Por Daniel Romero
La Casa Rosada permitió que el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada quedara reducido públicamente a una supuesta entrega del territorio nacional y terminó retirando el capítulo de tierras rurales por falta de votos. Patricia Bullrich expuso después argumentos políticos, jurídicos y económicos que el Gobierno no había conseguido instalar, mientras el recientemente designado vocero Adrián Ravier permaneció fuera de una discusión central que exigía explicaciones sistemáticas ante la prensa y la sociedad. El debate debió incluir fuertemente tierras en zona de fronteras.
Buenos Aires – 6 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA-. El Gobierno volvió a mostrar graves deficiencias en su sistema de comunicación al perder la batalla pública por la reforma de la Ley de Tierras Rurales, pese a disponer de argumentos jurídicos, históricos y económicos que recién fueron presentados cuando la oposición ya había logrado instalar la idea de que el proyecto buscaba entregar el territorio argentino a capitales o gobiernos extranjeros.
La consecuencia política fue concreta: La Libertad Avanza (LLA) debió retirar del debate en el Senado el capítulo que elevaba del 15% al 25% el límite general de tierras rurales en manos extranjeras. El oficialismo lo presentó formalmente como una postergación para seguir buscando consensos, pero la decisión se adoptó después de comprobar que gobernadores y bloques aliados no aportarían los votos necesarios.
Durante varias semanas, la discusión quedó dominada por consignas sobre “extranjerización”, pérdida de soberanía y entrega de recursos naturales. La amplitud del proyecto —que también modifica el régimen de expropiaciones, los desalojos, la regularización dominial, el manejo del fuego y los registros inmobiliarios— quedó desplazada por un único capítulo que terminó arrastrando toda la estrategia parlamentaria.
La oposición consiguió convertir el debate en una defensa del territorio nacional frente a inversores extranjeros. El Gobierno, en cambio, creyó que los mensajes publicados en redes sociales, las intervenciones aisladas de sus funcionarios y la confrontación con periodistas podían reemplazar una explicación ordenada, persistente y documentada ante la opinión pública.
Esa estrategia volvió a demostrar sus límites. Las redes permiten hablar con los propios seguidores, fijar consignas y responder rápidamente, pero no sustituyen a los medios independientes ni a las conferencias de prensa cuando una iniciativa compleja necesita persuadir a ciudadanos, gobernadores, legisladores y sectores productivos que no forman parte del núcleo oficialista.
El presidente Javier Milei y varios integrantes de su administración mantienen un enfrentamiento permanente con amplios sectores del periodismo, a los que acusan de distorsionar las políticas oficiales. Al mismo tiempo, el Gobierno restringió el vínculo informal con la prensa y buscó ordenar la comunicación alrededor de canales propios, influencers y publicaciones oficiales y algunas curiosas excepciones con periodistas amigables. Esa decisión redujo su capacidad de explicar anticipadamente los aspectos más sensibles de sus proyectos y dejó espacios que la oposición ocupó con rapidez.
El caso de la Ley de Tierras mostró la contradicción con particular claridad. La jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, realizó una extensa conferencia en la que expuso argumentos que podrían haber formado parte de una campaña oficial desde el comienzo de la discusión.
“Nosotros venimos a hablar de dos conceptos: de la soberanía y de la verdad”, afirmó Bullrich, antes de sostener que la propiedad privada de una parcela por parte de un extranjero no implica el desplazamiento de la soberanía estatal. La senadora explicó que quien compra un inmueble en la Argentina debe pagar impuestos, someterse a los tribunales nacionales y cumplir las leyes argentinas, sin adquirir facultades legislativas, policiales o territoriales.
El planteo era esencial porque la oposición había conseguido fusionar deliberadamente dos conceptos distintos: el dominio privado de un inmueble y la soberanía política sobre el territorio. Un extranjero puede ser propietario de tierras, fábricas, hoteles o viviendas, pero ello no convierte esos espacios en territorio de otro país ni elimina la jurisdicción argentina.
Bullrich recordó que desde la sanción de la Constitución Nacional de 1853 hasta la aprobación de la ley de 2011 no existió un límite general semejante y que, aun así, la superficie rural en manos extranjeras se mantuvo alrededor del 5%. Los relevamientos más recientes calculan aproximadamente 13 millones de hectáreas extranjerizadas, equivalentes a cerca del 5% del territorio rural computado, aunque existen departamentos donde la proporción supera ampliamente el promedio nacional.
El nuevo dictamen no eliminaba todo límite, como había planteado inicialmente el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sino que proponía elevarlo al 25% y reforzar la intervención de las provincias. También impedía que Estados extranjeros compraran directamente tierras rurales y exigía autorizaciones adicionales para sociedades con participación estatal y operaciones en zonas de frontera.
Esos datos llegaron tarde al debate general. Para cuando Bullrich los presentó, organizaciones opositoras, dirigentes territoriales y gobernadores ya habían instalado que el Gobierno pretendía vender sin límites campos, acuíferos, bosques y áreas fronterizas.
La jefa del bloque oficialista también utilizó como contracara el proceso de concentración de tierras registrado durante el kirchnerismo. Mencionó a Lázaro Báez, quien llegó a reunir aproximadamente 415.000 hectáreas en Santa Cruz, y acusó a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner de haber utilizado un discurso proteccionista mientras empresarios ligados al poder acumulaban enormes superficies.
Bullrich sostuvo que Santa Cruz es la provincia con mayor proporción de tierras extranjerizadas y recordó que sectores vinculados con el kirchnerismo adquirieron terrenos fiscales a precios reducidos y luego desarrollaron negocios inmobiliarios y turísticos. La senadora intentó mostrar que la Ley 26.737 no impidió la concentración ni resolvió las distorsiones en el valor de la tierra.
También incorporó el convenio con la República Popular China para la instalación de una estación de espacio profundo en Neuquén, aprobado durante la presidencia de Cristina Kirchner. El acuerdo concedió gratuitamente por 50 años un predio de 200 hectáreas y otorgó beneficios fiscales y aduaneros a la instalación, donde la ley argentina no entra.
Bullrich describió ese caso como la verdadera cesión territorial realizada por el kirchnerismo. Sin embargo, el texto legal aprobado por el Congreso establece expresamente que las actividades chinas deben ejecutarse de acuerdo con las leyes y reglamentaciones argentinas, pero parte de ese contrato no se puede acceder. La extensión temporal de la concesión, las exenciones otorgadas, la administración extranjera y los vínculos del organismo chino con la estructura militar generan aun cuestionamientos legítimos sobre el control efectivo y el uso de la estación. En síntesis, el gobierno chino ocupa territorio nacional.
Durante el Gobierno de Mauricio Macri se incorporó un protocolo que estableció que las actividades de la estación debían ser exclusivamente pacíficas y civiles. Esa garantía fue posteriormente sostenida por la administración de Milei, aunque persisten reclamos para ampliar las inspecciones y la transparencia sobre las operaciones realizadas en el predio.
La pregunta política continúa siendo por qué estos argumentos no fueron organizados y difundidos desde la Casa Rosada antes de que el proyecto llegara debilitado al Senado.
El secretario de Vocería Presidencial, Adrián Ravier, fue designado formalmente el 2 de julio mediante el Decreto 572/2026. Desde su llegada ofreció conferencias semanales, incluida una el martes 4 de agosto, pero claramente no alcanzó, es más, dijo varias inconveniencias. Sin embargo, su presencia resultó prácticamente irrelevante en la principal discusión legislativa de la semana: no encabezó una explicación integral, no ordenó los argumentos de los distintos ministerios y no logró que la voz oficial desplazara el relato opositor.
El problema no fue únicamente la cantidad de conferencias, sino su incidencia. Un vocero presidencial no puede limitarse a enumerar indicadores económicos, reproducir anuncios o responder asuntos coyunturales. Su tarea es anticipar las controversias, detectar los puntos vulnerables de una iniciativa, ofrecer documentación verificable y convertir una política pública compleja en una explicación comprensible.
Ravier había asumido con el objetivo de inaugurar una etapa distinta a la de Manuel Adorni, con un tono más mesurado y conferencias extensas con preguntas de los periodistas. Sin embargo, la vocería no consiguió ocupar el centro del debate cuando el Gobierno más lo necesitaba.
La Ley de Tierras requería explicar desde el primer día que la propuesta no entregaba soberanía, que el límite del 25% tomaba como referencia el modelo brasileño, que se prohibía la compra directa por Estados extranjeros, que las provincias conservaban sus recursos naturales y que las operaciones continuarían bajo jurisdicción argentina.
También era necesario admitir los aspectos discutibles: elevar el límite del 15% al 25% implicaba una apertura real; algunas jurisdicciones poseen recursos estratégicos; el control de sociedades pantalla exige organismos eficientes; y la extranjerización localizada puede ser mucho mayor que el promedio nacional. Una comunicación creíble no se construye ocultando esas objeciones, sino respondiéndolas.
Bullrich explicó además que el proyecto buscaba acelerar las indemnizaciones por expropiaciones, reducir procesos que pueden demorar más de quince años, modernizar los registros inmobiliarios, regularizar la propiedad de ocupantes pacíficos y evitar que productores ajenos a un incendio quedaran impedidos de utilizar sus campos durante décadas.
El oficialismo permitió que esos capítulos desaparecieran de la conversación pública. La oposición no necesitó refutar el proyecto completo: le bastó con concentrar la discusión en la palabra “extranjerización”.
La derrota comunicacional precedió a la derrota parlamentaria. Gobernadores aliados que podían haber negociado modificaciones terminaron ordenando el rechazo del capítulo, y La Libertad Avanza debió retirarlo para preservar el tratamiento del resto de la iniciativa.
El episodio deja una advertencia para el Gobierno. Disponer de argumentos sólidos no sirve si esos argumentos aparecen después de que la sociedad ya recibió, procesó y aceptó otro relato. La política no se comunica únicamente mediante publicaciones presidenciales, videos breves o cuentas partidarias: requiere interlocutores, explicaciones, conferencias, documentos y una relación profesional con la prensa.
La Casa Rosada puede mantener sus críticas a medios y periodistas, pero no puede pretender que la confrontación permanente carezca de consecuencias. Cuando el Gobierno abandona los canales independientes y habla principalmente con su propia audiencia, termina convenciendo a quienes ya estaban convencidos y pierde capacidad para disputar a los sectores que definen una votación.
Patricia Bullrich mostró que el oficialismo contaba con una defensa posible. Lo hizo cuando el debate ya estaba perdido. Adrián Ravier, encargado de ser la voz presidencial, no consiguió transformar esos fundamentos en una estrategia nacional de comunicación. El capítulo de tierras fue retirado y la oposición terminó hablando de soberanía en los términos que más le convenían.
Fuentes consultadas: Boletín Oficial de la República Argentina; Casa Rosada; Senado de la Nación; Ley 26.737; Ley 27.123; conferencia de Patricia Bullrich; Observatorio de Tierras; CONAE; Chequeado; Parlamentario; El País; Letra P.
