Lomas de Zamora, 12 de diciembre de 2025 – Total News Agency-TNA-La investigación judicial contra la financiera Sur Finanzas dio un giro de alto impacto este jueves con la detención en flagrancia de la tesorera de la firma, identificada como Micaela Sánchez, cuando intentaba retirar cajas, celulares y documentación de un galpón clandestino en Turdera, en el partido de Lomas de Zamora, en medio de una causa que ya se encuentra rodeada de sospechas de lavado de dinero y evasión fiscal vinculadas al nexo entre la firma, clubes de fútbol y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Fuentes judiciales confirmaron que el juez federal Luis Armella ordenó el registro de la vivienda de Sánchez y dispuso que sea indagada mañana, en el marco de los múltiples operativos que se suceden desde principios de diciembre.
El caso se aceleró tras un llamado anónimo que advirtió a la Fiscalía sobre movimientos sospechosos de camionetas con el logo de Sur Finanzas trasladando cajas a un depósito ubicado en la Avenida Hipólito Yrigoyen, junto a un lavadero de autos. La denuncia de un vecino desencadenó el primer allanamiento en el galpón, donde efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) encontraron a Sánchez cargando cajas en una camioneta Toyota SW4 y, tras una breve fuga, fue detenida a unos 100 metros del lugar. En el vehículo se secuestraron al menos seis teléfonos celulares, una computadora y abundante documentación que ahora se incorpora al expediente.
La pesquisa judicial se desarrolla en un contexto de operativos masivos contra Sur Finanzas y su supuesto circuito de lavado de activos, que ya había llevado a al menos 33 allanamientos simultáneos en la sede central de la AFA, su predio en Ezeiza y oficinas de diversos clubes de fútbol por orden del mismo magistrado, en una investigación que alcanza también a Racing, Independiente, San Lorenzo y Excursionistas, entre otros. La pesquisa apunta a determinar si la financiera —propiedad del empresario Ariel Vallejo, estrechamente vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia— operó como un canal para insertar fondos de origen ilícito en el sistema legal del fútbol argentino.
La causa principal, impulsada por la fiscal federal Cecilia Incardona, derivó además en la apertura de múltiples procedimientos sobre empresas vinculadas a la financiera, incluidos domicilios particulares y oficinas administrativas en Capital Federal y el conurbano bonaerense. Entre los operativos se ordenó la apertura de cajas de seguridad bancarias de Sur Finanzas y el registro de firmas que, de acuerdo con la Justicia, formarían parte de la estructura societaria utilizada para mover fondos bajo sospecha de evasión fiscal y lavado de dinero.
En el primer allanamiento al galpón, los investigadores hallaron dos cajas de seguridad de gran tamaño, siete cajas fuertes adicionales, posnets, documentación vehicular, dos computadoras y equipamiento médico, además de alrededor de 30 cajas con documentación diversa y cinco cajeros automáticos completos, lo que puso de manifiesto la magnitud del material desperdigado fuera de los registros formales de la propia financiera. El juez Armella ordenó la apertura de estas cajas fuertes con apoyo de Bomberos, un procedimiento que se extendió por varias horas y continuaba durante la madrugada del jueves.
Interrogada junto con otras personas que la acompañaban, Sánchez afirmó que los elementos hallados estaban siendo trasladados a un “técnico informático” que trabajaría para Sur Finanzas, versión que no fue aceptada por los fiscales ni por el magistrado, quienes consideraron que los movimientos obedecían a un intento de ocultar y dispersar documentación clave para la investigación. Ante ello, se ordenaron allanamientos adicionales en el domicilio de la madre de Sánchez, donde se encontraron computadoras y llaves de cajas fuertes bajo resguardo, y se continúa la búsqueda de pruebas que permitan dilucidar el destino y la actividad real de los objetos secuestrados.
La causa, que comenzó con investigaciones previas por supuestas irregularidades en la transferencia de fondos entre la financiera y el Club Atlético Banfield, se amplió tras una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI) por presunto lavado de dinero y evasión fiscal por un monto cercano a 818.000 millones de pesos, relacionados con operaciones realizadas a través de la plataforma de servicios de pago de Sur Finanzas. Ese expediente también involucra a monotributistas sin capacidad económica, contribuyentes apócrifos y movimientos financieros de alto volumen que despertaron la atención de los equipos de fiscalización tributaria y penal.
El rol de Sur Finanzas como sponsor de torneos y clubes —con presencia del logo de la empresa en indumentarias y acuerdos comerciales con equipos de Primera División y del Ascenso—, y su conexión con dirigentes del fútbol y operadores financieros, plantea interrogantes sobre el uso de la firma como herramienta de legitimación de capitales de dudosa procedencia. El avance de los allanamientos y la detención de la tesorera Sánchez, en medio de movimientos apresurados de cajas y dispositivos electrónicos, evidencia la complejidad de la trama y la posibilidad de que existan múltiples líneas de actividad delictiva que deberán ser esclarecidas en sede judicial.
El juez Armella continúa supervisando los procedimientos, mientras que la fiscalía y la Policía Federal trabajan en la clasificación de los elementos secuestrados para consolidar el caso y preparar futuras imputaciones, en un expediente que podría redefinir la realidad financiera del fútbol argentino y las figuras privadas que han estado en el centro de sus vínculos económicos recientes
