Buenos Aires, 11 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- La causa judicial que investiga presuntas maniobras con el dólar blue durante el gobierno del Frente de Todos sumó un nuevo capítulo con la presentación espontánea de Martín Migueles, exsocio del financista Elías Piccirillo, ante el juez federal Ariel Lijo. El empresario negó haber participado de operaciones en el mercado paralelo, rechazó ser dueño de relojes de lujo y buscó despegarse de la trama, aunque reconoció que actuó como intermediario comercial en una gestión vinculada al Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), el mecanismo que durante el cepo cambiario habilitaba el acceso al dólar oficial para importadores.
La investigación, que está en manos del juez Ariel Lijo y del fiscal Franco Picardi, apunta a una presunta red de intermediarios, financistas, empresarios y eventuales funcionarios que habría facilitado autorizaciones de importación a cambio de comisiones. El expediente, que originalmente se centraba en negocios con el dólar blue, abrió una derivación más delicada: el uso del SIRA como presunta ventanilla paralela para acceder a dólares baratos en plena restricción cambiaria. Según publicaciones judiciales y periodísticas, la causa tiene más de 50 personas y empresas bajo la lupa y rastrea un circuito que habría movido al menos 900 millones de dólares.
Migueles presentó un escrito con la asistencia de su abogado, Yamil Castro Bianchi, en el que afirmó: “No operé en el mercado paralelo ni tengo relojes de lujo”. También sostuvo que la acusación se apoya en “frases aisladas, registros audiovisuales descontextualizados o interpretaciones parciales de conversaciones privadas”. Su defensa intentó instalar una línea clara: el empresario admite contactos comerciales, pero niega la existencia de una operatoria ilegal propia.
El punto más sensible de su descargo aparece en torno a los permisos de importación. Migueles reconoció que un conocido, Ariel Saponara, le pidió ayuda con un trámite SIRA, pero dijo que su intervención se limitó a conectarlo con otra persona apodada “Pipo” para cobrar una comisión comercial. “Jamás intermedio en situaciones que sean contrarias a la ley”, sostuvo en su presentación, y negó haber pagado sobornos a funcionarios públicos.
La explicación, sin embargo, choca con el material que la Justicia analiza. El peritaje sobre uno de los teléfonos de Migueles habría revelado chats y audios que describen un presunto circuito de gestores capaces de “mover” permisos de importación, con comisiones que, según el expediente, rondaban entre el 10% y el 15% del valor de las operaciones. Ese porcentaje, aplicado sobre importaciones calculadas a dólar oficial o blue, es uno de los elementos que más preocupa a los investigadores, porque podría mostrar una caja informal montada sobre la escasez de divisas y la discrecionalidad estatal.
El SIRA fue creado en octubre de 2022 por una resolución conjunta de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Secretaría de Comercio y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para obtener información anticipada y dar trazabilidad a las operaciones de importación. En los hechos, durante el cepo funcionó como un filtro decisivo: quien obtenía aprobación podía acceder al mercado oficial de cambios; quien quedaba afuera debía esperar, frenar importaciones o enfrentar costos mucho más altos.
Allí estuvo el verdadero poder del sistema. En una economía con cepo, brecha cambiaria y dólares escasos, una autorización SIRA podía representar una ventaja millonaria. El acceso al dólar oficial permitía importar a un tipo de cambio mucho más bajo que el del mercado informal. Esa diferencia generó incentivos enormes para que aparecieran gestores, intermediarios, favores, contactos y presuntas coimas. En otras palabras: cuando el Estado decide quién recibe dólares baratos y quién no, la discrecionalidad puede transformarse rápidamente en negocio.
Por eso, la causa golpea de lleno al corazón del esquema económico del kirchnerismo tardío y del massismo económico: controles, cepo, autorizaciones, brecha cambiaria y una burocracia con capacidad de repartir beneficios extraordinarios. El sistema fue presentado en su momento como una herramienta de orden y trazabilidad, pero terminó bajo sospecha por haber creado, según la investigación judicial, una puerta lateral para quienes podían pagar o acceder a los contactos correctos.
El actual gobierno de Javier Milei eliminó el SIRA al inicio de su gestión y lo reemplazó por el Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI), bajo el argumento de terminar con la aprobación previa de licencias y reducir la discrecionalidad estatal. El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo entonces que la burocracia ya no tendría el poder de decidir quién importaba un bien y quién no. Esa decisión, vista ahora a la luz del expediente, aparece como uno de los cambios estructurales más relevantes para desmontar una caja que durante años fue señalada por empresarios como un mecanismo opaco y arbitrario.
En su presentación, Migueles también negó conocer a funcionarios del Banco Central mencionados en la investigación. Respecto de una frase interceptada en la que se hablaba de “la vieja del Central”, afirmó que se trataba de una referencia que le había transmitido su socio comercial Francisco Hauque. También intentó explicar expresiones como “agencia para sacrificar” o “retiro de bille”, asegurando que no describían operaciones propias sino comentarios de terceros sobre cómo funcionaban otras agencias del mercado.
Otro tramo llamativo del descargo apunta a una escucha en la que Migueles hablaba de la necesidad de transferencias diarias de “100 o 150 palos”. Según su versión, fue una exageración destinada a generar interés en un vecino y lograr que le presentara al dueño de Baires Cambio, en Nordelta. “No se trató de una operatoria real mía por esos montos”, sostuvo.
La Justicia, de todos modos, no mira solamente las frases. También analiza teléfonos, computadoras, tablets, transferencias, contactos, sociedades, movimientos comerciales y eventuales vínculos con casas de cambio. Migueles había sido allanado en tres oportunidades dentro de la causa contra Elías Piccirillo. En uno de esos procedimientos, efectivos de Prefectura Naval Argentina le secuestraron dispositivos electrónicos. Según el relato incorporado al expediente, el empresario llegó a su domicilio cuando el operativo ya estaba en marcha, entregó su celular y aportó la clave de acceso.
El nombre de Elías Piccirillo agrega otro condimento al caso. El financista, conocido públicamente también por su relación con figuras del mundo del espectáculo, quedó bajo investigación por presuntas maniobras financieras y por el entramado que habría conectado casas de cambio, operadores del blue y gestiones de importación. La causa dejó de ser una investigación sobre cuevas o financieras para convertirse en una radiografía mucho más grande del cepo argentino: quién conseguía dólares oficiales, bajo qué condiciones, con qué intermediarios y a cambio de qué.
El expediente también menciona a ARG Exchange S.A., casa de cambio de la que Migueles fue presidente. El empresario sostuvo que la firma operaba dentro de la legalidad, bajo normas del BCRA, comprando y vendiendo divisas al por mayor mediante operaciones documentadas y boletos diarios. “Yo no participé en una operatoria destinada a vender dólares en el mercado paralelo, eso debe quedar bien claro”, afirmó en su descargo.
Pero el problema de fondo excede a Migueles. Lo que investiga la Justicia es si durante 2022 y 2023 se montó un sistema paralelo para liberar permisos de importación en plena administración del cepo. Según reportes sobre el expediente, los mensajes peritados mostrarían la existencia de al menos tres personas identificadas que permitían gestionar autorizaciones, con pagos calculados como porcentaje del valor de la importación. Si esa hipótesis se confirma, el caso no sería una simple maniobra cambiaria, sino una estructura de recaudación montada sobre una política pública.
El dato político es inevitable. El SIRA funcionó durante la gestión económica del Frente de Todos, en un período atravesado por controles, inflación, falta de reservas y restricciones crecientes para importar. Muchas empresas denunciaban demoras, arbitrariedades y falta de criterios transparentes. Mientras tanto, quienes conseguían autorizaciones podían acceder a divisas oficiales en un mercado donde el dólar libre cotizaba muy por encima. Esa brecha no sólo distorsionó precios: también abrió una oportunidad fenomenal para la corrupción.
La causa vuelve a mostrar el costo real de los cepos. No se trata únicamente de una discusión técnica entre economistas. Cuando el Estado encierra el mercado cambiario, fija precios artificiales y reparte permisos, nace un poder discrecional enorme. Y donde hay discrecionalidad, aparecen intermediarios. Donde hay intermediarios, aparecen comisiones. Y donde hay millones de dólares en juego, el límite entre gestión, lobby y coima puede volverse peligrosamente difuso.
En su defensa, Migueles pidió que cualquier análisis sobre su patrimonio y su actividad comercial se base en pericias contables, transferencias bancarias y documentación objetiva. También negó que la casa de Nordelta que se le atribuye sea de su propiedad y aseguró que la ocupaba en virtud de un acuerdo de honorarios con su amigo Elías Piccirillo. Sobre los vehículos de alta gama vistos en videos, afirmó que pertenecían a conocidos y que él sólo intentaba conseguir compradores para quedarse con una comisión o realizar un “revoleo comercial”.
La estrategia defensiva parece clara: separar ostentación de patrimonio real, contactos de operatoria ilegal, intermediación comercial de coimas y frases privadas de prueba judicial. La tarea de Lijo y Picardi será determinar si esas explicaciones alcanzan o si los chats, audios y movimientos económicos revelan algo más profundo.
El expediente todavía está en desarrollo y no hay condenas. Pero la investigación ya dejó expuesto un mecanismo que la Argentina conoce demasiado bien: el uso de regulaciones económicas como fuente de poder informal. El caso SIRA muestra cómo una política presentada como administración de divisas pudo transformarse, según la hipótesis judicial, en una caja para operadores con acceso privilegiado.
La diferencia entre un trámite legal y una maniobra corrupta estará en las pruebas. Pero la pregunta institucional es más amplia: ¿cuántos importadores quedaron frenados mientras otros accedían a permisos por contactos? ¿Cuántas empresas pagaron sobrecostos por no tener llegada? ¿Cuántos dólares oficiales se entregaron bajo criterios verdaderamente técnicos y cuántos por influencias? Y, sobre todo, ¿qué funcionarios sabían lo que ocurría?
En tiempos en que la actual administración busca ordenar la macroeconomía y reducir intermediaciones estatales, el expediente funciona como una advertencia: el cepo no sólo empobrece y distorsiona; también crea castas de ventanilla. La causa que involucra a Migueles, Piccirillo, casas de cambio y permisos SIRA puede convertirse en una de las investigaciones más reveladoras sobre cómo se hicieron negocios privados con la escasez pública.
