Buenos Aires – 17 Julio 2026 – Total News Agency – TNA-. La situación judicial del exjefe de Gabinete Manuel Adorni se agravó este viernes después de que un informe técnico oficial detectara inconsistencias en su evolución patrimonial, sus ingresos, sus gastos y determinadas operaciones financieras realizadas junto con su esposa, Bettina Angeletti.
El estudio fue entregado al fiscal federal Gerardo Pollicita, quien investiga al exfuncionario por presunto enriquecimiento ilícito bajo la supervisión del juez federal Ariel Lijo. La fiscalía analizará ahora el documento durante la feria judicial de invierno y prepara un requerimiento para que Adorni explique el origen de los fondos y bienes observados.
El informe fue elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado –DAFI–, que reconstruyó la situación económica del matrimonio desde el 14 de diciembre de 2023, pocos días después del ingreso de Adorni al Gobierno de Javier Milei.
La documentación no habría incluido todavía una cuantificación definitiva del eventual desbalance. Sin embargo, consignó la existencia de “inconsistencias” entre las declaraciones juradas, los bienes incorporados al patrimonio, los consumos, los movimientos bancarios y las operaciones con activos virtuales.
La investigación se encuentra en una instancia preliminar. El informe de la DAFI no establece por sí mismo que se haya cometido un delito, pero proporciona una base técnica para que la fiscalía exija una justificación patrimonial concreta.
Cuando finalice la feria judicial, Adorni podría ser convocado durante los primeros días de agosto para ofrecer las primeras explicaciones sobre sus cuentas. Si la respuesta fuera considerada insuficiente, Pollicita podría solicitar una declaración indagatoria, cuya convocatoria deberá ser resuelta finalmente por el juez Lijo.
Bienes, deudas, gastos y movimientos internos
Los especialistas analizaron por separado la evolución patrimonial de Adorni y Angeletti, pero también estudiaron al matrimonio como una unidad económica familiar.
El trabajo incluyó los bienes, las disponibilidades de dinero, las inversiones, los créditos y las deudas existentes al comienzo y al cierre de cada ejercicio investigado. También se buscaron identificar los ingresos y egresos respaldados documentalmente.
La DAFI tuvo que distinguir los movimientos económicos reales de las transferencias entre cuentas propias o de integrantes de la familia, que no representan nuevos ingresos.
En esa reconstrucción se contemplaron rescates de inversiones, devoluciones, reintegros, préstamos, ventas de activos, conversiones de moneda y acreditaciones efectuadas por terceros.
El objetivo central fue determinar si las entradas de dinero alcanzaban para financiar la compra de propiedades, los gastos familiares, los consumos extraordinarios, los pagos en efectivo o moneda extranjera y la cancelación de deudas.
Los técnicos cruzaron las declaraciones juradas presentadas por el matrimonio con datos bancarios, fiscales, registrales y patrimoniales incorporados al expediente. Las diferencias encontradas serán examinadas ahora por la fiscalía para establecer cuáles requieren una explicación formal.
La ruta de las criptomonedas
Uno de los capítulos más sensibles de la investigación está relacionado con las criptomonedas que Adorni presentó como explicación de una parte importante de sus ahorros.
La fiscalía había ordenado nuevas medidas sobre cuentas atribuidas al exfuncionario en las plataformas Binance y Lemon, a las que se les pidió el historial completo de depósitos, retiros, compras, ventas, conversiones y transferencias.
El requerimiento buscó identificar las fechas, montos, tipos de criptoactivos, cotizaciones, cuentas de origen y destino, billeteras digitales y contrapartes de cada operación.
La explicación de los activos virtuales adquirió relevancia después de que Adorni rectificara sus declaraciones juradas y afirmara que antes de asumir como funcionario ya disponía de aproximadamente medio millón de dólares que no había declarado originalmente.
El exjefe de Gabinete sostuvo que esos fondos provenían de inversiones en criptomonedas realizadas entre 2014 y 2018. También admitió públicamente que había mantenido parte de sus ahorros fuera del sistema fiscal.
La modificación representó un cambio sustancial respecto de su primera declaración jurada como integrante del Gobierno. En la presentación original había informado ahorros equivalentes a unos 24.000 dólares, pero posteriormente agregó alrededor de 506.000 dólares que no figuraban inicialmente.
La Justicia deberá determinar si existe documentación suficiente para acreditar cuándo se compraron los activos, con qué dinero, en qué plataformas fueron operados y cómo fueron conservados o convertidos posteriormente.
Propiedades y viajes bajo análisis
La investigación se inició a partir de dudas sobre la compatibilidad entre los ingresos declarados por Adorni y el nivel de gastos que mantuvo desde su llegada al Gobierno.
Entre los puntos examinados aparecen la compra de un departamento en la ciudad de Buenos Aires, la adquisición y refacción de una vivienda de descanso, consumos elevados con tarjetas de crédito y viajes familiares al exterior.
También se investigó un viaje a Aruba, realizado entre diciembre de 2024 y enero de 2025, para el cual se habrían adquirido pasajes en una categoría superior mediante pagos en efectivo.
Otro episodio incluido en la causa fue un traslado en avión privado a Punta del Este, que habría sido financiado por un empresario vinculado con contrataciones de medios públicos.
La fiscalía busca establecer si estos gastos fueron afrontados con ingresos declarados, ahorros anteriores, préstamos, aportes de terceros o fondos cuyo origen no puede ser documentado.
La Justicia ya había dispuesto el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Adorni y Angeletti para reconstruir sus cuentas, depósitos, operaciones inmobiliarias y movimientos financieros.
Una explicación antes de la indagatoria
El paso inmediato no sería una declaración indagatoria, sino una intimación o requerimiento de justificación patrimonial.
Mediante ese procedimiento, Adorni será informado sobre las diferencias concretas detectadas y tendrá la oportunidad de presentar documentos, contratos, comprobantes bancarios, registros de criptomonedas o cualquier otro elemento destinado a explicar el origen de los fondos.
Hasta ahora, la participación del exfuncionario en el expediente se realizó principalmente a través de su abogado defensor, Matías Ledesma, quien intervino en las distintas medidas procesales.
La futura convocatoria sería la primera oportunidad en que Adorni deberá responder directamente sobre las observaciones técnicas formuladas respecto de sus cuentas.
Si sus explicaciones no logran justificar el incremento patrimonial, la fiscalía podrá pedir nuevas medidas, ampliar el período investigado o solicitar al juez una citación a indagatoria.
Esa instancia implicaría que existen sospechas suficientes para interrogarlo formalmente como acusado, aunque no supondría todavía una declaración de culpabilidad.
El impacto político sobre Milei
La causa ya tuvo consecuencias políticas para el Gobierno. Adorni dejó la Jefatura de Gabinete a fines de junio, en medio de una crisis provocada por las revelaciones patrimoniales, su rectificación ante la Oficina Anticorrupción y las contradicciones entre sus primeras explicaciones y la documentación presentada posteriormente.
El presidente Javier Milei lo respaldó públicamente durante la primera etapa del escándalo y sostuvo que solamente lo apartaría si la Justicia lo consideraba culpable.
Sin embargo, la continuidad de las revelaciones, las críticas de sectores aliados y el deterioro de la imagen pública del entonces jefe de Gabinete aumentaron el costo político para la administración libertaria. Medios internacionales señalaron que el caso dañó el discurso oficial que prometía combatir los privilegios y la corrupción de la denominada “casta”.
El nuevo informe técnico representa el primer documento oficial que, luego de cruzar las declaraciones juradas con información bancaria, fiscal y financiera, vuelve a señalar inconsistencias concretas.
La fiscalía utilizará las próximas dos semanas para individualizar cada diferencia, otorgarle relevancia penal y preparar las preguntas que deberá responder Adorni.
El expediente entra así en una fase decisiva: el exfuncionario deberá demostrar que los bienes, viajes, consumos, inversiones y criptomonedas tienen un origen legítimo y comprobable, o enfrentará la posibilidad de ser llamado a indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito.
