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Por Nicolás Balinotti
El camionero no logró aval para activar un paro general y su padre debe resolver su reemplazante en el triunvirato de mando; coincidencia de los gremios y empresarios sobre el plan económico de Milei
Pablo Moyano se sintió solo y aislado cuando se enteró que su padre, jefe del poderoso sindicato de los camioneros, había llamado por teléfono a Héctor Daer, Gerardo Martínez y Julio Piumato para decirles que no avalaba la postura de su hijo de activar en diciembre el tercer paro general contra la gestión de Javier Milei. Con su intervención, el viejo jerarca enterró cualquier apoyo de la CGT a la medida de fuerza y sirvió para que la central obrera extienda su tregua con el Gobierno a cambio de blindar el cobro de la cuota solidaria y mantener la fluidez de recursos en sus obras sociales.
Hugo Moyano se involucró también para preservar a su hijo, a quien se le deshilachó en dos meses el experimento de reconstruir la estratégica alianza de gremios del transporte. “¿Cómo garantizamos el éxito de un paro sin la UTA, sin los ferroviarios y ahora sin los aeronáuticos?”, se preguntó un dirigente moyanista de la primera hora después del acuerdo sellado entre Aerolíneas Argentinas y los gremios del sector, y al escuchar al ferroviario Omar Maturano dinamitar “la mesa del transporte”. Las primeras acciones de Pablo Moyano a estas circunstancias pueden leerse como una respuesta: se ausentó de la reunión de CGT del martes pasado, cuando se resolvió de manera unánime apostar al diálogo con el Gobierno, y reforzó su acercamiento con las dos vertientes de la CTA y otras tribus vinculadas al kirchnerismo para organizar una protesta callejera en diciembre. Este viernes, con una carta, formalizó su salida y presentó su renuncia.
El mapa familiar de los Moyano sigue atravesado por las internas y la desconfianza. Otra renovada muestra de estas diferencias es que Pablo se mantiene corrido de la negociación salarial de los camioneros. Es Hugo, a sus 80 años, quien conversa por estos días con los empresarios para sellar un aumento de 5% mensual más un bono de fin de año de $650.000. Además, negocia hacer obligatorio el aporte adicional de $14.000 por trabajador que hacen los empresarios a la obra social de los camioneros, la viga maestra de los negocios de su imperio desde hace por lo menos dos décadas. La semana que viene o durante los primeros días de diciembre podría haber un apretón de manos, que si se concreta en esos términos porcentuales podría ser una amenaza a las proyecciones inflacionarias del Gobierno, que son menores al 5%. Tal vez la mesura que exhibió el jefe del clan Moyano ante la cúpula de la CGT sea para asegurarse la paritaria para su numerosa tropa, que es, en definitiva, la raíz de su poder.
Decidida a evitar un choque con Milei y a mostrar voluntad de diálogo, la CGT resolvió bajar las persianas y adelantar sus vacaciones. En lo que queda de 2024 figura en el calendario el encuentro tripartito con los empresarios del Grupo de los Seis y el Gobierno. Hubo anteayer una suerte de adelanto para explorar posibles cambios en el sistema de riesgos laborales en una presentación de la que participaron el secretario de Trabajo, Julio Cordero; el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, y Gerardo Martínez, jefe de la Uocra, en representación de la CGT. Alrededor de la mesa, entre los técnicos, estuvo Hugo Moyano (h.), asesor legal de un abanico importante de gremios, entre ellos, el de camioneros, que encabeza su padre. Podría haber próximamente otra reunión de gremialistas y empresarios con Cordero, pero para definir la letra chica de la reglamentación del artículo 242 de la Ley Bases, que se refiere a los bloqueos como “justa causa” de despido. La CGT distingue en el secretario de Trabajo un aliado para mitigar el alcance de la normativa, que fue aprobada hace cuatro meses en el Congreso, pero que aún tiene puntos sin precisar, con zonas grises abiertas a interpretaciones disímiles.
“No es momento para una medida loca”
“No es momento para hacer un paro, no hay margen para una medida loca a fin de año, menos con la inflación a la baja y con estabilidad cambiaria”, dijo un jerárquico de la CGT al que le incomoda el conflicto y que presionó en la discusión interna para forzar una negociación con la Casa Rosada. “El diálogo es la llave maestra para resolver los conflictos”, argumentó el dirigente el martes pasado durante la reunión en la sede de UPCN. La decisión de no confrontar con los libertarios se resolvió allí, en el gremio estatal, con representantes de las distintas tribus sindicales que conviven hoy en la CGT. Dijeron dos testigos que la decisión fue resuelta por unanimidad. Hubo apenas un pedido disruptivo desde el moyanismo para que se reúna al consejo directivo en plenitud, algo que probablemente no suceda hasta 2025.
Antes del paro de transporte del 30 de octubre, Pablo Moyano había condicionado su futuro en el triunvirato de mando de la CGT a la espera de una reacción corporativa en contra del Gobierno. “Mitad de la CGT quiere dialogar con el Gobierno y la otra mitad quiere estar en la calle para defender los derechos de los trabajadores. No se puede mirar para otro lado”, dijo el número dos de los camioneros tras la huelga de transportistas. Un día antes, sin saber el grado de adhesión que iba a tener la medida, había dicho: “Después del 30 de octubre se decidirá la situación del sector que representamos, si continuar en la CGT o proponer una profundización del plan de lucha que arrancó con el paro de enero. No hay otra alternativa que un paro general”.
Pablo Moyano no toleró un nuevo desplante y renunció. En esa lógica debe interpretarse su nueva alianza con Rodolfo Aguiar, el jefe nacional de los estatales de ATE, y con los movimientos sociales que responden a Juan Grabois. También su apoyo a Mario Manrique, el número dos del Smata que se fue del consejo directivo cegetista por diferencias con la cúpula. Manrique y su secretario general, Ricardo Pignanelli, fueron los que le facilitaron dinero y estructura al kirchnerismo para entronar a Cristina como nueva jefa del PJ. ¿Habrá más renuncias, además de la Pablo Moyano y Manrique?
Los sindicalistas suelen tener un termómetro especial para detectar las crisis. A ese don, adquirido por la experiencia de estar en sillones de mando en los que el recambio no se produce con frecuencia, algunos dirigentes lo conservan para definir sus alineamientos políticos. Los gremios dialoguistas se guían de esa sensación para no confrontar con Milei. Se alinean con esta estrategia desde “los Gordos” (grandes gremios de servicios) hasta los autodenominados “independientes” (los estatales de UPCN y AySA, y la Uocra) y el puñado de gremios que digita Luis Barrionuevo, que hizo gestiones para frustrar el plan combativo del hijo mayor de Moyano.
En la Casa Rosada saben que la tregua con la CGT es circunstancial y que en cualquier momento puede romperse. Las vigas que sostienen el pacto tienen que ver con no alterar el modelo sindical vigente. Por eso el Gobierno decidió no jugar a fondo esta semana para que obtenga dictamen el proyecto de ley que impulsaron la UCR y Pro para limitar los mandatos de los sindicalistas y eliminar la “cuota solidaria”, un descuento salarial compulsivo a todos los trabajadores de una actividad, sean afiliados o no, que es pactada en los convenios colectivos y que es uno de los principales sostenes económicos de los gremios. Si la iniciativa lograba dictamen en la comisión de legislación laboral que preside el diputado Martín Tetaz, ya existía un compromiso oficial a no incluirla en el temario de un eventual llamado a sesiones extraordinarias, según supo LA NACION de fuentes confiables. ¿Qué dirían Milei y Federico Sturzenegger sobre este acuerdo con “la casta sindical”? “La cuota solidaria y la reforma de la ley de Asociaciones Sindicales no es prioridad ahora, pero es un tema de debate social”, dijo un funcionario de trato cotidiano con los gremios.
El plan económico y la teoría del cementerio
Durante la discusión interna de la CGT surgió una preocupación sobre el plan económico de Milei que encontró curiosas coincidencias con un reciente mensaje de la Unión Industrial Argentina. Los empresarios fabriles alertaron sobre las consecuencias negativas para el mercado interno de la apertura comercial que dispuso el Gobierno, al liberar importaciones y flexibilizar las compras al exterior. Alertaron que las pymes perdieron más de 30.000 puestos de trabajo desde agosto de 2023 y pidieron bajar impuestos para que la producción local gane competitividad. El martes próximo la UIA celebrará su conferencia anual y es posible que esa inquietud renueve un foco de tensión con el Presidente, que no confirmó aún su asistencia al encuentro.
En la CGT el diagnóstico es parecido y los dirigentes siguen con atención que la apertura de las importaciones no destruya la producción local ni desencadene en una pérdida masiva de puestos de trabajo. Hay alerta en diferentes rubros, sobre todo, en el textil, el metalúrgico, el mecánico y el de las alimenticias.
Marcelo Peretta, jefe del sindicato de farmacéuticos y bioquímicos y que está alejado de la central obrera tras una fugaz excursión a la política de la mano de Patricia Bullrich, publicó recientemente un libro [El derecho a elegir tu sindicato] en el que hace referencia a esta preocupación que une a gremios y empresarios. “Milei logró superávit en las cuentas públicas, bajar la inflación y ahorrar divisas. Tres acciones que parecían dignas de Misión Imposible. Merece un reconocimiento por eso, pero también una advertencia: cuidado con un ajuste clásico que te lleve al orden y la paz de cementerio en la que todo funciona y todo está limpio y prolijo: el sereno cuida, el empleado ordena y la florista vende sus ramos. Pero abajo están todos muertos”, escribió Peretta, un dirigente que se define como “sindicalista liberal” y que se jacta de haber metido a Milei en la política cuando el Presidente era un asiduo panelista televisivo. Es apenas otra voz de alerta, como la del economista Juan Carlos de Pablo, otro interlocutor de Milei.
Fuente La Nación
