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En concreto, en un auto notificado este viernes, el magistrado ofrece a Alvise, que goza de aforamiento ante el Tribunal Supremo, la posibilidad de personarse en las actuaciones y declarar de forma voluntaria en el juzgado el 20 de noviembre, así como aportar documentos, proponer diligencias de investigación y participar en la instrucción de la causa.Noticia Relacionada estandar Si Los audios de la trama de Alvise Pérez Isabel Vega ABC accede a los audios de la trama del eurodiputado, que dio la cuenta de un tercero antes de cobrar en efectivo para su campañaConforme razona, «el relato de hechos contenido en la denuncia podría constituir un delito de financiación ilegal de partidos políticos» y además, «se acompañan a la denuncia unos documentos que dotan de inicial verosimilitud» a lo que expone. Se dan así «los requisitos necesarios para la admisión a trámite de la denuncia presentada, y, consecuentemente, practicar cuantas diligencias de investigación resulten necesarias encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos, y las personas que en ellos hayan participado». 100.000 euros en manoRomillo se dirigió a la Fiscalía General del Estado días antes de que llegasen a la Audiencia Nacional las primeras querellas en su contra por el abrupto cierre de Madeira Invest Club, un negocio de inversión en criptomonedas que a cambio de una cuota mensual, ofrecía inversiones con altísima rentabilidad y que el año pasado ya fue puesto en duda por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que calificó la iniciativa como «chiringuito financiero». En aquel escrito, contaba en formato de autodenuncia que conoció a Alvise en marzo de 2013, cuando este se puso en contacto con él y empezaron a explorar vías de colaboración que resultasen beneficiosas para ambos. Fue el pasado mayo, cuando tras reiterados mensajes del entonces candidato al Parlamento Europeo acusando falta de financiación para sufragar la campaña, Romillo le entregó a través de uno de sus empleados en la sede de una de sus sociedades, 100.000 euros en efectivo. Alvise, después de estallar el escándalo, publicó un vídeo en internet en el que reconocía el cobro y lo atribuía a una prestación de «servicios» sin factura. La denuncia viajó de la Fiscalía General a la del Tribunal Supremo por su condición de aforado, pero ya se había abierto causa en la Audiencia Nacional sobre Romillo y los fiscales consideraron que era ahí donde se debían analizar también estos hechos. Al fin y al cabo, una de las plataformas denunciantes se dirigía también contra Alvise en tanto que había contribuido a publicitar Madeira Invest y atraer así a personas a la supuesta estafa. De ahí que a principios de semana, la denuncia original llegase a la Audiencia Nacional, donde el instructor abrirá ahora pieza separada «de investigación limitada a la instrucción del delito de financiación ilegal a los efectos de que se pueda obtener una rápida finalización de la investigación» y «en caso de que aparezcan indicios racionales de criminalidad, formular la correspondiente exposición razonada al Tribunal Supremo, habida cuenta la condición de aforado« que tiene Alvise. Mientras, ha imputado formalmente a Romillo y le ha citado el 20 de noviembre. Abunda en que «la admisión a trámite de una denuncia no constituye, todavía, un acto de imputación judicial, aunque permita al denunciado comenzar a defenderse en el proceso». Y explica que el paso que ahora se da supone «la apertura de una vía para la investigación judicial de unos hechos que una o varias personas, actuando como denunciantes, bajo su responsabilidad, ponen en conocimiento del órgano jurisdiccional, y respecto de los que, tal como vienen relatados en la denuncia, no se puede excluir su carácter delictivo». «Naturalmente, lo anterior no impide la posibilidad de una verdadera imputación», añade.La cooperación en la estafa y la financiación ilegalEn este sentido, razona que «dada la implicación que en la denuncia presentada por Álvaro Romillo Castillo se atribuye a Luis Pérez Fernández en la promoción de la actividad presuntamente ilícita llevada a cabo a través del entramado financiero generado en torno a Madeira Invest Club, este último pudiera tener la consideración de cooperador necesario o cómplice en el delito de estafa agravada» que ya está investigando. Pero además, «los nuevos hechos puestos de manifiesto» en la denuncia de Romillo «podrían ser constitutivos de un delito de financiación ilegal de partidos políticos» que «castiga a aquellas personas que acepten y reciban donaciones ilegales o que participen en estructuras u organizaciones cuyo principal objeto sea el de financiar ilegalmente a un partido». Sobre este asunto, el auto recuerda que para el delito de financiación de partidos, basta «la mera entrega, o la recepción» de la donación prohibida (están vetadas las de más de 50.000 euros de un particular, las anónimas, finalistas o revocables y las de las personas jurídicas), sin que haga falta que el dinero llegue a gastarse en el fin concreto. «No hace falta la aceptación o trámite alguno añadido, sino sólo el hecho fáctico de la entrega del donativo en cuestión», subraya en este sentido. De ahí que también impute a Romillo por los hechos. Le ha citado a declarar el 20 de noviembre.
Fuente ABC
