Morón, 11 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- El intendente de Morón, Lucas Ghi, quedó en el centro de una nueva polémica política luego de que el concejal Ariel Aguilera, del bloque Todo por Argentina, denunciara una contratación directa por 51 millones de pesos destinada a publicidad oficial digital, adjudicada a la empresa Ninja Contenidos S.R.L., en medio de reclamos por la situación sanitaria municipal y por el deterioro salarial de los trabajadores comunales.
El edil opositor cuestionó con dureza el destino de los fondos públicos y acusó al Ejecutivo local de “priorizar la publicidad oficial por sobre la salud de los moronenses y el salario de los trabajadores”. La contratación, según la denuncia, fue impulsada desde la Jefatura de Gabinete del municipio, a cargo de Estefanía Franco, y apunta a la difusión institucional en un sitio vinculado al portal El Sol Bonaerense.
La controversia no sólo gira en torno al monto, sino también al mecanismo utilizado y al perfil de la firma beneficiada. De acuerdo con la información difundida en medios locales y provinciales, Ninja Contenidos S.R.L. aparece relacionada con dirigentes y operadores del universo peronista. Entre los nombres mencionados figuran Agustín Manganiello, contador cercano a Matías Lammens, y Felipe Albistur, hijo del histórico publicista peronista Enrique “Pepe” Albistur y de la ex ministra Victoria Tolosa Paz. En otras publicaciones también se menciona a Alejandro Williams dentro de la composición societaria actual de la empresa.
Para Aguilera, esos vínculos abren sospechas sobre el uso político de la pauta municipal. El concejal reclamó que el municipio explique con precisión cuál fue el criterio de contratación, qué servicios se prestarán, durante qué período, con qué métricas de audiencia, qué contraprestación recibirá el Estado local y por qué se optó por una contratación directa en lugar de un proceso competitivo más amplio.
La denuncia fue acompañada por un pedido de informes al Ejecutivo municipal. El bloque opositor busca que Lucas Ghi detalle el expediente, los antecedentes de la empresa, los fundamentos de razonabilidad del gasto y la evaluación previa que justificó destinar 51 millones de pesos a publicidad digital en un contexto de dificultades presupuestarias y creciente malestar vecinal.
El punto políticamente más sensible es la comparación con la situación del sistema sanitario local. Aguilera vinculó el gasto en comunicación oficial con los reclamos que afectan al Hospital Municipal Ostaciana B. de Lavignolle, donde vecinos y trabajadores vienen denunciando faltantes de insumos, demoras en la atención, sobrecarga de demanda y dificultades para sostener prestaciones. La presión sobre el hospital municipal se habría incrementado por la salida de familias del sistema privado de salud, producto del deterioro económico y del encarecimiento de las cuotas de medicina prepaga.
En ese escenario, la contratación de pauta aparece para la oposición como una mala señal de prioridades. “Mientras exista un trabajador que no cobre un salario digno o un vecino que no pueda acceder a una atención sanitaria de calidad, ni un peso puede ir destinado a publicidad oficial”, lanzó Aguilera, al cuestionar el orden de prioridades del municipio.
El reclamo también se conecta con el conflicto salarial. El Sindicato de Trabajadores Municipales rechazó recientemente un aumento del 12% otorgado de manera unilateral por el Ejecutivo local, al considerar que la recomposición no alcanza para compensar el deterioro del poder adquisitivo. La oposición sostiene que, antes de financiar campañas de comunicación, el municipio debería atender las demandas de los empleados que sostienen servicios esenciales.
La administración de Ghi, dirigente del peronismo local y aliado histórico del sabbatellismo, enfrenta desde hace tiempo cuestionamientos por el manejo de recursos, la presión tributaria y el deterioro de servicios. La polémica por la pauta agrega un ingrediente especialmente incómodo: el señalamiento de que fondos públicos podrían terminar fortaleciendo estructuras mediáticas cercanas al propio ecosistema político que gobierna el distrito.
El caso obliga a una discusión de fondo sobre la publicidad oficial en los municipios. La comunicación institucional es una herramienta válida cuando informa campañas sanitarias, vencimientos, servicios, obras o alertas públicas. Pero cuando se utiliza para financiar portales afines, premiar amigos políticos o construir blindajes mediáticos, deja de ser información pública y pasa a convertirse en propaganda pagada por los contribuyentes.
En un distrito como Morón, donde los vecinos pagan tasas cada vez más pesadas y reclaman respuestas por seguridad, salud, limpieza, calles, atención hospitalaria y salarios municipales, una contratación directa de 51 millones de pesos para pauta digital exige explicaciones públicas. No alcanza con invocar la necesidad de comunicar gestión. El municipio debe demostrar que el gasto es útil, proporcional, transparente y ajeno a cualquier mecanismo de favoritismo político.
Aguilera fue más allá y acusó a Ghi de gobernar “como un monarca”, en referencia a lo que considera una falta de respuestas institucionales frente a los pedidos de la oposición y de los vecinos. La frase sintetiza el malestar de sectores que ven en el oficialismo local una administración cerrada, acostumbrada a manejar el municipio como una estructura propia y no como una institución al servicio de los contribuyentes.
La polémica también deja expuesto un viejo problema del conurbano: la opacidad de muchos municipios en materia de contrataciones directas, pauta oficial y vínculos con proveedores cercanos al poder. En distritos donde el oficialismo controla durante años áreas sensibles del Estado local, la publicidad institucional puede convertirse en un instrumento para disciplinar medios, comprar silencio o amplificar relatos de gestión que no siempre coinciden con la realidad de los barrios.
El contraste es fuerte. Mientras el municipio defiende gastos en comunicación, la discusión pública se concentra en un hospital con reclamos, empleados municipales disconformes y vecinos que exigen servicios básicos. En términos políticos, Ghi deberá explicar por qué una contratación de pauta por 51 millones de pesos resulta prioritaria en una comuna donde la salud y los salarios aparecen como focos de conflicto.
La oposición buscará ahora que el pedido de informes avance en el Honorable Concejo Deliberante de Morón. Si el oficialismo bloquea o dilata las respuestas, el caso podría escalar a nuevas denuncias políticas e incluso administrativas. La clave estará en el expediente: allí deberá quedar claro si la contratación fue legal, si hubo justificación técnica, si el precio se corresponde con el servicio contratado y si la empresa adjudicataria tiene antecedentes suficientes para recibir semejante monto.
La línea que separa comunicación pública de propaganda partidaria suele ser delgada. En este caso, la sospecha crece porque la firma beneficiada aparece vinculada a nombres del peronismo nacional y porque el gasto se produce en un contexto de fragilidad social. La política puede discutir prioridades, pero la administración pública debe rendir cuentas. Y cuando hay 51 millones de pesos en juego, la respuesta no puede ser el silencio.
Para Morón, el episodio abre una pregunta concreta: si el dinero municipal alcanza para financiar pauta oficial, ¿por qué no alcanza para mejorar salarios, reforzar el hospital o garantizar insumos básicos? Esa es la discusión que Aguilera instaló sobre la mesa y que el intendente Lucas Ghi deberá responder con documentos, no con slogans.
