Buenos Aires, 22 de diciembre de 2025-Total News Agency-TNA-. El proyecto de Inocencia Fiscal aprobado con media sanción en la Cámara de Diputados abrió un frente de conflicto inesperado entre el Gobierno y las pequeñas y medianas empresas, luego de que trascendiera que las multas automáticas por incumplimientos formales ante la ARCA podrían incrementarse en más de un 110.000%. La iniciativa prevé que las sanciones por la falta de presentación en término de declaraciones juradas pasen de montos simbólicos a cifras consideradas “confiscatorias” por tributaristas y contadores.
De aprobarse el texto tal como está redactado, una persona humana que se atrase un solo día enfrentaría una multa que subiría de 200 pesos a 220.000, mientras que para las personas jurídicas —incluidas las pymes— el salto sería de 400 a 440.000 pesos. El incremento generó alarma en el sector productivo y motivó reclamos formales al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien se le atribuye la decisión política de incluir esta actualización en el proyecto.
Especialistas señalaron que se trata de sanciones automáticas por incumplimientos meramente formales, sin que medie evasión ni perjuicio fiscal concreto. En ese sentido, advirtieron que una pyme puede atrasarse por razones administrativas menores —falta de personal, errores operativos o problemas de sistema— y quedar expuesta a una penalidad de magnitud desproporcionada para su escala económica.
Durante el debate en Diputados, sectores del peronismo y de la oposición dialoguista ya habían planteado la necesidad de que las multas se gradúen según el tipo de contribuyente, diferenciando personas físicas, pymes y grandes empresas. El cuestionamiento fue retomado en el Senado, donde se alertó sobre el carácter regresivo del esquema propuesto, que aplica el mismo castigo a realidades económicas muy distintas.
La paradoja señalada por tributaristas es que el mismo proyecto con el que el Gobierno busca incentivar la exteriorización de ahorros no declarados —los llamados “dólares del colchón”— introduce un endurecimiento inédito del régimen sancionatorio. Para el sector pyme, esto implica un golpe adicional en un contexto de fuerte restricción monetaria, caída del crédito y menor actividad, previo a las elecciones legislativas.
Desde el oficialismo reconocen el problema, pero postergan la corrección. La encargada de las negociaciones en la Cámara alta, Patricia Bullrich, admitió que el Gobierno está dispuesto a revisar el esquema de multas, aunque solo después de que el proyecto sea convertido en ley. La senadora se comprometió a impulsar una “ley corta” durante las sesiones ordinarias para introducir un sistema de sanciones proporcional y razonable.
Bullrich explicó que la prioridad política es poner en vigencia la ley de Inocencia Fiscal antes de fin de año y que luego se evaluará una modificación que contemple la situación de los contribuyentes pequeños. Sin embargo, varios senadores aliados manifestaron reparos. Desde la UCR, se cuestionó que no exista un criterio claro de actualización ni una diferenciación por capacidad contributiva, lo que podría derivar en sanciones desmedidas por errores formales.
El trasfondo del debate expone una tensión dentro del propio esquema económico del Gobierno. Mientras que en la reforma laboral se impulsa una reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades —medida que beneficiaría a un número acotado de grandes empresas—, el endurecimiento de las multas impactaría de lleno en el eslabón más débil del entramado productivo, que concentra la mayor parte del empleo formal.
La discusión sobre las multas no es nueva. Los pedidos de actualización con criterios de proporcionalidad venían siendo formulados desde antes del tratamiento del proyecto en Diputados por legisladores, colegios profesionales y expertos tributarios. Sin embargo, esas advertencias no fueron incorporadas en el texto aprobado, lo que ahora obliga al oficialismo a prometer una corrección futura que genera escepticismo entre empresarios y contadores.
Con el proyecto de Inocencia Fiscal camino al Senado y el Presupuesto 2026 en la agenda inmediata, la credibilidad del compromiso oficial de revisar las multas será clave para evitar que una ley pensada para dar “seguridad jurídica” termine convirtiéndose en un nuevo foco de incertidumbre para las pymes argentinas.
