Madrid-5 de Marzo de 2026-Total News Agency-TNA — La detención del ex alto cargo Eugenio Domínguez, antiguo responsable del área de evaluación ambiental en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) durante la etapa de Teresa Ribera, abrió una nueva grieta en el debate español sobre el despliegue acelerado de renovables: la investigación apunta a presuntas irregularidades en autorizaciones ambientales de gran escala, con sospechas de cohecho y trato de favor a promotores, y deja además una imagen políticamente incómoda en una causa paralela por un parque solar en Cáceres, donde la propia Fiscalía de Medio Ambiente había apreciado indicios de “prevaricación”, pero no acudió a interrogar a los investigados, según informó la prensa española.
La detención fue ejecutada por la unidad especializada de medio ambiente de la Guardia Civil y se enmarca en una investigación sobre el llamado Clúster del Maestrazgo, un macroproyecto eólico promovido por la empresa aragonesa Forestalia en una zona de Teruel con protección ambiental vinculada a la Red Natura 2000. Según la información difundida por medios nacionales, el caso involucra a varias personas detenidas, entre ellas el fundador de Forestalia, Fernando Samper, y se investiga la eventual participación de intermediarios y estructuras societarias en operaciones que habrían servido para canalizar pagos encubiertos a cambio de permisos o resoluciones favorables. En este expediente se mencionan delitos que, de confirmarse, podrían incluir prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo y pertenencia a organización criminal, aunque el proceso está en fase de instrucción y bajo reserva parcial.
La investigación del Clúster del Maestrazgo había acumulado alertas desde hace tiempo. Colectivos locales y plataformas como Teruel Existe y Paisajes de Teruel venían cuestionando el modelo de implantación por su impacto sobre el paisaje, la avifauna y la fragmentación de hábitats, además de advertir sobre un fenómeno que preocupa a especialistas: la “troceación” administrativa de grandes proyectos en múltiples expedientes para sortear controles más exigentes. En los últimos días, voces del ámbito judicial y fiscal en Aragón admitieron que, si se acreditara que las autorizaciones están ligadas a un hecho delictivo, el ordenamiento prevé herramientas para una eventual suspensión cautelar en sede penal mientras se determina la legalidad de las resoluciones.
En paralelo a este expediente, la figura de Domínguez ya estaba bajo foco por otro caso en Cáceres: el parque fotovoltaico FV Tagus, impulsado por Iberdrola en el término de Alcántara, y construido en 2024. Allí, el debate no es menor: según reportes periodísticos, la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid emitió un escrito técnico en el que consideró que la autorización ambiental fue “manifiestamente contraria” a normativa nacional y europea de protección, con un apartamiento “grosero” de objetivos de conservación de hábitats y espacios protegidos y un posible favorecimiento arbitrario del promotor. La causa, impulsada por denuncias de organizaciones conservacionistas —entre ellas Fondenex—, está en manos del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid.
Ese expediente dejó un detalle institucional que alimenta la polémica: cuando, el 20 de enero, fueron citados como investigados Marta Gómez Palenque (directora de Calidad y Evaluación Ambiental del MITECO) y Eugenio Domínguez (su número dos en aquel momento), no se presentó ningún representante del Ministerio Fiscal a participar del interrogatorio, de acuerdo con la reconstrucción publicada por medios españoles. En términos prácticos, la ausencia no invalida el procedimiento, pero sí genera preguntas: si la propia unidad técnica de la Fiscalía había apreciado indicios relevantes en un asunto ambiental sensible, ¿por qué no estuvo presente en una instancia clave? La pregunta cobra relieve, además, en pleno debate político por una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que busca otorgar mayor protagonismo a los fiscales en la instrucción penal.
El parque FV Tagus aparece en la discusión pública también por su magnitud y por el entorno donde fue emplazado. Los reportes periodísticos mencionan que el proyecto se desplegó en un área con figuras de protección vinculadas a la Red Natura 2000, con presencia de especies emblemáticas como el buitre negro, el águila imperial y el lince ibérico. En ese marco, la investigación judicial pone la lupa sobre cómo se evaluó el impacto ambiental, con qué fundamentos se autorizó y qué controles se aplicaron luego durante la ejecución.
En el nuevo expediente de Teruel, el foco se desplaza del “cómo se autorizó” al “por qué se autorizó”. De acuerdo con filtraciones recogidas por la prensa española, los investigadores indagan movimientos societarios y transacciones entre mercantiles vinculadas al promotor y sociedades del entorno de Domínguez, que podrían haber funcionado —según esa hipótesis— como canal de contraprestación. En lenguaje llano: permisos a cambio de dinero, oculto en operaciones de compra-venta o valorizaciones atípicas. También se investiga el alcance de autorizaciones firmadas o impulsadas por el ex funcionario, con un número de expedientes que, según distintos artículos, sería elevado.
Para el sector de las energías renovables, el caso tiene una doble lectura que hoy convive con tensión. Por un lado, España necesita acelerar generación limpia y redes para cumplir objetivos climáticos y reducir dependencia energética. Por otro, la credibilidad del sistema de autorizaciones es parte central de esa transición: si la ciudadanía percibe que los procedimientos pueden ser capturados por intereses privados o que la evaluación ambiental se transforma en un trámite “a medida”, la aceptación social se resiente, los proyectos se judicializan y los plazos se alargan. En territorios rurales como el Maestrazgo, donde la densidad poblacional es baja y el paisaje es parte del modo de vida, esa confianza es un insumo tan crítico como el financiamiento.
En el plano político, la tormenta también toca a la arquitectura institucional heredada de la etapa de Teresa Ribera al frente del MITECO. La investigación no implica una condena ni una afirmación de culpabilidad, pero instala un daño reputacional inmediato y obliga a responder preguntas sobre controles internos, trazabilidad de expedientes y eventuales conflictos de interés. La situación se vuelve aún más delicada por las informaciones sobre vínculos posteriores del ex alto cargo con el propio aparato administrativo, a través de contrataciones o designaciones, un punto que algunos medios presentaron como “premio” y que ahora queda bajo escrutinio público.
Mientras la instrucción avanza en Teruel y el juzgado de Madrid define próximos pasos en el caso FV Tagus, el episodio deja una señal de época: la transición energética ya no se discute solo en términos de megawatts y descarbonización, sino también como un problema de integridad institucional. La pregunta que se instala, con la calle mirando, es simple y concreta: si el país apuesta su futuro energético a estos proyectos, ¿quién garantiza que las reglas se cumplan y que el ambiente no sea la moneda de cambio?
