Por Daniel Romero
Buenos Aires – 17 Julio 2026 – Total News Agency – TNA-. La orden atribuida al régimen de Irán para que Hezbolá se prepare ante un conflicto más amplio contra Estados Unidos e Israel abre un escenario de preocupación internacional y obliga a revisar los riesgos que enfrenta la Argentina, cuando este sábado se cumplen 32 años del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina –AMIA–, el peor ataque terrorista cometido en el país.
La información fue publicada por el diario libanés Nidaa Al Watan, que citó reuniones celebradas en Teherán durante las exequias del fallecido líder supremo iraní, Ali Khamenei. Según el reporte, representantes del denominado “Eje de la Resistencia” comunicaron a sus aliados que el período de espera se acerca a su fin y que la preparación para distintos escenarios militares pasó a ser una prioridad.
La versión todavía no fue confirmada públicamente por el gobierno iraní ni por la conducción de Hezbolá. Sin embargo, coincide con antecedentes recientes: la Guardia Revolucionaria iraní ya había presionado al grupo libanés para intensificar sus ataques contra Israel y utilizar ese frente como herramienta de negociación frente a Washington.
La advertencia adquiere una especial gravedad porque Hezbolá no funciona solamente como una fuerza armada dentro del Líbano. Su estructura dispone de redes internacionales de financiamiento, logística, inteligencia, propaganda y apoyo clandestino, especialmente en la Triple Frontera, que históricamente permitieron proyectar operaciones más allá de Medio Oriente.
Si Teherán decidiera transformar la confrontación con Estados Unidos e Israel en una guerra indirecta de alcance global, los objetivos podrían dejar de limitarse a bases militares, embajadas o instalaciones israelíes en la región y extenderse a representaciones diplomáticas, organizaciones comunitarias, centros religiosos, empresas, intereses estadounidenses o israelíes y espacios de alta concentración pública en otros continentes.
No existe hasta el momento información pública sobre un plan concreto contra la Argentina. Pero el país reúne antecedentes y condiciones que impiden descartar preventivamente ese riesgo.
El antecedente argentino
El 18 de julio de 1994, a las 9.53, una camioneta cargada con explosivos destruyó la sede de la AMIA en la calle Pasteur 633, en la ciudad de Buenos Aires. El ataque provocó 85 muertos y más de 300 heridos y continúa impune en relación con sus autores intelectuales y operativos.
Dos años antes, el 17 de marzo de 1992, otro coche bomba había destruido la Embajada de Israel, ubicada en la esquina de Arroyo y Suipacha. Murieron 29 personas y más de 200 resultaron heridas. Fue el primer atentado terrorista internacional perpetrado en territorio argentino.
Por lo tanto, este sábado se cumplen 32 años del atentado a la AMIA, mientras que el 34° aniversario del ataque contra la Embajada de Israel se conmemoró el pasado 17 de marzo.
La Justicia argentina estableció que ambos atentados estuvieron vinculados con estructuras de la República Islámica de Irán y con su brazo operativo libanés, Hezbolá. En el caso AMIA continúan vigentes pedidos internacionales de captura contra exfuncionarios iraníes acusados de haber participado en la decisión y planificación del ataque.
En abril de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal calificó el atentado contra la AMIA como un crimen de lesa humanidad y sostuvo que respondió a una decisión política y estratégica del régimen iraní, ejecutada por Hezbolá.
Pese a las resoluciones, las alertas rojas de Interpol, las investigaciones y las pruebas acumuladas durante más de tres décadas, ninguno de los principales acusados iraníes fue juzgado ni condenado en la Argentina.
Esa impunidad es un elemento que los analistas de seguridad no pueden ignorar. Desde la perspectiva de una organización terrorista, un país donde dos grandes atentados continúan sin castigo efectivo puede ser interpretado como un escenario en el que las capacidades de investigación, prevención y respuesta presentan vulnerabilidades.
El alineamiento de Milei
El riesgo potencial también debe analizarse en el contexto de la política exterior del presidente Javier Milei, quien estableció una alianza estratégica explícita con Estados Unidos e Israel.
El Gobierno argentino, como corresponde, respaldó a Israel después del ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023, reforzó la cooperación bilateral en materia de defensa e inteligencia y adoptó una posición frontal contra Irán, Hezbollah y las organizaciones que integran su red regional.
La Argentina mantiene además a Hezbollah inscripto en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento –RePET–, lo que permite congelar activos e impedir operaciones financieras relacionadas con la organización.
Ese alineamiento no implica necesariamente que exista una amenaza inminente. Sin embargo, en un escenario de confrontación abierta, puede elevar el valor simbólico de posibles objetivos argentinos para una estructura que busque castigar a los aliados de Washington y Jerusalén.
Un ataque lejos del frente de batalla podría ser utilizado para demostrar capacidad de alcance global, generar impacto psicológico, obligar a dispersar recursos de seguridad y proyectar la imagen de que ningún aliado occidental está fuera de peligro.
Las hipótesis de riesgo
Una primera posibilidad sería la preparación de ataques contra sedes diplomáticas o intereses vinculados con Israel y Estados Unidos. Estas instalaciones cuentan normalmente con dispositivos reforzados, pero exigen coordinación permanente entre fuerzas federales, organismos de inteligencia y autoridades locales.
Una segunda hipótesis incluye objetivos comunitarios judíos, escuelas, sinagogas, centros culturales y actos conmemorativos. La Argentina alberga a la comunidad judía más numerosa de América Latina y una de las mayores fuera de Israel, una característica que incrementa la cantidad de posibles blancos simbólicos, aunque también existe una extensa experiencia institucional en seguridad preventiva.
Una tercera posibilidad no requiere necesariamente el ingreso de un comando extranjero. Las organizaciones terroristas modernas pueden utilizar células locales, simpatizantes radicalizados, intermediarios criminales, empresas de fachada o redes de financiamiento para obtener vehículos, explosivos, documentación, información y apoyo logístico.
El cuarto escenario comprende operaciones de baja complejidad: ataques individuales, sabotajes, incendios, amenazas coordinadas o agresiones contra personas vinculadas con instituciones israelíes, estadounidenses o judías. Estas acciones demandan menos infraestructura, dificultan la detección anticipada y pueden ser ejecutadas por actores inspirados, aunque no reciban instrucciones operativas directas.
También deben contemplarse acciones cibernéticas contra organismos públicos, servicios esenciales, entidades financieras, medios de comunicación o instituciones comunitarias. Un ataque informático permitiría generar daños y propaganda sin exponer una estructura física dentro del país.
Fronteras y Triple Frontera
La extensión territorial argentina y la existencia de múltiples pasos limítrofes formales e informales constituyen un desafío histórico para el control estatal.
La región de la Triple Frontera, compartida por la Argentina, Brasil y Paraguay, aparece desde hace décadas en investigaciones sobre contrabando, lavado de activos y recaudación de fondos vinculados con organizaciones extremistas. Distintos trabajos académicos y agencias internacionales señalaron la posible utilización de circuitos comerciales y financieros de esa zona por personas relacionadas con Hezbolá.
Esto no significa que la población musulmana o árabe de la región se encuentre involucrada en actividades terroristas. La responsabilidad penal siempre es individual y cualquier política preventiva debe evitar estigmatizaciones colectivas. Pero la combinación de movimientos comerciales intensos, circulación diaria de miles de personas y estructuras delictivas dedicadas al lavado y al contrabando demanda controles especializados.
La vulnerabilidad no se limita a las fronteras terrestres. Puertos, aeropuertos, terminales privadas, documentación falsa, movimientos financieros digitales y empresas comerciales pueden ser utilizados para introducir recursos o sostener una operación sin trasladar grandes cantidades de armamento.
Una amenaza que exige prevención, no alarmismo
La convocatoria atribuida a Irán no prueba que Hezbollah haya decidido atacar fuera de Medio Oriente ni que exista una operación en marcha contra la Argentina, pero ya la hizo en el pasado y eso importa también hoy.
Presentar como seguro un nuevo atentado sería irresponsable. Pero ignorar la posibilidad también lo sería, especialmente frente al antecedente de dos ataques masivos, la falta de condenas contra sus responsables y la escalada actual entre Irán, Estados Unidos e Israel.
La prioridad debería ser fortalecer el intercambio de inteligencia con países aliados, revisar los dispositivos de protección de objetivos sensibles, controlar movimientos financieros sospechosos y actualizar los protocolos de vigilancia en fronteras, puertos y aeropuertos.
También resultaría necesario auditar la capacidad real de respuesta de las fuerzas federales, evitar superposiciones entre organismos y establecer un centro unificado de evaluación de amenazas que funcione más allá de las diferencias políticas o celos profesionales.
Hezbolá fue golpeado militarmente en 2024 y en los enfrentamientos posteriores, pero Teherán todavía lo considera su activo regional más importante. Las negociaciones entre Israel y el Líbano incluyen precisamente el desarme de las milicias y el despliegue del Ejército libanés en el sur, condiciones que la organización rechaza.
Una nueva intervención de Hezbolá podría provocar una respuesta directa israelí y ampliar nuevamente la guerra. También podría incentivar a Irán a recurrir a operaciones asimétricas en terceros países para evitar una confrontación exclusivamente convencional.
A 32 años de la voladura de la AMIA, la Argentina continúa sin haber logrado sentar en el banquillo a los responsables de aquel ataque. Esa deuda judicial coincide ahora con una nueva escalada internacional y con llamados a movilizar a la misma estructura terrorista señalada por la Justicia argentina.
No hay evidencia pública de un atentado inminente, pero sobran antecedentes para que el Estado adopte medidas extraordinarias de prevención. La memoria de las 114 personas asesinadas en los ataques contra la Embajada de Israel y la AMIA exige que las advertencias sean evaluadas antes de que vuelvan a transformarse en tragedia.
