La Paz, 11 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- La Justicia de Bolivia declaró en rebeldía al expresidente Evo Morales y ordenó su captura luego de que no se presentara al inicio del juicio oral en su contra por el presunto delito de trata agravada de personas, en una causa que investiga si mantuvo una relación con una menor de 15 años durante su etapa como presidente y si de ese vínculo nació una hija. El caso vuelve a golpear al líder cocalero en su punto más sensible: el contraste entre el caudillo que durante años se presentó como símbolo de los humildes y el dirigente acusado de haber utilizado poder, influencia política y estructura estatal en torno a una menor de edad.
La audiencia se realizó este lunes en el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en el sur boliviano, bajo custodia policial. Morales no asistió, y sus abogados tampoco se presentaron al acto judicial, según reportes de agencias internacionales. Ante esa ausencia, el tribunal dispuso la declaratoria de rebeldía y ratificó la vigencia de mandamientos de aprehensión y arraigo contra el exmandatario.
La defensa del exjefe de Estado volvió a denunciar una supuesta persecución política y alegó fallas en la notificación. El entorno de Morales sostiene que el proceso forma parte de una estrategia de “lawfare” destinada a destruirlo moral y políticamente. Sin embargo, el tribunal consideró que estaban dadas las condiciones formales para avanzar con el juicio y aplicar las consecuencias procesales por la nueva incomparecencia.
La causa apunta a hechos presuntamente ocurridos cuando Morales ejercía la Presidencia de Bolivia. La acusación sostiene que el exmandatario habría mantenido una relación con una adolescente de 15 años, con quien presuntamente tuvo una hija en 2016. La investigación también incluye la hipótesis de que los padres de la menor habrían consentido o facilitado el vínculo a cambio de beneficios o favores políticos, un punto que explica la calificación de trata agravada de personas.
En el expediente también aparece investigada Idelsa Pozo Saavedra, madre de la presunta víctima. La Fiscalía boliviana aseguró haber reunido más de 170 pruebas para sostener la acusación en juicio oral, una cifra que marca la magnitud del caso y anticipa un proceso de alto impacto institucional.
El expediente no llega en el vacío. Morales ya había sido convocado en oportunidades anteriores y había evitado presentarse ante la Justicia. En enero de 2025, un juez de Tarija había dispuesto su aprehensión, arraigo y anotación preventiva de bienes, luego de que el exmandatario tampoco acudiera a declarar. Desde entonces, el líder del Movimiento al Socialismo (MAS) permanece refugiado políticamente en la región cocalera del Chapare, en el departamento de Cochabamba, donde mantiene una base dura de seguidores que bloquea o dificulta cualquier intento de detención.
El Chapare se convirtió, en los hechos, en una suerte de santuario político para Morales. Allí conserva respaldo sindical, capacidad de movilización y control territorial. Las autoridades bolivianas ya habían enfrentado dificultades para ejecutar órdenes judiciales anteriores, en medio de bloqueos de rutas y protestas de sus seguidores. Ese dato transforma el caso en algo más que una causa penal: también es una pulseada de poder entre la Justicia, el Estado boliviano y un expresidente que todavía conserva estructura militante propia.
El caso revive además una serie de antecedentes personales que durante años rodearon a Morales y que el poder político boliviano muchas veces evitó tratar con profundidad. La trayectoria del exmandatario estuvo marcada por disputas de paternidad, denuncias públicas y controversias vinculadas a relaciones con mujeres jóvenes. En 1997 y 2002, la Justicia lo obligó a reconocer a dos hijos, Álvaro Morales Peredo y Evaliz Morales Alvarado, luego de reclamos por manutención. Más tarde, durante su etapa en el poder, estalló el caso Gabriela Zapata, exdirectiva de una empresa china con contratos estatales, con versiones contradictorias sobre un presunto hijo con el entonces presidente.
La reapertura del expediente actual volvió a instalar una pregunta que incomoda al universo progresista latinoamericano: ¿por qué tantos sectores que se presentan como defensores de los derechos de las mujeres y de las niñas guardan silencio cuando las acusaciones recaen sobre uno de sus líderes históricos? La vara moral de la izquierda regional suele ser implacable con sus adversarios, pero se vuelve notablemente flexible cuando el señalado pertenece a su propio altar ideológico.
Morales, que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, fue durante años una figura central del llamado “socialismo del siglo XXI”. Su caída política comenzó tras la crisis electoral de 2019, cuando denuncias de fraude y protestas masivas derivaron en su salida del poder y posterior exilio. Aunque regresó al país tras el triunfo del MAS, su relación con el oficialismo boliviano se deterioró hasta transformarse en una guerra abierta por liderazgo, candidaturas y control territorial.
Esa disputa interna del MAS le permitió a Morales presentar la causa como una persecución de sus enemigos políticos. Pero esa estrategia no elimina la gravedad de la acusación. En un Estado de Derecho, un expresidente no puede decidir por cuenta propia cuándo se presenta y cuándo no ante un tribunal. Mucho menos cuando la causa involucra a una presunta víctima menor de edad y un delito que, por su propia naturaleza, exige máxima seriedad institucional.
La defensa sostiene que no hubo delito y cuestiona la validez del proceso. También se conocieron planteos orientados a anular el juicio. Pero la Justicia boliviana decidió avanzar y, frente a la ausencia reiterada del acusado, activó la herramienta procesal de la rebeldía. En términos simples: Morales fue citado, no compareció y quedó nuevamente bajo orden de captura.
El impacto regional es inevitable. Durante años, Evo Morales fue celebrado por partidos de izquierda, gobiernos populistas y organizaciones internacionales afines como un símbolo del indigenismo político y del antiimperialismo latinoamericano. Ahora aparece sentado —al menos judicialmente— en el banquillo de los acusados por un caso que involucra a una adolescente, posible tráfico de influencias y un presunto entramado de protección familiar y política.
La causa también pone en evidencia el uso del poder como escudo. Morales no es un ciudadano común escondido por miedo a un proceso menor. Es un expresidente con redes sindicales, estructura territorial, capacidad de movilización y seguidores dispuestos a impedir su detención. Esa realidad agrava el desafío de la Justicia boliviana: ejecutar la ley sin incendiar el país, pero sin permitir que un caudillo se coloque por encima del sistema judicial.
En este punto, el caso excede largamente la figura personal de Morales. Lo que se discute es si Bolivia puede juzgar a un expresidente acusado de un delito grave sin que la presión callejera, el bloqueo político o la militancia organizada condicionen la acción de los tribunales. También se discute si la región está dispuesta a mirar con la misma severidad a los líderes populistas cuando las denuncias no vienen de sus enemigos ideológicos, sino de expedientes judiciales concretos.
La orden de captura dictada este lunes marca un nuevo escalón en el deterioro político y judicial del exmandatario. Morales podrá seguir denunciando persecución, pero la pregunta de fondo queda intacta: si se considera inocente, ¿por qué no se presenta ante el tribunal y enfrenta el proceso? La Justicia boliviana, con todos sus problemas y tensiones, le exige lo mismo que debería exigirle a cualquier ciudadano: comparecer, responder y someterse a la ley.
Por ahora, el líder cocalero continúa en el Chapare, protegido por sus bases y lejos del tribunal que lo reclama. Pero la imagen política ya quedó instalada: el hombre que gobernó Bolivia durante casi 14 años ahora enfrenta una orden de captura por no presentarse a un juicio por trata agravada. La historia del caudillo que decía hablar en nombre del pueblo ingresa así en su capítulo más oscuro.
