Buenos Aires-5 de Marzo de 2026-Total News Agency-TNA — El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la reactivación de las obras de la represa Gobernador Jorge Cepernic (también conocida como La Barrancosa) en Santa Cruz, un proyecto hidroeléctrico financiado por China que estaba paralizado desde noviembre de 2023 y que, según el nuevo cronograma oficial, demandará al menos otros cuatro años de trabajos para recuperar ritmo, completar frentes críticos y encarar la etapa final con mayor intensidad después del invierno. La decisión se formalizó tras la firma de una adenda al contrato original entre la estatal ENARSA —comitente del emprendimiento— y la UTE constructora liderada por la china Gezhouba, junto a las argentinas Eling e Hidrocuyo, que renegociaron condiciones técnicas y económicas de un acuerdo de más de una década.
El anuncio llegó después de un paso que en el sector se consideraba imprescindible: el destrabe de un giro por alrededor de US$150 millones vinculado a la línea de crédito de bancos chinos, que comenzó a fluir a principios de año y permitió recomponer la caja mínima para retomar tareas más allá del “mantenimiento” que se venía sosteniendo en el campamento. En la práctica, el reinicio se concentrará en la central Jorge Cepernic, la que registraba mayor grado de avance al momento de la detención, mientras la represa Presidente Néstor Kirchner (antes Cóndor Cliff y debería volver a ése nombre) continúa con un panorama más complejo por su menor progreso y por los desafíos técnicos y de ingeniería que arrastra desde etapas anteriores.
En un mensaje difundido en redes, Caputo sostuvo que el proyecto llevaba “años de suspensión por incumplimientos contractuales” y planteó que la nueva adenda “regulariza condiciones” para volver a poner en marcha la construcción, inicialmente en Cepernic. En el Palacio de Hacienda explican que, además de recomponer el flujo financiero, la renegociación busca ordenar hitos de obra, certificaciones, provisión de insumos y un esquema de pagos que había quedado desalineado con la realidad de costos, logística y plazos en la Patagonia. Para el Gobierno, el relanzamiento también tiene un valor político: mostrar normalización de obras heredadas, sin resignar el objetivo de sostener una matriz energética con mayor peso de generación local y menor dependencia estacional.
El ministro proyectó que la represa podría finalizarse en 2030 y estimó que aportaría unos 1860 GWh al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), un volumen relevante para una provincia con fuerte sensibilidad por empleo y actividad asociada a la construcción. La administración provincial celebró el acuerdo: el gobernador Claudio Vidal lo presentó como el resultado de “muchísimas reuniones” y confirmó que hay al menos 150 operarios en condiciones de iniciar tareas inmediatas, con la expectativa de ampliar dotaciones cuando pase el período más duro del invierno. Antes de la paralización, el complejo llegó a reunir más de 3000 trabajadores entre obreros y personal técnico, una escala que transformó por años la economía de localidades cercanas como Comandante Luis Piedra Buena y su área de influencia.
La ingeniería del reinicio, sin embargo, no se agota en la firma. En el campamento saben que el calendario manda: la ventana “productiva” sobre el río Santa Cruz suele achicarse hacia mayo por condiciones climáticas extremas, por lo que el objetivo inmediato es asegurar frentes de obra que no queden expuestos a riesgos, readecuar equipos, reactivar contratistas y preparar el salto de volumen para después del invierno. Ese plan ya venía asomando en movimientos previos: la UTE encabezada por Gezhouba avanzó con licitaciones de insumos críticos —entre ellos, cerca de 110.000 toneladas de cemento con entregas programadas desde marzo de 2026— y abrió procesos para recontactar a ex operarios.
A esto se suma un factor local que condiciona toda planificación: la normativa provincial que exige que el 90% de los contratados resida en Santa Cruz. En términos sociales, el requisito busca proteger empleo local; en términos operativos, obliga a certificar domicilios, rearmar padrones y coordinar con gremios como la UOCRA para acelerar reincorporaciones sin perder ritmo. En los pueblos de la zona, el regreso de la obra se vive con una mezcla de alivio y cautela: la experiencia de años de idas y vueltas dejó cicatrices, deudas familiares y un escepticismo que solo se despeja cuando vuelven las máquinas.
El proyecto de represas sobre el río Santa Cruz —concebido como un complejo de dos centrales— arrastra una historia larga y accidentada. La construcción comenzó en 2015 con el objetivo original de terminar en unos cinco años y medio, pero el cronograma se fue corriendo por cambios de diseño, discusiones ambientales, reestructuraciones financieras y renegociaciones contractuales. En distintos momentos, el avance se estancó en niveles muy por debajo de lo previsto: mientras Jorge Cepernic rondó en los últimos reportes públicos un progreso cercano al 40–46% según la fuente, Néstor Kirchner se mantuvo alrededor del 20%, lo que explica por qué el Gobierno decidió priorizar “lo que está más cerca” de completarse para mostrar resultados concretos y disminuir el costo de oportunidad de una obra semiparalizada.
En el trasfondo está la relación financiera con China, que no solo aporta fondos sino también equipamiento y componentes que se importan desde allí. Por eso, parte del desembolso suele quedar en origen para pagar turbinas, maquinarias y proveedores, un mecanismo habitual en este tipo de créditos atados. En el pasado, el marco normativo ya había intentado ordenar la estructura del préstamo: decretos y acuerdos de enmienda buscaron adecuar comitentes, capacidad de generación y esquemas de repago, reflejando que el proyecto fue cambiando con el tiempo y que la letra original quedó desactualizada más de una vez.
Para la administración de Javier Milei, la reactivación tiene además una lectura estratégica: en un país que discute competitividad y energía como insumo transversal, sostener obras hidroeléctricas de gran escala se vuelve una señal hacia la industria y hacia los gobiernos provinciales. Pero también abre preguntas que el oficialismo deberá responder con hechos: cómo se controlará la ejecución, cómo se evitarán nuevos cortes de financiamiento, qué auditorías acompañarán las certificaciones y qué rol tendrá ENARSA en la supervisión diaria de un contrato atravesado por años de fricciones.
En Santa Cruz, el anuncio se traduce en una expectativa inmediata: volver a mover la economía real. La represa no es una promesa abstracta. Es comida en los comercios, alquileres, transporte, talleres, proveedores y empleo directo e indirecto. Por eso, aunque el Gobierno nacional hable de 2030, para muchas familias la fecha clave es otra: el “día uno” en el que se reinstala un ritmo sostenido, con turnos, logística estable y salarios que vuelven a circular. En una Argentina donde la energía y la obra pública suelen ser termómetros políticos, la represa Cepernic se convierte, otra vez, en una prueba de ejecución: si el reinicio se consolida, será un hito; si vuelve a frenarse, será una herida que se profundiza.
