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Buenos Aires, diciembre de 2025-Total News Agency-TNA-La disputa política por las designaciones en la Auditoría General de la Nación profundizó la tensión entre el PRO y el oficialismo libertario. El partido que conduce PRO reiteró que acudirá a la Justicia para impugnar la votación realizada en la Cámara de Diputados durante el tratamiento del Presupuesto 2026 y denunció la existencia de un acuerdo cerrado entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo para avanzar con los nombramientos.
El conflicto se originó el 18 de diciembre, cuando Diputados aprobó, en una sesión extendida hasta la madrugada, la designación de tres auditores para la AGN: Rita Mónica Almada por LLA, Juan Ignacio Forlón por el peronismo y Cinthia Pamela Calletti, ex diputada vinculada políticamente al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. La votación se realizó en el marco del debate presupuestario y obtuvo 189 votos afirmativos.
Desde el PRO sostienen que el resultado estaba definido de antemano y que su presencia o ausencia no modificaba el desenlace. En un comunicado difundido por redes sociales, el partido afirmó que “el acuerdo ya estaba cerrado” y que LLA, Unión por la Patria y el bloque Innovación Federal reunían holgadamente los tres cuartos de los votos necesarios para habilitar el tratamiento y aprobar las designaciones. Según el macrismo, el oficialismo buscó legitimar un procedimiento que consideran “abiertamente inconstitucional”.
El PRO justificó su retiro del recinto al señalar que permanecer en las bancas, aun votando en contra, habría implicado convalidar un acto viciado de nulidad absoluta. Cuestionó que la votación se realizara de madrugada, sin transparencia, sin dictamen de comisión y sobre un tema que, afirman, no estaba habilitado en la convocatoria a sesiones extraordinarias, en presunta violación del artículo 63 de la Constitución Nacional.
La escalada política se tradujo en una acción judicial concreta. El presidente del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, presentó un recurso de amparo ante la Justicia con el patrocinio de la abogada Tiziana Díaz, solicitando que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de lo actuado. En el escrito, de 29 páginas, se detalla que la moción se llevó adelante sin informe previo de comisión, sin dictamen, sin circulación anticipada de antecedentes de los candidatos y sin acuerdo de Labor Parlamentaria.
El documento sostiene que la maniobra parlamentaria vulneró las reglas básicas de funcionamiento de la Cámara y constituye un atropello institucional. Para el PRO, la decisión de avanzar con las designaciones respondió a un entendimiento político sellado durante la madrugada previa a la votación del Presupuesto, entre el oficialismo libertario y el bloque kirchnerista.
Durante esa sesión, el jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, tomó la palabra y propuso directamente la terna completa de auditores, solicitando que se votara en conjunto y que se autorizara a la Presidencia de la Cámara a darle forma de resolución. La propuesta generó fuertes protestas en el recinto y derivó en la salida del bloque amarillo, que también apuntó contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por habilitar el procedimiento.
El trasfondo del conflicto incluye, además, una disputa política incumplida. Según el PRO, existía un entendimiento previo para que uno de los cargos fuera ocupado por el ex ministro de Trabajo Jorge Triaca, acuerdo que —denuncian— no fue respetado por el oficialismo.
Mientras el Gobierno defiende la legalidad de la votación y minimiza la controversia, el macrismo insiste en que no será “cómplice de acuerdos a espaldas de la sociedad” y anticipa que el conflicto tendrá un capítulo judicial de alto impacto institucional. La pelea por la AGN, lejos de cerrarse con la votación, se consolida como un nuevo frente de desgaste político entre el PRO y La Libertad Avanza, con el kirchnerismo como actor clave en el trasfondo del acuerdo cuestionado.
