio de nuestro derecho a acusar, con el fin de mantenerlo para la instancia oral”, señala la presentación firmada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, que representan a la Vicepresidenta.
El escrito fue entregado hoy a la jueza María Eugenia Capuchetti. Paralelamente, los querellantes entregaron otro texto que apela la recusación planteada contra el fiscal Carlos Rívolo, al que la querella quiere apartado del expediente. La jueza, a quien la querella también recusó varias veces, rechazó este planteo. CFK buscará revocar ese criterio en la Cámara Federal. Allí, la Sala I también tendrá otra cuestión que resolver: la apelación del fiscal a la decisión de la jueza de no secuestrar el teléfono del diputado del PRO Gerardo Milman.
Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel
El atentado ocurrió la noche del 1° de septiembre de 2022. Cristina Kirchner llegaba a su casa, en la esquina de Montevideo y Juncal en el barrio porteño de Recoleta. Allí la esperaban, como desde el día en que el fiscal Diego Luciani pidió su condena a 12 años de prisión por asociación ilícita y defraudación al Estado en la causa vialidad, un nutrido grupo de militantes para saludarla. Sabag Montiel también estaba allí. Se acercó y le apuntó en la cara con una Bersa calibre32, que gatilló al menos una vez. La bala no salió porque no estaba cargada en la recámara. Terminó atrapado por militantes, sin que la custodia de Cristina Kirchner ni ella misma se dieran cuenta de lo que había pasado.
El domingo 4 de septiembre quedó detenida su novia Brenda Uliarte, cuando personal del juzgado hizo parar un tren para que no escapara. Dos semanas después quedó preso en tribunales Nicolás Carrizo, el llamado jefe de los copitos. El joven había dejado su teléfono como testigo cuando se “despegaba” del atentado, pero sus mensajes terminaron incriminándolo. Desde entonces están todos presos. Sabag y Uliarte, con procesamiento firme como coautores del intento de homicidio calificado; Carrizo como partícipe secundario.
El Ministerio Público Fiscal, que tiene delegada la investigación, entendió que esta parte de la causa estaba completa y pidió opiniones para elevar el caso a juicio oral sobre los tres detenidos, más allá de que después se pueda continuar con otras líneas de investigación como la llamada pista Milman.
jueza Capuchetti
A la primera que le tocó opinar fue a la querella. Y lo primero que hizo fue cuestionar a la jueza, en sintonía como lo viene haciendo desde hace meses. “Para comenzar, es necesario dar cuenta del trámite de la causa. El detalle de lo actuado lleva a la conclusión de que aún restan medidas de prueba por producir. Además, permite observar una actuación de la jueza a cargo de la instrucción como mínimo negligente, pero que hasta parece revelar una voluntad obstructiva de la investigación. Como veremos, desde las primeras horas de la instrucción, la magistrada tomó decisiones que obstaculizaron gravemente el descubrimiento de la verdad. A esto se suma el hecho de que la extensión temporal de esta etapa no responde a la producción incesante de medidas pruebas, sino que, en gran medida, es responsabilidad de las injustificables demoras de la jueza en la recolección de elementos de convicción, lo que suscitó engorrosos trámites judiciales para reencauzar la causa”, escribieron los abogados.
Los abogados hicieron un raconto de la lectura de la causa y concluyeron: “La voluntad encubridora de la jueza ya no puede ser más evidente y está claro que no hay prueba posible que vaya a ser que cambie su objetivo: frustrar todo lo que permita conocer la verdad. De esta forma llegamos al día de hoy y desde ya dejamos en claro que esta querella no va permitir el encubrimiento judicial”.
Los abogados de Cristina Kirchner Marcos Aldazabal y José Ubeira en Comodoro Py (Luciano González)
En ese contexto, la querella de la vicepresidenta formuló su oposición a la elevación a juicio. “Lo que tuvo lugar en estos últimos ocho meses fue más un encubrimiento que una investigación. La consecuencia obvia es que hay diversas líneas de investigación pendientes. De hecho, si bien conocemos que Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo tuvieron parte en el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, todavía nos falta, incluso, conocer detalles de sus roles y del marco en el que tuvo lugar su ataque. Con la prueba producida nos alcanza para tenerlos como autores o partícipes de homicidio agravado y de asociación ilícita. Sin embargo, resta saber cosas que podrían agravar su situación y, más importante aún, servir para clarificar lo sucedido y encontrar la verdad, objetivo central de la instrucción”.
Para CFK, “todavía no está para nada claro cuáles fueron las motivaciones de Carrizo, Uliarte y Sabag Montiel. ¿Aceptaremos sin más la teoría del loquito suelto? Un diputado nacional que se ufana de ver el futuro al predecir el asesinato de la Vicepresidenta y que dijo en un bar lo que haría cuando la mataran; la presidenta del segundo partido más grande del país que pone una maquinaria en funcionamiento para encubrir el atentado; un grupo fascista como Nueva Centro Derecha que se reune con los imputados; las instrucciones de Jonathan Morel sobre como matar a la Vicepresidenta y sus pares Morel y Sosa en la casa de (Ximena) Tezanos Pinto, vecina de la Vicepresidenta de la Nación; dos testigos que dicen que Sabag actuó por dinero. Esas son algunas de las cosas que resta investigar”.
“Este panorama hace completamente inviable la elevación de la causa. En estos ocho meses no se ha hecho más que perder el tiempo e intentar circunscribir las responsabilidades a lo que se conoció el primer día (y ni siquiera, ya que se borró el celular de Sabag Montiel de forma más que sospechosa). Con estos hechos parece casi ridículo tener que explicar que no es posible escindir la causa en tramos entre potenciales organizadores, por un lado, y ejecutores u organizadores más próximos al autor, por el otro, que es lo que se haría con una elevación parcial. Es que si hubiera organizadores de más alto rango, no estaríamos ante delitos independientes, sino ante un mismo plan criminal que debería verse como un todo”, se opinó.
Y añadió que “lo que quedaría en instrucción si se elevara la causa respecto de Brenda Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo sería la evaluación de la responsabilidad de personas de mayor jerarquía política que necesariamente, habrían actuado conjuntamente con los tres imputados actuales”. Aunque entendió que el caso no debía ser elevado parcialmente a juicio, la querella “subsidiariamente” acusó a los tres implicados. La joven Agustina Díaz, amiga de Brenda, que estuvo presa y fue liberada por la Cámara Federal por falta de mérito, no fue acusada.
Ahora, será el turno de la fiscalía para hacer su evaluación sobre la elevación a juicio. Luego, les tocará a las defensas. La jueza Capuchetti será la encargada de resolver si el caso es elevado a juicio, algo que la magistrada ya indicó que debía hacerse con los tres detenidos. La decisión podrá ser apelada a la Cámara Federal.
Fuente Infobae
