Buenos Aires-18 de Marzo de 2026-Total News Agency-TNA-. El Gobierno nacional avanzó este miércoles con una modificación sensible en el régimen de propiedad intelectual aplicado a los medicamentos y dejó atrás el esquema restrictivo que regía desde 2012 para el análisis de patentes químico-farmacéuticas. La decisión fue formalizada a través de la Resolución Conjunta 1/2026, firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), Carlos María Gallo. La norma derogó expresamente las pautas dictadas durante el kirchnerismo y dispuso que, de ahora en más, el INPI evaluará cada solicitud de patente caso por caso, conforme a los criterios generales previstos en la Ley 24.481. Foto: Hugo Sigman tituar de Elea y otros laboratorios, vinculado con la financiación de La Cámpora. Hijo de Sigman es íntimo amigo de Kicillof.
La medida representa bastante más que un cambio técnico. En los hechos, el Ejecutivo resolvió desarmar un corsé regulatorio que durante más de una década había fijado límites específicos para el patentamiento de invenciones vinculadas con el sector farmacéutico. Ese viejo marco había sido cuestionado durante años por laboratorios internacionales y por Estados Unidos, que lo consideraban una barrera para la protección de la propiedad intelectual. Ahora, con esta derogación, la administración de Javier Milei busca exhibir una señal clara de alineamiento con estándares internacionales y, al mismo tiempo, cumplir uno de los compromisos asumidos en el entendimiento comercial firmado con Washington a comienzos de febrero.
El texto oficial sostiene que el fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual es importante para promover la innovación, incrementar la disponibilidad de nuevos productos químico-farmacéuticos y acelerar la llegada de nuevas drogas a los mercados, incluso en países en desarrollo. También argumenta que una protección adecuada genera previsibilidad y seguridad jurídica, y que mantener las pautas anteriores implicaba una pérdida de beneficios sociales asociados a la innovación. En esa línea, la resolución sostiene que resultaba conveniente no restringir la competencia natural del INPI para examinar las solicitudes de patente que se le presentan.
El cambio tiene, además, una cláusula transitoria de fuerte impacto. La nueva resolución establece que, si a partir de ahora se otorgan patentes vinculadas con productos farmacéuticos que ya están siendo comercializados en el país por terceros, los titulares de esas patentes no podrán impedir la continuidad de esa comercialización ni reclamar una retribución. Ese punto fue incluido para evitar un sacudón inmediato sobre productos ya presentes en el mercado local y para morigerar uno de los temores más sensibles que despierta cualquier reforma en materia de patentes de medicamentos.
Desde el oficialismo, el principal vocero político de la medida fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien celebró la derogación y aseguró que la Argentina “vuelve al mundo”. Según su explicación, la resolución de 2012 había hecho “muy difícil, sino imposible” obtener la patente de un medicamento en el país. También afirmó que el nuevo sistema alinea a la Argentina con los estándares de propiedad intelectual que respetan sus socios comerciales, entre ellos Estados Unidos, y remarcó que los productos ya comercializados no se verán afectados.
El trasfondo político y económico tampoco pasa inadvertido. El acuerdo bilateral con Estados Unidos, difundido por la oficina del USTR, incluyó un capítulo específico sobre propiedad intelectual y abrió la puerta a reformas concretas en el sistema argentino de patentes. En el sector jurídico y empresarial ya se venía anticipando que ese entendimiento obligaría a derogar resoluciones restrictivas en los campos farmacéutico y biotecnológico. La decisión oficial de este miércoles aparece así como una de las primeras materializaciones concretas de esa hoja de ruta.
La discusión de fondo, sin embargo, recién empieza. Para el Gobierno, la medida atraerá innovación, previsibilidad y un marco más amigable para nuevas terapias. Para sectores vinculados a la producción local de genéricos y al acceso a medicamentos, el debate pasa por cuánto puede encarecer tratamientos o reforzar posiciones dominantes de grandes laboratorios. Por ahora, la Casa Rosada eligió enviar una señal inequívoca: en un área especialmente sensible como la salud, también está dispuesta a remover viejas barreras para cumplir su agenda de apertura y de acercamiento estratégico a Estados Unidos.
